CLM recibirá 150 millones del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la formalización de un préstamo con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa por valor de 150 millones de euros y a diez años que serán destinados para que la Comunidad Autónoma complete el 20% que le corresponde para poder optar al 80% de fondos europeos en programas FEDER o del Programa de Desarrollo Rural.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en rueda de prensa, donde ha recordado que para cumplimentar este trámite se ha recibido también la autorización del Ministerio del ramo.

Con estos fondos, ha explicado, se garantiza que en los próximos años Castilla-La Mancha pueda seguir financiando con ayudas europeas acciones "tan importantes como las relacionadas con los servicios sociales o las de energías renovables".

Como ventajas, el tipo de interés en "ligeramente inferior" al de otros préstamos como los vinculados al ICO o al Fondo de Liquidez Autonómica, ha defendido el titular regional de Hacienda que de igual modo ha añadido que así "se diversifican las fuentes de financiación", que actualmente pasan por un 70% de préstamos desde el Instituto de Crédito Oficial.

LUZ VERDE A LA LEY DE PATRIMONIO

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al proyecto de ley de Patrimonio de la Junta que vendrá a actualizar la normativa existente y que data del año 1985, la cual a través de 138 artículos servirá para adaptar la gestión de todo el patrimonio de la Administración regional, que pasa por 7.255 inmuebles o 2.262 vehículos.

Según ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, los objetivos de esta norma son "acomodar la normativa patrimonial a la situación de la Junta, que ha ido creciendo como consecuencia de la asunción de sucesivas transferencias, también en educación y sanidad".

Ha recordado que en estos años se han registrado "cambios de vista normativos en la vertiente patrimonial, en la ley de contratos y en el derecho administrativo" que obliga a adaptar toda la legislación básica.

"Servirá de marco regulatorio más completo, adaptado a los nuevos elementos para la gestión del patrimonio y que respetará enormemente la legislación básica del Estado en materia de patrimonio", ha detallado Ruiz Molina.