A propósito del cierre de prostíbulos

Antes de comenzar, creo necesario un par de cuestiones previas, y didácticas, sobre el asunto, con el fin de dejar de blanquear socialmente un tema tan sangrante como es el de la prostitución y la trata de mujeres en pleno siglo XXI.

La primera gira sobre el uso de términos con el que nos referimos habitualmente para estos centros, uso que solo busca la habituación cultural y que distan mucho de referirse realmente a dichos antros en toda su cruda naturaleza. Prostíbulo, club de alterne, puticlub, club de carretera, “putis”, locales de citas, burdeles, o los más históricos como lupanares o mancebías. Todos y cada uno de ellos esconden tras estas letras una realidad sórdida, espeluznante, machista y degradante. Estos lugares no son más (ni menos) que centros de explotación sexual de mujeres, campos de exterminio donde se práctica con total impunidad la violación física sistemática, la tortura, la degradación por cuestión de sexo, las amenazas, la extorsión, la violación de derechos fundamentales y en algunos casos el asesinato. Estos lugares no distan mucho de los diferentes campos de regímenes dictatoriales que tod@s tenemos en la memoria, cuyo único afán es el enriquecimiento económico de diferentes mafias a través de la peor de las esclavitudes (alegalmente consentidas por los diferentes estados) que conocemos en este siglo.

La segunda cuestión el hecho de considerar la prostitución, y por ende a las mujeres que obligadas tienen que ejercerla, como una actividad laboral, aunque alegal. Apenas un 5% de estas mujeres lo hacen de manera voluntaria, el resto forma parte de ese 80% de la trata mundial destinada a la explotación sexual, mayoritariamente de niñas y mujeres adultas. No es un trabajo, no tienen seguro médico, no hay prestaciones por desempleo, no hay contratos, no hay remuneración fija, no hay vacaciones, no hay días de descanso, no es digno. Es explotación, y ni siquiera explotación laboral, es explotación sexual mediante coacción, amenazas, secuestros, palizas y violaciones. Llamemos a las cosas por su nombre de una puñetera vez.

Según los últimos estudios, España es el primer país de Europa donde se paga por sexo y el tercero a nivel mundial. Casi un 40% de varones españoles han pagado alguna vez por tener relaciones sexuales. Pero estos titulares son falsos y, de nuevo, blanqueadores de la realidad. España es el primer país de Europa donde se paga por el derecho a violar mujeres y cerca de un 40% de españoles han pagado alguna vez por el derecho a violar a una mujer ejerciendo sobre ellas una situación de dominación y sometimiento falazmente consentido tras una sonrisa forzada y un puñado de euros. Así es como se han de decir las cosas… 

¿A qué leído así suena mucho peor y más macabro?

Así que sí, en el debate de estos días sobre el cierre de esos mal llamados prostíbulos, me confieso abolicionista de los mismos, así como de la prostitución en todas sus formas. En todo aquel escenario en el que he podido hablar sobre este tema, he defendido este argumento, su cierre definitivo y la persecución, multa y condena de los proxenetas y dueños, delincuentes, de estos antros por ser partícipes directos de un delito de lesa humanidad. Y sin olvidarme de esos varones, malos varones, que consideran a las mujeres como objetos que usar, como receptáculos pasivos de su semen, que creen que el dinero puede comprarlo todo, hasta la dignidad, y participan a título individual y colectivo de la vejación sistemática de estas mujeres, de estas esclavas de la propia condición patriarcal humana. Mujeres a las que por otro lado habría que proteger, abrazar y acompañar desde el ámbito bio-psico-social, además del judicial, para su completa reincorporación social alejada de ese mundo, de ese sórdido mundo.

No pido su cierre (y si fuera posible su demolición) por cuestiones del COVID (tal y como se ha producido cierto debate por lo sucedido en Alcázar de San Juan) o por el riesgo de cualquier otra enfermedad o infección de transmisión genital. No se trata de proteger a esos mal llamados “clientes” que en realidad no son más que delincuentes y puteros, violadores misóginos y machistas. Se trata de ser consecuente con los valores sociales de un estado de derecho que manifiesta la libertad individual y la protección del individuo frente a cualquier tipo de agresión, de un estado que abolió la esclavitud en el siglo XIX y que en este siglo XXI se considera, de manera efectiva y afectiva, eminentemente feminista.

Pablo Ortiz, Sexólogo y miembro del Comité Federal del PSOE