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Las "vulneraciones" de Derechos Fundamentales del PP de Castilla La Mancha

El alcalde de Cuenca Ángel Mariscal (PP-CLM) ha sido condenado por vulnerar derechos fundamentales, tras prohibir a los concejales de IU el acceso al Registro electrónico de entradas y salidas de documentación del consistorio, en su formato digital. Esta sentencia se viene a sumar a la ya larga lista de condenas a los políticos populares en Castilla La Mancha por vulneración de derechos fundamentales.

12.09.2017

Política en Castilla-La Mancha

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La sentencia de hoy ha sido como un río de pólvora corriendo por toda la región. El alcalde de Cuenca Ángel Mariscal (PP-CLM) ha sido condenado por vulnerar derechos fundamentales, tras prohibir a los concejales de IU el acceso al Registro electrónico de entradas y salidas de documentación del consistorio, en su formato digital”. Esta sentencia se viene a sumar a la ya larga lista de condenas a los políticos populares en Castilla La Mancha por vulneración de derechos fundamentales.

Desde que Ana Guarinos abriera la brecha en 2015, tras vulnerar el “derecho de participación política” del grupo socialista de la Diputación de Guadalajara al negarse a autorizar una visita a la Escuela de Vela de Alocén, dependiente de la Institución provincial, que venía siendo solicitada desde un año y medio antes, por la entonces portavoz de este grupo político, María Antonia Pérez León.

Esto debería haber sido motivo suficiente como para esperar una reacción sancionadora políticamente hablando pero, lejos de ello, los políticos del  PP de nuevo y como siempre, más que asumir lo que hacen es imitar. Tan solo en este año han sido varias las sentencias que han condenado a dirigentes populares en la región por vulneración de derechos fundamentales.

Ya en enero de este mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha confirmó la sentencia de un juzgado de Toledo que condenaba a Nacho Villa a indemnizar con 6.000 euros a CCOO por daños morales durante la huelga los días 26 y 27 de abril de 2015, cuando se impidió acceder al ente público al secretario general de la FSC-CCOO de Toledo, José Luis Arroyo, quien acudió a las instalaciones en su condición de asesor sindical. Esta condena lo fue por vulnerar los derechos de huelga y libertad sindical.

En febrero el Ayuntamiento de Mora (Toledo) con su alcalde popular a la cabeza Emilio Bravo, fue condenado por uno de los requisitos establecidos para inscribirse en la oferta de empleo público, en el que se pedía "estar empadronado en el municipio de Mora”. Una exigencia que viola los artículos 9, 14 y 23.2 de la Carta Magna, relativos a la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, por tanto vulneración del derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad.

Llegó el mes de marzo y entre ellos se barajaban las demandas por vulneración de derechos fundamentales de nuevo. Esta vez era el popular Tomás Medina quien planteaba la demanda a su propio partido, por irregularidades en el congreso del Partido Popular a la hora de elegir a su presidente regional por “falta de imparcialidad en el procedimiento electoral interno” es decir porque se había vulnerado su derecho a participar directamente en asuntos públicos y su derecho de asociación, procedimiento cuya sustanciación se está haciendo muy larga y lo último que conocemos, con fecha del mes de julio,  es que la fiscalía ha pedido que se desestime su demanda ¿Por qué será que no nos sorprende?

En abril, si no querían arroz tuvieron que tomar dos tazas con el presidente del PP de Albacete, diputado regional  y alcalde de Almansa (Albacete)  Francisco Núñez. Esa persona que hablaba durante el circo de los presupuestos de derechos cercenados tuvo que asumir dos condenas por vulneración de derechos fundamentales en un solo mes. La primera el día 6 porque negó a un concejal de IU el acceso a documentación original de un estudio de reestructuración de la plantilla y la segunda el día 21 por negar a un edil del PSOE el acceso a la copia original de la documentación que presentó una empresa que iba a ser contratada.. En este caso al igual que Guarinos, y recientemente Mariscal PORQUE "contraviene el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española".

El pasado mes de agosto el alcalde del partido popular de Palomeque (Toledo) Fernando Ledesma, fue condenado por el juzgado de lo Social nº 2 de Toledo a readmitir a una trabajadora del Plan de Empleo de 2016, que fue despedida mientras se encontraba en situación de baja médica a consecuencia de un accidente laboral, por lo que la sentencia declara nulo el despido por vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora.

Y este mes de septiembre la ya relatada sentencia del alcalde de Cuenca. Todo ello induce a pensar que no son temas puntuales, sino que como ocurre con la corrupción política, es algo innato al Partido Popular, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un número indeterminado de casos que no se han llevado a los tribunales. Pero lo más preocupante es ¿Qué tienen que esconder estos comportamientos? ¿Por qué los políticos del PP no respetan los derechos fundamentales?

La verdad es que da miedo imaginar la respuesta, de los que defienden la democracia y el constitucionalismo ante los micrófonos. 

Dclm.es

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