DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
Las Cortes de Castilla-La Mancha han reclamado, con los votos a favor de PSOE y Podemos y abstención del PP, un Pacto de Estado por la Dependencia, en el seno del Congreso de los Diputados, que garantice su mantenimiento y sostenibilidad dentro de los Servicios Sociales, "uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar".
Esta petición se recoge en una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE ante el pleno de las Cortes regionales, que ha sido defendida por el diputado socialista José Luis Escudero.
Esta PNL reclama al Gobierno de España "la deuda histórica de 353 millones de euros" con el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, "cantidad que ha dejado de aportar entre 2012 y 2016".
Asimismo, insta al Gobierno de España a garantizar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, conforme establece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, a partes iguales con la Comunidad Autónoma.
Con este texto, las Cortes se adhieren a la resolución del Consejo de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2016 en la que se solicita al Senado, como Cámara de representación territorial, la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, prevista en el artículo 55 y siguientes del Reglamento del Senado, que tiene, entre otras funciones, la de permitir la participación de las comunidades autónomas y proponer a los poderes públicos recomendaciones sobre cuestiones de su competencia, para tratar la deuda histórica del Gobierno de España con el Sistema de Dependencia de las regiones, en concreto, con Castilla-La Mancha.
También apoya al Gobierno regional en su reclamación al Gobierno de España de la deuda histórica con el Sistema de Dependencia.
AURELIA SÁNCHEZ RECLAMA "UN ACUERDO EXPLÍCITO"
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha pedido a los diputados "un acuerdo explícito de todos los grupos políticos de estas Cortes", como "apuesta firme por las personas dependientes, las familias y los profesionales, con la implicación total de todas las administraciones y de forma imprescindible de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado", con el objetivo de "trabajar por y para las personas, trabajar por el bienestar social de Castilla-La Mancha".
La consejera ha hecho un recorrido por la historia de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, de la que precisamente este mes se cumplen diez años de su entrada en vigor. "Nadie debe tener duda de que el sistema de dependencia ha sido una muy buena idea, quizás sujeta a excesivos vaivenes e incertidumbres, pero a pesar de ello ha alcanzado un tamaño considerable en un periodo relativamente corto, aún muy alejado de países del centro y norte de Europa", ha señalado la consejera.
Del Sistema de Dependencia ha resaltado la consejera que es "un reto estratégico para un futuro previsible y forma parte de un sector económico de alta generación de empleo y de retornos fiscales". Como ejemplo, ha recordado que según el Observatorio Estatal de la Dependencia por cada millón de euros destinados a dependencia, se crean 30 puestos de trabajo directos y produce un retorno del 40% de la inversión.
Respecto a los acuerdos adoptados en la VI Conferencia de Presidentes, la consejera se ha mostrado esperanzada de cara a una futura reforma del sistema de financiación autonómica, que tendrá como "punto de partida" la valoración del coste real y efectivo que supone para cada una de las regiones la prestación de servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales, un paso "trascendental, porque a partir de ahora, tendrán un peso específico aspectos tan relevantes para Castilla-La Mancha como la población, la edad, la dispersión o la ruralidad".
Aurelia Sánchez ha recordado que Castilla-La Mancha, junto a Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, "han forzado" al Gobierno de España a poner en marcha en un mes, una comisión de expertos para alumbrar un nuevo mecanismo financiero que elabore un nuevo sistema de financiación autonómica para que esté vigente en los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas para el siguiente ejercicio 2018.
PODEMOS AVISA PESE A SU APOYO
El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha asegurado desde la tribuna de oradores que "no entiende" que en una resolución que tiene que ver con la dependencia, el Grupo Parlamentario Socialista no se haya puesto en contacto con la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español.
Dicho esto, ha sentenciado que "va a ser la última vez" que Podemos apoya una resolución del PSOE "hecha de este modo y con esta intención".
García Molina ha dicho que, aunque la resolución está bien, es "insuficiente" y ha tenido palabras de críticas contra la diputada del PP Ana Guarinos, a quien le ha echado en cara que el PP no haya hecho ni una sola proposición de ley. "A ustedes les pagan igual que a nosotros", le ha dicho.
PP RECUERDA LA INFRADOTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PSOE
De su lado, la diputada del PP Ana Guarinos ha recordado al Gobierno regional que en su último Ejecutivo con José María Barreda infradotaron la partida presupuestaria para hacer frente a los expedientes de dependencia, ya que "solo pusieron 26,5 millones cuando se necesitan 150 en un año".
Tras acusar a la Junta de quitar prestaciones a más de 3.000 familias, ha aseverado que la aportación del Estado entre 2012 y 2015 sí que llegaba al 50% establecido, ya que el coste ha sido de unos 1.600 millones y se aportaron más de 800 millones.
"La financiación estaba al alza y quien la redujo fue Zapatero, que en 2011 bajó en 234 millones la financiación para Castilla-La Mancha", ha enfatizado.
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