La Justicia obliga al Ayuntamiento de Puertollano a pagar 2,5 millones por obras de accesibilidad de dos barrios

La decisión del TSJCM implica que el Consistorio puertollanero estará obligado a pagar unos 2,5 millones de euros a los sucesores concursales de Aconsa, empresa que ejecutó la actuación en tiempos del exalcalde Joaquín Hermoso Murillo.

Ayuntamiento de Puertollano y Junta de Comunidades firmaron en abril de 2010 el convenio por el cual el Gobierno regional debía pagar el 70% del importe de la obra, si bien, tras la llegada de María Dolores Cospedal a la Presidencia regional, el Ejecutivo autonómico se negó a reconocer ciertos términos del acuerdo alegando "cambios sustanciales" en el proyecto, dejando sin satisfacer el importe correspondiente a la certificación número 10.

En la sentencia, dada a conocer este viernes por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, la Sala subraya que ha alcanzado la "convicción" de que "era una obligación del Consistorio haber obtenido autorización para realizar la modificación del proyecto de obra que constituía el objeto del convenio".

Del contenido de las pruebas aportadas, prosigue, se desprende que el Ayuntamiento "podía comunicar las modificaciones en cualquier momento durante la vigencia del convenio, y existía la necesidad de que la administración demandada --la Junta de Comunidades-- conociera y autorizara las modificaciones con carácter previo a su ejecución".

Los magistrados señalan que "pese a ser consciente de esa circunstancia el Consistorio ha actuado en el presente caso con claro incumplimiento del convenio, sin que se proceda a dar los motivos por los que se optó por no interesar la aprobación de la modificación del proyecto". Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación en el plazo de diez días.

La decisión de la justicia era esperada por la propia alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, quien en el pleno ordinario de marzo de 2016 ya advertía de que "esto hay que pagarlo sí o sí, y no hay manera de escaquearse", después de que los grupos municipales de Ciudadanos, IU y PP rechazaran la propuesta de un expediente extrajudicial de modificación de crédito para consignar el pago de las obras.

No obstante, a preguntas de los periodistas durante una concentración por las víctimas del atentado en Niza (Francia), la regidora ha recordado este viernes que el desenlace judicial es la "consecuencia" del "último ataque del gobierno de María Dolores Cospedal", la "última herencia" de la exresponsable del Gobierno autonómico y una prueba de "no colaboración" entre administraciones.

A su juicio "no hay ningún defecto de forma que haga que una administración te robe ese dinero". En todo caso ha asegurado que el Consistorio dispone de la partida presupuestaria para pagar. El asunto será debatido en el próximo pleno de la Corporación.

"UN REPROCHE A LA ACTUACIÓN MUNICIPAL"

En una nota, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha recordado que el convenio subvencionaba esta actuación con un total de 10.210.000 euros, de los cuales sólo se abonaron 7.612.348. "El resto pertenecía a la décima certificación, que fue el objeto del pleito", ha indicado la formación.

Según IU, "a poco que se lea la sentencia se deduce de ella un reproche a la actuación municipal por no cumplir las obligaciones que se derivaban del convenio". "Una vez más se pone de manifiesto la falta de rigor técnico y racionalidad en la actuación del equipo del gobierno municipal socialista, cuya gestión nos ha metido en el pozo de la tremenda deuda que tenemos", ha concluido la coalición de izquierdas.