Castilla-La Mancha solicitará incorporarse a la fase 1 de la desescalada

Castilla-La Mancha va a solicitar al Ministerio de Sanidad el permiso para afrontar su incorporación a la fase 1 de la desescalada, que entra en vigor el próximo lunes, 11 de mayo, porque está "en disposición" de acometer ese paso "con toda la prudencia".

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios, la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana.

"Hemos terminado la evaluación de indicadores que nos han solicitado y compartiremos los datos con el Ministerio", ha explicado Fernández, que ha señalado que desde el Gobierno se demanda el cumplimiento de dos indicadores, sobre capacidad asistencial y de vigilancia epidemiológica que Castilla-La Mancha ya cumple, ha destacado, a nivel regional.

Según ha indicado, en la Comunidad Autónoma ha bajado "mucho" el índice de contagios, por debajo de la media nacional y los datos permiten que la región solicite pasar a fase 1. En concreto, ha aportado el dato de que esa tasa es en Castilla-La Mancha del 0,19% mientras que la media nacional está en el 0,4%.

CLM ESPERA QUE SE "RECONDUZCA" LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

El Gobierno regional ha confiado en que "se reconduzca" la situación actual sobre la prórroga o no del estado de alarma y este finalmente "se pueda sacar adelante" ya que supone "un elemento de coordinación y cohesión muy importante para que la desescalada sea coherente en todas las comunidades autónomas y territorios".

 La portavoz regional, Blanca Fernández, ha admitido que en este momento "hay mucho debate y discusión" sobre este tema y la ciudadanía "espera que los partidos sepan ponerse de acuerdo".

"Ahora interesa la salud y la vida y ver cómo podemos reactivar la economía" pero para ello "no es necesaria la bronca, sino colaboración y unidad", ha indicado Fernández, que ha rechazado el argumento de que las comunidades autónomas pierden capacidad de gobernar con el estado de alarma, aunque en última instancia haya decisiones que le pertenecen al Ministerio.

A su juicio, en medio de la desescalada hay decisiones que "son muy importantes" porque "doblegar la curva lo hemos conseguido entre todos", la sociedad en su conjunto y en buena medida siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con el confinamiento.

Por ello, la portavoz autonómica ha insistido en que "las decisiones que se tomen en unas comunidades autónomas no puedan perjudicar a otras, porque eso ya lo hemos tenido y tenemos que huir de esa experiencia".

"LO RESPONSABLE" ES APOYAR AL GOBIERNO

Preguntada por la actuación del Ejecutivo regional en caso de que no saliese adelante una nueva prórroga del estado de alarma, Blanca Fernández ha precisado que "en todos los casos" Castilla-La Mancha se coordinaría con el Ministerio de Sanidad "porque es la forma de hacer las cosas".

No obstante, ha reseñado que la región no contempla nada más que hipotéticamente que la prórroga no suceda, incidiendo en que "lo responsable es apoyar al Gobierno".

Finalmente, ha recordado que en la Comunidad Autónoma hay un Comité Técnico de Seguimiento para abordar la desescalada y la salida de la crisis sanitaria que está trabajando "y va a seguir haciéndolo" y, en el caso de que se impusiera "la precipitación e irresponsabilidad" de no apoyar una nueva prórroga, el Gobierno castellanomanchego, ha remarcado, se seguirá coordinando con el Ministerio.

CLM DESTINA 19,4 MILLONES A MATERIAL DE EMERGENCIA EN CENTROS DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

El Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento las declaraciones de tramitación de emergencia de diferentes contratos realizados entre el 14 y el 24 de abril por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y por la Consejería de Bienestar Social que suman 19,2 millones de euros, una cifra que se incluye en los 152 millones adicionales destinados a la lucha contra el COVID-19.

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, quien ha destacado que "se trata de un gran esfuerzo que continuará en los próximos días y semanas, porque tenemos muy claro que hay que destinar todos los recursos que sean necesarios para combatir esta pandemia con efectos desde el punto de vista sanitario, social y económico".

En el primero de los casos, se trata de un paquete de 39 contrataciones con cargo a los Servicios Centrales del Sescam. En total 18,3 millones que han permitido reforzar el sistema sanitario castellano-manchego con nuevos equipos de radiología portátil, equipos de ventilación no invasiva y respiradores invasivos, más de 2,8 millones de mascarillas, 30.000 gafas protectoras, más de 180 camas articuladas, caudalímetros, desfibriladores, test rápidos, así como diverso material sanitario de otra índole.

"Hablamos de un material que han utilizado las y los profesionales de hospitales y centros de salud en el desempeño de la gran labor que llevan haciendo durante casi dos meses de forma extraordinaria, un esfuerzo sobrehumano que no nos cansaremos de reconocer".

Del mismo modo, Fernández ha dado cuenta de las contrataciones de emergencia llevadas a cabo entre los días 19 de marzo y 24 de abril por la Consejería de Bienestar Social con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, ha informado la Junta en nota de prensa.

Se trata de un contrato especial que asciende a 1.159.401 euros aprobado para beneficiar a todos los usuarios y personal laboral de los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha, especialmente los centros de titularidad pública de la Junta de Comunidades, y para ello, desde la propia Consejería de Bienestar Social "se ha dotado a los centros socio sanitarios en la medida de lo posible y a la mayor brevedad del material teniendo en cuenta el desabastecimiento general que ha existido".

Con ese dinero, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha podido habilitar 40 plazas residenciales para atención COVID-19 en la Residencia 'Santo Cristo de Sahuco', de Peñas de San Pedro (Albacete), suministrar material de protección a las plantillas de los centros dependientes de Bienestar Social, entre los que destacan mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, N95 y desechables, gel desinfectante y gel hidroalcohólico, guantes, batas quirúrgicas reutilizables e impermeables, buzos, gorros, gafas, viseras protectoras y suministro de diversos equipos de protección sanitaria.

Estos acuerdos, ha recordado la portavoz, se sustentan en el estado de alarma, y más concretamente en el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprobaron medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis del COVID-19, que estableció la procedencia de aplicar la tramitación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público a todos aquellos contratos que hubieran de celebrarse por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sector público para hacer frente al citado coronavirus.

RECURSOS DE ACOGIDA

De otro lado, durante el Consejo de Gobierno también se ha informado de varios expedientes aprobados con tramitación de emergencia para poner en marcha una campaña de difusión --por 40.000 euros-- en medios de comunicación para informar acerca de los teléfonos de consulta y urgencias ante casos de violencia de género, la puesta en funcionamiento de un servicio de acogida urgente para atender casos de violencia de género y la prórroga del servicio psicológico para mujeres víctima de violencia de agresiones y abusos sexuales fuera del ámbito de la pareja o ex pareja, que atiende a casi 60 mujeres.

En este contexto, se ha referido a la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este lunes, donde como consejera de este ámbito pidió al Ministerio mayor agilidad en el pago de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19, algo a lo que la titular de este departamento, Irene Montero, "dijo que sí, que se nos va a pagar de manera ágil en cuanto sea posible".

Un dinero --la región recibirá 6,2 millones de euros-- que, según Fernández, es "imprescindible" y "más en este momento" en el que se ha detectado "un 60 por ciento de aumento de llamadas" a los teléfonos 016 y 900100114, demandando ayuda psicológica y "salir de casa". "Los fondos son imprescindibles", ha insistido la consejera de Igualdad.

VISITAS A RESIDENCIAS

Finalmente, a preguntas de los medios, ha rechazado que familiares de personas que están en residencias de mayores puedan ir a visitarlos porque, aún entendiendo la "ansiedad" de las familias, "no se dan las circunstancias para abrir esos centros y hacer visitas con seguridad".

"Hay que andarse con mucho ojo, cuidado y prudencia", ha concluido, remitiéndose al Comité Técnico de Seguimiento para abordar la desescalada y la salida de la crisis sanitaria de la región porque será "el que decidirá cuándo y cómo" se adoptan determinadas medidas.

EL GOBIERNO REGIONAL, SATISFECHO POR LOS 600 MILLONES QUE RECIBIRÁ DEL ESTADO

Por otro lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado satisfecho con los 600 millones de euros que la región podría recibir del fondo que va a crear el Ejecutivo central para las comunidades autónomas, pues considera que los criterios de reparto del mismo son "justos". De ahí que haya pedido a los diputados del PP en la región que apoyen esta propuesta cuando sea tramitada como decreto-ley en el Congreso de los Diputados.

El responsable de las finanzas castellanomanchegas ha hecho esta petición durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en la que ha desgranado los pormenores de la reunión mantenida este lunes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que debatió con los consejeros de Hacienda autonómicos los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciados el fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La propuesta de la ministra es justa. Ayer le trasladé la conformidad de Castilla-La Mancha con los criterios de reparto, pues los recursos van a compensar en mayor porcentaje posible el gasto que la pandemia va a suponer en el conjunto de las administraciones regionales, sobre todo en gasto sanitario", ha defendido Ruiz Molina, que ha insistido en que lo propuesto coincide con la reclamación realizada por el presidente regional, Emiliano García-Page, este pasado domingo.

Según lo avanzado por Montero, en el reparto de los primeros fondos los ingresos en UCI que ha registrado cada autonomía supondrán el 35% y los hospitalizados, otro 25%, es decir, el 60% en total, mientras que los casos de COVID-19 confirmados por PCR significarán un 20% y el otro 20% restante, el dato de población.

PROPUESTA "PROPORCIONAL"

En este sentido, el consejero ha incidido en que la propuesta de la ministra es "proporcional", pues está "en consonancia con el efecto de la pandemia en cada territorio, usando los datos objetivos del número de PCR confirmados, el número de contagios y el gasto en el que ha incurrido cada red hospitalaria por esos contagios, tanto por los ingresos hospitalarios como por los ingresos en las UCI, cuyo gasto es superior a los ordinarios en hospitalización".

Dicho esto, Ruiz Molina ha precisado que lo planteado por Montero "no deja de ser una propuesta", pues para que sea realidad ha de tramitarse por decreto-ley y ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

"Reconociendo que los criterios van en la línea de lo que defiende Castilla-La Mancha y que es satisfactorio para la región, aprovecho para pedir a los diputados del PP de Castilla-La Mancha que cuando se tramite dicho decreto-ley en el Congreso lo hagan de acuerdo con los criterios que ha propuesto la ministra, que ha dicho que este decreto está al albur de lo que digan las diferentes fuerzas políticas", ha advertido el consejero castellanomanchego, que ha insistido en que el Gobierno regional "velará" para que el decreto-ley se apruebe en los términos propuestos por el Gobierno central.

Así las cosas, Juan Alfonso Ruiz Molina ha explicado que en el reparto del fondo articulado no se tiene en cuenta la inversión que cada región ha realizado en gasto sanitario en los últimos años, aunque, en el caso de Castilla-La Mancha, sale "bien parada", pues es una de las regiones que más ha invertido en relación con su PIB, al haber destinado un 7,1% del mismo, por encima del 5,5% de la estadística nacional.

Por último, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha detallado que en la reunión de este lunes se abordó otra cuestión de importancia para Castilla-La Mancha, como son los Fondos Estructurales, y de Inversión Europeos (Feder) y se autorizó a las regiones imputar a estas partidas, que gestionan los gobiernos regionales, gasto de carácter sanitario ocasionado por la pandemia.