DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
Algunos alcaldes y gobiernos locales de todo signo y condición han alardeado durante las últimas semanas de haciendas saneadas o de haber liquidado por anticipado operaciones crediticias. Sobre el papel, se trata de un panorama más desahogado: los munícipes han aplicado lo dispuesto en la Ley Orgánica de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013 y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2016.
El objetivo de la estabilidad presupuestaria resultaba tan básico como primordial: es la pauta que fija que las administraciones públicas dedban cerrar de forma equilibrada sus finanzas a lo largo de un período de tiempo, sea un año o en más, pudiendo registrar superávit (más ingresos que gastos) pero nunca déficit (más gastos que ingresos).
En este sentido, los datos que maneja la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el déficit público son significativos: las administraciones públicas, en su conjunto, lograban situarlo, tras los ocho primeros meses de este año, en en el 2,15 % del Producto Interior Bruto (PIB), esto es, un apreciable descenso con respecto a los valores del pasado año. Ello supuso, en un marco de reducción de déficit, que las corporaciones locales se comportaran con solvencia al producir un superávit creciente que se situó en el 0,16 % del PIB, esto es, 0,06 puntos porcentuales más que en 2016. Este incremento significó, en números absolutos, mil ochocientos setenta y cuatro millones de euros, un 60,3 % más que la cifra alcanzada en el segundo trimestre de 2016.
Más datos: la administración local cierra ejercicios con superávit desde 2012, cuando contabilizó tres mil trescientos millones de euros, un 0,32 % del PIB. En 2015, la cantidad se duplicaba hasta los seis mil ochocientos cuarenta y siete millones de euros, un 0,61 % del PIB. Sumadas las cuentas, el balance local a lo largo de estos años aportó a las cuentas del Estado un saldo positivo de casi veintiséis mil millones de euros.
Si los ciudadanos se preguntan en qué les afecta este concepto, la estabilidad presupuestaria, hay que decir que, en teoría, la misma favorece la prolongación de la bonanza económica, con lo que su repercusión en el crecimiento del PIB, en la generación de inversiones y en el empleo es mayor.
Todo da a entender, al menos con las cifras sobre la mesa, que los responsables municipales se han concienciado, han cumplido lo dispuesto en las normativas reguladoras y han gestionado mejor los recursos públicos a su alcance. Es conveniente saber si esta evolución positiva ha permitido eliminar el denominado déficit estructural que durante años se enquistó en no pocas entidades locales, consecuencia del aumento de los gastos de ese tipo, y se ha mantenido incluso en los ciclos expansivos de la economía. Los expertos señalan que tal déficit solo se suprime con reformas estructurales y ahí habría que comprobar, dada la diversidad casuística, si las entidades locales afectadas han establecido las medidas adecuadas para liberarse y despejar aún más el horizonte.
No olvidemos que, al cierre del segundo trimestre del presente año, la deuda de la Administración Local en nuestro país, se elevó a treinta y dos mil cuatrocientos doce millones de euros, casi tres mil millones menos que en el mismo período de 2016. En el conjunto de las administraciones la deuda de los ayuntamientos supone un 2,84 %. Atentos: queda por hacer y se avecinan años electorales. A ver si el despilfarro y el gasto por el gasto vuelven a alejar los objetivos de la estabilidad.
Salvador García Llanos
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