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ANTONIO ROBLES

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¿Por qué lo llaman democracia cuando quieren decir 'por mis cojones'?

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24/01/2017
Falta lucidez para apreciar la ruina democrática a la que nos está abocando el entramado de falacias argumentativas del proceso de construcción nacional. Falta lucidez y sobran palanganeros. Falta lucidez y escrúpulos democráticos. Ni siquiera medimos los riesgos. Preferimos seguir haciendo mosaicos en el Camp Nou o tensando la cuerda sin haber reparado en sus consecuencias. Seguramente porque lo obvio no puede apreciarlo quien más cerca está del proceso. Como el pez que es incapaz de apreciar su propia humedad, los nacionalistas no visualizan su propio sectarismo, porque en uno y otro caso, el medio forma parte de su naturaleza.

Artur Mas: "La democracia está por encima del Estado de derecho". Ada Colau: "Estamos dispuestos a desobedecer leyes injustas porque el derecho a decidir del pueblo de Cataluña es un principio democrático irrenunciable".

Disparates jurídicos contra el Estado democrático de derecho que no se perciben como tales por la ciudadanía. Excesiva exposición al nacionalismo mediático. Es más, si tales disparates los calificáramos de lo que en realidad son, puras coces contra la civilización democrática, el vendaval de improperios caería como una plaga de langostas sobre el atrevimiento y el atrevido. No lo afirman ciudadanos anónimos y sin influencia social, sino la más alta personalidad institucional en Cataluña y la que lo será de Barcelona.

Cataluña tiene un grave problema. Una sociedad que se va acostumbrando a tales desvaríos fascistoides sin apreciar su ponzoña ni percibir el huevo de la serpiente que incuban, es una sociedad enferma, y peligrosa para sí misma y para los demás.

¿Por qué la afirmación de Artur Mas destila tanto tufo totalitario?

Porque nos retrotrae a la legitimidad de las monarquías absolutas del Antiguo Régimen contra el que nació la noción de Estado liberal de derecho. El concepto de Estado de derecho implica que el poder del Estado está limitado por el derecho. Todos, desde el más insignificante ciudadano hasta los más altos cargos de la Administración del Estado y sus acciones, están limitados por el derecho. Ese detalle, y la separación de poderes, fueron el gozne sobre el que se erigió la legitimidad democrática contra la mentalidad totalitaria de las monarquías absolutas, y es el gozne sobre el que giran todas las formas democráticas de los Estados democráticos de derecho en la actualidad. Pretender preestablecer o suplantar ese Estado de derecho por supersticiones populistas organizadas en uves dispuestas en formación por el alto mando mediático de TV3 es un atentado contra la democracia misma, por mucho que se empeñe Artur Mas en dar nombre de democracia a lo que sólo es la voluntad menor o mayor de la subjetividad de una colectividad. Toda manifestación es símbolo de la libertad en un Estado de derecho, pero ninguna de ellas, independientemente de su número, puede suplantarlo.

Artur Mas no ha entendido que no es la opinión subjetiva de una colectividad lo que otorga legalidad. Si así fuera, la ley no serviría para nada, los más fuertes, los más numerosos, los más ricos, los que dispusieran de más medios, podrían imponer su voluntad sin más limitación que los límites de su capacidad para imponerla al resto. La razón legítima no la da mi subjetividad, sino el respeto a las reglas democráticas que entre todos nos hemos dado persuadidos por unos valores que desde 1948 giran alrededor de los Derechos humanos. Y este es otro hecho que no ha entendido Artur Mas: la democracia no nos garantiza la verdad, ni siquiera nos asegura la justicia. Aunque su empeño sea hacerlo. La democracia sólo es un sistema para no matarnos, y a ser posible, garantizarnos la propiedad, la libertad, la seguridad y el bien común. La democracia no nos garantiza la verdad, porque si lo hiciera, en ese instante sería sustituida por una aristocracia de sabios. La democracia no tiene nada que ver con el conocimiento. Podríamos votar que la ley de la gravedad no existe, pero me temo que el primero que quisiera comprobarlo, se estamparía contra el suelo. Tampoco nos garantiza la legitimidad subjetiva de cada cual. Precisamente porque cada cual tiene en sus convicciones el sentido legitimo de la justicia, ha de limitarse al derecho, a las leyes, a la Constitución para no acabar a hostias con la legitimad de quienes no participan de la misma subjetiva legitimidad. Precisamente en la confrontación de ideas irreconciliables nació la necesidad de reducir cada una de las posiciones particulares a un pacto común, a unas reglas colectivas a las que todos nos comprometeríamos. Es el principio de cualquier juego, de cualquier contrato o pacto. Sin criterios y honestidad para mantenerlos, las sociedades serían carnicerías.

Y aquí entra la ignorancia reaccionaria de Ada Colau. Dice la señora, convencida de su superioridad moral por el mero hecho de luchar por los intereses de quienes ella considera más desfavorecidos y por ende más justos, que está dispuesta a incumplir leyes "injustas". Reparen que toma lo que está en cuestión, "su" justicia, como el pilar desde donde habla la verdad. Ella impone el orden del discurso en lugar de la ley, nos suplanta a todos, se considera más digna, superior al resto. Por eso puede considerar a su visión de la justicia, la justicia. Nada que objetar si la consecuencia de sus actos los asume. Yo puedo considerar que la sentencia de 30 años para el violador y asesino de mi hija es poca pena y tomar la justicia por mi cuenta. Es humano, pero no es legal; podrá ser legítimo para mí, nunca para el Estado que es quien detenta la violencia legítima. Tengo derecho en última instancia a comportarme así. Sí, pero habré de asumir las consecuencias: seré un delincuente y como tal no podré pretender salir indemne de la venganza.

Vuelvo al pez, Ada Colau es incapaz de apreciar su propia humedad. Cree que porque ella considera justa su causa, la causa está por encima de la ley. No ha entendido ni una palabra de la democracia. Si así fuera, cualquiera estaría legitimado por sus valores subjetivos o su sentido de la justicia a cumplir o a incumplir las leyes. Pero si cualquiera lo pudiera hacer, ¿qué diferencia habría entre la ley de la selva y esa idílica democracia de Ada Colau y Artur Mas?

Puestos ya a regazarnos, debo recordarles que en la ley de la selva solo ganan los más fuertes. Precisamente todas las teorías contractualistas que fundamentaron los Estados liberales de derecho, fundamento de los Estados sociales y democráticos de derecho actuales, nacieron para acabar con ella e instituir un pacto donde la paz, la seguridad, la propiedad y la libertad fueran garantizadas por el Estado. Volvemos al punto de partida, cuestionar las reglas de juego, saltarse los criterios, en definitiva, incumplir las leyes de un Estado de derecho, es justificar al más fuerte. Y este siempre es un déspota. Aunque el déspota en un momento determinado les parezca maravilloso a muchos. Es paradójico que hable de incumplir las leyes, quien acaba de afirmar indignada que sería "un fraude de ley" si no le permitieran ser la próxima alcaldesa de Barcelona, precisamente en una cuestión que no sería ilegal.

Y por último. La señora Colau extiende el incumplimiento de las leyes al derecho a decidir: "Estamos dispuestos a desobedecer leyes injustas porque el derecho a decidir del pueblo de Cataluña es un principio democrático irrenunciable". Como en el resto, desprecia cuanto ignora. ¿Desde cuándo puedes decidir fuera del derecho? No olvidemos que no estamos en una sociedad predemocrática donde el marco legal no es legítimo, sino fruto del despotismo o el abuso de pocos sobre todos, sino en un Estado de derecho. Desde este punto de vista, ¿por qué la falacia del derecho a decidir está por encima del propio Estado de derecho que lo garantiza y regula? ¿Se puede decidir todo? ¡NO! ¿Sabe la señora Colau, el presidente Mas o todos esos cantamañanas nacionalistas que recitan el mantra como las madrazas el Corán, que nuestra Constitución, como cualquier Constitución democrática tiene unos principios fundamentales, unos axiomas transcendentales, previos a la democracia y fundamento de ésta?

Esos derechos "previos a la ley" como la dignidad de toda persona, recogidos en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 son incuestionables, y no están sujetos a votación alguna. Por ejemplo, ni el señor Mas ni la señora Colau, ni ninguno de los ciudadanos españoles pueden exigir el derecho a decidir si las mujeres tienen o no derecho al voto, o si los negros son o no iguales en derechos a los blancos. ¿Por qué? Porque son axiomas de la forma de la democracia misma, son fundamentos a priori que nos hemos dado y que nadie puede cuestionar. Por tanto, el derecho a decidir no es infinito.

Pero sin llegar a los derechos transcendentales, hay otros muchos derechos que tampoco están sujetos al derecho a decidir de cualquiera, porque tales derechos dependen de las competencias democráticas disponibles para ejercerlos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona no tiene capacidad, es decir, soberanía, para declararle la guerra a Francia, pero sí el Congreso de Diputados; Olot tiene derecho a imponer tasas municipales o gestionar la recogida de basuras porque tiene las competencias para ello, pero carece por completo de ellas para decidir si quiere seguir formando parte de Cataluña o ser un Estado independiente de España. ¿Por qué? Por dos razones. La razón formal y legal: porque las competencias para ello residen en el Congreso de los Diputados, en la soberanía del pueblo español, y no en Olot, en una Comunidad Autónoma o en los clubs de alterne. Y la filosófica, porque la parte nunca puede decidir lo que depende de la voluntad y propiedad del todo. Tienen tanto derecho a opinar sobre la independencia de Olot los ciudadanos de Barcelona, Teruel o Cádiz como el conjunto de ciudadanos de Olot empeñados en formar una V con el 29,89% de su población para demostrarnos que son el sujeto jurídico de su pueblo.

¿Se puede cambiar ese marco formal de nuestra Constitución para que Cataluña pueda realizar un referéndum de independencia? Sí, el Título X, artículo 168 lo recoge. Solo hay que lograr el apoyo democrático suficiente para ello. Y si no se tiene y aún así se quiere, habrán de armarse de paciencia, como cualquier otro español que carece de mayorías para ejercer su derecho a decidir cómo regir su ayuntamiento, su Comunidad o la nación entera. Ahora bien, si ante la imposibilidad de poder ejercerlo, violentan la ley, por favor, dejen de llamar democracia a lo que solo es un golpe institucional, una revolución o, la soflama tan hispana de "por mis cojones". Como Franco. Pero eso, señores nacionalistas, no es democrático.

P.D.: Habremos de empezar a llamarles por su nombre. En toda Europa, los movimientos nacionalistas son considerados reaccionarios, algunos directamente de ultraderecha sin que se les permita ejercer de ello. Aquí ejercen todos los días (echen una mirada a TV3, midan el racismo cultural y lingüístico, reparen en la pedagogía del odio contra todo lo español o sopesen el acoso a todo quien ose disentir de su identidad) y, sin embargo, nos dan lecciones de democracia y sacan a pasear todos los días a Gandhi, Luther King o Mandela envueltos en la estelada.

P.D. 2: Aún estando en un Estado de derecho, el derecho individual a rebelarse contra el poder, ha de ser posible. Es la válvula de escape del sistema. La dignidad individual del ser humano ha de quedar siempre a salvo. Y a veces se necesitan Luther Kings para recordárnoslo, y sobran todos los que se quieren envolver en su lucha por la dignidad para vender la mercancía podrida de identidades excluyentes.

Antonio Robles

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