Altos cargos de Murcia imputados por fraude en las subvenciones de la desaladora de Escombreras (Cartagena)

Mientras el agua fluye del Tajo al Segura, el ex consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, ha sido imputado junto con 11 personas más, como presuntos autores de los delitos de fraude societario, malversación y fraude de subvenciones en la construcción y gestión de la desalinizadora de Escombreras en Cartagena.

Parece ser que convirtieron un proyecto privado, para la construcción de la planta, en otro que sustentaba el Gobierno regional murciano con la creación del Ente Público del Agua (EPA), sorteando de esta manera la Ley del Agua y la Ley de Contratos del Sector Público. El juez estima en el auto que, aunque la planta fue creada inicialmente con capital privado, el propósito inicial era transformarla en empresa pública “asumiendo así el erario público todas las operaciones millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación pública”.

Este proyecto comenzó siendo de cinco empresas murcianas que se agruparon bajo el nombre de Hidromanagement con el objetivo de burlar la Ley de Aguas que exige que los planes urbanísticos garanticen el abastecimiento de agua con el informe correspondiente, en este caso de la Confederación Hidrográfica del Segura, que en aquel momento rechazaba de forma sistemática. El Ente Público del Agua (EPA) emitió informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir en 180 millones de metros cuadrados, según La Vanguardia. 

En la Comisión de investigación puesta en marcha por Ciudadanos, se concluye que Antonio Cerdá junto con Ramón Luis Valcarcel, ex presidente de la Región de Murcia y vicepresidente del Parlamento Europeo, fueron responsables de la trama. 

No es la primera vez que Antonio Cerdá y Ramón Luis Valcárcel están metidos en asuntos turbios, ya que ambos fueron imputados en 2013, junto al entonces delegado del gobierno de Mariano Rajoy en Murcia, en el caso "Novo Carthago", motivo que propició la dimisión de Cerdá, por prevaricación, ordenación del territorio y tráfico de influencias. Para este caso, se abrió procedimiento en 2009 con el objetivo de determinar si la recalificación de una amplia zona junto al Mar Menor, protegida por valores ambientales, vulneró la legislación. Un área en la que se pretendían construir 7.000 viviendas, campos de golf, Centro de Convenciones y hoteles. Tras 10 años de instrucción del procedimiento aún estamos a la espera del fallo judicial.

Siguiendo la tónica dominante en el Partido Popular, se premió a Ramón Luis Valcárcel cuando dejó de ser presidente de Murcia en 2014 con el cargo de Vicepresidente del Parlamento Europeo. De Antonio Cerdá, políticamente, se perdió el rastro.

Dclm.es