La partida en dependencia no solo es gasto: también genera empleo, consumo e impuestos

El gasto público anual en dependencia en España (unos 3 800 millones de euros) causa un retorno a las arcas públicas del 37 por ciento a través de impuestos (alrededor de 1 400 millones de euros). Además, la dependencia sostiene 116 000 empleos asociados a un nivel de producción de casi 5 000 millones de euros.

Son los resultados de una investigación en la que hemos tratado de desenmarañar el enredo: cuánto retorno –empleos, consumo, impuestos– genera la partida presupuestaria de dependencia.

La esencia de la dependencia

Todo Estado debe velar por garantizar a sus ciudadanos el máximo nivel de bienestar posible. Los recursos públicos deben orientarse a protegerlos frente a los riesgos que no cubre el mercado de manera eficiente o equitativa. Por ejemplo, el acceso a la educación o a la sanidad de manera privada sería imposible para un elevado número de hogares españoles.

Además, la composición del gasto público descansa en las circunstancias particulares de cada país (económicas, sociales o culturales) y en cada momento del tiempo (ciclos económicos). En España, la mayor parte del gasto público se destina a:

• Educación: un 9,64% del presupuesto total y un 4% del PIB.

• Sanidad: un 14,53% del presupuesto total y un 6% del PIB.

• Protección social: principalmente, pensiones y prestaciones por desempleo, con un 40,46% del presupuesto total y un 16,8% del PIB.

En diciembre de 2006 se incorporaron a este gasto los motivados por la aplicación de la Ley de Dependencia, que ha dado respuesta a una realidad social cada vez más extendida.

En su exposición de motivos, la Ley de Dependencia señala: “los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia (…) la población de más de 65 años (…) se ha duplicado en los últimos 30 años (…). A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación (…)”.

El debate sobre la dependencia

No hay dudas sobre los beneficios que la Ley de Dependencia aporta a la sociedad. El debate surge en torno a su financiación. ¿Es económicamente sostenible para España el gasto en atención a los dependientes? Hablamos de un equilibrio presupuestario difícil de alcanzar. La crisis financiera de 2008, junto a un esfuerzo presupuestario considerablemente mayor al previsto inicialmente, obligaron a rediseñar esta Ley.

Cuando llegue el momento de debatir la partida correspondiente a dependencia de los Presupuestos Generales el Estado (debate ahora suspendido debido a la pandemia), sería interesante que el legislador valorase el efecto estabilizador del gasto dedicado a la protección social al que han aludido, entre otros autores, Teresa Ghilarducci o Joseph Stiglitz.

Dicho efecto expone que si los gobiernos persisten en reformas que reducen las prestaciones asistenciales, al disminuir la renta de los beneficiarios (hogares de personas dependientes y trabajadores de la dependencia), también se minimizará el efecto positivo de sus gastos en consumo.

La contribución económica del gasto en dependencia

El gasto en dependencia devuelve considerables beneficios como consecuencia de la actividad que pone en funcionamiento. Sin duda, la parte más importante de ese retorno es la mejora de las condiciones de vida de los dependientes. Pero no menos importante es el retorno económico generado por el gasto público inicial.

No deberíamos entenderlo como el interés habitual que se persigue en una inversión. El principal objetivo de este tipo de políticas sociales no es obtener un beneficio empresarial superior al gasto inicial. Tampoco se trata de que el gasto en dependencia se convierta en el principal motor de crecimiento económico del país.

Podemos invertir el razonamiento: los recortes en dependencia deberían asumir la pérdida no solo de bienestar social, sino de la actividad económica relacionada con la atención a los dependientes.

¿En qué consiste el retorno económico del gasto en dependencia?

Fijémonos en el consumo asociado a la atención a la dependencia. No es el único destino del gasto en dependencia, pero sí el más relevante. Las prestaciones que reciben los dependientes se traducen en un incremento de la demanda de consumo que afecta a todos los sectores de la economía.

En primer término, los hogares dependientes consumen más gracias al aumento de su renta disponible. Satisfacer esa demanda origina ingresos directos en las empresas y los trabajadores vinculados a la producción.

Pero, en un segundo nivel, los productores de los bienes y servicios consumidos por los hogares dependientes (las empresas en las que compran) deben adquirir otros bienes y servicios que son necesarios en sus procesos de producción. Esto obliga a otra ronda de consumo que genera un efecto indirecto en todo el tejido industrial.

El resultado de este efecto indirecto se traduce en más ingresos para empresas y el mantenimiento del empleo de los llamados trabajadores invisibles.

Aún debemos considerar un tercer nivel: los beneficios de empresas y trabajadores ocupados en la producción de los bienes y servicios que consumen los hogares de los trabajadores invisibles, y los de quienes directamente satisfacen la demanda de los dependientes.

Una última consideración

La mayor parte de la renta se distribuye, como hemos mencionado, entre los salarios de los trabajadores y los beneficios a las empresas, pero otra parte vuelve a la Administración en forma de impuestos y cotizaciones sociales, lo cual reduce el gasto inicial.

Estimamos que el gasto público anual en dependencia mantiene unos 116 000 empleos, de los que el 46,7 por ciento pertenecen a un sector de bajo valor añadido (actividades directamente vinculadas con la dependencia), lo que invita a que las administraciones trabajen sobre futuras reformas, que permitan mejorar la calidad de estos empleos tan importantes para la sociedad y así, también mejorar el retorno fiscal correspondiente.

Fernando Bermejo, Profesor de Análisis Económico, Área de Fundamentos de Economía, Universidad de Castilla-La Mancha; Pablo Moya Martínez, Associate professor, Universidad de Castilla-La Mancha y Raúl del Pozo, Profesor de Economía Financiera, Universidad de Castilla-La Mancha

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.