"Complicidad" ante la nueva normalidad en Castilla-La Mancha

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha informado de que el próximo viernes o sábado se convocará un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el documento que regirá la nueva normalidad en toda la Comunidad Autónoma, para lo cual antes se negociará con los consejos Técnico y Social creados durante la crisis sanitaria, así como su Comité de Expertos aparejado.

Según ha detallado en rueda de prensa, ahora se está analizando el borrador que surge de las directrices ministeriales dentro de un "trabajo serio con personas expertas en epidemiología" junto con todas las consejerías del Gobierno castellanomanchego, que tendrá que hacer aportaciones en el ámbito de sus competencias.

El documento tendrá que ser enriquecido, para lo cual pasará el "tamiz" del Consejo Social para la Transición del COVID-19 creado en las últimas semanas en Castilla-La Mancha.

"La sociedad civil organizada tiene mucho que decir de cómo afrontar la situación para que afecte lo menos posible a la vida, a la libertad y a la economía", ha señalado.

PIDE "COMPLICIDAD"

Ha pedido tener "una complicidad extraordinaria", ya que de esa complicidad "dependerá el futuro inmediato". La región ya ha hecho "un esfuerzo en compra de material y contratación de profesionales" que sería "muy poco" si no se afronta de manera responsable la salida de la crisis.

"Hay que recuperar la libertad, la economía y el empleo, y es muy importante como compartimos las decisiones", ha señalado.

Sobre el borrador no ha podido dar más detalles, pero viene "no a prohibir, sino a regular las actividades" para que "se pueda vivir de forma compatible con la salud pública".

El trabajo ahora pasa por "bajar al detalle" el Real Decreto marco del Gobierno estatal para su adaptación a la realidad de Castilla-La Mancha.

Se trata de "compatibilizar el recuperar libertad, vida, economía y no poner en riesgo la salud", un "encaje de bolillos del Consejo de Gobierno que hacen previamente epidemiólogos".

SI EL PP QUIERE INFORMACIÓN LA TENDRÁ

Preguntada por si los partidos políticos de la oposición tienen información al respecto, Fernández ha apuntado que se está dando cuenta "más a Cs", partido que sí ha suscrito el Pacto por la Recuperación.

Por contra, la interlocución con el PP "está muy rota". "Insultan y acusan de muertes diciendo atrocidades. El PP está a otras cosas, pero si quieren información la tendrán por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha".

INGRESO MÍNIMO VITAL

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha calculado que tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, esta prestación llegará a unas 40.000 familias de toda la región, lo que supone un alcance de unos 120.000 beneficiarios.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha señalado que toda vez que se articulen estas prestaciones "hay que hacer una reflexión" del resto de políticas sociales que aborda la Comunidad Autónoma de cara a "reformular" estas estrategias.

Ahora que se cuenta con "un instrumento muy potente" que garantiza "un colchón de seguridad que no existió en la pasada crisis", hay que seguir articulando políticas sociales. "Una persona con 400 euros puede tener necesidad de otras políticas, y esa reflexión la tiene que hacer el Gobierno".

Así, ha avanzado que la Administración regional no tiene intención de "recortar" en estas líneas, sino de hacerlas más eficientes para que "lleguen más y mejor a quien más lo necesita".

PLAZAS RESIDENCIALES

El gasto de 98,4 millones de euros aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para garantizar un año más los conciertos con residencias de mayores servirá para garantizar un total de 5.261 plazas residenciales, 418 en centros de día y 77.973 estancias diurnas.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Gobierno y ha explicado que se trata de "un esfuerzo de justicia social", ya que "no hay generación a la que se dé más, a los mayores, a los que construyeron la región".

Tras la atención de calidad a los mayores con algún grado de dependencia, el segundo gran objetivo de este convenio marco es el de la generación de empleo y fijación de población en el medio rural. En total se suscriben más de 200 contratos para sostener todos estos servicios.

Según los datos ofrecidos por Fernández, desde que gobierna el PSOE se ha aumentado en más de un 50% los beneficiarios de la ley de Dependencia, toda vez que hay 64.000 personas atendidas en algún servicio del sistema en toda la región y 76.000 con algún tipo de prestación, lo que eleva la cobertura al 91%.

COMPRA MATERIAL SANITARIO

Una semana más, el Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento la tramitación de emergencia llevada a cabo por la Consejería de Sanidad para hacer frente a la pandemia del COVID-19, en este caso con importes que superan los 831.000 euros para adquirir nuevo material sanitario que incluye equipos y reactivos para pruebas PCR y 400.000 mascarillas.

Por un lado, están los expedientes tramitados entre el 16 de mayo y el 15 de junio por un importe que supera los 663.400 euros para adquirir productos desinfectantes de superficies y de vehículos, equipos PCR para el Instituto de Ciencias de la Salud y sus componentes, 50.000 mascarillas KN95, 150.000 mascarillas, 10.000 calzas y 10.000 gorros, 1.200 guantes sanitarios, gel higienizante y gel hidroalcohólico, así como la difusión de una campaña de divulgación con el objetivo de prevenir la transmisión del coronavirus.

De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno castellano-manchego, Blanca Fernández, quien ha resaltado que “esos equipos PCR darán servicio en el laboratorio del (ICS) de Talavera de la Reina (Toledo), uno de los centros de investigación y universidades validados el pasado 25 de abril por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para desarrollar labores de apoyo en el Instituto de Ciencias de la Salud en la realización de test para el diagnóstico de COVID-19”.

Para la realización de las muestras, se necesitan los reactivos de extracción, PCR y el material fungible que permita la manipulación y gestión de cada una de las muestras a realizar y los patrones para asegurar los resultados.

Fernández ha dado gran importancia a este equipamiento tecnológico para el Instituto de Ciencias de la Salud, “puesto que se traduce en un aumento considerable de la capacidad de diagnóstico, con lo que ello significa para el control de la epidemia al estar toda la región en fase 3 y, por tanto, con un aumento previsible de movilidad y apertura social”.

MÁS DE 277.600 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha aprovechado para agradecer la labor que desarrolla el equipo de profesionales de este centro validado por una certificación sanitaria, que posee personal formado en técnicas de biología molecular y equipos y medios técnicos “para realizar ese tipo de prueba en el número necesario y con la máxima seguridad para los profesionales”.

Precisamente, Blanca Fernández ha recordado que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Castilla-La ha realizado un total de 277.643 pruebas diagnósticas para la detección de la enfermedad, de las que 127.163 han sido PCR y 150.643 test rápidos.

Además, el Consejo de Gobierno ha sido informado de la compra de material de protección para hacer frente al COVID-19 desde la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que depende orgánicamente de la Consejería de Sanidad.

Ello ha implicado un gasto de 168.183 euros, un importe que ha posibilitado la adquisición de 50.000 mascarillas desechables KN-95 para usuarios y trabajadores de la red de recursos gestionados de manera directa o indirecta por la red de la Fundación y los centros de la Consejería de Sanidad; 150.000 mascarillas higiénicas, material de protección (pañuelos faciales, geles y desinfectantes, guantes de nitrilo, alfombras higiénicas), y la ampliación de las horas de limpieza en la Residencia Comunitaria de Cuenca.