
DCLM.ES · Castilla-La Mancha · El Observador
En la Nueva Normalidad, los rastreadores debían ser la figura clave en el control de la pandemia para evitar o controlar los rebrotes, pero cuando el control de la pandemia ha pasado del Estado a las Comunidades Autónomas es más que perceptible la dejación de responsabilidades en buena parte de ellas. Basta con observar la cifra de rastreadores que ha contratado cada una de ella para deducir lo poco que preocupa la salud de sus ciudadanos.
Sorprende que Madrid y Cataluña, que batieron record en número de contagios y fallecidos hayan aprendido tan poco y sean las que tienen menos rastreadores por habitante. En Madrid tienen 185 rastreadores para una población que supera los 6’5 millones de habitantes, lo que ofrece un ratio de 1 rastreador por cada 35.903 habitantes. El caso de Cataluña es similar, con el agravante de que están al borde de volver al confinamiento total para frenar la cifra de contagios. Allí, el número de rastreadores asciende a 242 para una población de 7’5 millones de habitantes, lo que ofrece un ratio de 1 rastreador por cada 30.882 habitantes.
En cifras equivalentes a Madrid y Cataluña en cuanto a rastreadores se encuentran Asturias, con 1 rastreador por cada 34.067 habitantes, y Navarra, con un rastreador por cada 30.905 habitantes.
Por el contrario, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana parecen haberse tomado en serio sus competencias y han destinado mayor presupuesto que otras comunidades a prevenir los rebrotes. En el caso de Castilla La Mancha, se han contratado 427 rastreadores para una población de 2 millones de habitantes, lo que ofrece un ratio de 1 rastreador por cada 4.766 habitantes.
Por su parte, la Comunidad Valenciana ha contratado 1.008 rastreadores para una población de 4’9 millones de habitantes, lo que supone un ratio de 1 rastreador por cada 4.936 habitantes.
Lo deseable sería que el conjunto de las Comunidades Autónomas doblaran su número de rastreadores para alcanzar una cifra aproximada de 10.000, actualmente estamos por debajo de los 5.000, y que hicieran el mayor esfuerzo quienes ofrecen las mayores debilidades y representan un grave riesgo para las comunidades vecinas, como es el caso de Madrid y Cataluña.
Bueno sería que Ayuso y Torra abandonaran de una vez sus particulares batallas políticas, llámese oposición política o soberanismo, y asuman las responsabilidades que les corresponden.
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