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Queso manchego elaborado en Columbia británica, melones cultivados en la ribera del río San Lorenzo o cordero manchego manufacturado en Ontario serán realidad tras votar el Congreso de los Diputados la aprobación del CETA. A partir de entonces, con su entrada en vigor –que será provisional a falta de su ratificación por los Parlamentos nacionales de la UE–, estará más cerca la conversión de un buen número de denominaciones de origen, hasta 219 en el caso de las denominaciones reconocidas por la legislación española, en papel mojado.
Negociado entre 2009 y 2014, el CETA ha pasado invisible bajo los radares de la opinión pública hasta fechas recientes. Las movilizaciones contra la firma del acuerdo, asociadas al rechazo al TTIP, han tenido efecto en 2015 y en 2016 hasta casi tumbar el proyecto gracias a la resistencia de la Cámara de Representantes de Valonia, uno de los parlamentos más informados sobre qué supondrá el CETA para la ciudadanía. En España, debemos agradecer a PP y Ciudadanos las graves consecuencias para nuestra economía y nuestro medio ambiente.
Los políticos muñidores del CETA y las puertas giratorias
De los 26 comisarios salientes de la Comisión Europea que negoció el tratado, nueve trabajan actualmente en el sector privado. Los nombres de Viviane Reding, Karel de Gutch o del expresidente Durao Barroso se asocian a las empresas líderes de los sectores más beneficiados por el acuerdo. Goldman Sachs (Barroso), CVC y Merit Capital (de Gutch) o la minera Nyrstar (Reading) son los nuevos pagadores de tres de los principales artífices del CETA.
Pero las puertas giratorias también funcionan al revés, por eso son giratorias. El caso de Eoin O'Malley, que actualmente trabaja en la dirección de comercio de la Comisión Europea, es uno de los denunciados públicamente por el observatorio CEO, radicado en Bruselas. O'Malley fue Consejero Senior de BussinessEurope, la principal patronal europea, a la que pertenece la española CEOE.
Las negociaciones con Canadá se produjeron durante la presidencia de Stephen Harper, que representa el ala neoliberal conservadora del país norteamericano. Harper recibió la lista de deseos de las grandes empresas y su ministro de Comercio, Peter Van Loan, fue más allá y se reunió con las cámaras de comercio del país para asegurarse que sus demandas estaban bien representadas. Hoy Harper trabaja de consultor experto para algunas de las mayores multinacionales del mundo.
CERT, ESF, BussinessEurope, los lobbies muñidores
Bussiness Europe, The Canada Europe Roundtable for Business (CERT) y el European Services Forum (ESF) han sido los lobbies muñidores del acuerdo con Canadá. De sus equipos de abogados y sus informes proceden algunas de las disposiciones más polémicas del tratado.
BussinessEurope, que asegura representar a 20 millones de empresas de 34 países, es un vehículo de las grandes patronales europeas que ha ejercido como lobby en las negociaciones y al que se atribuye la estrategia de comercio seguida por la Comisión Europea. Su presidenta es la italiana Emma Marcegaglia, procedente de una de las familias italianas del acero, que utilizó la fiscalidad irlandesa y la luxemburguesa para eludir al fisco italiano.
The Council of Canadians, organización de la sociedad civil, estima que BusinessEurope "es famosa por haber escrito casi toda la estrategia de crecimiento de 2006 de Global Europe priorizada por las exportaciones, que incluye un agresivo impulso para firmar acuerdos de libre comercio con países en desarrollo y mercados clave" (…) "BusinessEurope y otros grupos industriales son regularmente invitados a reuniones exclusivas, donde se les da acceso a información sensible sobre las negociaciones comerciales en curso, información que se retiene de los grupos de interés público".
European Services Forum (ESF) representa más de 30 servicios en sectores como los servicios audiovisuales (Unión Europea de Radiodifusión), el agua y la electricidad (Veolia Environment), las finanzas y los seguros (Deutschland AG, Lloyd's de Londres) o las telecomunicaciones (France Telecom, Vodafone), y jugó su papel "presionando al Gobierno de Valonia para que votara a favor del CETA". Lora Verheecke, del observatorio CEO, recuerda que ESF ha sido la responsable de que el CETA incluya la "lista negativa", medida que ESF ha perseguido desde hace muchos años, que implicará que todos los servicios estarán sujetos a la liberalización, a menos que se haga una excepción explícita. Es la primera vez que la UE incluye una disposición de este tipo en sus tratados de comercio.
Junto con la lista negativa y la cooperación regulatoria, el gran triunfo de los lobbies de las grandes multinacionales en el texto final del CETA es la inclusión del Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS). Conocido como ISDS en otros tratados, de ser aprobado el CETA, el ICS permitirá hacer vinculantes los mecanismos que permiten a las multinacionales demandar a los Gobiernos "si consideran que los cambios políticos introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los dirigidos a proteger la salud, el medioambiente o la estabilidad económica– afectan a los beneficios privados de las multinacionales".
Las mineras ganan y el medio natural pierde
Las empresas mineras canadienses, las primeras del mundo, han sido muy activas en su trabajo de lobby dentro del CERT. Una web del sector minero (www.minning.com) se congratulaba recientemente de la firma del acuerdo en relación al paso que supondrá para la introducción de las arenas bituminosas, un tipo de extracción de petróleo mediante minería a cielo abierto. Las petroleras canadienses y europeas, Repsol entre ellas, han presionado para diluir la Directiva sobre calidad de los combustibles, prevista en un inicio para garantizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en función de los objetivos de lucha contra el cambio climático. Actividades como el Fracking y la minería de tierras raras tendrán más facilidades con el CETA gracias, entre otras disposiciones, a lo recogido en el ICS.
El lobby minero no fue el único en intervenir en la redacción del tratado, ni siquiera ha sido el que más ha gastado. La dirección de comercio de la Comisión ha recibido las visitas de la industria agroalimentaria, la de servicios financieros, las farmacéuticas o el sector del automóvil.
La industria farmacéutica y el sector agroindustrial entre los más privilegiados
Potencialmente, el capítulo del CETA más negativo para la administración canadiense es el de los derechos de propiedad intelectual. Diversos estudios de organizaciones ecologistas canadienses advierten que "El CETA aumentaría el costo de los medicamentos recetados en Canadá en cientos de millones de dólares al año y es evidente que el sector farmacéutico tiene importantes intereses en el acuerdo". Una parte considerable del proyecto de ley C-30 de Canadá trata de los cambios en el régimen de patentes de Canadá en respuesta a las demandas de la UE y sus farmacéuticas.
El papel de la agroindustria ha convertido la agricultura en uno de los sectores que se verán más afectados por el CETA. Así, cualquier regulación en relación a la agroindustria podrá ser revisada en cualquier momento al ser un 'acuerdo vivo' –según aparece en el capítulo sobre Cooperación Reguladora–, es decir un proyecto en permanente revisión de las legislaciones actuales o futuras en ámbitos como Sanidad y Fitosanitarios. Las consecuencias, la presión que Canadá va a ejercer en contra del principio de precaución que funciona en la Unión Europea y se basa en riesgos que los países norteamericanos no incluyen en su regulación de la agroindustria y la ganadería, como el uso de hormonas y antibióticos o de promotores del crecimiento.
Además, el CETA supondrá que la gran concentración de la agroindustria ganadera en Norteamérica obligue a la concentración de la agroindustria ganadera en la UE, con grandes desventajas para las cooperativas, los pequeños y medianos productores ganaderos y los consumidores. La Asociación Candiense de Ganado (CCA) y Cargill y JBS, las grandes multinacionales del empaquetado de carne (controlan el 90% del sector), serán las grandes beneficiadas de la apertura del mercado europeo a los productos norteamericanos.
En este proceso se verán arrastradas las denominaciones de origen como prueba el precedente del tratado NAFTA entre EE UU, México y Canadá y que vinculará al CETA a multinacionales de los otros dos países norteamericanos. El NAFTA ha puesto en evidencia cómo se eliminan las barreras de etiquetado con el argumento de que con las etiquetas se imponen barreras al comercio. Es cierto que Canadá ha aceptado 145 indicaciones prioritarias de la UE, 27 de ellas son españolas. Pero España tiene 246 productos con denominación de origen y de esos 246 productos, unos cuantos podrían en un tiempo ser producidos en otras regiones: morcillas de Columbia, corderos de Quebec o pimientos de Ontario, entre las posibilidades.
Si el TTIP, el acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, era una amenaza para la ciudadanía de ambos lados del atlántico, el CETA, acuerdo de libre comercio entre Europa y Canadá, no lo es menos. Por eso sorprende que el PSOE, reconociendo que supone serios riesgos para nuestra Constitución, haya optado por la abstención. Una de las carencias principales de este tipo de tratados es el secretismo con que se negocia y que a la ciudadanía, principal víctima del acuerdo, se le haya hurtado el derecho a decidir sobre él.
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