Aprobado por unanimidad el nuevo texto de Ley de Patrimonio de C-LM tras la negociación entre los grupos

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad el nuevo texto de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, una nueva redacción que según ha defendido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, servirá para dotar de todas las garantías a la futura legislación en esta materia para que sea acorde a una Administración del siglo XXI, como la castellanomanchega, y sea más "eficaz y transparente".

Así se ha pronunciado el titular regional, que ha defendido que será una de las legislaciones más avanzadas en la materia, por ser una de las últimas en aprobarse, con la que se diseña un marco adaptado a la realidad institucional, organizativa y patrimonial de la Administración regional, que posibilitará una gestión "más racional, eficaz y eficiente de dicho patrimonio".

Ha alegado que desde 1985 la Junta de Comunidades ha experimentado un fuerte desarrollo tanto orgánico como competencial y, además, el patrimonio del que dispone se ha incrementado considerablemente, al asumir competencias y servicios públicos, con el correspondiente traspaso de los bienes patrimoniales. Según el Inventario General de Bienes y Derechos, la Junta de Comunidades cuenta con 7.255 bienes inmuebles, 2.262 elementos de transporte o cerca de 750 bienes intangibles.

Además de adecuar la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo, el titular regional de Hacienda ha explicado que la nueva norma incorpora nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones reguladoras del patrimonio público y fomenta la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.

Y es que el consejero ha defendido que el futuro texto, organizado en 138 artículos frente a los 65 de la actual, actualiza la regulación de la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades, establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales y regula la tramitación de los expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión.

Por vez primera, ha destacado, este proyecto de Ley aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, "con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente" del parque de oficinas administrativas y recoge una regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades, con especial atención a las empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.

Pese a agradecer las 32 enmiendas que los grupos de Ciudadanos y PP han presentado al texto, haciendo un guiño a la formación naranja por el "esfuerzo" que ha realizado en justificar cada una de sus propuestas, ha indicado que si solo se han aceptado cuatro es porque el resto atañen a otros textos legislativos, se contradicen o exceden competencias autonómicas.

LEY CICATERA EN AUDACIA

De su lado, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata, que ha asegurado que le sorprende que el consejero se sorprenda por su trabajo en este texto, "porque Ciudadanos siempre se curra todas las leyes", ha vuelto ha indicar, como ya expresara en el debate de enmiendas que, el Gobierno regional ha sido "cicatero en audacia" en la redacción de esta norma, pues pese a que "cumple el expediente" con respecto a la de 1985, "no quiere ir más allá en transparencia".

"Parece que la reformas les dan urticaria. Van de progresistas pero son conservadores de izquierdas y la ciudadanía reclama reformas y claridad en la gestión de los recursos públicos, cada vez menores", ha señalado el parlamentario toledano que, luego de destacar la importancia de la norma, pues abarca a los más de 1.000 inmuebles y 1.500 vehículos que tiene el Gobierno regional, así como a las seis empresas publicas que manejan un volumen de 270 millones de euros al año, ha defendido que alguna de sus enmiendas aspiraban a acabar con el "amiguismo" a la hora de gestionar patrimonio y las empresas castellanomanchegas.

Y es que Ciudadanos, ha asegurado, quiere que en el texto prime la rentabilidad social en beneficio de los ciudadanos y no del Gobierno. "No pueden ser elegidos en la oscuridad de un despacho a dedo y que no se sometan nunca a evaluación", se ha quejado.

De ahí que, recogiendo las recomendaciones de la OCDE, la formación naranja también aspire a que los ciudadanos de la región sean los accionistas de sus empresas públicas y, al igual que los accionistas de las empresas privadas eligen a los integrantes de sus consejos de administración, estos puedan examinar de forma periódica la capacidad de sus gestores.

Además de abogar por que las empresas públicas respondan de forma subsidiaria de sus deudas, de manera que "el Gobierno no se vaya de rositas cuando dejen pufos sus empresas públicas", Ciudadanos, para acabar con la ocupación ilegal de viviendas, ha vuelto a pedir al Gobierno regional que use la figura del desahucio administrativo en detrimento del judicial, porque es "más rápido" a la hora de poner freno a este fenómeno que afecta al parque de viviendas del Ejecutivo regional, como ocurre, ha denunciado Muñoz Zapata, con las 88 viviendas de la calle Joan Miró de Puertollano.

PATRIMONIO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

De su lado, el diputado del Grupo Popular Benjamín Prieto ha asegurado que la veintena de enmiendas que su formación elevó al texto pretenden, sobre todo, proteger el patrimonio regional, que ha de estar al servicio de los castellanomanchegos, ser "activo y no caer en manos muertas". También ha abogado por usar su potencial y sacar de estos recursos su máxima rentabilidad.

De ahí que haya vuelto a reclamar planes de uso para cada edificio administrativo a fin de optimizar usos y recursos, mejorar la gestión del inventario de bienes para ganar en transparencia, y que en las adjudicaciones directas de esos bienes, si la cantidad de enajenación supera el millón de euros sea el Consejo de Gobierno quien la autorice.

Además de sugerir que antes de que el Gobierno regional realice nuevos alquileres revise si hay bienes públicos que eviten en nuevo gasto, los 'populares', ha detallado Prieto, también han pedido que sean las Cortes regionales quienes conozcan gestión de patrimonio y de las empresas públicas de la región.

APOYO UNÁNIME

Mientras, el presidente del Grupo Socialista, Fernando Mora, encargado de defender el dictamen de la comisión en la que se debatieron las enmiendas, tras ir detallando el motivo por el que su Grupo ha rechazado las 28 que han quedado vivas para el pleno, ha insistido en que su formación no tiene intención "extraña" de no aprobarlas, alegando que la mayor parte de ellas ya están recogidas en el texto.

"Es una ley políticamente aburrida. En Zocodover no se hacen corrillos para hablar de esta ley que ningún diputado se ha leído, al margen de usted --ha dicho en alusión a Muñoz Zapata-- el diputado del PP, yo y el consejero" ha dicho Mora, que ha pedido al diputado de Cs que no venda que el texto "es de máximo interés para la ciudadanía", porque a ésta "le ocupan otras cuestiones, que no son precisamente la Ley de Patrimonio".

Por último, el diputado socialista ha vuelto a ofrecer la posibilidad de transar cuatro de las enmiendas que han llegado vivas al pleno --una de PP y tres de Ciudadanos-- para que la Cámara vote a favor de una ley que "le viene bien a la región y es puramente técnica", ha insistido.

Para que la ley saliera adelante, tanto PP como Cs han retirado algunas de sus enmiendas, además de que el Grupo naranja ha transado sin oposición otras cuatro enmiendas más.

Ruiz Molina critica las "propuestas demagogas" de PP al pedir bajada de impuestos e incremento de gasto

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reclamado hoy al Grupo Parlamentario Popular que haga propuestas serias y creíbles a la hora de solicitar una modificación de los impuestos, ya que proponer una bajada de todos los tributos cedidos y, al mismo tiempo, pedir incrementar el gasto, tendría como resultado un agujero en el estado de ingresos y en el estado de gastos de la Administración regional.  Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz Molina durante su intervención en un debate general celebrado en las Cortes regionales relativo a las modificaciones de impuestos previstas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Sobre este asunto, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que, de acuerdo con los datos correspondientes al ejercicio 2019, la subida prevista del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas superiores a 300.000 euros anuales afectaría en Castilla-La Mancha a un total de 129 contribuyentes.

En relación con las rentas de capital y del ahorro, se prevé en el proyecto de Ley de PGE para el próximo año un incremento de tres puntos, que es una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que en la región afectaría a 270 contribuyentes. En cuanto al impuesto sobre Patrimonio, que se incrementa en un punto para el tramo superior a 10 millones, en Castilla-La Mancha únicamente tendría repercusión para ocho contribuyentes.

Sobre las modificaciones de impuestos que reclama el Grupo Parlamentario Popular en la región, Ruiz Molina ha lamentado que prometan bajadas de impuestos cuando están en la oposición pero que cuando lleguen al Gobierno, por el contrario, los suban, como hicieron en el año 2012.

Una subida de impuestos que, tal como ha recordado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, estuvo acompañada de un incremento de la deuda y el déficit, el retraso en el pago a proveedores y recortes en el Estado de bienestar, que el Gobierno de Emiliano García-Page ha tenido que reconstruir desde 2015.

Deuda duplicada durante el Gobierno de Cospedal

En concreto, en relación con la deuda pública, Ruiz Molina ha recordado que en 2012 había en la región una deuda superior a los 6.000 millones de euros, que pasó a ser de 13.138 millones tras finalizar los cuatro años que gobernó el PP en Castilla-La Mancha. Es decir, se duplicó.

Sin embargo, desde julio de 2015 hasta ahora, es decir, en más de cinco años, el Gobierno de García-Page ha incrementado la deuda pública en la región sólo un 12 por ciento.

Para concluir su intervención, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que de la bajada de impuestos que propone el Grupo Parlamentario Popular saldría beneficiado quien más capacidad económica tiene, que pagaría menos impuestos; pero saldría doblemente perjudicado el que menos renta tiene, ya que es el que menos impuestos paga y el que a la vez más se beneficia de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.

 

Castilla-La Mancha ha hecho 388 inspecciones en residencias de mayores desde que empezó la pandemia

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado 431 inspecciones en centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social desde que empezó la pandemia del coronavirus hasta la fecha, y de ellas, 388 corresponden a centros residenciales de personas mayores.

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su intervención en el debate general relativo a la situación de las residencias de mayores en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La consejera ha explicado que el plan de inspección de Castilla-La Mancha tiene dos objetivos fundamentales, el primer lugar apoyar e informar a todos los centros residenciales, pero también controlar la gestión para el cumplimiento de las normas, algo que "es clave".

Este plan de inspección a lo largo de las dos olas de afectación del COVID ha pasado por tres fases, ha explicado. La primera fase con un plan de inspección COVID de mayo a junio. Durante esos meses se realizaron 264 inspecciones en las residencias de la región.

La segunda fase del plan ha sido desde julio hasta mediados de octubre y en este tiempo se han hecho 167 inspecciones dentro del plan normalizado anual. Y en este momento, ha señalado Sánchez-- están los dos planes vigentes de forma simultánea: el plan anual de inspección y el plan de inspección COVID.

El plan de inspección COVID en este momento se está dirigiendo prioritariamente a aquellas residencias que tiene algún caso positivo y a aquellas que no han tenido ningún caso positivo en la primera ola y que supone el mayor riesgo para esta segunda ola, ha apuntado.

AUDITORIA

La titular de Bienestar Social ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a garantizar el acuerdo de recuperación post COVID en los centros residenciales de la región, "en todos y cada uno de sus puntos". El primer punto de ese acuerdo --ha dicho-- está referido al plan de diagnóstico y auditoria del modelo residencial.

A ese respecto, ha aprovechado para anunciar que la auditoria referida a la primera ola de la pandemia en centros residenciales de Castilla-La Mancha está realizada y "en próximas fechas" estará a disposición de quien quiera consultarla.

También con relación al plan de diagnóstico, ha manifestado que se está realizando un estudio de todos los centros residenciales de la región para que pueda estar a disposición de quien quiera consultarlo.

Los demás puntos dentro del acuerdo político para la recuperación post COVID también están "muy avanzados", ha apuntado Sánchez, como el decreto de condiciones básicas para centros destinadas a personas mayores que tiene unas novedades importantes con relación a las ratios de personal. "En este momento se están valorando las ratios de personal y el diseño de infraestructuras de los centros sociosanitarios. Tenemos que ir transitando hacia espacios convivenciales muchos mas pequeños, y eso va a estar incluido dentro de ese decreto". También va a incorporar este decreto la aplicación de las normas de calidad UNE.

Asimismo, ha afirmado que este acuerdo de reconstrucción también incluye un punto relacionado con la concertación social. "A este respecto también estamos desarrollando una normativa que es un decreto de concierto social que será de aplicación ya el próximo año para las residencias de mayores concertadas con el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha recalcado.

Aurelia Sánchez, ante las críticas del PP, ha defendido que Castilla-La Mancha cuenta con un presidente que "se deja la vida y la salud" por combatir el COVID en la región. "Lucha cada día por el bienestar de la gente y por defender los derechos de las personas de Castilla-La Mancha, especialmente de los más vulnerables y los más mayores".

Con relación a los datos, ha asegurado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hay "plena transparencia" a todos los datos de incidencia de la comunidad autónoma. Así, ha dicho que en Castilla-La Mancha hay 112 residencias afectadas, 862 residentes y 230 trabajadores. Por provincias, Toledo es la más afectada, seguida muy de lejos por Guadalajara, Albacete, Cuenca y Ciudad Real.

CIUDADANOS

Ha sido la parlamentaria de Ciudadanos Úrsula López la que ha alertado de que --hasta día de ayer-- un total de 2.644 mayores castellanomanchegos usuarios de residencias de mayores han perdido la vida a causa del COVID, lo que supone más de 77% del total de fallecimientos registrados en la región.

Luego de que el sistema residencial de mayores se ha convertido "en una trampa mortal", ha advertido de que ya son 108 de estos centros los que presentan 863 contagios, precisando que no se trata de cifras, sino vidas. "Detrás cada muerte hay una vida, una historia que no supimos proteger".

En este punto, ha asegurado que se le antoja "utópico" creer lo que la consejera defendió a finales de mayor en Cortes cuando aseguró que, tras el impacto de la primera ola, el sistema residencial regional estaba mejor preparado, pues desde mitad de octubre los contagios crecen a un ritmo de cuatro residencias por día.

PARTIDO POPULAR

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merina, ha arrancado sus intervención acusando al Ejecutivo regional de volver a caer en los mismo errores de gestión en esta segunda ola y además presentar un "peor escenario".

De ahí que, después de alertar de que las residencias de mayores de la región están siendo, como en los meses de marzo y abril, "los mayores focos del virus", ha preguntado a la consejera del ramo por los protocolos de actuación y las medidas que frenen contagios y muertes en residencias.

"Ustedes son los únicos responsables de la gestión de esta crisis en la región", ha añadido Merino, que tras confesar que su padre, enfermo de Alzheimer, está en una residencia, ha pedido a la responsable de Bienestar Social que asuma sus errores de gestión. "Le pido consejera que sea responsable y, si no es capaz, váyase. Es muy doloroso lo que se está viviendo en Castilla-La Mancha. Déjese la piel por proteger la vida de las mayores o al menos por garantizarles una muerte digna".

PSOE

Por último, el parlamentario socialista Pablo Camacho ha asegurado que todas las comunidades están sufriendo los mismos problemas y que el Gobierno regional está movilizando todos los recursos posibles, tanto económicos como humanos, para que el virus no entre en las residencias.

Por ello, para afear la actitud de "odio" de la portavoz del PP ha terminado parafraseando al escritor Juan José Millas, que ha dicho que "En España cuando hay muertes hay buitres". "Visto lo visto no le falta razón", ha concluido.

En su propuesta de resolución, Ciudadanos propone un Plan de Choque dirigido a todas las personas relacionadas con las residencias de mayores, mientras que el PP pide garantizar que todas las residencia de mayores cuenten con el personal suficiente con el apoyo económico necesario por parte de la administración pública, con especial atención en las zonas rurales. El PSOE, por su parte, insta al Gobierno regional a elaborar, con la mayor inmediatez posible, un nuevo plan de concertación social con las residencias de mayores.

El PP anuncia su intención de apoyar la toma en consideración de la Ley SUMA presentada por PSOE y Cs

El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado este jueves su intención de votar favorablemente la toma en consideración de la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas --ley SUMA-- presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Ciudadanos.

Durante el debate de este punto en el pleno de las Cortes regionales, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha dado cuenta de un texto que, "independientemente de arreglar problemas de empresas y ayuntamientos, va con vocación de resolver los problemas trasversales de la Comunidad Autónoma", pensando siempre en la ciudadanía.

Tras hacer una referencia a su título --pues era "importante sumar y no restar"--, ha destacado que la futura norma sienta las bases de un nuevo modelo de urbanismo, como la futura LOTAU, sobre la que se está trabajando ya con la sociedad involucrada en este ámbito y a la que el titular de Fomento ha invitado a los grupos parlamentarios a participar y a reflexionar, especialmente en la situación actual de pandemia, sobre un nuevo modelo de urbanismo.

La Proposición de Ley, que ha sido fruto del trabajo de muchas personas, ha destacado, introduce "60 innovaciones" encaminadas a la agilización de trámites, la reactivación de solares abandonados, medidas "concretas y teledirigidas" para abordar el reto demográfico y el desarrollo de los municipios más pequeños y una "profunda flexibilización de contenidos", con un "claro objetivo de convergencia social y económica".

PP APOYA, CON INTENCIÓN DE MEJORAR LUEGO

Desde el PSOE, la diputada María Isabel Sánchez Cerro ha recordado que el urbanismo es una "actividad viva y cambiante" y prueba de ello es este texto, con el que se está haciendo "política en mayúsculas" --en alusión al previsible apoyo de todos los diputados--, conscientes de que la legislación urbanística debe poder actualizarse "si no quiere quedarse obsoleta al primer vaivén".

El diputado de Cs Alejandro Ruiz, también se ha mostrado orgulloso del trabajo de diputado y del trabajo en equipo para sacar adelante este texto, que "rompe la dinámica del unos contra otros". Ha aplaudido que la futura ley "recoge algunas reivindicaciones del sector", que tenía gran cantidad "de trabas", al recoger reclamaciones que históricamente han sido "las más urgentes".

Por parte del PP, el parlamentario Miguel Ángel Rodríguez, que ha agradecido también a los equipos técnicos de la Consejería su trabajo, ha anunciado el voto a favor de su grupo a su toma en consideración aunque con la intención de "mejorarla en la tramitación posterior".

Aunque hay medidas que sí les gustan a los 'populares', Rodríguez ha cuestionado, tras oír al consejero, que parezca que con este texto "hubiéramos encontrado la panacea de todos los males", preguntándose, con ironía, "cómo hemos podido vivir sin esta ley", destacando que llega sin pasar por el Consejo Consultivo. No obstante, "la partitura es buena, habrá que ver cómo la ejecutan", ha concluido.

PLANTEAMIENTO DE UNIDAD

En su última intervención, Hernando ha invitando al PP a no poner en duda la legitimidad del texto y ha invitado a sus diputados a que ayuden, destacando que, en cualquier caso, "es mucho más importante que la gente se dé cuenta de que aquí hay un planteamiento de unidad respecto de las soluciones".

Ha confirmado que en materia de urbanismo aún "hay margen de mejora", convencido de que se conseguirá "de la mano de un refuerzo de unos nuevos equipos contratados a través del Gobierno de Castilla-La Mancha, para reforzar a aquellas personas que tienen que evaluar los proyectos desde el punto de vista medioambiental y patrimonial, con planes especiales de empleo a través de bolsas públicas".

La futura Ley SUMA prevé la potenciación de la comunicación previa y la declaración responsable, y la posibilidad de autorizar usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables en el suelo rústico, en el urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de las comisiones de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Se plantea la posibilidad de innovar los programas de actuación urbanizadora y la regulación de los aparcamientos exigidos, flexibiliza el régimen de las zonas verdes en polígonos industriales con el fin de evitar parques alejados de la población a la que han de servir, modifica la regulación de las reservas de suelo dotacional de los planes de delimitación de suelo urbano y prevé la posibilidad de reconversión de suelos o promociones que iban a ser destinadas a vivienda protegida para hacer vivienda libre más asequible siempre que no haya demanda de la protegida.

También establece la posibilidad de eximirse de la obligación de reserva para construcción de vivienda protegida, a los municipios de más de 50.000 habitantes que en tres de los últimos cuatro años presenten disminución de su población o cuando hayan perdido población según el dato acumulado de los últimos seis años; crea una nueva definición de núcleo rural tradicional, y habilita a los colegios profesionales junto con las diputaciones provinciales a realizar los informes preceptivos para otorgar licencias urbanísticas, dando apoyo a los ayuntamientos.

Ruiz (Cs) celebra la tramitación la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas

El diputado naranja Alejandro Ruiz ha destacado que “la iniciativa da respuesta a reclamaciones que desde el sector urbanístico se vienen haciendo desde hace muchos años”, por lo que ha estimado que “hoy es un día para estar satisfechos en la medida en que damos soluciones razonables a problemas reales”.

En este sentido, Ruiz ha defendido el consenso como “antídoto a la habitual dinámica de confrontación, la del cuadro de los garrotazos de Goya, que tanto gusta a algunos diputados de este parlamento pero que no aporta ningún avance para la ciudadanía”. Así, el presidente del grupo parlamentario naranja ha agradecido la voluntad negociadora del Gobierno de cara a la puesta en marcha de una ley que “no será papel mojado” y que, de hecho, “tendrá un gran calado, que será muy evidente una vez que la norma entre en vigor”.  

VIVIENDA Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

El objetivo de la ley SUMA, incluida en el Pacto para la Reconstrucción firmado por Ciudadanos, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el grupo del PSOE, es fomentar el crecimiento económico a través de un nuevo modelo urbanístico más ágil y sostenible. Se orienta a la dinamización de la economía gracias a una simplificación y agilización de trámites y también a un incremento de la oferta de vivienda asequible para desbloquear o reactivar solares abandonados. Además, se propone abordar el reto demográfico y potenciar el desarrollo de pequeños municipios, algo especialmente importante para el diputado de Ciudadanos: “en la lucha contra la despoblación debemos poner todos los esfuerzos posibles”.

El consejero de Fomento defiende la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, que fomenta el crecimiento económico

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que La Ley SUMA de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas es “una ley para fomentar el crecimiento económico, especialmente el de municipios pequeños” y por eso, “lo que plantea esta ley de consenso, colaboración y de unión y de fortaleza como región son las bases de un nuevo modelo de urbanismo, sobre las que vamos a seguir avanzando, hablando y consensuando en la futura LOTAU”.

Hernando ha remarcado que “desde el Gobierno regional de Emiliano García-Page aceptamos el reto de establecer las nuevas bases de un nuevo modelo de Urbanismo pero todo ello teniendo siempre presente la igualdad de oportunidades, la inclusión o la cohesión. En definitiva, la humanización de la normativa que ha sido el ejercicio de todos los actores en esta ley”.

Fernando Mora pide consenso para la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio de CLM 

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha pedido hoy consenso al PP regional y a Ciudadanos para aprobar por unanimidad la nueva Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“La ley vigente es del año 1985, ha experimentado nueve modificaciones a lo largo de todo este tiempo, pero es obvio que se necesitaba una ley nueva acorde con los tiempos, un nuevo marco normativo más completo en la gestión del patrimonio”, ha señalado.

Mora se ha pronunciado así durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, en el debate y votación del Proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde ha insistido en que se trata de una norma “eminentemente técnica, no es una ley de contenido político”, pero es “jurídicamente necesaria”.

En este sentido, ha asegurado que “desde que se hizo la ley de 1985 han cambiado mucho las cosas en el ámbito de Castilla-La Mancha” y, por tanto, esta nueva ley “obedece, evidentemente, a un mandato estatutario” que establece que la comunidad autónoma tiene que ordenar sus propios recursos patrimoniales.

El dirigente socialista también se ha referido a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios popular y Ciudadanos y, en concreto, a la enmienda propuesta por la formación naranja sobre la posibilidad de aplicar el desahucio administrativo en las viviendas públicas ocupadas.

A este respecto, Mora ha subrayado el “compromiso firme” del Gobierno autonómico contra la ocupación ilegal, si bien ha considerado que esta enmienda debería enmarcarse en una futura ley de vivienda de Castilla-La Mancha o en la futura Ley Antiokupación, y no en la Ley de Patrimonio, “que está regulando otras cosas”.

Con todo, ha considerado que los tres grupos políticos con representación en las Cortes regionales “estamos de acuerdo” y que “el 99 por ciento de los matices que ustedes quieren introducir están ya recogidos en la ley”.

Por ello, ha instado a “hacer un esfuerzo por que esta ley se apruebe por unanimidad”, pues, a su juicio, “los ciudadanos, aunque no estén en este tipo de cuestiones, siempre agradecen el consenso, siempre agradecen el acuerdo”.

Sobre todo, los empleados públicos –ha continuado-, “que son los que sí trabajan con este tipo de normas” para que “tengan una norma adecuada a los nuevos tiempos, con una gestión más eficaz, más dinámica y nueva de lo que es el patrimonio público y, en definitiva, que esta ley pueda durar muchos años como duró la de 1985.

Junta defiende que su tercer texto de Ley de Patrimonio posibilitará una gestión del "siglo XXI y transparente"

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado confiado en que las Cortes regionales respalden el Proyecto de Ley de Patrimonio, el tercero que el Ejecutivo regional ha elevado al Parlamento autonómico y con el que, además de actualizar la normativa vigente que data de 1985, pretende dotar de todas las garantías a la futura legislación en esta materia para que sea acorde a una Administración del siglo XXI, como la castellanomanchega, y sea más "eficaz y transparente".

Así se ha pronunciado el titular regional, que ha defendido que será una de las legislaciones más avanzadas en la materia, por ser una de las últimas en aprobarse, con la que se diseña un marco adaptado a la realidad institucional, organizativa y patrimonial de la Administración regional, que posibilitará una gestión "más racional, eficaz y eficiente de dicho patrimonio".

Ha alegado que desde 1985 la Junta de Comunidades ha experimentado un fuerte desarrollo tanto orgánico como competencial y, además, el patrimonio del que dispone se ha incrementado considerablemente, al asumir competencias y servicios públicos, con el correspondiente traspaso de los bienes patrimoniales. Según el Inventario General de Bienes y Derechos, la Junta de Comunidades cuenta con 7.255 bienes inmuebles, 2.262 elementos de transporte o cerca de 750 bienes intangibles.

Además de adecuar la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo, el titular regional de Hacienda ha explicado que la nueva norma incorpora nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones reguladoras del patrimonio público y fomenta la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.

Y es que el consejero ha defendido que el futuro texto, organizado en 138 artículos frente a los 65 de la actual, actualiza la regulación de la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades, establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales y regula la tramitación de los expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión. También recoge un régimen sancionador completamente nuevo y que se adecúa a las prescripciones del resto de normativa administrativa.

Por vez primera, ha destacado, este proyecto de Ley aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, "con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente" del parque de oficinas administrativas y recoge una regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades, con especial atención a las empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.

Pese a agradecer las 32 enmiendas que los grupos de Ciudadanos y PP han presentado al texto, haciendo un guiño a la formación naranja por el "esfuerzo" que ha realizado en justificar cada una de sus propuestas, ha indicado que si solo se han aceptado cuatro es porque el resto atañen a otros textos legislativos, se contradicen o exceden competencias autonómicas.

LEY CICATERA EN AUDACIA

De su lado, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata, que ha asegurado que le sorprende que el consejero se sorprenda por su trabajo en este texto, "porque Ciudadanos siempre se curra todas las leyes", ha vuelto ha indicar, como ya expresara en el debate de enmiendas que, el Gobierno regional ha sido "cicatero en audacia" en la redacción de esta norma, pues pese a que "cumple el expediente" con respecto a la de 1985, "no quiere ir más allá en transparencia".

"Parece que la reformas les dan urticaria. Van de progresistas pero son conservadores de izquierdas y la ciudadanía reclama reformas y claridad en la gestión de los recursos públicos, cada vez menores", ha señalado el parlamentario toledano que, luego de destacar la importancia de la norma, pues abarca a los más de 1.000 inmuebles y 1.500 vehículos que tiene el Gobierno regional, así como a las seis empresas publicas que manejan un volumen de 270 millones de euros al año, ha defendido que alguna de sus enmiendas aspiraban a acabar con el "amiguismo" a la hora de gestionar patrimonio y las empresas castellanomanchegas.

Y es que Ciudadanos, ha asegurado, quiere que en el texto prime la rentabilidad social en beneficio de los ciudadanos y no del Gobierno. "No pueden ser elegidos en la oscuridad de un despacho a dedo y que no se sometan nunca a evaluación", se ha quejado.

De ahí que, recogiendo las recomendaciones de la OCDE, la formación naranja también aspire a que los ciudadanos de la región sean los accionistas de sus empresas públicas y, al igual que los accionistas de las empresas privadas eligen a los integrantes de sus consejos de administración, estos puedan examinar de forma periódica la capacidad de sus gestores.

Además de abogar por que las empresas públicas respondan de forma subsidiaria de sus deudas, de manera que "el Gobierno no se vaya de rositas cuando dejen pufos sus empresas públicas", Ciudadanos, para acabar con la ocupación ilegal de viviendas, ha vuelto a pedir al Gobierno regional que use la figura del desahucio administrativo en detrimento del judicial, porque es "más rápido" a la hora de poner freno a este fenómeno que afecta al parque de viviendas del Ejecutivo regional, como ocurre, ha denunciado Muñoz Zapata, con las 88 viviendas de la calle Joan Miró de Puertollano.

PATRIMONIO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

De su lado, el diputado del Grupo Popular Benjamín Prieto ha asegurado que la veintena de enmiendas que su formación elevó al texto pretenden, sobre todo, proteger el patrimonio regional, que ha de estar al servicio de los castellanomanchegos, ser "activo y no caer en manos muertas". También ha abogado por usar su potencial y sacar de estos recursos su máxima rentabilidad.

De ahí que haya vuelto a reclamar planes de uso para cada edificio administrativo a fin de optimizar usos y recursos, mejorar la gestión del inventario de bienes para ganar en transparencia, y que en las adjudicaciones directas de esos bienes, si la cantidad de enajenación supera el millón de euros sea el Consejo de Gobierno quien la autorice.

Además de sugerir que antes de que el Gobierno regional realice nuevos alquileres revise si hay bienes públicos que eviten en nuevo gasto, los 'populares', ha detallado Prieto, también han pedido que sean las Cortes regionales quienes conozcan gestión de patrimonio y de las empresas públicas de la región.

APOYO UNÁNIME

Mientras, el presidente del Grupo Socialista, Fernando Mora, encargado de defender el dictamen de la comisión en la que se debatieron las enmiendas, tras ir detallando el motivo por el que su Grupo ha rechazado las 28 que han quedado vivas para el pleno, ha insistido en que su formación no tiene intención "extraña" de no aprobarlas, alegando que la mayor parte de ellas ya están recogidas en el texto.

"Es una ley políticamente aburrida. En Zocodover no se hacen corrillos para hablar de esta ley que ningún diputado se ha leído, al margen de usted --ha dicho en alusión a Muñoz Zapata-- el diputado del PP, yo y el consejero" ha dicho Mora, que ha pedido al diputado de Cs que no venda que el texto "es de máximo interés para la ciudadanía", porque a ésta "le ocupan otras cuestiones, que no son precisamente la Ley de Patrimonio".

Por último, el diputado socialista ha vuelto a ofrecer la posibilidad de transar cuatro de las enmiendas que han llegado vivas al pleno --una de PP y tres de Ciudadanos-- para que la Cámara vote a favor de una ley que "le viene bien a la región y es puramente técnica".

 

Ley de Patrimonio y Ley de Simplificación urbanística a debate y votación este jueves

El Pleno de este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha lleva en su orden del día el debate y votación del Proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de CLM, así como la proposición de Ley de Simplificación urbanística y medidas adminsitrativas presentada por el PSOE y CS de manera conjunta. 

Habrá un debate general sobre la situación de las residencias de mayores en CLM y la situación actual de las infraestructuras hospitalarias a propuesta del Partido Popular, mientras que CS lleva a las Cortes Regionales los cuidados paliativos pediátricos en la región. 

El Consejero de desarrollo sostenible comparecera, a voluntad propia, para explicar como ha sido la Campaña de Prevención y Extinción de incendios de este 2020. 

Además se realizarán preguntas parlamentarias relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la pandemia de Covid-19, sobre la peste porcina y también sobre el transporte sanitario en Castilla-La Mancha