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El Pleno del Congreso ha avalado este miércoles el decreto ley con medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 como una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos, pero ha abierto la puerta a cambiarlo.
La Cámara se ha reservado la posibilidad de introducir cambios en el texto al aprobar su tramitación como proyecto de ley y así poder presentar enmiendas. Además del PSOE y Unidas Podemos, han votado a favor de la convalidación ERC, Cs, Junts, Compromís, el PRC y Foro Asturias. El PP, Vox, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse.
El decreto había sido aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio y se encuentra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, la propia Constitución establece que cada decreto ley ha de ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles.
PP Y CS RECONOCEN "DUDAS" CON EL FONDO DE RESCATE
El PP ha justificado su abstención ante la escasez de medidas en el turismo y sus "dudas" sobre la utilización del fondo de rescate. "Y seguimos esperando a que cuenten con nosotros", ha deslizado su diputado Miguel Ángel Paniagua, también aludiendo a las "dudas de algunos países sobre España. "¿No cree que un acuerdo con el PP ayudaría a recabar la confianza?", se ha preguntado.
También ha expresado su preocupación por este fondo de rescate a empresas el diputado de Cs Miguel Gutiérrez, pues en el decreto no se prevén incentivos para una salida temprana, ha lamentado. Iván Espinosa, de Vox, ha criticado el "tono complaciente" de la vicepresidenta, a la que ha pedido "pisar más la calle" pues lo considera "una falta de consideración" cuando el país está "a la cabeza del desplome de la economía mundial".
PODEMOS Y BILDU PIDEN INTERVENIR Y EVITAR CIERRES
ERC ha afeado a la vicepresidenta económica que, cuando los grupos puedan facilitar a las pymes el acceso a estos fondos vía enmiendas "ese parné ya esté en los balances de empresas del Ibex", tal y como ha dicho su diputado Joan Capdevila, mientras que Oskar Matute, de EH-Bildu, ha reclamado más contundencia a la hora de intervenir en estas empresas, como lo están haciendo Francia y Alemania.
"Si entra capital público, tiene que estar también participando en la toma de decisiones", ha abundado Sofía Castañón, de Unidas Podemos, que cree posible de esta manera evitar el cierre de empresas. Además de sectores como el turismo o la automoción, ha planteado extender los planes a sectores como el de la cultura, donde pese a invertir menos del 0,06% del PIB, este aporta un 3,2% a la economía.
UN 5% DEL PIB, COMPROMETIDO EN MEDIDAS CONTRA LA CRISIS
Durante la defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha cifrado en un 5% del PIB el impacto presupuestario de las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 y en un 15% del PIB el apoyo a la liquidez.
Concretamente, el decreto ley en conjunto supondrá una movilización de unos 51.500 millones de euros de recursos públicos, entre avales, subvenciones, préstamos y bonificaciones fiscales, un dato en el que Calviño ha incidido para ser "conscientes del esfuerzo colectivo que están realizando los ciudadanos para apoyar el tejido productivo y el empleo en esta situación extraordinaria".
Si en un principio, ha dicho, la respuesta del Gobierno suponía un impacto presupuestario cercano al 4% del PIB y un apoyo a la liquidez del 11%, las últimas medidas aprobadas en el último mes, como la ampliación de los ERTE y la prestación extraordinaria para autónomos, el fondo para las comunidades autónomas, los planes para la automoción y el turismo, el programa Educa en digital, el fondo de rescate a empresas y los nuevos avales elevan a un 5% este impacto presupuestario y supera el 15% del PIB en términos de medidas de liquidez.
67.400 MILLONES AVALADOS POR EL ICO
Respecto a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que el Gobierno amplía en el decreto ley en otros 40.000 millones para determinados proyectos, Calviño ha celebrado su "excelente funcionamiento" hasta ahora y ha informado de que la nueva línea tendrá "una operativa similar", cuyas condiciones concretas "se irán definiendo conforme se vayan liberando los tramos" en sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros.
En total, hasta el pasado domingo se han dispuesto más de 67.400 millones de euros en un total de 704.155 operaciones --el 97% de las cuales para pymes y autónomos-- con una movilización de cerca 88.700 millones para el tejido productivo.
EL RESCATE DE EMPRESAS, EL "ÚLTIMO RECURSO"
En cuanto al fondo de rescate de empresas estratégicas, Calviño ha asegurado que este instrumento está "alineado" con el mecanismo de apoyo a la solvencia propuesto por la Comisión Europea y ha asegurado que servirá como "palanca de último recurso" cuando el crédito y la liquidez "no sean suficientes" para asistir a empresas "con serias dificultades de carácter temporal como consecuencia de la pandemia".
En todo caso, ha asegurado que estas ayudas estarán "sujetas a planes de desinversión" y que esta "será remunerada" dentro del marco comunitario sobre ayudas de Estado.
El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley que amplió hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados por la crisis del virus Covid-19.
Asimismo, la Cámara Baja ha votado casi por unanimidad, menos por un voto negativo emitido telemáticamente, la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que habilita a los grupos a presentar enmiendas con las que buscar su modificación.
En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan.
El decreto ley fue aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.
Las prórrogas de estas medidas laborales son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae.
Con el decreto ley, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.
Durante su intervención en el Congreso, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la convalidación de la prórroga y ha instado a la Cámara a que se "alienten grandes acuerdos" para que la recuperación siga su curso y el país salga fortalecido de la pandemia.
Para Díaz, se trata de una norma que contribuirá a la reactivación económica, pero también es un compromiso con las personas y las empresas.
"Esta norma surge en un momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y construir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido desde la pandemia", ha dicho la ministra.
Asimismo, ha puesto en valor que el decreto de ampliación de los ERTEs cuenta con la alianza de los interlocutores sociales y sus contribuciones a los debates. "Esta Cámara debe recoger su testigo"
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha cifrado en el Congreso en un 5% del PIB el impacto presupuestario de las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 y en un 15% del PIB el apoyo a la liquidez.
Así lo ha manifestado la vicepresidenta cuarta, durante su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja del decreto ley aprobado el pasado 3 de julio con un paquete de medidas para afrontar la crisis, como una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos.
Un decreto ley que, en conjunto, supondrá una movilización de unos 51.500 millones de euros de recursos públicos, entre avales, subvenciones, préstamos y bonificaciones fiscales, un dato en el que Calviño ha incidido para ser "conscientes del esfuerzo colectivo que están realizando los ciudadanos para apoyar el tejido productivo y el empleo en esta situación extraordinaria".
Si en un principio, ha dicho, la respuesta del Gobierno suponía un impacto presupuestario cercano al 4% del PIB y un apoyo a la liquidez del 11%, las últimas medidas aprobadas en el último mes, como la ampliación de los ERTE y la prestación extraordinaria para autónomos, el fondo para las comunidades autónomos, los planes para la automoción y el turismo, el programa Educa en digital, el fondo de rescate a empresas y los nuevos avales elevan a un 5% este impacto presupuestario y supera el 15% del PIB en términos de medidas de liquidez.
67.400 MILLONES AVALADOS POR EL ICO
Respecto a la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que el Gobierno amplía en el decreto ley en otros 40.000 millones para determinados proyectos, Calviño ha celebrado su "excelente funcionamiento" hasta ahora y ha informado de que la nueva línea tendrá "una operativa similar", cuyas condiciones concretas "se irán definiendo conforme se vayan liberando los tramos" en sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros.
En total, hasta el pasado domingo se han dispuesto más de 67.400 millones de euros en un total de 704.155 operaciones --el 97% de las cuales para pymes y autónomos-- con una movilización de cerca 88.700 millones para el tejido productivo.
EL RESCATE DE EMPRESAS, EL "ÚLTIMO RECURSO"
Respecto al fondo de rescate de empresas estratégicas, Calviño ha asegurado que este instrumento está "alineado" con el mecanismo de apoyo a la solvencia propuesto por la Comisión Europea y ha asegurado que servirá como "palanca de último recursos" cuando el crédito y la liquidez "no sean suficientes" para asistir a empresas "con serias dificultades de carácter temporal como consecuencia de la pandemia".
En todo caso, ha asegurado que estas ayudas estarán "sujetas a planes de desinversión" y que esta "será remunerada" dentro del marco comunitario sobre ayudas de Estado.
El Gobierno ha sumado en el Pleno del Congreso a Esquerra Republicana, Junts y el PNV para convalidar sin cambios el decreto ley aprobado el pasado mes de junio para acabar con la 'burbuja' en los permisos de acceso a instalaciones de energía renovable y con un nuevo sistema de subastas de este tipo de energías, referenciadas al precio de la energía.
Así, estas formaciones han comprometido su voto a favor en la convalidación del decreto, que ya está en vigor, pero también su negativa a tramitar este decreto como proyecto de ley, tal y como había exigido el PP. Los 'populares', al igual que Vox y Ciudadanos han optado por la abstención ante el decreto ley.
Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha invitado a los grupos a proponer modificaciones al decreto durante la tramitación del proyecto de Ley de Cambio Climático y ha justificado adelantar parte de estas medidas ante la "incertidumbre" provocada por la crisis.
Esto, a su juicio "obligaba a actuar con rapidez y facilitar un marco previsible de actuaciones que asegure un contexto atractivo y confiable para la inversión", y ha encuadrado el decreto ley como "casilla de salida" para una "inversión significativa" en energías renovables, electrificación y eficiencia energética.
En este sentido, ha celebrado que los sectores económicos e industriales en España "están muy bien preparados" para el reto de la transición ecológica, al tener capacidad para fabricar el 90% de los componentes necesarios para producir aerogeneradores, más del 60% de los necesarios para proyectos de energía solar y hasta el 90% de los bienes de equipo y electrónica de potencia en la electrificación y la eficiencia energética.
MÁS CAMBIOS EN EL ACCESO AL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
Ribera ha justificado los cambios en los sistemas de acceso a las renovables para "poner freno a movimientos especulativos" que, a la larga, habrían cargado de "sobrecostes injustificados" sobre la factura que tiene que hacer frente al consumidor. No abordar cambios al respecto o incluso demorarlos, ha dicho, habría provocado un aumento de los costes y la paralización de proyectos.
Asimismo, ha anticipado una reforma en la regulación de los criterios de acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución del sector eléctrico, tras los cambios aprobados ya para el acceso en los permisos para la generación de energía renovable.
Concretamente, Ribera ha señalado que el decreto ley "sienta las bases" para "una reforma estructural" en estos criterios "acorde a tiempos nuevos" en los que ya no son "pocas grandes empresas" las que solicitan estos permisos para el negocio del transporte y la distribución, sino que hay "infinitud de actores con capacidad para desarrollar estos proyectos".
ABSTENCIÓN DE PP, VOX Y CIUDADANOS
El PP y Vox han declinado apoyar el decreto, pero han valorado aspectos positivos en la norma. Eso sí, el PP ha lamentado que el nuevo sistema de subastas "no es más que un sistema encubierto de PPAs", supongan "más intervencionismo" y provoquen "incertidumbre en los mercados mayoristas". "No se va a poder controlar la volatibilidad de los precios en los mercados", ha lamentado su diputado Juan Diego Requena.
Por su parte, Mari Carmen Martínez, de Ciudadanos, ha lamentado que el contenido de la norma pueda aprobarse vía "decretazo", ante lo cual ha criticado el "uso excesivo", a su juicio, de este recurso por parte del Gobierno, y ha pedido "consensos" en la tramitación de una Ley de cambio climático en la que detecta la necesidad de "muchísimas mejoras".
UN DECRETO "'ELECTROCÉNTRICO'" SIN MEDIDAS FISCALES
Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, ha señalado que estos cambios han sido "bien recibidos" por el sector, pero ha lamentado el decreto como "claramente 'electrocéntrico'", cuando única y "desgraciadamente" sólo el 30% de energía final consumida procede de esta fuente, y ha echado en falta "elementos esenciales". Entre ellos, "una fiscalidad alineada con la transición energética" y más contenido en la movilidad de personas y mercadería.
También ha pedido medidas fiscales la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, que también ha pedido abordar la regulación de los lobis y su transparencia para "hacer distinción entre discursos reivindicativos y lobistas". "Para eso, nada mejor que la transparencia en nuestras agendas y en los registros de lobis para saber cada cuál en lo que estamos y qué defendemos", ha dicho.
El PNV, con su portavoz energética, Idoia Sagastizabal, ha celebrado que se busque resolver la "burbuja" en el sistema de acceso a los puntos de conexión y que las nuevas subastas tengan garantía de localización, además de distinguir entre tecnologías, mientras que el PRC ha lamentado la ausencia de medidas de compensación para la industria y la falta de atención a medidas solicitadas y exigidas por el Congreso en este sentido ante un "gravísimo riesgo de deslocalizaciones".
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles la convalidación de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta el 30 de septiembre en el Congreso y ha instado a la Cámara a que se "alienten grandes acuerdos" para que la recuperación siga su curso y el país salga fortalecido de la pandemia.
Así lo ha señalado durante su intervención para pedir la prórroga del real decreto-ley que extiende los ERTEs, donde ha señalado que esta es una norma de reactivación económica, pero también de compromiso con las personas y las empresas.
"Esta norma surge en un momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y construir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido desde la pandemia", ha dicho la ministra.
Asimismo, ha puesto en valor que el decreto de ampliación de los ERTEs cuenta con la alianza de los interlocutores sociales y sus contribuciones a los debates. "Esta Cámara debe recoger su testigo", ha añadido.
El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.
En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución establece que cada decreto ley deba votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación o derogación, con la posibilidad también de que los grupos aprueben su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios a través de enmiendas.
Las prórrogas de estas medidas laborales son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae.
Con el decreto ley, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.
LAS EMPRESAS EN ERTEs NO PUEDEN CONTRATAR
La norma prohíbe a las empresas en ERTEs la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación de nuevos contratos. Sólo podrán contratar o externalizar tareas si los trabajadores de su centro de trabajo no pueden por formación, capacitación y otras razones objetivas o justificadas, realizar las funciones encomendadas al empleado que se contrata o a la externalización.
La nueva regulación que se da hasta septiembre extiende a los ERTEs por causas objetivas la prohibición de acogerse a este procedimiento si la empresa tiene domicilio en un paraíso fiscal. Tampoco podrá repartir dividendos, salvo si abona previamente el importe de las exoneraciones disfrutadas. Esta limitación no será de aplicación a las empresas que, a 29 de febrero de este año, tuvieran menos de 50 trabajadores en plantilla.
Al mismo tiempo, se extiende el compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses a las empresas que realicen ERTEs por causas objetivas. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones asociadas a estos ERTEs, el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a partir de entra en vigor del nuevo decreto.
La norma mantendrá hasta el 30 de septiembre la "prohibición" que estableció el Gobierno al despido por causas objetivas y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.
PRESTACIÓN DE AUTÓNOMOS
Por otro lado, el decreto ley también contempla la prórroga hasta el 30 de septiembre de la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos que se habilitó a mediados de febrero para aquellos que tuvieran pérdidas de ingresos considerables, eximiendo de las cuotas a autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio.
Estas personas no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que, según Seguridad Social, supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses.
Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación ordinaria por cese de actividad si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen una cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre.
FONDO DE RESPALDO A LA GRAN INDUSTRIA
En ese mismo decreto ley se incluyó también la creación del fondo de reserva para garantías de entidades electrointensivas, con el que se busca respaldar a la gran industria en la compra de energía 'verde' a través de contratos de compra y venta de electricidad a largo plazo ('PPA', por sus siglas en inglés).
Este fondo garantiza la cobertura del Estado a las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo que realicen consumidores electrointensivos y sienta las bases para que la relación entre el consumidor electrointensivo y la compañía eléctrica tenga un marco donde se vincule a plantas de energías renovables que promueven este tipo de fuentes de energía sostenible.
En concreto, el fondo para la industria electrointensiva está dotado con 200 millones de euros anuales, para cubrir como máximo 600 millones de inversión en tres años. La administración de la tesorería del fondo se encomienda al Consorcio de Compensación de Seguros y se designa como Agente Gestor a la Compañía Española de Seguros de Crédito para la Exportación (Cesce).
Para que las industrias puedan obtener esas garantías para 'PPA', deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, una vez que el fondo haya sido puesto en marcha.
En este punto, la ministra ha señalado que este instrumento de política industrial es útil y equilibrado y está concebido para aliviar un problema "con indudable impacto económico y social". Asimismo, ha afirmado que estará dotado de mecanismos y la salvaguarda adecuada para que los beneficios previstos reviertan en el conjunto de la sociedad.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anticipado en el Congreso una reforma en la regulación de los criterios de acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución del sector eléctrico, tras los cambios aprobados ya para el acceso en los permisos para la generación de energía renovable.
Concretamente, Ribera ha señalado que el decreto ley que contiene estos cambios, aprobados para pinchar la 'burbuja' detectada en los permisos para renovables, "sienta las bases" para "una reforma estructural" en estos criterios "acorde a tiempos nuevos" en los que ya no son "pocas grandes empresas" las que solicitan estos permisos para el negocio del transporte y la distribución, sino que hay "infinitud de actores con capacidad para desarrollar estos proyectos".
Así lo ha manifestado la vicepresidenta cuarta durante su defensa ante el Pleno del Congreso del decreto ley con la nueva regulación de energía renovable, que contempla un nuevo sistema de subastas con arreglo al precio de la energía y el control de los permisos de acceso, para los cuales se prevé una moratoria.
Ribera, que se ha asegurado la aprobación del decreto ley con el apoyo de Esquerra Republicana, Junts y el PNV, ha defendido la aprobación de este decreto con parte de la futura Ley de Cambio Climático y ha invitado a los grupos a proponer modificaciones en el citado proyecto de ley, y no en una tramitación del decreto.
La titular de Transición Ecológica ha justificado adelantar parte de estas medidas ante la "incertidumbre" provocada por la crisis, que a su juicio "obligaba a actuar con rapidez y facilitar un marco previsible de actuaciones que asegure un contexto atractivo y confiable para la inversión", y ha encuadrado el decreto ley como "casilla de salida" para una "inversión significativa" en energías renovables, electrificación y eficiencia energética.
En este sentido, ha celebrado que los sectores económicos e industriales en España "están muy bien preparados" para el reto de la transición ecológica, al tener capacidad para fabricar el 90% de los componentes necesarios para producir aerogeneradores, más del 60% de los necesarios para proyectos de energía solar y hasta el 90% de los bienes de equipo y electrónica de potencia en la electrificación y la eficiencia energética.
A su juicio, estas cifras dejan a España en una posición "muy competitiva" para el desarrollo de estructuras de recarga en el vehículo eléctrico o en la electrificación de redes; así como la capacidad del sector de la construcción para "reorientarse" hacia la rehabilitación energética de "edificios y barrios enteros".
La mayor parte de los grupos del Congreso han adelantado su apoyo al decreto ley que aprobó el Ejecutivo respecto al fondo de 16.000 millones no reembolsables para repartir entre las Comunidades Autónomas con motivo de la crisis del Covid-19, a pesar de las quejas de los portavoces por los criterios de reparto.
La ministra de Hacienda y ministra portavoz, María Jesús Montero, ha pedido en la mañana de este miércoles el aval de todos los grupos de la Cámara para convalidar este real decreto que establece los criterios de reparto entre las distintas Comunidades Autónomas del denominado 'Fondo Covid-19'.
En la defensa del decreto, Montero ha pedido "amplitud de miras" para el resto de formaciones y ha defendido el reparto por tramos que, según ha dicho, no convence a ningún gobierno regional y por tanto eso significa que la distribución "es justa".
En contra se ha posicionado Vox, que ha pedido el voto negativo para el decreto porque considera que se enmarca dentro de la "política de improvisación" del Ejecutivo central, al que ha acusado de querer subir los impuestos. En este sentido, el diputado Víctor González Coello de Portugal ha instado a la ministra a aclarar los tributos que el Gobierno "desea subir".
El parlamentario de Vox ha afeado también a Montero que dijera que el decreto estaba consensuado con todos los grupos de la Cámara. Según ha denunciado, el Gobierno no ha hablado con la formación de Santiago Abascal para perfilar estos criterios: "Nos hubieses gustado participar".
EL PP SE SUMA A LOS APOYOS
Quién sí ha apoyado el real decreto ha sido el Grupo Popular, que ha defendido que este fondo no reembolsable para repartir entre las Comunidades y las ciudades autónomas responde a un "cumplimiento de una obligación" por parte del Gobierno.
La diputada Elvira Rodríguez ha tomado la palabra en defensa de la posición del PP y ha instado a la ministra a reconsiderar algunas cuestiones como el tramo destinado a la educación, del que ha dicho que no es posible legalmente que se haga para todo el curso. Por ello, ha invitado al Gobierno a "seguir haciendos los deberes".
En términos parecidos se ha pronunciado la diputada de Ciudadanos, que ha fijado su postura positiva al decreto del fondo de 16.000 millones, si bien ha exigido al Gobierno central acometer más medidas para paliar los efectos de la pandemia.
Cabe recordar que los grupos pueden solicitar la tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.
CONTINUAS QUEJAS POR EL REPARTO
Durante el debate del decreto, varios grupos han coincidido en que el reparto es "insuficiente" para algunas Comunidades Autónomas. Ha sido el caso, por ejemplo, de Foro Asturias, BNG y el PRC, que consideran que el dinero destinado a estas regiones no es el adecuado respecto a los criterios establecidos.
Según han denunciado estas formaciones, con el fondo "no se han atendido" las demandas de estos territorios para paliar los efectos sociales, económicos y sanitarios que ha provocado la pandemia del coronavirus.
"En este decreto, el Gobierno vuelve a ignorar la realidad diversa y plurinacional de España", ha subrayado el diputado del BNG, Néstor Rego. En parecidos términos se ha expresado el parlamentario del PRC, que ha recriminado al Ejecutivo que tenga más peso el criterio poblacional que la dispersión poblacional.
VASCOS Y NAVARROS SE VEN EXCLUIDOS
Según se recoge en el real decreto, las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra, tratarán bilateralmente con el Gobierno central la compensación que les corresponde en términos de déficit y deuda, y sí que se beneficiarán del resto de tramos: el destinado a Sanidad y el de educación.
Este punto ha sido motivo de confrontación entre los partidos como PNV, EH-Bildu y UPN con el Ejecutivo central. Las formaciones vascas y navarras consideran que se está "excluyendo" del reparto a estos territorios que, según han dicho, contribuyen de igual modo a las arcas públicas.
"No respeta el sistema de concierto económico, se impone la distribución de forma unilateral y se nos excluye del cuarto tramo del reparto. Una relación bilateral entre Gobiernos debería haber abordado de forma bilateral el fondo, y esto se lo ha saltado la ministra", ha censurado la diputada del PNV.
Por su parte, el parlamentario de Bildu Oskar Matute ha cargado contra la ministra porque cree que el decreto plantea un "dogma de fe" al asegurar que se negociará aparte con Navarra y el País Vasco. "Conclusión, que de momento no vamos a ver ni un duro".
El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio con un paquete de medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, entre ellas una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos.
En vigor a partir de su publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia Constitución establece que cada decreto ley ha de ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. Además de pronunciarse sobre su convalidación o derogación, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.
El citado decreto ley recoge una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para la realización de proyectos de inversión empresarial en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Además, aumenta a 100 millones de euros la dotación del Fondo de internacionalización de empresas, gestionado por Cofides, y ha flexibilizado los avales de Cesce de 2.000 millones para cubrir empresas cotizadas, que podrán ser beneficiarias de hasta un máximo del 35% del importe de la línea (700 millones de euros).
FONDO DE 10.000 MILLONES PARA SALVAR A EMPRESAS SOLVENTES
Respecto al nuevo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, nace con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la crisis, y está adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un consejo gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El fondo se articula a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.
PLAN RENOVE 2020
Por otro lado, el decreto ley también incluye el nuevo plan Renove 2020, que cuenta con un presupuesto de 250 millones de euros y ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo a cambio de achatarrar uno antiguo, dentro del 'Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción' y conforme al criterio de neutralidad tecnológica, de forma que habrá ayudas también para modelos de combustión (diésel y de gasolina).
En función del vehículo adquirido y del tipo de beneficiario, el Renove 2020 dará incentivos de entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo y de dar de baja uno antiguo, a los que se añadirán 500 euros adicionales en caso de que se achatarre un coche de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores de 1.500 euros.
Estas ayudas están disponibles para las personas que hayan adquirido su vehículo, según las condiciones del plan, desde el pasado 16 de junio y la finalización de este programa será el 31 de diciembre de 2020 o cuando se agoten los fondos.
MORATORIA HIPOTECARIA DE UN AÑO EN EL TURISMO
Junto a las anteriores medidas, el decreto ley incluye medidas de apoyo al sector turístico, para el que dispone un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico con una dotación presupuestaria del programa de 216 millones de euros para el ejercicio 2020 y la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.
También la concesión a las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que no tengan carácter público y que generen actividad entre los meses de julio y octubre (ambos inclusive) exoneraciones del 50% en las cuotas a la Seguridad Social por los trabajadores fijos-discontinuos que incorporen a la actividad o de los que mantengan su ocupación.
Asimismo, contempla una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, por lo que otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.
Por otro lado, en él se aprueban los 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos', instrumento cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos rurales y de interior apoyando la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 22 grados en Albacete, entre los 7 y los 22 en Ciudad Real, entre 4 y 20 grados en Cuenca, entre 4 y 18 grados en Guadalajara y entre 8 y 21 grados en Toledo.
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En concreto, relacionan a Zaplana con tres sociedades para disponer del dinero de las comisiones: Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollo.
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Las comisiones sobre las mascarillas arrancan hoy con Koldo en el Senado e Illa en el Congreso
Últimas noticias sobre el mundo del motor y tráfico.
El martes 23 de abril, de 19:00 a 20:00 horas, emisión en directo de "La Colmena" desde la Biblioteca Regional.
Concepción Cedillo ha participado, junto a la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, el vicepresidente, Juan Carlos Sánchez, y el diputado, Tomás Arribas, del acto de lectura con motivo del Día del...
La compañía ha destacado su compromiso con el empleo largo plazo, ofreciendo puestos de trabajo estables e indefinidos.
Última hora del conflicto Israel-Palestina.
La Guardia Civil halló la factura en el registro del pasado 1 de abril en República Dominicana
Sobre la política hidráulica de CLM, Gómez ha remarcado que es "imprescindible" acelerar el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura
La Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional ha realizado una llamada de tranquilidad ante la afluencia de personas a los centros de Urgencias de Atención Primaria, especialmente el de Azuqueca...
Este tramo está integrado dentro del proyecto del Corredor Atlántico en el ámbito de la conexión Meseta-Portugal.
"Desde el pasado 25 de marzo ha habido una escalada en el clima de tensión en Matarrubia que ha derivado en agresiones físicas hacia los dos ediles socialistas, ya denunciadas, siendo la más grave la que...
La rotura de las lunas de 18 vehículos que se encontraban estacionados en varias calles de la localidad, suceso que generó gran alarma social entre los vecinos.
La portavoz socialista en las Cortes de CLM se pregunta si Núñez "¿Va a convocar el PP plenos extraordinarios en los ayuntamientos en los que gobierna para apoyar a Castilla-La Mancha en la defensa del...
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La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha destacado que la Intermunicipal del PP dejó patente el compromiso de los alcaldes populares...
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