Caen los enterramientos en mayo en Castilla-La Mancha hasta 1.439, un 63% menos que en abril

Los registros civiles de Castilla-La Mancha han expedido en el mes de mayo un total de 1.439 licencias de enterramiento, 175 menos que en el mismo mes del pasado año cuando se registraron 1.614, lo que supone un 10,8% menos. Del total de enterramientos, 456 son sospechosos de COVID-19, lo que representa un 31,7% del total.

La reducción en el número de expedición de licencias de enterramiento en la región durante el mes de mayo también ha sido significativa con respecto a los meses de marzo y abril de 2020.

Concretamente el descenso con respecto al mes de abril es del 63,1% --3.902 licencias enterramiento en abril frente a 1.439 de mayo--. En cuanto al porcentaje de disminución en referencia al mes de marzo alcanza el 58,4%, ya que en el tercer mes de este ejercicio fueron 3.458 licencias las expedidas.

En los meses de marzo abril y mayo se han expedido un total de 8.799 licencias de enterramiento, de las que 5.125 (el 58,2% del total) habrían sido causadas por el coronavirus.

Así se desprende de los datos difundidos en nota de prensa por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a tenor de la estadística de los registros civiles de las cabeceras de Partidos Judiciales y una buena parte de las Agrupaciones y Juzgados de Paz, si bien restan algunos datos por enviar, que se irán incorporando al expediente.

NORMALIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS REGISTROS

Dice que esta circunstancia ha tenido como principal efecto la normalización en el trabajo de los Registros Civiles de Castilla-La Mancha, que durante la pandemia han venido realizando servicios esenciales en la Administración de Justicia, siendo la expedición de licencias de enterramiento la principal y casi única actividad de los registros en número.

"El expediente gubernativo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se abrió en el mes de abril tras constatar con datos el incremento sustancial de licencias de enterramiento y defunciones durante el mes de marzo, que estaba provocando, según informaciones recibidas por el presidente del TSJCM, dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos", ha indicado el alto tribunal castellanomanchego.

De igual modo, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, "en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus".

"Todo ello debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma", ha añadido el organismo que dirige Vicente Rouco.

IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA CAUSA DE LA MUERTE

Como consecuencia de estos datos, el acuerdo dictado por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dirigía "prevención" a los jueces encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, "se velara por hacer una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el COVID-19".

En dicha identificación habría que solicitar, "si se considera necesario, dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo si fuera preciso al forense de guardia en el Partido Judicial". "Y que, a su vez, auxilien en sus dudas a los Juzgados de Paz y personal de las Agrupaciones en este tipo de cometidos", añadía dicho acuerdo.

En ese sentido, y siguiendo el protocolo aprobado al efecto, médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, están colaborando con los Registros Civiles en la revisión de las licencias de enterramiento y defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020, a los efectos de que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en aquellos casos en los que aparezcan sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID-19, y se están visando todas las certificaciones de defunción que se producen en lo sucesivo a solicitud de los Registros Civiles.

DATOS POR PROVINCIAS

Según los datos difundidos este martes por el TSJCM las licencias de enterramiento expedidas en el mes de mayo descendieron en todas las provincias de la región con respecto al año anterior. Así en la provincia de Albacete se concedieron 288, un 5% menos, de las que las 68 fueron por o sospechosos de coronavirus (el 23,9% del total).

En el caso de Ciudad Real se registraron 407, un 3,8% menos que el mes de mayo del 2019, siendo 156 (38,3%) por COVID-19, y en Cuenca hubo 146 licencias de enterramiento, de las que 48 (el 32,9%) fueron por coronavirus o sospecha del mismo. Con respecto al ejercicio anterior en la provincia conquense las licencias de enterramiento descendieron un 28,4%.

Si en Guadalajara se solicitaron en mayo 124 de estas licencias, 39 de ellas por COVID-19 (el 31,5%), registrando la provincia un descenso interanual del 22%, en Toledo se formularon un total de 478, 145 por el virus (30,3% del total). En este caso los enterramientos descendieron un 9,6% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior.