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Víctimas de las pésimas Políticas Sociales

Miriam Pérez, una niña de 18 años con un 91% de discapacidad vuelve a ser un caso de injusticia manifiesta de los servicios sociales murcianos, de la misma manera que lo fue Jomian Lionel en los servicios sociales castellano-manchegos en 2014 durante el gobierno de Cospedal.

09.12.2017

Sociedad en Castilla-La Mancha

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Un error médico, en el momento del parto (1988), provocó una parálisis cerebral en Miriam Pérez, por lo que se convirtió en una persona con una discapacidad del 91% (Grado III Nivel 2). Desde hace quince años Miriam cobra una pensión no contributiva con la que pueden costear los servicios, esenciales en su caso, de fisioterapeuta, así como el pago de medicamentos que no están prescritos por la Seguridad Social. 

Durante el año 2016, su padre recibió una paga extra que debía haber recibido en 2012, lo que hizo que subiera el nivel económico en la valoración de ese año, sobrepasando en 500 euros el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), por lo que no solamente ha sido retirada la ayuda este mes de noviembre, sino que además debe pagar 11.798,75 euros en el plazo de un mes, al considerar los Servicios Sociales murcianos que ingresos del último año como "cobros indebidos".  Todo ello, debido a una situación excepcional y puntual que debería haber ocurrido en 2012, pero que ocurrió en 2016 y cuyas consecuencias se vivirán en 2018.

Desde el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), sentando las bases con el de Cospedal (PP), hoy se repite con el Gobierno de López Miras (PP) en Murcia. Todos ellos han demostrado saber aplicar reglamentos, decretos, circulares, o las instrucciones sin ningún tipo de atención a las circunstancias personales de los afectados; o lo que es lo mismo "sin alma", y "sin espíritu de la ley".

En esta tierra se pudo comprobar cuando Cospedal retiró los complementos de 750 y 400 euros/anuales, y los sustituyó por 120 euros/anuales. Cuando quitó la gratuidad del transporte interurbano de los mayores de 65, e incluso cuando retiró el oxígeno domiciliario a los enfermos.  Todo ello además de cobrar a los usuarios por las valoraciones del grado de discapacidad o de la procedencia de la aplicación de la Ley de la Dependencia, estrujando contra las cuerdas en plena vorágine de crisis económica a quien más ayuda necesitaba. 

Es seguro que en Castilla-La Mancha, todos hemos recordado con la noticia de Miriam al pequeño Jomián Lionel, de 13 años, con una discapacidad del 100%, que en 2014 convivía con su madre y sus hermanos. A quien cometiendo la más grave de las tropelías políticas que se puedan cometer, se le retiraron las ayudas por su discapacidad. Los ingresos de la unidad familiar eran de 640 euros, por lo que su madre y única cuidadora, tuvo que dejar los cuidados del pequeño, para trabajar fuera del hogar familiar, hasta que un día el niño murió sin su compañía. Incluso después de morir, se le exigió a la madre la devolución de la cantidad abonada y que había sido empleada en pagar el propio entierro del niño. 

Muchas similitudes en ambos casos nos obligan a evocarlo. 

Entre las utlidades del recuerdo existe una de necesidad:  tratar de evitar que se repitan las injusticias. Es intentar evitar que a "alguien" más pueda pasarle "algo" parecido. En este caso ha vuelto a ocurrir, esta vez en Murcia. De nuevo bajo un Gobierno del Partido Popular. Aunque luego nos cuenten los políticos del Partido Popular en los mítines que no se rebajaran las ayudas. Aunque se hagan mil fotos apoyados en sillas de ruedas y muestren su solidaridad verbalmente con la discapacidad, si hay algo que debemos tener claro los ciudadanos de este país, es que la discapacidad en manos del Partido Popular, no está en “buen lugar” porque una cosa es lo que manifiestan de "boquilla" para quedar bien con la ciudadanía y otra muy distinta lo que llevan a la práctica en la realidad, lo que ocurre en el día a día de estas familias.

La realidad vivida es diferente, y hay que tenerlo en cuenta, porque ninguno de nosotros tiene un seguro que garantice que no podremos ser la próxima víctima de las pésimas políticas sociales del Partido Popular. 

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