García-Page se niega a admitir el "chantaje permanente" con la sanidad y la educación

• El jefe del Ejecutivo autonómico ha garantizado que Castilla-La Mancha “no va a admitir que el Ejecutivo de Rajoy renuncie a la autovía entre Cuenca y Teruel”, y ha reiterado su deseo de que se cierre un acuerdo nacional sobre el agua que cuente con el irrenunciable consenso de Castilla-La Mancha.
• El presidente regional ha recordado que en estos años de legislatura “se ha batido un record de acuerdos y pactos” con multitud de organizaciones de todo tipo, que han permitido la reconstrucción del estado de ánimo y del dialogo social.
•  García-Page tiene previsto reunirse próximamente con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para hablar de las necesidades de agua, de infraestructuras y de financiación.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado hoy tajante al asegurar que no está dispuesto a admitir “ni como presidente ni como contribuyente” el “chantaje permanente” al que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, somete a las Comunidades Autónomas. “Es absolutamente insultante que jueguen a chantajearnos con la sanidad, la educación o con el dinero que es de todos los españoles, y que lo haga encima alguien que ha tenido la mucha cara política de amnistiar a todos los defraudadores con una amnistía inmoral”, ha criticado.

De esta forma lo ha señalado este sábado en Cuenca, antes de lamentar que en España sean bienvenidos “todos los que se han llevado el dinero fuera”, mientras se les sigue “apretando las clavijas” a los ayuntamientos y las autonomías que, teniendo superávit, no se les permite gastarlo en interés social.

En este sentido, ha garantizado que al Ejecutivo que preside “no le va a desalentar” esta actitud, al tiempo que ha adelantado que el próximo día 20 de enero tiene previsto reunirse con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para hablar de las necesidades de agua, de infraestructuras y de financiación, “porque no vamos a permitir que el conflicto catalán le sirva al Gobierno de Rajoy para seguir retrasando las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas”. 

En otro orden de cosas, el presidente castellano-manchego ha asegurado que el comportamiento del Ministerio de Agricultura en relación con los problemas del agua en Castilla-La Mancha es “absolutamente discutible e indefendible”, y ha advertido de que este año 2018 habrá “importantes novedades” en este asunto.

Así, ha recordado que aspira a un acuerdo nacional sobre el agua que se sigue necesitando porque el famoso memorándum del agua “o memorándum de la vergüenza” sobre el río Tajo dejó “a ras del suelo” todos los objetivos y deseos por el agua de esta región.  A ello se suma que la actual situación de sequía pone de manifiesto que la batalla del agua “tiene que beneficiar al Tajo, al Júcar, al Guadiana y a todos nuestros ríos”. Pero si no hay consenso con Castilla-La Mancha –ha advertido– no será posible un acuerdo nacional sobre el agua.

AUTOVÍA

Por otro lado, García-Page ha garantizado que Castilla-La Mancha “no va a admitir que el Ejecutivo de Rajoy renuncie a la autovía entre Cuenca y Teruel” y ha recordado que, hace unos años, el Gobierno regional llegó a un acuerdo con el de España, del que se desprendía que “nosotros como región abordábamos el proyecto de la autovía Cuenca-Albacete y, a cambio, el Estado abordaba la autovía entre Tarancón y Guadalajara”.

Así, se ha mostrado “deseoso” de conocer ese plan y ha exigido al Gobierno de España y al Ministerio que “cumplan con el compromiso” de la autovía entre Tarancón y Guadalajara porque es “determinante” para el futuro económico de Castilla-La Mancha y de la provincia de Cuenca, al tiempo que ha reiterado su compromiso de encargarse de la autovía entre Cuenca y Albacete, adelantando que, en el Consejo de Gobierno itinerante que se celebrará el próximo martes en Motilla del Palancar (Cuenca), “anunciaremos el estado de trámite de esta autovía”.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha recordado que esta vía tenía adjudicados 48 kilómetros “y llegó Cospedal y paró la obra ilegalmente y por teléfono”, una acción que le ha costado ya a los contribuyentes de Castilla-La Mancha siete millones de euros “por no hacer nada”. Por lo tanto –ha añadido– “si no vamos a admitir lecciones en gasto social, en dependencia, en sanidad o en listas de espera, no vamos a poder dejar de recordar a la gente la cantidad de dinero que hemos tenido que rascar del bolsillo de los contribuyentes para pagar sentencias indebidas, indemnizaciones indebidas y el coste de los recortes de Cospedal”, ha sentenciado.

Finalmente, y tras relatar que en estos años de Gobierno “se ha batido un record de acuerdos y pactos” con multitud de organizaciones de todo tipo que han permitido la reconstrucción del estado de ánimo y del dialogo social, ha augurado que los meses que quedan de legislatura “nos van a permitir ver cómo sacamos adelante multitud de proyectos importantes” en áreas tan sensibles como la sanidad o la reconstrucción social.