Los municipios toledanos contarán con 10 millones de superávit de la Diputación para infraestructuras

La Diputación de Toledo ha acordado destinar "los casi 10 millones de euros de superávit" que consiguió el pasado año en un plan de infraestructuras municipales con el que llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles que redunden en la prestación de "mejores servicios".

Así lo han acordado PSOE, PP y Ganemos-IU --Ciudadanos ha estado ausente-- en el pleno extraordinario celebrado este viernes y que ha contado con este punto como "el gran notición", según ha aseverado el portavoz del equipo de Gobierno provincial, Sergio García.

El consenso que ha existido para aprobar esta modificación presupuestaria se ha contrapuesto a la valoración de cada grupo con la actual regulación de las bases que rigen el reparto de estos fondos entre los municipios toledanos.

Así, mientras que Aranda ha acusado a la anterior Corporación de no haber elaborado una ordenanza general de subvenciones que regule el reparto de los fondos a municipios, el diputado del Grupo Popular Jaime Ramos ha instado a elaborar unas nuevas bases para "hacer unos repartos justos y equitativos, no como los que se están haciendo".

Por su parte, el diputado de Ganemos-IU Jorge Vega ha apuntado que aunque desde que su grupo ha llegado a la Diputación "están cambiando los criterios", "hay una costumbre que se ha llevado a cabo por los dos partidos que han gobernado la Diputación en el reparto de fondos" que han permitido "que un municipio que sea del mismo color que el que gobierna en la institución tenga más recursos", algo que "no es justo".

MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS TORMENTAS

Por otra parte, los tres representantes se han mostrado de acuerdo también en consensuar medidas para apoyar a los municipios afectados por las fuertes tormentas de las últimas semanas tras las mociones que ha presentado el Grupo Popular en este sentido y que se debatirán en el próximo pleno.

No obstante, Aranda ha destacado la idea de reclamar al Gobierno que elabore un decreto-ley que declare a los municipios afectados como zona catastrófica para que concedan ayudas estatales a los afectados por estas situaciones, aunque no ha descartado que la Diputación pueda "colaborar" en paliar los daños sufridos en cosechas de agricultores o en caminos de la provincia, una idea que comparte también Jorge Vega.