Cobertura sanitaria universal / Salvador García-Llanos

La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto (REDER) ha dado un paso de gigante -pero no último ni definitivo- para derogar la reforma sanitaria que el Gobierno de España aprobó hace precisamente cinco años y que, entre otros hechos, dejó fuera de la sanidad pública a unas ochocientas mil personas. Se trata de impulsar un pacto social y político por un Sistema Nacional de Salud público y universal. Más de setenta organizaciones sociales, sindicatos y la mayoría de los partidos políticos (hay que exceptuar a PP, Ciudadanos, UPyN y Foro Asturias) suscribieron un primer documento días pasados en el Congreso de los Diputados.

La REDER reclama, pues, la vuelta a la sanidad universal. El objetivo de ésta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar dificultades o penurias financieras para pagarlos. La cobertura sanitaria universal implica la necesidad de reconocer la función crucial que desempeñan todos los sectores para asegurar la salud de las personas, en particular los de transporte, educación y planificación urbana. La cobertura universal está sólidamente basada en la Constitución de la OMS de 1948, en la que se declara que la salud es un derecho humano fundamental, así como en el programa de Salud para todos establecido en 1978 en la declaración de Alma-Ata. La equidad es un aspecto primordial. Eso significa que los países deben evaluar los progresos no solo en el conjunto de la población nacional, sino en los diferentes grupos (por ejemplo, los grupos determinados por niveles de ingresos, sexo, edad, lugar de residencia, condición de migrante u origen étnico).

La tenacidad de los integrantes de la Red tiene que dar sus frutos. La reforma de entonces era durísima para muchas personas necesitadas y vislumbraba escasas esperanzas dado que los recortes que acompañaron a las medidas del tristemente célebre Real Decreto 16/2012 frenaron inversiones en el ámbito de la sanidad y deterioraron la atención pública en nuestro país. El Gobierno no atendió el parecer de los profesionales ni las protestas, casi a la desesperada, de amplios sectores ciudadanos. Los paliativos estuvieron a cargo de las Comunidades Autónomas.

 El objetivo ahora, tras la firma del pacto, es aprobar, antes de fin de año, una Proposición de Ley que permita derogar aquella norma y extender la cobertura. Los promotores esperan que se sume una formación política como Ciudadanos, cuyos votos en el Congreso serían determinantes. Por eso, el paso no es definitivo. Pero si convenimos en que la cobertura sanitaria universal tiene consecuencias directas para la salud de la población, las metas de que la salud no se convierta en una mercancía y mejorar el bienestar requiere de impulsos como el dado por la REDER.

Salvador García-Llanos