Desarticulan una red dedicada a la explotación laboral y liberan a 72 personas hacinadas en pisos

La Delegación del Gobierno ha explicado que las investigaciones se iniciaron en el mes de agosto del año 2011, cuando un familiar de una de las víctimas presentó denuncia en la localidad alicantina de Benidorm, poniendo de manifiesto que una familia se encontraba retenida contra su voluntad, siendo explotada laboralmente por un grupo de personas de nacionalidad rumana en una vivienda de la localidad de La Roda (Albacete).

El denunciante comunicaba que dicha información la había recibido directamente de la víctima tras hacerse con un teléfono móvil aprovechando un descuido de sus captores.

De las gestiones practicadas por la Guardia Civil se localizó a la persona que estaba siendo retenida en contra de su voluntad. Tras tomarle manifestación se pudo localizar en diferentes puntos del territorio nacional y en Rumania a más víctimas que estaban siendo explotadas laboralmente y retenidas en contra de su voluntad, todas ellas de nacionalidad rumana.

Los agentes mediante una Comisión Rogatoria Internacional y apoyados por la DIICOT (Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo en Rumania), se trasladaron a las localidades rumanas de Bucarest, Brasov, Craiova y Ploiest (Rumania), donde conjuntamente con la Policía de Rumania se pudo identificar a los integrantes de la organización criminal en ese país.

PROMETÍAN UN TRABAJO EN ESPAÑA

Posteriormente, la Guardia Civil puso de manifiesto que los integrantes de la organización captaban a sus víctimas en Rumania, mediante anuncios en prensa, buzoneo o boca a boca, con la promesa de un trabajo en España altamente remunerado y sin especialización, todo ello formalizado en un contrato firmado en presencia de un abogado para dar más apariencia de legalidad. Además prometían alojamiento, manutención, traslados y documentación en España sin cargo alguno.

Cuando la organización captaba a un determinado número de víctimas, formaba grupos para trasladarlas a España en autobús o microbus, siempre acompañados por miembros de la organización, donde posteriormente eran entregadas a los encargados en España para custodiarlas y llevarlas a los lugares de trabajo.

A continuación, la red exigía a las víctimas los gastos ocasionados por los traslados, manutención, alojamiento y obtención de documentación en nuestro país, consiguiendo de esta forma que adquirieran una deuda con los miembros de la organización que tenían que saldar con el trabajo diario.

En algunos casos, la organización exigía a las víctimas 600 euros por la inscripción en España, en el registro de ciudadanos de la Unión Europea.

PÉSIMAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD

Una vez en España, las víctimas eran alojados en viviendas alquiladas por la organización criminal, en pésimas condiciones de salubridad, llegando a albergar un mismo domicilio 30 personas (hasta el punto de que en una de las viviendas, la bañera era utilizada como cama), con jornadas laborales en campañas agrícolas de sol a sol y siempre bajo amenazas y agresiones por parte de los miembros que se encargaban de su vigilancia.

Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a la detención de M.D. de 48 años de edad, vecino La Gineta (Albacete); A.N. de 33 años, vecino de La Roda (Albacete); G.O. de 45 años, I.O. de 39 años, S.O. de 36 años, F.O. de 36 años, M.O. de 41 años y M.G. de 41 años, todos los anteriores vecinos de Villarreal (Castellón); M.T. de 41 años, A.B.D. de 27 años, N.I. de 30 años, R.D. de 24 años, C.N. de 29 años y P.G.D. de 36 años, estos seis últimos vecinos de Nules (Castellón), y a la imputación de V.U. de 65 años de edad; D.M. de 54 años y C.E.S. de 50, todos ellos residentes en Rumania.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo (Albacete). Las diligencias instruidas han sido remitidas al titular del Juzgado de Instrucción UNICO de la localidad albacetense de La Roda.