El concurso de transporte sanitario supera en presupuesto, servicios y condiciones laborales al anterior

El Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha insistido este jueves durante el debate general celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre el transporte sanitario terrestre, en que el nuevo concurso convocado por el SESCAM para la contratación de este servicio durante los próximos años supera “con creces” en cuestiones presupuestarias, de medios, servicios o condiciones laborales al adjudicado en la anterior legislatura.

En su comparecencia ante el pleno, Fernández Sanz ha señalado que el nuevo pliego de prescripciones técnicas, que ha calificado como “impecable”,  está alineado con el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de recuperar la sanidad pública en nuestra región “y nos sitúa en una posición más que positiva para poder contar con un transporte sanitario acorde con las necesidades de los castellano-manchegos que es para quienes estamos trabajando”.

El consejero ha vuelto a señalar las mejoras que incorpora el nuevo concurso con respecto al que está en vigor actualmente, entre ellas, y relacionadas con el transporte sanitario no urgente, la mejora de la capacidad de la flota de vehículos, aumentando las ambulancias de tipo colectivo, lo que incrementa el número de plazas disponibles.

Asimismo, con el fin de poder dar respuesta a las situaciones especiales de sobrecarga del resto del sistema sanitario (como en las campañas de gripe), se establece para el Transporte Sanitario No Urgente, hasta un máximo de 60, los días anuales en que para cubrir eventos o circunstancias especiales se disminuye el tiempo de demora máxima establecida en el contrato, por motivo concreto, como por ejemplo para las altas de los servicios de urgencias hospitalarias.

El consejero ha destacado también que para reducir la presión que sufren los servicios de Urgencia Hospitalarios se ha introducido, dentro de los criterios de valoración y con un peso bastante importante, la posibilidad de ofertar una disminución en el tiempo máximo permitido para la recogida de las altas de los servicios de urgencia. Además, y con el fin de apoyar a los hospitales en la rotación de sus camas, se disminuye en 30 minutos el tiempo máximo permitido para recoger a los pacientes de alta hospitalaria que precisen ambulancia.

El pliego establece que al menos una ambulancia por provincia tendrá capacidad de tipo bariátrico, para dar respuesta puntual a los problemas actuales que se plantean en los traslados de pacientes con obesidad mórbida.

ELIMINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN

En cuanto al transporte sanitario urgente, ha insistido en la importancia de la inclusión dentro del pliego de la eliminación de lo dispositivos de localización tanto en las UVI’s móviles como en los Soportes Vitales Básicos, “lo que garantiza la rápida respuesta de los recursos de atención urgente”.

Por otra parte, ha indicado el consejero, se ha hecho una revisión exhaustiva del equipamiento sanitario de las ambulancias asistenciales, estipulando la obligatoriedad de incorporar los equipamientos de última generación en todos los vehículos nuevos.

Así, entre otras mejoras técnicas, destaca el aumento de las dimensiones de las ambulancias convencionales de transporte urgente; la estandarización de los materiales de electromedicina; la posibilidad de monitorizar la presión arterial invasiva; la inclusión de cooxímetros para medir los niveles de monóxido de carbono en sangre; o la inclusión de un cardiocompresor mecánico en las unidades, lo que repercutirá positivamente en las maniobras de recuperación cardiopulmonar y el programa de donación en asistolia.

“A estas mejoras en el servicio y en los medios puestos a disposición para proporcionar el mismo, se unen una serie de mejoras en las condiciones y derechos laborales, así como un aumento de contrataciones”, ha remarcado el consejero, quien ha cifrado en al menos 34 los nuevos puestos de trabajo.

Además, en el pliego se establece, tal y como contempla el convenio colectivo del sector y como queda recogido en las cláusulas sociales introducidas en el pliego, la obligación de la empresa adjudicataria de subrogar a todos los trabajadores que en el momento de hacerse cargo del servicio estuvieran trabajando en el mismo.

El consejero ha señalado el compromiso de la administración regional de supervisar e impedir que se puedan producir bajas temerarias por parte de las empresas que liciten en el proceso de adjudicación del servicio. Igualmente, ha dicho, se pondrá en marcha un grupo de trabajo entre sindicatos, empresas y Administración una vez adjudicados los contratos para el seguimiento de las propuestas que reflejan los pliegos.

“Es un pliego de condiciones impecable, mejora con creces al anterior, garantiza la totalidad de los empleos existentes y las condiciones laborales, y destina 3 millones de euros más por año, pasando de 61 a 64 millones que el pliego anterior”, ha concluido Fernández Sanz.