La rocambolesca venta de un Maserati en Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar el próximo miércoles 11 de noviembre a los tres acusados de estafar y amenazar al vendedor de un Maserati en Ciudad Real.

Unos hechos que para la Fiscalía son constitutivos de un delito de estafa, cuatro delitos continuados de amenazas graves, un delito de coacciones graves, un delito de falsedad en documento oficial, y un delito de robo de uso con violencia, por los que pide entre once y trece años de prisión a cada uno de los acusados.

El escrito de acusación, sitúa lo sucedido en noviembre de 2015 cuando los acusados, "puestos de común acuerdo y en ejecución de un plan preconcebido para obtener un ilícito beneficio patrimonial y con reparto de las actuaciones a realizar por cada uno de ellos", se pusieron en contacto con el vendedor para mostrar su interés por el vehículo Maserati Grand Turismo S que como representante legal de la empresa dueña del coche lo tenía a la venta a través de distintas páginas de Internet.

Tras varios contactos, quedaron que uno de los acusados se desplazaría a Ciudad Real a fin de probar el vehículo, y en su caso, realizar la transacción. Hecho que sucedió unos días después entregando como pago del precio, que ascendía a 56.000 euros, un talón bancario.

Entrega que determino que el vehículo se lo llevara el acusado, quedando la documentación en Ciudad Real pendiente de que se realizara la transferencia de la titularidad del mismo a la empresa compradora.

A finales de ese mes, al resultar impagado el talón bancario entregado, los vendedores se pusieron con contacto con los acusados a fin de requerirles el abono de los 56.000 euros o la devolución del coche, recibiendo como respuesta, a partir de ese momento y de "forma reiterada", amenazas de todo tipo.

Ya en diciembre, a través de un mensaje, los acusados ofrecen devolver el vehículo si este les abona 7.000 euros, una oferta que es aceptada pero entregando 2.500 euros y, una vez recuperado el vehículo, realizar el abono del resto del dinero.

El pago de la primera cantidad debía realizarse en una cuenta bancaria de uno de los acusados cosa que fue imposible porque se encontraba bloqueada, así que los acusados exigieron que esa cantidad se abonase a través de giro postal, giro que fue cobrado finalmente.

Unos días después los vendedores se desplazaron hasta una localidad sevillana para recoger el vehículo, con el que llegó uno de los acusados, abandonándolo "de manera inmediata" alejándose del lugar, momento que aprovechó uno de los vendedores para subirse y llevárselo.

Algo que no pudo ser posible porque, según cuenta el escrito, al aparecer de forma sorpresiva otro de los acusado le saco del coche, agarrándole fuertemente por la ropa, a la altura del pecho, llegando a ponerle un cuchillo o similar en el cuello mientras le exigía la entrega de los 4.500 euros que quedaban pendientes de la cantidad total que le había impuesto como condición para la devolución. Momento en el que, al ver que se acercaba el otro vendedor en auxilio, se subió el acusado en el Maserati y se dio a la fuga.

Unos días después, un hombre presentó en la Oficina Local de Trafico de la localidad de Alcalá de Henares una solicitud de transmisión de la titularidad del vehículo Maserati a favor de su progenitor, quien, según el escrito, no consta tuviera conocimiento de la procedencia del vehículo y del plan preconcebido entre su hijo y los otros dos acusados, presentando para ello distintos documentos, todos ellos creados para simular la legalidad de la transmisión.

El vehículo fue recuperado finalmente en junio de 2016 en un taller de la localidad de Tomares, lugar donde lo había depositado el acusado reparación de varios daños sufridos por el mismo, precediéndose a su entrega provisional a uno de los vendedores.

Por todo esto, la Fiscalía solicita concretamente por el delito de estafa la pena de 3 años de prisión. Por cada uno de los delitos continuados de amenazas, la pena de 2 años de prisión. Por el delito de coacciones la pena de 1 año y 6 meses de prisión. Por el delito de Falsedad Documental, la pena de 1 año y 6 meses de prisión. Y, finalmente por el delito de robo de uso, la pena de 4 años de prisión.

Además, ha solicitado entrega definitiva del vehículo, con declaración de la nulidad de la transmisión de titularidad y que los acusados indemnizaran en el valor de los daños causados en el vehículo y al vendedor en 2.500 euros por el dinero abonado por el mismo a través de giro postal y en el importe derivado de la devolución del talón entregado.