El Defensor del Pueblo urge a garantizar unas condiciones de habitabilidad dignas a los temporeros agrícolas

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y a las organizaciones agrarias para que busquen de "forma coordinada y con urgencia" una solución para "garantizar los derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas" a los trabajadores temporeros agrícolas que viven en situaciones de "degradación" en diversas zonas de España.

En este sentido, ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto "con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo haciendo saltar las costuras del sistema".

El Defensor ha recordado que, durante semanas, mientras todo estaba "parado" por efecto de las medidas de confinamiento, los temporeros "han salido al campo a cosechar los frutos" que en cada momento se encontraban listos para ello. En su opinión, esto ha servido para visibilizar la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes que, con frecuencia, se ven sometidos a "condiciones laborales y de vida deplorables".

Fernández Marugán ha citado como ejemplos de estas situaciones de "degradación" los asentamientos chabolistas cronificados de Huelva o Almería, o las condiciones en las que viven estas personas en Lleida, muchas de ellas durmiendo en las calles, aunque ha recordado que esta realidad se repite en muchas otras provincias.

Además, ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un "adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión del COVID 19", así como "de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo". Además, según indica, se ven abocados a vivir en "asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene".

El Defensor ha recordado que España es el mayor exportador de fruta y verdura de la Unión Europea y que, según datos extraídos de diferentes estudios elaborados por universidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, alrededor de 100.000 personas obtienen su sustento en este sector, muchas de ellas extranjeros extracomunitarios que se ven obligados a trabajar en la economía sumergida.

En este sentido, ha remarcado que "esta situación constituye un grave problema social ante el que ni las administraciones públicas ni el sector agrario han sido capaces de habilitar una respuesta adecuada".

Fernández Marugán ha anunciado que, con independencia de las investigaciones que mantiene abiertas respecto de varios asentamientos y campañas agrícolas, algunas de las cuales llevan años tramitándose sin haber logrado hasta el momento los cambios sustanciales reclamados, la institución ha asumido la tarea de llevar a cabo un proceso global de análisis, tanto desde el punto de vista territorial como en lo que atañe a los problemas que esta situación genera.

"Este análisis está cimentado en la convicción de que una democracia avanzada como la española no puede permitir situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen", ha concluido.