PLENO CONGRESO: El Congreso deroga el decreto sobre los remanentes municipales

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, que ha quedado derogado.

En concreto, el texto ha sido tumbado por 193 votos en contra, frente a 156 síes. El Ministerio de Hacienda alcanzó a última hora un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias, pero no ha logrado sumar a ningún otro grupo parlamentario.

Se trata de la primera vez que el Gobierno de coalición de socialistas y morados pierde una votación sobre la convalidación de un decreto ley.

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CASADO DICE QUE EL RECHAZO AL DECRETO MUNICIPAL EVIDENCIA LA "INCOMPETENCIA" DEL GOBIERNO PARA PACTAR Y URGE SOLUCIONES

El presidente del PP, Pablo Casado, considera que el rechazo del Congreso al decreto municipal evidencia la "debilidad" del Gobierno y su "incompetencia" para llegar a acuerdos con otros partidos e instituciones, y le ha urgido a buscar soluciones para que los ayuntamientos puedan utilizar sus ahorros.

Al término del Pleno, en una declaración sin preguntas, Casado ha celebrado como "una victoria del municipalismo" el 'no' que todos los grupos de la Cámara, salvo el PSOE y Unidas Podemos, han dado a un decreto con el que el Ejecutivo pretendía "confiscar" los ahorros de los ayuntamientos para cubrir "el boquete en la recaudación" y la "mala gestión" derivada de la pandemia del Covid.

Pero, además, el líder de los 'populares' sostiene que ésta es también "una derrota histórica" porque, según ha apuntado, "nunca en la historia democrática" a un Gobierno le habían tumbado dos reales decretos como ha sufrido Sánchez en su breve estancia como presidente.

"Esa derrota histórica lo que demuestra es un grave problema de debilidad dentro del Gobierno y, sobre todo, de arrogancia e incompetencia a la hora de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas y otras instituciones", ha manifestado.

Y, frente a esa debilidad, Casado ha dicho que el PP ha ejercido la "alternativa" liderando una "rebelión de alcaldes" como partido de gobierno, con más de 2.800 alcaldes en toda España, con una experiencia municipal y, sobre todo, con "una buena gestión" de la pandemia por parte de sus ayuntamientos.

Así las cosas, y después de esta derrota, el presidente del PP ha exigido a que de "inmediato" se tomen "las medidas oportunas" en el Consejo de Ministros para que los ayuntamientos puedan utilizar sus ahorros y así puedan ayudar a los que peor lo están pasando en esta crisis social y económica.

LA OPOSICIÓN RECHAZA EL "CHANTAJE" DEL GOBIERNO A LOS AYUNTAMIENTOS Y RECLAMAN UN NUEVO DECRETO SOBRE LOS REMANENTES

La oposición ha rechazado en bloque en el Congreso el "chantaje" y el "ataque" a la autonomía local que considera que el Gobierno está realizado a los ayuntamientos con el decreto sobre los remanentes, un decreto, dicen, que supone un "ataque" a la autonomía local. Por ello, prácticamente todos los partidos, incluido En Comú Podem, han reclamado al Ministerio de Hacienda que presente un nuevo texto. "El Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades", ha dicho Gerardo Pisarello, diputado de En Comú.

El primer grupo parlamentario en intervenir en el debate para la convalidación del citado decreto ha sido el PP, cuyo vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha justificado su posición en que su partido no puede ser "cómplice" de lo que considera "el robo del siglo".

"El hijo pretende ayudar al padre pero el padre le quita la hucha de los ahorros a sus hijos", ha ilustrado el dirigente 'popular', quien ha censurado al Gobierno por el "lamentable chantaje" al que, a su juicio, está sometiendo a los ayuntamientos al darles a elegir "entre el fuego y la sartén".

"SOBRA SOBERBIA Y FALTA VOLUNTAD DE DIÁLOGO"

"En este Gobierno sobra soberbia y falta voluntad de diálogo y consenso", ha lamentado González Terol, antes de pedir al Ejecutivo que se deje de "fuegos de artificio", que presente un nuevo decreto y que de solución a aquellas administraciones que están en primera línea de batalla contra el virus.

Y no ha sido el único en reclamar un nuevo decreto, puesto que también lo han hecho el grueso de las fuerzas parlamentarias. Y, en concreto, algunos de sus socios de investidura han ido más allá y han urgido al Gobierno a derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Económica y Presupuestaria impulsada en su día por el PP, también conocida como 'Ley Montoro'.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado que su rechazo "al golpe más duro" que pretende atestar el Gobierno al municipalismo en estos años, a un "chantaje sin precedentes", ha añadido, que "castiga en lugar de premiar" y que "atenta" contra el principio de autonomía local. "El Gobierno, en lugar de apretarse el cinturón, le quita los ahorros a los ayuntamientos", ha denunciado el dirigente de Vox, para quien cada vez hay más motivos para la moción de censura que su partido pretende presentar "en breve".

En nombre de ERC, Joan Margall ha lamentado que el Gobierno haya apostado por la "recentralización y la austeridad" igual que el 'popular' Cristóbal Montoro y que pretenda convertir a los ayuntamientos "en el banco del Estado". Tras criticar duramente el decreto se ha abierto a negociar un nuevo con el Ejecutivo que respete el principio de autonomía local y no incluya "chantajes".

SE HAN QUEDADO SOLOS

Desde Ciudadanos, Carmen Martínez Granados ha lamentado que esta vez no haya sido posible un acuerdo con el Gobierno, al que ha acusado de "no escuchar" a la oposición ni a los ayuntamientos y de intentar ponerles "entre la espada y la pared" con el polémico decreto. Eso sí, ha destacado que "aunque hoy se hayan quedado solos", no lo están y pueden traer un nuevo texto, eso sí consensuado, con cambios legislativos para solucionar el problema de los remanentes.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha cuestionado la "improvisación" de un decreto que no tiene en cuenta los conciertos vasco y navarro, y ha instado al Gobierno a "aparcar las diferencias" y a tratar de buscar "puntos de encuentro" a través de un nuevo decreto avisando de entrada que todo lo que se decida será un "parche" mientras no se reforme la Ley de Estabilidad.

También ha instado derogar esta norma pero también el artículo 135 de la Constitución la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, como alternativa a un decreto "inasumible" porque, a su entender, supone "una conculcación de la autonomía municipal".

Desde Junts, sin embargo, Ferrán Bel ha defendido que se pueden alcanzar soluciones sin cambiar ese artículo 135 de la Carta Magna, y ha animado a Montero a "tragarse el orgullo" y a aprobar un nuevo texto eso sí "con garantías de ser convalidado".

"Lo que hace falta es derogar la 'Ley Montoro' que asfixiaba a los ayuntamientos. El Gobierno debe aprender que está en minoría y solo suma mayoría negociando, y ser valiente en cumplir sus promesas", ha escrito, por su lado, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, a través de su cuenta personal de Twitter que ha recogido Europa Press- Una reflexión compartida con el diputado del BNG, Néstor Rego.

ALIADOS, NO PALMEROS

Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, ha rechazado lo que ha definido como un "acuerdo con forceps" en el seno de la FEMP y ha reprochado a Montero su intento de "culpabilizar a la oposición". También ha exigido un nuevo decreto y que deje de "negociar a última hora y con nocturnidad". "Aprendan que tiene aliados, no palmeros", ha enfatizado.

En el Grupo Mixto, todos se han reafirmado en su negativa a convalidar este decreto ley: la CUP ha afeado al Gobierno que pretenda "centralizar los ahorros", CC le ha acusado de "chantajismo", NC y UPN han cuestionado que se trate a los ayuntamientos como administraciones de segunda, el PRC ha pedido una modificación exprés de la Ley de Estabilidad y Foro Asturias ha denunciado el trabajo de "incautación" que pretende ejecutar el Ejecutivo con esta medida.

Tras reconocer que este decreto ha "tensado las costuras" de la coalición de Gobierno y también las internas de los partidos que lo componen, el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha defendido que, al final, Hacienda ha "escuchado" y ha hecho un "esfuerzo sincero" con su última oferta, aunque no ha sido suficiente. "Hoy ganan los agoreros", se ha lamentado, a la vez que ha urgido a Montero a derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Su socio catalán, En Comú, también ha valorado el acuerdo alcanzado "in extremis" con el Gobierno, que consideran "un buen punto de partida" pese a haber llegado "tarde". Ahora bien, por boca de su diputado Gerardo Pisarello, ha pedido a la ministra de Hacienda que haga "autocrítica" y reaccione "de manera inmediata" presentando un nuevo decreto. "Cuando uno está en el Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades", ha aseverado.

Por último, en el PSOE Patricia Blanquer ha trasladado el apoyo de su grupo a la ministra y ha añadido que "no hay excusa" para no convalidar este decreto y que no hacerlo "choca" con la defensa del municipalismo y supone un "maltrato" a la ciudadanía.

EL CONGRESO RECHAZA LAS ENMIENDAS DE PP Y VOX A LA LEY DE EUTANASIA DEL PSOE, QUE CONTINÚA SU TRAMITACIÓN

El Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad que PP y Vox han presentado a la ley de la eutanasia del PSOE, que continúa, así, su tramitación en la Cámara baja. Sólo los de Casado y Abascal han votado a favor de los textos alternativos a la norma socialista.

Tanto PP como Vox han presentado una regulación de los cuidados paliativos frente a lo que el portavoz 'popular' en materia sanitaria, José Ignacio Echániz, ha calificado como el "suicidio asistido". En su intervención, el diputado del PP ha defendido los cuidados paliativos, incluso en el caso que supongan acortar la vida del paciente, como solución al sufrimiento de un enfermo crónico. A su juicio, un país que "no tiene resuelto el tratamiento paliativo" y "la dependencia" no puede "abrir la puerta a la eutanasia".

Echániz ha explicado que aquellos países en los que este derecho existe se han registrados "resultados negativos" porque se "relajan las garantías jurídicas y los controles" y "aumenta la presión social" sobre los ancianos y los enfermos crónicos. "Es una derrota para todos", ha declarado, antes de llamar a los diputados a "no rendirse" en la lucha por la mejora de los cuidados paliativos. "Es lo ético y lo socialmente justo", ha insistido.

En este sentido, ha reprochado a los socialistas que hayan cambiado su sentido del voto en esta materia, ya que hace "tres años" se oponían a la misma. El portavoz del PP ha achacado este cambio a un "desplazamiento" del PSOE hacia los "postulados de podemos" y ha pedido al partido de Pedro Sánchez que vuelva a plantearse su postura en esta ámbito.

Muy similar ha sido el argumento de la representante de Vox, María Ruiz, que ha acusado al partido que sustenta el Gobierno de estar "del lado de la muerte" y de buscar "el camino fácil". "Pretenden liquidar el problema liquidando a la muerte", ha declarado, para añadir que es algo típico de las políticas progresistas, como la ley del aborto o, como ha ocurrido "en las residencias durante los momentos más duros de la pandemia".

"FALTA DE EMPATÍA" EN LA DERECHA

Ruiz, que también ha destacado los problemas que, a su juicio, se presentan ahora en los países de Europa en los que se ha regulado la eutanasia, cree que el PSOE prefiere matar a una personas que dar recursos para que dejen de sufrir y ha dedicado gran parte de su discurso a defender la vida de las personas mayores que, en su opinión, pueden sentirse "presionadas" a dejar de vivir si existe una ley como la de la eutanasia. "Creen que un vida sin calidad no es diga de ser vivida, porque les estorban los no nacidos con discapacidad, los mayores dependientes o los enfermos terminales", ha indicado.

La diputada ha denunciado, además, la decisión de aplicar la eutanasia a un enfermo "no puede recaer en los médicos" porque esos son "un simple mortal" y, a su juicio, "dos categorías" de profesionales.

Tras ambas interveciones, la exministra de Sandidad, la diputada socialista María Luisa Carcedo, ha lamentado la "falta de empatía" que, a su juicio, suele tener la derecha con las creencias y la moral de otras personas, así como el concepto sobre la vida y la muerte que pueda tener cada uno. Además, ha señalado que el debate sobre los cuidados paliativos, que ya existen en el país y están en la cartera del Sistema Nacional de Salud, "no tiene nada que ver" con la ley socialista.

Carcedo ha recordado que el PSOE apoyó la ley de cuidados paliativos que se debatió en el Congreso en la anterior legislatura y reprochó al PP que esta norma, que mejoraba las condiciones actuales de este servicio, podría estar en vigor si ello no hubieran "enredado" en el Senado y hubieran permitido que el texto se publicaa directamente en el BOE.

EL RESTO DE LA OPOSICIÓN APOYA LA EUTANASIA

Del mismo modo, ha rechazado las peticiones que PP y Vox de poner "más recursos" a los paliativos frente a la eutanasia, recordando a los de Pablo Casado lo que se hace en "algunas" comunidades autónomas en este sentido y los "recortes" que se produjeron en el Sistema Nacional de Salud durante la crisis.

La portavoz de ERC en materia sanitaria, Carolina Telechea, ha recordado que "la vida u la muerte son dos caras de la misma moneda" y que "asegurar una vida digna es asegurar una muerte digna", teniendo, además, en cuenta que esto se trata de "un derecho", de la "dignidad", de la "libertad" y de la "autodeterminación personal". "Apoyamos la regulación de la eutanasia", ha declarado.

"Los españoles se merecen un debate serio y sosegado sobre la eutanasia", ha defendido la portavoz de Ciudadanos en este debate, Sara Jiménez, antes de indicar su rechazo a las enmiendas presentadas y su apoyo a la norma socialista que, según ha apuntado, es necesario "mejorar. "Hay personas que en su libertad no quieren paliativos, sino terminar con su sufrimiento", ha declarado. A su juicio, la ley de eutanasia va de "libertades individuales" y del derecho de un persona "irse de esta vida" con "dignidad".

Desde el PNV, Joseba Agirretxea, cree que los de Casado y Abascal "quieren confundir" a la sociedad igualdando paliativos y eutanasia cuando "no son lo mismo", de hecho, los nacionalistas vascos no ven "incompatible" la regularización de la eutanasia y el desarrollo de los cuidados paliativos y creen que los texto alternativos presentados son "alternativos" a otra ley, además de señalar que son de "baja calidad". Del mismo modo, ha denunciado las "barabaridades" dichas por los portavoces de PP y Vox, dando a entender que esta norma pretende "eliminar a gente". "Es inadmisible", ha concluido.

El portavoz del PDCat, Sergi Miquel, ha reprochado a Echániz que haya hablado de "expropiar vidas" y ha lamentado que PP y Vox intenten "imponer" sus principios en esta materia a todos los enfermos; mientras el diputado de BNG, Néstor Rego, ha rechazado "categóricamente" las enmiendas de unas formaciones que ha calificado de "retrógadas" y que, a su juiciom están más preocupados de quitar derecho que de afianzarlos.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, por su parte, se ha dirigido a PP y Vox para señalar que si se aprobaran sus propuestas, los ciudadanos "sólo podrían morir de acuerdo con los valores de una minoría"; mientars que si sale adelante la ley de la eutanasia, los enfermos que así lo soliciten podrán morir de acuerdo con "sus propios valores, incluidos lo votantes" de 'populares' y Vox, "si así lo necesitaran". "Por eso, la libertad es superior y por eso la mayoria de la sociedad está de acuerdo en que avancemos en derechos", ha concluido.

Los representantes de Eh Bildu, Iñaki Ruíz de Pinedo; Nueva Canarias, Pedro Quevedo; y CUP, Albert Botran, ha mostrado su rechazo a los textos de PP y Vox y han recordado a ambas formaciones que el hecho de regular la eutanasia no implica que todos los enfermos vayan ha solicitarla o estén obligados a ello.

EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE IMPULSE LA PROFESIONALIZACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LOS CUIDADOS

El Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al Gobierno a impulsar la profesionalización y el reconocimiento laboral y económico la labor de los cuidados, uno de los sectores esenciales durante la crisis sanitaria generada por el Covid19.

En concreto, se reclama una mejora de la red de recursos públicos que facilitan la corresponsabilidad de los cuidados y que permiten compartir estas tareas entre hombres y mujeres y entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil; así como la profesionalización de los cuidados. Además, llaman a incorporar la perspectiva de género en la regulación del teletrabajo, garantizando los derechos de trabajadoras y trabajadores y haciéndolo compatible con recursos de corresponsabilidad.

El texto ha contado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, BNG y PNV, mientras que Ciudadanos y Vox han votado en contra. PP y ERC han decidido abstenerse.

EL PSOE EVITA PEDIR PERMISOS RETRIBUIDOS

Durante el debate de la iniciativa, que tuvo lugar en la sesión del Pleno del martes, la oposición fue muy crítica con los socialistas, a quienes acusaron de registrar una propuesta con medidas "insuficientes" en el ámbito de los cuidados y que ellos mismos podrían poner en marcha estando su partido en el Gobierno.

Esquerra Republicana, Ciudadanos y Más País, además, reprocharon al PSOE que no aceptara sus enmiendas para pedir al Gobierno la regulación del teletrabajo y la puesta en marcha de permisos retribuidos para los empleados que tuvieran que pedir flexibilización de jornada para cuidar a los hijos en cuarentena preventiva, es decir, que tienen que cumplir con la medida de precaución pero que no han dado positivo por coronavirus o están a la espera de una prueba PCR.

La portavoz socialista en materia de Igualdad, Laura Berja, agradeció las aportaciones de estas formaciones al texto, pero explicó que estas enmiendas "se alejan del espíritu inicial" de la propuesta que, según ha indicado, tiene que ver con la corresponsabilidad y en la necesidad de lograr un "reparto más igualitario" de las tareas de cuidados que, en la actualidad, recaen en su mayoría en las mujeres.

CELAÁ VE DE FORMA "MUY POSITIVA" EL INICIO DEL CURSO Y DESTACA QUE HAY INCIDENCIAS EN 53 CENTROS DE 28.600

La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha hecho una valoración "muy positiva" de los primeros días del curso 2020/2021 y ha argumentado que, a 9 de septiembre, había "incidencias" en 53 centros educativos de un total de 28.600.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, la titular de la cartera de Educación ha defendido que las direcciones, los profesionales y los administrativos de los centros educativos han hecho un trabajo "espectacular, con ilusión, profesionalidad y mucha vocación". Además, ha señalado que los niños estaban "como en la noche de los Reyes Magos".

"Lo que ha pasado estos días, contábamos con ello y seguiremos contando", ha asegurado la ministra de Educación, que ha advertido de que "habrá más casos y más incidencias". Así, Celaá ha puesto el acento en que habrá más casos porque "los niños, además de ir al colegio, también tienen una vida social", por lo que recomienda que se ciña a grupos familiares y/o convivenciales.

"Casos se van a segur produciendo, sin duda. Un momento, para nosotros importante va a ser qué pasa el fin de semana que viene", ha manifestado, para después añadir que "en breve" habrá una nueva reunión con las CC.AA. y se evaluará "qué ha pasado".

Respecto a los padres que se están negando a llevar a sus hijos a clase porque consideran que los centros no cumplen las medidas de seguridad necesarias frente al Covid-19, Isabel Celaá ha afirmado que son "minoritarios", pero ha defendido que "tienen todo el derecho a tener toda la información" y que se ha mantenido "la protección de salud de toda la comunidad educativa como prioritaria".

Preguntada sobre si se han tomado tarde las medidas para una 'vuelta al cole' segura en el contexto de la pandemia del coronavirus, la ministra de Educación considera que no, aunque ha reconocido que "otras comunidades han ido más lentas".

"Las CC.AA. han entrado de manera desigual, pero en junio ya tenían todo a su disposición", ha manifestado, al tiempo que ha detallado que contaban con el acuerdo de 14 medidas, según ha indicado, respaldado por todas las autonomías, a excepción de dos, y el protocolo de medidas de higiene, prevención y detección precoz del Covid-19.

COLABORACIÓN CON LAS CC.AA.

En relación con la colaboración con las comunidades autónomas, Isabel Celaá no tiene "más que palabras positivas" y ha hecho hincapié en que, entre marzo y julio, han tenido lugar hasta 20 reuniones con las autonomías y seis Conferencias Sectoriales de Educación.

"En todas ellas hemos tenido que debatir iniciativas, que íbamos poniendo encima de la mesa y que se convertían en acuerdos, que luego se llevaban a la práctica", ha recalcado, al tiempo que ha reconocido que en abril hubo cinco CC.AA. que "se mostraron remisas" a adoptar el acuerdo sobre fórmulas de adaptación programática y evaluación", pero, finalmente, "hicieron lo mismo".

De esta forma, Celaá ha rechazado la idea de que la preparación para la 'vuelta al cole' se produjo en agosto y ha afirmado que es "inexacto, es una equivocación". "Ya en mayo, en la Fase 2 de la desescalada, reiniciamos en todas las CC.AA., salvo en Andalucía, la vuelta a clase y ya hubo un protocolo higiénico-sanitario", ha remarcado, para después insistir en que "en junio se cerraron todas las instrucciones, todas las medidas, todos los planes acordados" entre el Ministerio y las CC.AA., "muchas" de las cuales "lograron publicar sus protocolos desde julio".

En este sentido, la titular de la cartera de Educación ha asegurado que el sistema educativo "necesita" la inversión "que ha perdido en los últimos siete años" y ha agregado que las autonomías conocían también la cantidad del Fondo Covid que les correspondería. Celaá ha puesto de relieve que algunos cetros educativos han ofrecido una información extraordinaria a las familias", mientras que otros "han estado más entretenidos en configurar los centros y ha escaseado un poco más".

"Lo importante es que hoy todas las CC.AA. tienen sus protocolos, sus propuestas, sus compromisos que son públicos", ha subrayado, para después defender que la enseñanza presencial es "insustituible".

Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que auguró que todos los niños se contagiarán de coronavirus, la ministra ha dicho que no le parecen adecuadas en este momento, en el que lo necesario es "ir animando" a los padres a que confíen en la escuela, porque lo contrario "es la exclusión".

Ante el debate surgido en torno a si habrá bajas laborales remuneradas para aquellos padres que tengan que cuidar a sus hijos en cuarentena preventiva, la ministra ha eludido pronunciarse por no ser competencia de su departamento y ha afirmado que los agentes sociales y los Ministerios implicados "tienen que seguir hablando" del tema.

Al ser cuestionada sobre si el Ministerio valora la posibilidad de introducir la asignatura de Educación para la Salud en el currículo, ha respondido que el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'ley Celaá', menciona esta cuestión, aunque no como una asignatura.

Así, la ministra ha explicado que en esta coyuntura los niños están aprendiendo educación para la salud, al tener que lavarse las manos, llevar la mascarilla, etc. "Los niños pequeños, de Infantil y Primaria son muy obedientes", ha declarado, para apuntar que el problema "se sitúa mucho mas en los adolescentes".

Finalmente, respecto a si valora la posibilidad de realizar pruebas PCR a los alumnos antes de ir a la escuela y durante el curso, Celaá ha señalado que le gustaría que lo respondiera el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Además, ha puesto de relieve que la prueba puede dar negativo en el momento y a las 48 horas positivo.

CASADO EXIGE ACLARAR SI SE CONGELARÁN LOS SUELDOS PÚBLICOS Y DICE QUE NO ACEPTARÁ "NINGÚN TRÁGALA" EN LAS PENSIONES

El presidente del PP, Pablo Casado, ha llamado este jueves en el Congreso al Gobierno a aclarar si estudia una congelación del sueldo de los empleados públicos y una subida en la cotización de los trabajadores autónomos, y ha avisado de que no piensa "aceptar ningún 'trágala'" en las pensiones, dentro de la negociación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En rueda de prensa tras asistir al Pleno del Congreso, que este jueves ha derogado el decreto ley aprobado por el Gobierno para dar salida a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, Casado ha criticado que el Gobierno haya sido "incapaz de aclarar" esta posible congelación que, ha dicho, "sería la segunda vez que ocurre" bajo un Gobierno del PSOE, tras la realizada en 2010 por José Luis Rodríguez Zapatero.

"Pedimos que aclare de inmediato si de nuevo, diez años después, va a volver a pagar su mala gestión de la crisis en la nómina de los servidores públicos", ha incidido el presidente del PP que, por otro lado, también se ha referido a "ese globo sonda de si hay que reformar las pensiones" e "incumplir los compromisos de revalorización".

"Las pensiones de los jubilados no se tocan", ha aseverado, subrayando que el PP está en el Pacto de Toledo. "Quienes se levantaron hace meses fueron sus socios de Podemos", ha dicho, advirtiendo de que en el PP no piensan "aceptar ningún 'trágala'", en busca de un acuerdo en el que trabaja la Comisión desde su vuelta de vacaciones.

Por otro lado, Casado también ha acusado al Gobierno de intentar "cuadrar a martillazos sus cuentas públicas" a costa de los autónomos, relacionando la reforma del sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia para que coticen en función de sus ingresos con una subida de estas cotizaciones.

CALVO PIDE AL PP SU ABSTENCIÓN EN LOS PGE Y DICEN QUE NO ESTUDIAN CONGELAR EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo no está estudiando congelar el sueldo de los funcionarios y que esta cuestión no forma parte de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que ya han comenzado a trabajar, y para la que piden el apoyo del resto de fuerzas, incluido el PP, al que ha reclamado su abstención.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, a pesar de que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no ha descartado esta misma mañana esa posibilidad de congelar el sueldo de los empleados públicos.

"Estamos montando la arquitectura de los PGE, las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", ha respondido Calviño en una entrevista en Cope recogida por Europa Press, sin aclarar este asunto, y antes de recordar que funcionarios y pensionistas han registrado ganancias de poder adquisitivo en los últimos años y que se prevé que haya "inflación cero".

A deferencia de la titular de Economía, Calvo sí ha sido tajante al respeto. "No. No está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude, cada cual con lo que puede", ha asegurado.

Sobre las negociaciones con los partidos para lograr los apoyos parlamentarios necesarios, la vicepresidenta primera ha vuelto a reclamar al PP y a su presidente, Pablo Casado, que respeten el "resultado de las urnas y "ayude" a sacar adelante, con su abstención, unas cuentas públicas necesarias, según la vicepresidenta, para que el Gobierno pueda gobernar y para vehicular también los fondos europeos.

PIDE AL PP QUE DEJE "LA DEMOLICIÓN CONTINUA" Y CAMBIE DE ACTITUD

"Me cuesta mucho entender toda esta actitud. Más allá de la responsabilidad política, desde la lógica más simple, no le pedimos al PP que aplauda al Gobierno. Le pedimos que no esté en la demolición continua de lo que este país está viviendo en este momento", ha señalado.

En esta línea, Calvo también ha criticado que el PP se niegue, no sólo a permitir que los Presupuestos salgan adelante, sino a sentarse con el Gobierno para renovar las instituciones del Estado, cuando es parte de lo que marca el modelo constitucional.

"El señor Casado lo reduce a una especie de propuesta primitiva para zafarse de la responsabilidad. Parece que no entiende que un partido con la responsabilidad y la importancia que tiene el PP está diciendo cosas que son irreales", ha denunciado.

La vicepresidenta primera ha lamentado que el Gobierno lleva "meses y meses" pidiéndole a Casado, "por cualquier vía", que no bloquee los órganos del Estado. "Es compromensible que diga que no se sienta para renovar el órgano de gobierno del poder judicial por razones políticas", ha ahondado.

"El señor Casado no puede excluir a ni un solo diputado de la Cámara porque lo han elegido los españoles", ha señalado, en relación al argumento del PP de no negociar porque Unidas Podemos forma parte del Gobierno.

Así, ha vuelto ha defender que "el PP no puede seguir ni un minuto más" en la "rebeldía" de no aceptar los resultados electorales y ha señalado que, a diferencia e Vox --un partido del que no esperan nada y cuya posición no quieren entender porque, entre otras cosas, "se permite el lujo de homologar la dictadura de Franco con la democracia"--, del PP sí esperan otra actitud.