Apropiaciones indebidas: la bandera o el poder judicial

El PP se apoderó de la bandera de España y ahora es Vox quien la ondea en sus permanentes campañas electorales, sacándola a pasear con arrogancia mientras hace sonar los cláxones de sus coches con insistencia - aquí estamos nosotros con nuestra bandera- en el Día en que también se apropió de las Pilares o de los pilares de la llamada Hispanidad, el Día Nacional de España que también es propiedad de Vox, obviamente. 

La derecha, pendiente de numerosas causas judiciales, se viene negando a renovar el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) de mayoría “conservadora”, cuyo mandato es de cinco años, según dice el artículo 122 de la Constitución que de momento es de todos los españoles. 

El último CGPJ, el actual, se constituyó en diciembre de 2013, es decir que, debido al bloqueo del PP, lleva dos años sin renovarse, desde diciembre de 2018, incumpliendo así el articulo VI del Poder Judicial en su apartado tercero: “por un periodo de cinco años”. 

Para renovar el CGPJ hace falta que se pongan de acuerdo los tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado, es decir que resulta imprescindible el voto del Partido Popular. Pero Pablo Casado se ha negado durante esos dos años de “interinidad del Consejo” esgrimiendo excusas que en absoluto vienen al caso: ha puesto la condición de que el Gobierno debía cesar las conversaciones con los independentistas catalanes o que Pedro Sánchez debía echar del Gobierno a Podemos.

¿Por qué no se renueva el CGPJ? Porque al Partido Popular no le interesa. Y… ¿Por qué no le interesa? Aunque el Poder Judicial no juzga ni dicta sentencias, sí elige a los presidentes del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades y otros puestos gubernativos. Tampoco debe olvidarse que también los parlamentarios son aforados y serán en estas sedes jurisdiccionales donde se resolverán sus causas procesales.

Con ese Consejo sin renovar - podría decirse fuera la Ley- su presidente, Carlos Lesmes, ha nombrado recientemente nuevos miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, unos nombramientos muy relevantes en diversas causas por decidir. Con su mandato caducado desde hace casi dos años, el CGPJ ha nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar testigo y que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP pidiendo la absolución del partido. 

Algunos vocales protestaron al considerar que el Consejo no debe nombrar a la cúpula judicial “una vez que su mandato está vencido y no representa a la mayoría parlamentaria”.

En nuestro país, el Tribunal Constitucional y el CGPJ tienen una pésima valoración por parte de los ciudadanos, tal y como señala el CIS. Al Gobierno de los Jueces debería importarle mucho que se esté cuestionando su imparcialidad o su autonomía del poder político porque cada vez hay más personas que opinan que el actual CGPJ lleva la camiseta de un partido político, el PP, y eso es algo que debería preocupar y mucho a los propios juristas.

Igual que sucedió con la inacción de Ayuso en la Comunidad de Madrid y hartos ya de las evasivas de Casado, PSOE y Podemos han decidido impulsar una reforma para cambiar el sistema de elecciones del CGPJ sin que sea preciso el voto a favor del Partido Popular sino que bastaría una mayoría absoluta de las Cortes.

¿Y qué ha pasado? El primero en reaccionar fue el diario El Mundo, la avanzadilla, que en su titular de apertura aseguraba: “PSOE y Podemos se saltan los controles para aprobar la reforma exprés del Poder Judicial?”

Luego llegó la indignación del propio PP, Vox, Ciudadanos y los jueces en cuestión.

El PP dice ahora que la decisión del Gobierno es “un fraude” y que “evidencia sus conductas dictatoriales”. Vox sube el tono: “Quieren convertir España en una tiranía”. Ciudadanos considera la alternativa “vergonzosa y un mazazo para la separación de poderes”. El órgano de los jueces y algunas asociaciones consideran “inconstitucional” la reforma anunciada por el PSOE y Podemos para poder cumplir así el mandado “constitucional” de renovar el CGPJ que llega dos años de interinidad. Solo Jueces para la Democracia consideran que se trata de una alternativa al actual bloqueo impuesto por el PP y consentido por el órgano de los Jueces.

Aunque parece que queda claro que al PP no le interesa renovar el Consejo, otra vez está montando todo el ruido posible para que este asunto complejo se esconda de nuevo en el saco sin fondo de la confusión y, al final, dé la impresión de que todos los políticos españoles son unos inútiles.

elObservadorDCLM