SEPAR pide al Ministerio de Sanidad una ley integral del amianto

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) le ha pedido al Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, que elabore un proyecto de Ley Integral del Amianto, de acuerdo con un manifiesto elaborado por diversas entidades, para poder hacer frente a lo que constituye otra amenaza global para la salud humana: la pandemia de amianto.

Instituciones europeas ya habían instado a los estados miembros y a toda la Unión Europea (UE) a erradicar el amianto de forma segura antes del año 2032. A juicio de SEPAR, el contexto actual de reconstrucción que quiere acometer la UE brinda una oportunidad "única" a España para abordar una cuestión, la erradicación del amianto, "postergada durante años", y erigirse en un "referente internacional" en la lucha contra este problema de salud pública, medioambiental y ocupacional de primer orden en nuestro país y en el mundo.

"SEPAR urge a poner hilo a la aguja a la pandemia del amianto, que avanza de forma silenciosa e inexorablemente. La exposición al amianto es un problema global y mundial de salud pública. Como médicos neumólogos hemos querido asumir dos papeles: por un lado, trabajar para diagnosticar y tratar las enfermedades por exposición al amianto ya sea en el medio ocupacional, doméstico o en el medioambiente y, por otro, concienciar sobre el problema y advertir de las necesidades de eliminar por completo el riesgo de exposición actual al amianto. Pero debemos ir más allá y dotarnos de un marco legal, una Ley Integral del Amianto, para afrontar esta cuestión de forma integral y decisiva", ha explicado la neumóloga, secretaria general de SEPAR, Carmen Diego.

En este contexto, la futura Ley integral del amianto debería considerar diversos ejes, según un manifiesto sobre dicha ley firmado por diversas entidades ecologistas y profesionales. En concreto, la normativa debería incluir un sistema de detección activa y precoz de las enfermedades provocadas por el amianto y, desde el punto de vista científico, desarrollar proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos tanto para el diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, en particular del mesotelioma como para lograr avances en los tratamientos.

Además, debería reconocer los derechos de las personas afectadas, mediante un Fondo de Indemnización de las Víctimas de Amianto y Familiares (FIVA), una adecuada vigilancia y atención médica, la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales, la aplicación de coeficientes reductores de jubilación en el ámbito laboral y que la responsabilidad empresarial por los daños causados no pudiera prescribir.

SEPAR ha señalado que también debería incluir un reconocimiento institucional a la memoria de las víctimas y ayuda y acompañamiento a los afectados por el amianto y sus familiares; así como adecuar el Registro de Empresa con Riesgo por Amianto (RERA), a través de un sistema único estatal que debería ser accesible, de inscripción obligatoria y de oficio de todas las empresas o actividades en las que hubiera existido exposición al amianto antes o después de la prohibición.

La organización también ha señalado que debería actualizar los valores límite de exposición al amianto (laboral, medioambiental y de salud pública), así como las técnicas de detección y muestreo en superficies, tierras y agudas y las técnicas analíticas de laboratorios.

Por otra parte, SEPAR ha informado de que la normativa debería elaborar un censo estatal sobre el amianto instalado en edificios, infraestructuras, instalaciones, vertidos y vertederos en todo el territorio español; un plan estatal de erradicación segura del amianto para que España esté libre de amianto antes del año 2028 y que comprenda tanto el amianto instalado como el presente en residuos controlados y no controlados y suelos contaminados, con prioridades y fases de actuación, ya que primero debería iniciarse en los colegios, polideportivos y entornos con presencia de niños (especialmente sensibles al amianto), siguiendo por hospitales, edificios e instalaciones públicas e infraestructuras de transporte; un plan estatal de gestión y control de residuos con amianto, que incluya la destrucción segura de las fibras y su conversión en residuos no peligrosos, además de su eliminación progresiva en vertederos.

"Y un plan interanual de financiación coparticipativa que implique al Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, Unión Europea y agentes privados. También debe incluir políticas coordinadas destinadas a la información, formación y cualificación profesional de los profesionales sanitarios y técnicos, de trabajadores cualificados para la retirada y gestión del amianto, y de divulgación y concienciación general de los problemas relacionados con el amianto", ha apostillado.

Finalmente, SEPAR ha abogado por la participación y liderazgo en el fomento y desarrollo de políticas internacionales para la erradicación universal del amianto, poniendo especial atención al control y prohibición del tránsito de materiales con amianto en el territorio español.

"El contexto actual de la pandemia de Covid-19 en el que la UE ha confirmado que pondrá en marcha un ambicioso plan de reconstrucción económica en Europa y el Banco Central Europeo ha anunciado el incremento de fondos de emergencia para afrontar esta crisis puede ser una oportunidad para elaborar una Ley Integral del Amianto en España, que permita abordar esta emergencia sanitaria postergada tantos años en España y que es tan necesaria no solo para proteger la salud de los españoles sino también el medio ambiente", ha zanjado el neumólogo y presidente de SEPAR, Carlos A- Jiménez Ruiz.