Ataques de lobos: La Administración, condenada a indemnizar al ganadero

Con fecha 30 de octubre de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso interpuesto por un ganadero de Segovia (al sur del Duero), declarando la responsabilidad patrimonial de la Junta de Castilla y León por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los ataques de lobos a la explotación ganadera de su propiedad, condenando a la Administración a abonar al ganadero por tal concepto la cantidad total de 15.320,29 euros. 
 
Tras haberse remitido la reclamación patrimonial en vía administrativa a la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León, que no tramitó el procedimiento, sin recaer oportuna resolución en el plazo establecido al efecto, el ganadero, asistido y representado por el despacho Bernad Abogados y Asociados, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de tal reclamación. Por su parte, la Junta de Castilla y León se opuso a la demanda alegando que “no existe responsabilidad de la Administración por tratarse de ataques de una especie protegida, teniendo los ciudadanos la obligación de soportar el daño, habida cuenta de que la Administración ha adoptado ya las  oportunas medidas de control para evitar dichos ataques: controles amparados en el Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, estableciéndose unas ayudas para compensar las franquicias de los seguros que cubran los daños ocasionados en las explotaciones ganaderas por lobos o perros asilvestrados, y en los supuestos en los que se acredite que los daños han sido ocasionados por lobos, se compensa el lucro cesante y los daños indirectos, por lo que considera que los daños reclamados ya han sido compensados”. 
 
Sin embargo, para el TSJ de Castilla y León “resulta procedente declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños sufridos por la actora como consecuencia de los ataques del lobo a su explotación vacuna, aplicando las reglas generales de la responsabilidad patrimonial establecidas en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, puesto que concurren todos los requisitos para ello: un daño antijurídico que la demandante no tiene el deber de soportar y la relación de causalidad exigible entre la actuación administrativa y el daño causado, sin que puedan entenderse compensados tales daños por las cantidades abonadas por la Junta de Castilla y León de acuerdo a lo regulado en las distintas Ordenes de Ayudas para paliar daños producidos en Castilla y León por lobos al ganado vacunos, pues como se ha dicho, no puede excluirse el régimen general de responsabilidad patrimonial previsto en la Ley 30/92, y el hecho de que la Administración únicamente responda de los daños derivados de lucro cesante y daños indirectos, se opone, con carácter general, a la responsabilidad patrimonial de la Administración que diseña el artículo 106.2 de la Constitución y regulan los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92”.