Cuando Cospedal intentó privatizar el Hospital de Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visita este martes las obras del nuevo Hospital General Universitario de Toledo. El pasado 22 de marzo, el SESCAM y los responsables de las empresas encargadas de la materialización de esta infraestructura sanitaria, firmaron un nuevo contrato que incluía diversas mejoras en el proyecto inicial, con el que se da respuesta a las nuevas necesidades asistenciales no previstas en la anterior legislatura. 

Hay que tirar de memoria y de hemeroteca para recordar que la primera decisión incomprensible de María Dolores de Cospedal, tras acceder a la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, fue paralizar las obras de este Hospital, iniciadas por el presidente socialista José María Barreda quien había logrado un crédito de 422 millones, la mayor parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Cospedal rescindió los contratos con las empresas que estaban ejecutando el proyecto, que consiguieron indemnizaciones millonarias. También se rompió el acuerdo con el BEI. Tres años más tarde, en 2014, Cospedal  dio paso a un nuevo proyecto de colaboración “público-privada”. Según denunciaron los sindicatos, la nueva empresa concesionaria encargada de reiniciar estas obras del hospital universitario obtendría un negocio de 2.046 millones de euros, aportando tan solo 73 millones. La empresa tendría la gestión y explotación durante 30 años de una larga serie de servicios no sanitarios del futuro hospital y del resto de los hospitales de la capital toledana. Cospedal negoció con el BEI un nuevo crédito de 336 millones, al 6,5 por ciento de interés. Al no cubrir las necesidades, se daba paso a la empresa privada con un 30 por ciento. Según los sindicatos, el gobierno de Cospedal tendría que pagar cada año, desde 2015 hasta 2040, una media de 72 millones de euros a la mencionada empresa, de los que unos 16 correspondían al canon fijo anual para pagar los costes de la obra y de equipamiento y el resto a un canon variable (54 millones en 2015, 85 millones en 2024) para costear a la empresa la gestión de los servicios no sanitarios. Los sindicatos realizaron movilizaciones y el, por entonces líder de la oposición, Emiliano García-Page, dijo: No nos van a engañar, nos vamos a oponer, incluso si es necesario yendo a los tribunales, en contra de este intento de privatización. García-Page añadió que si hay algo de lo que arrepentirse en estos tres años de Gobierno de Cospedal, es de lo rápido que están desmantelando la Sanidad pública, para finalmente asegurar que es muy evidente que algunos siguen persiguiendo convertir la Sanidad en un negocio.

El gobierno de Page acabó con aquel intento de privatización, se realizó un nuevo proyecto de titularidad publica, es decir de todos los castellano-manchegos.

La firma del actual contrato modificado ha hecho posible que las obras del nuevo Hospital General Universitario de Toledo adquieran un mayor ritmo que el que se había venido desarrollando durante la ejecución de los trabajos de implantación de la obra. 

elObservadorDCLM