El profesor de matemáticas que "no adoctrinaba a sus alumnos"

En estos días, en los que la Universidad de Castilla-La Mancha llena titulares sobre el acuerdo en la financiación y los nuevos grados en los campus, se recibe la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la sanción impuesta a Ángel Renieblas, el maestro de matemáticas del  colegio público de Cabanillas de Campo (Guadalajara) que fue sancionado por la Consejería de Educación, con un mes de empleo y sueldo cuando Cospedal era presidenta de la región y Manuel Marín, consejero de Educación. Se trataba de valorar en sentencia el posible “adoctrinamiento” del escrito entregado a los alumnos, para que fuese entregado a su vez a los padres, con la explicación de las razones por las que el maestro no acudiría a clase al día siguiente. La razón era acudir a una manifestación en contra de los "recortes de Cospedal". 

Mucho se ha debatido sobre el "adoctrinamiento" en las aulas, cuando los niños cantan canciones o participan en juegos con trasfondo político en los patios del colegio y  en presencia de los profesores. Incluso cuando se han alterado los libros de historia, para beneplácito de la clase gobernante del lugar en el que están ubicadas las escuelas. No es difícil pensar en lo que ha acontecido en los últimos días en Cataluña. Ese "adoctrinamiento" era el argumento de la sanción impuesta desde la Consejería de Educación bajo el Gobierno de Cospedal y ratificada después por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Sanción que ahora ha sido levantada por el Tribunal Constitucional, porque no observa "adoctrinamiento" en el hecho de entregar una carta informativa a los padres, que explica las razones por las que el profesor no iba a acudir al centro y que viene a confirmar el dictamen que en su día elaboraron los inspectores de educación.

UN EJERCICIO DE MEMORIA: MEDIDAS CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Para comprender la actuación del profesor Renieblas, habría que hacer un ejercicio de memoria y analizar cuál era la situación del momento. Unos meses antes, en septiembre de 2011, habían sido encausados "los 5 del Buero" por su participación en la manifestación que protestaba por el despido de 250 docentes y la supresión de los auxiliares de conversación en los centros. Cuatro meses después se recortó el Plan de Acción Social de los centros. Un mes más tarde se aplicó toda una batería de medidas en detrimento de la educación pública en Castilla-La Mancha: aumento de la jornada laboral de los docentes en 2.5 horas/semana; rebaja del 3% en los salarios por el complemento específico; congelación de la oferta pública de empleo; reducción del complemento de incapacidad temporal por enfermedad común, los tres primeros días de la baja no se cobraba sueldo, y solo se cobraba el 100% a partir del día 21 de baja. 

Aquellos fueron los días en los que desapareció la gratuidad de los libros así como el transporte escolar y los comedores gratuitos. Pero, además, fueron los días en los que existía un alto índice de desempleo y precariedad en Castilla-La Mancha, aunque este fin de semana Cospedal se empeñara en afirmar que “No hacíamos recortes". De lo que no cabe ninguna duda, es que ya no había nada que recortar cuando la ex-presidenta abandonó la región, ya que al final de su legislatura habían sido 5.312 los docentes despedidos. 

Es necesario poder leer sentencias como esta, para que los ciudadanos volvamos a creer con firmeza en la Administración de Justicia. 

Hoy el profesor de matemáticas ya está jubilado y Cospedal pasó de presidenta de Castilla-La Mancha a ministra de la Defensa y en su mente sigue subsistiendo la idea de la privatización de la educación y la sanidad. Actualmente, desde su Ministerio, ha firmado un convenio con ACADE (Asociación de Centros Autonómicos de Enseñanza Privada), tal como relata El Plural "Desviando fondos públicos a centros de enseñanza privada para acercar la labor de las Fuerzas Armadas a los estudiantes", pero esto es otra historia...

Dclm.es