Cinco investigados por furtivismo y uso de medios de caza prohibidos en Trillo, El Recuenco y Malaguilla

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Brihuega (Guadalajara) ha instruido diligencias contra cinco personas por supuestos delitos relativos a la protección de la flora y la fauna cometidos en las localidades alcarreñas de Trillo, El Recuenco y Malaguilla.

En Trillo, los investigados habrían cazado ilegalmente un ciervo y uno de ellos estaba procediendo a su decapitación para llevarse el trofeo, cuando fueron sorprendido en terrenos sometidos a régimen cinegético especial sin contar con el preceptivo permiso del titular del coto. Además de que esta conducta se habría desarrollado con incumplimiento manifiesto de lo preceptuado en la legislación de caza, en su huida del lugar habría puesto en peligro la integridad física de varias personas.

Asimismo, dos personas habrían incurrido en la comisión de importantes infracciones a la legislación de caza, cuando fueron sorprendidos por los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Guadalajara en las inmediaciones de la localidad de El Recuenco en plena época de berrea del ciervo, sin contar con la documentación preceptiva para la práctica cinegética.

Por otro lado, El propietario de un asentamiento apícola situado en la localidad de Malaguilla (Guadalajara) ha sido denunciado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Guadalajara cuando hacía uso en su colmenar de una red prohibida para caza de aves. Las 'redes japonesas' son consideradas medios de caza no selectivos y su uso puede tener consecuencias muy negativas para la avifauna, el infractor se podría enfrentar a importantes sanciones económicas.

LAS CONSECUENCIAS PENALES DE LA CAZA ILEGAL

Es importante resaltar que las conductas de furtivismo y caza ilegal están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos, además de las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla La Mancha que prevé sanciones de hasta 60.000 euros.

La dificultad que conlleva la lucha efectiva contra las conductas de furtivismo, entendiendo como tales aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias o permisos administrativos requeridos, el uso de armas o municiones ilegales, la caza de animales listados como especies protegidas, las que se llevan a cabo dentro de las áreas restringidas o el uso de medios prohibidos, exige una mayor colaboración por parte de la ciudadanía.

Denunciar tales prácticas ante la autoridad competente tiene una gran importancia para el éxito de las actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civil, que obviamente repercuten positivamente en el conjunto de la ciudadanía y de todos aquellos que se dedican a la actividad cinegética respetando la legislación vigente.