Las personas con parálisis cerebral reclaman presencia en la reconstrucción para no perder derechos

Las personas con parálisis cerebral han reclamado a las administraciones públicas presencia en las políticas de reconstrucción para frenar las desigualdades del colectivo, que se han agravado más aún por la pandemia de la COVID-19. A su juicio, la crisis sanitaria y económica "no puede derivar en una crisis de derechos".

Con esta petición se ha puesto en marcha la campaña '#UnFuturoMejor' que Confederación ASPACE ha lanzado coincidiendo con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra el próximo 6 de octubre.

El objetivo de la iniciativa es garantizar la igualdad y no discriminación de las personas con parálisis cerebral, aliviar la sobrepresión socio-económica de las familias y garantizar la sostenibilidad de entidades de atención directa, ya que según ha alertado el Movimiento ASPACE la pandemia ha mermado la calidad de vida y el ejercicio de derechos de 120.000 personas con parálisis cerebral y una disminución en los recursos de las entidades, que precisan ahora un mayor soporte para seguir actuando con la misma garantía y solvencia.

Con esta campaña, la entidad pone de manifiesto la disminución en la calidad de vida que han sufrido las personas con parálisis cerebral y sus familias desde el inicio del estado de alarma ya que se vieron envueltas por un "efecto dominó". Según la entidad, "la mayoría de los centros tuvieron que cerrar, en casa no recibían la atención que necesitaban y las familias han sido quienes han asumido las partes esenciales de los cuidados".

En este sentido, explican que el 80 por ciento de las personas con parálisis cerebral tiene grandes necesidades de apoyo y que esta situación de cuidados 24 horas los 7 días de la semana ha agudizado la presión física, económica y emocional "hasta límites inasumibles" dándose casos de ansiedad, problemas de conciliación del sueño o depresión que han precisado de apoyos psicológicos y psiquiátricos.

Con el inicio de la nueva normalidad, los centros han podido abrir de forma paulatina pero han tenido que ser ellos los que han asumido una serie de sobrecostes para garantizar la salud y seguridad de las personas usuarias y sus familias, aseguran desde Confederación ASPACE. Esto ha empeorado la situación económica de las entidades, que ya venían de una situación de precariedad, ya que tan solo el 50 por ciento del servicio está subvencionado por la administración cuando se trata de una atención cedida por la misma. Por tanto, insisten en que la pandemia deja como resultado un escenario de mayor riesgo para la atención y mayor vulnerabilidad del colectivo.

Por último, la campaña se completa con una serie de testimonios que evidencian esta problema. Además, ponen de manifiesto la falta de reconocimiento de las necesidades específicas del colectivo, los déficits en la coordinación sociosanitaria, los bajos salarios del personal y la falta de plazas en centros especializados.