DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
Imagen de archivo.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno va a transponer la directiva europea aprobada en 2019 sobre conciliación, en la que se exige un permiso laboral parcial para los trabajadores que tengan que cuidar de familiares y ha advertido que "la corresponsabilidad es mucho más" que los permisos para los padres con hijos en cuarentena preventiva.
Así lo ha indicado Díaz este miércoles en su respuesta a una interpelación urgente de la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia, especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia sanitaria de la Covid-19.
Giménez ha preguntado a la ministra de Trabajo cuándo va a poner en marcha el Gobierno el permiso retribuido para padres de hijos en cuarentena preventiva sin resultado positivo en Covid-19, una intención que anunciaron miembros del Gobierno pero que quedó "guardada en un cajón sin ninguna explicación".
"La corresponsabilidad es mucho más que los permisos, han quedado ustedes constreñidos con los permisos y con la conciliación. La directiva que vamos a transponer ya exige un permiso parcial para el abordaje de los temas de cuidado y vamos a discutir sobre esto", ha respondido Yolanda Díaz.
Para la ministra de Trabajo, el de la corresponsabilidad es "el gran debate de esta época" y apuesta por alcanzar un "sistema sostenible que no asuma los cuidados como una obligación incómoda sino como una auténtica tarea constituyente que exige el esfuerzo colectivo y la implicación de todos los poderes públicos".
Este debate "esencial", según ha precisado, se ha vehiculado hasta ahora a través de las leyes y, en este sentido, ha recordado la directiva europea sobre conciliación aprobada el año pasado, "que supone una obligación para todos los Estados". "Le anticipo que tenemos la transposición preparada, nos gustará que su grupo y todos trabajen en ella", ha asegurado Díaz.
En esta directiva europea se establece que "con el fin de ofrecer más oportunidades de permanecer en el mercado de trabajo a los hombres y las mujeres con responsabilidades en el cuidado de familiares, cada trabajador debe tener derecho a disfrutar de un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año". Además, se anima a los Estados a "conceder una remuneración o una prestación económica" en este permiso.
En la defensa de la interpelación --que en un primer momento había decaído y que finalmente se ha pospuesto por el retraso de la diputada en el traslado al hemiciclo, que se encuentra al 50% de aforo--, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez ha puesto de manifiesto que "los españoles tienen muchos problemas para conciliar".
También ha advertido especialmente de la situación de las mujeres, "quienes asumen casi en la totalidad las tareas de cuidado por una cultura históricamente machista de segregación de tareas por sexo".
NO ES SUFICIENTE CON EL PERMISO DE MATERNIDAD
Para la diputada de Ciudadanos "no es suficiente" con la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, que en todo caso ve como "un logro" pues las necesidades surgen no solo en los primeros 12 meses desde el nacimiento, sino "cuando un hijo se tiene que quedar en casa porque está enfermo o cuando un padre está en situación de dependencia".
En esos casos, según ha advertido, los trabajadores no tienen permisos similares a los de paternidad y maternidad sino que la legislación "solo contempla adaptar el horario, reducir la jornada con la reducción de sueldo o pedir una excedencia renunciando a la totalidad del salario".
Además, ha añadido que aunque el teletrabajo ha ganado notoriedad durante la pandemia, "no es la panacea" porque determinadas necesidades requieren de una mayor atención. Por ello, ha reclamado "instrumentos más flexibles que permitan adoptar modificaciones mucho más sustanciales sobre las jornadas o condiciones de trabajo con carácter temporal", así como "prestaciones económicas públicas que permitan compensar la pérdida de trabajo".
Por su parte, Yolanda Díaz ha asegurado que este es uno de los temas más relevantes para su ministerio porque es parte del día a día de todos. "Para que hoy estemos aquí, muchas y muchos de ustedes han tenido que hacerse una pregunta, no puntual, sino que vertebra cada día: ¿Quién se queda con mi madre o con mi padre, o con mi familiar enfermo? ¿Quién irá a buscar a mi hijo si me llaman del colegio?", ha planteado.
"LAS MUJERES ESTAMOS HARTAS DE CONCILIAR"
En todo caso, la ministra ha mostrado su rechazo a hablar de "conciliación" porque "las mujeres ya están hartas de conciliar", y ha invitado a referirse, en su lugar, a "corresponsabilidad" no solo por parte de quien cuida sino "también de las empresas y la sociedad".
Precisamente, ha destacado el Plan Mecuida puesto en marcha por el Gobierno pues supone "la primera vez en la historia de la normativa laboral española en que el cuidado de las personas se ha puesto sin condiciones en el centro del funcionamiento de las empresas". En este sentido, ha reprochado a Ciudadanos que en su propuesta "obvian a las empresas".
"La norma laboral ha adoptado hasta ahora el papel de guardián frente al pretendido abuso de quienes cuidamos; nuestras normas de conciliación están plagadas de cautelas y garantías en las que se culpa implícitamente a los cuidadores del perjuicio que causan a la empresa y al resto de sus compañeros y compañeras. El Plan Mecuida es norma de corresponsabilidad efectiva, pasa de la desconfianza a la confianza, invierte la carga de la prueba", ha explicado.
Además, ha defendido que es necesario "recuperar el derecho al propio tiempo", por ejemplo, "reconociendo todas las horas trabajadas" pues ha dicho que es "un escándalo" que, "semanalmente, se hagan 6 millones de horas extraordinarias, de las que no se retribuyen el 42%".
Finalmente, la diputada de Ciudadanos ha pedido que se tomen medidas extraordinarias en materia de conciliación ante las dificultades acrecentadas por la pandemia y se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado, afeando al Gobierno sus pactos con Esquerra Republicana y EH Bildu. "Ustedes tienen la mano tendida de Ciudadanos para avanzar en conciliación y corresponsabilidad, de lo que poco o nada hemos oído hablar a sus socios de Esquerra o Bildu".
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha advertido a Salvador Illa que "no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio de Sanidad", y le ha acusado de estar "escondido" detrás de las CCAA y de ser "incapaz de reaccionar" desde el comienzo de la pandemia.
"España necesita un Gobierno que lidere y que afronte responsabilidades. España necesita un capitán que sirva para luchar en ésta guerra contra el virus (...). Las bajas que ocultan y de las que son responsables se cuentan por decenas de miles, si no está preparado dejé el mando y permítanos dar la cara a esta guerra contra el virus", ha continuado Echaniz en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Aunque su pregunta para el responsable de la cartera sanitaria trataba sobre la opinión que el ministro tenía al respecto de que una mayoría de españoles censurara su gestión de la pandemia, el diputado 'popular' ha preferido preguntarle por "las vidas que se podían haber salvado" y "los contagios que se podían haber evitado" de haberse "dejado ayudar por el Partido Popular".
Y en este sentido, ha recordado las medidas propuestas por su partido y rechazadas inicialmente por el Gobierno, pero implantadas "meses después". "El que rectifica es sabio, el que recula todos los días es un inepto", ha lamentado al respecto.
"Kant y Nietzsche no le están ayudando mucho a combatir el virus, va resultar que tener a un ministro filósofo al frente de la epidemia no era una buena idea, y usted con humildad podía haber dimitido al inicio de la infección o podía haberse dejado ayudar por el Partido Popular, pero ha mostrado una actitud absolutamente altiva y ha hecho solo oposición a mí partido y es que solo ha acertado cuando ha rectificado", señalaba en un momento del discurso.
Por su parte, el ministro le ha acusado de intentar, cuando fue consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que el Hospital Universitario de Toledo, que éste martes fue inaugurado por los Reyes de España y propio ministro de Sanidad, "no se abriese". "No me des muchas lecciones sobre lo que hay que hacer porque usted intenté que este hospital se recortará y no saliera", ha respondido.
En su defensa ha señalado que "todos estamos colaborando" combatir la pandemia, aunque ha lamentado que esté no sea el objetivo de los 'populares', y en concreto de Echaniz. "Me gustaría que su formación política y en especial usted se uniera a estos esfuerzos de combatir, llevamos bastantes meses de pandemia y su principal empeño es señalar el error, en mostrar quien es el culpable y no en combatir el virus".
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha invitado este miércoles a Bildu a participar en el debate de un nuevo Pacto por la Industria para poder lograr este acuerdo durante la legislatura ante la exigencia de esta formación de aprobar la garantía de que toda empresa que decida el traslado de su producción devuelva las ayudas públicas recibidas.
La ministra ha señalado que "es buen momento" para poner a este sector "en el foco de la buena política" y empezar a negociar un nuevo Pacto de Estado por la Industria con vistas a conseguir que el sector alcance representrar el 20% del PIB. "Les tendemos la mano y esperamos conseguir ese Pacto que tanto nos están reclamando los sectores", ha dicho.
Así ha respondido Maroto en el Pleno del Congreso a la diputada de Bildu Isabel Pozueta, quien le había preguntado si el Gobierno contempla "alguna medida para evitar las deslocalizaciones y mantener los puestos de trabajo", después de que empresas como Siemens, Gamesa, General Electrics o Apoyos Metálicos hayan decidido cerrar su producción para trasladarla a otros países con el fin de "aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores".
UNA PANACEA DEL LIBERALISMO
"Una panacea del neoliberalismo al elegir países con menor protección laboral y peores salarios", ha denunciado Pozueta, para instar a renglón seguido al Gobierno a hacer suya una ley de Bildu que tramita el Parlamento de Navarra para exigir toda ayuda pública recibida en los últimos diez años a las empresas que decidan deslocalizar su actividad.
Frente a ello, Maroto ha puesto en valor la acción del Gobierno ante las "numerosas crisis industriales" acaecidas en los últimos años y ha expresado su confianza en que las inversiones previstas por el Gobierno, tanto en los nuevos Presupuestos como en su programa de inversiones a partir de fondos europeos, sirva para "reforzar la industria" y que "la inversión siga llegando".
"Hay un compromiso de este Gobierno con la industria. Hemos reforzado las inversiones directas, la mayor inversión que va a recibir", ha subrayado, asegurando que estas inversiones "van a acompañar a la industria en su proceso de reforzamiento".
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto de ley sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ya está listo y ha avanzado que regulará por primera vez el acceso a la información sobre los procesos judiciales para evitar, entre otras cosas, la "pena de banquillo".
"Los trabajos de elaboración del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están concluidos y este próximo jueves serán debatidos en la comisión general previa al Consejo de Ministros", ha dicho Campo, en respuesta a una interpelación urgente de Vox sobre el plan del Gobierno contra las 'fake news' o noticias falsas.
El ministro ha aprovechado además para avanzar parte del contenido de la nueva LeCrim, destacando que "por primera vez regulará las comunicaciones con los medios de comunicación" para "garantizar su acceso a informaciones con un claro interés social", aunque también establecerá "limitaciones".
Campo ha lamentado que "es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de informaciones judiciales que suponen para las personas investigadas graves penas de banquillo", si bien al mismo tiempo se ha mostrado consciente de que hay casos que por su "relevancia social" deben conectarse al derecho a la información. "Es el viejo dilema de la foto del detenido esposado cuyo caso luego queda en nada", ha ilustrado.
Con la nueva LeCrim, ha explicado, "se protege la integridad, el honor y la intimidad de los investigados", así como de peritos, testigos y demás intervinientes en el proceso penal, "limitando la difusión de imágenes cuando no revistan interés informativo o cuando no se trate de un hecho socialmente relevante".
Campo ha reconocido que "la solución no es fácil" y por ello ha insistido en el mensaje de que "el Gobierno tiene la primera palabra pero no la última". Así, ha indicado que se abre ahora un proceso de debate con las fuerzas políticas para "afinar y concluir una nueva norma". "Espero que se sumen al diálogo".
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido este miércoles que la LOMLOE, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación, que se encuentra en trámite parlamentario, sí reconoce la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía, así como la libertad de enseñanza.
Así lo ha asegurado en el Pleno del Congreso al diputado Óscar Clavell (PP), que le ha preguntado a la ministra sobre qué entiende por dar cumplimiento a los artículos 3 (que dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla) y al artículo 27 (que recoge que todos tienen el derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza) de la Constitución Española (CE), en una clara referencia a la reforma educativa.
Según ha contestado en un primer momento la titular del Departamento de Educación y FP, dar cumplimiento a ambos artículos de la CE significa "dar, garantizar la aplicación efectiva de lo contenido en ambos artículos". "No como hace en este momento la LOMCE (actual ley educativa que se pretende modificar), todavía vigente", ha afeado.
En su turno de réplica, el diputado (que lucía un lazo naranja en apoyo a la educación concertada) ha reprochado a Celaá que haya eliminado de la reforma educativa el término "lengua oficial del Estado" y "lengua vehicular" para referirse al castellano, lo que supone "traicionar su honor", ya que le recuerda que guardó e hizo guardar la Constitución cuando accedió al cargo.
El diputado ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, ya les ofreció al Gobierno un Pacto por la Educación, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prefirió a otros compañeros de viaje", esto es, "a los comunistas, radicales y Otegi" en esta cuestión educativa.
Y es que, para Clavell, la 'Ley Celaá' (nombre con el que se conoce también a la reforma educativa) "no es una cuestión de educación", sino un "manifiesto ideológico" que "excluye al castellano como lengua vehicular de la enseñanza", como ya sucedió, según dice, con el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Porque esto ya viene de antiguo, el PSOE catalán ya entonces renegó del castellano y por eso el PP tuvo que defenderlo en la LOMCE", comenta.
Según el 'popular', la 'Ley Celaá' "cercena el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos atacando la libertad de enseñanza y de elección de centro, firmando el acta de defunción de cierta enseñanza, entre ellas, la especial", critica el diputado, que considera a la ministra un "claro ejemplo de totalitarismo", pues "niega a los padres un derecho" cuando la ministra lo ejerció "al llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico".
"Esta Ley nace sin consenso, amordazando a la comunidad educativa, ninguneando el Consejo de Estado, tramitándose durante el Estado de Alarma, aplicando el rodillo supremacista, un auténtico error histórico", ha lamentado Clavell, que ha finalizado su intervención recordando a Celaá que el PP acudirá a los tribunales si se aprueba este jueves la Ley en el Pleno del Congreso.
A todo ello, la ministra ha pedido al diputado que, en primer lugar, abra el proyecto de reforma, y en segundo lugar, que abra la Constitución, en concreto en sus artículos 3 y 27, preguntando a este qué dicen tales artículos. "¿Y qué dice nuestra ley al respecto?", ha formulado.
Así, la ministra se ha limitado a reproducir en voz alta lo que recoge el proyecto normativo: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable". Y ha proseguido: "Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente".
"¿Qué se hace? Se reconoce la Constitución, los Estatutos de Autonomía y se observa un objetivo educativo", se ha contestado a sí misma la ministra, que ha insistido en preguntar al diputado que, de los tres puntos del artículo 3 de la CE, cuál de ellos no se encuentra en el proyecto de reforma, así como el artículo 27 de la CE.
"En la Ley, en el artículo 1, se consagra, se ratifica, se reconoce el pleno derecho a la libertad de enseñanza y la plena posibilidad de que todo el mundo pueda llegar al dominio y desarrollo pleno de su educación, de su personalidad, en el respeto a los principios de convivencia y de libertad y derechos fundamentales"
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, entiende las críticas de Vox al procedimiento para la detección de campañas de desinformación puesto en marcha por el Ejecutivo porque, a su juicio, los de Santiago Abascal utilizan los "bulos" y la "mentira" como "gasolina política".
Con este argumento ha replicado el también líder de Podemos al secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, quien le ha preguntado en la sesión de control por qué el Gobierno va a "decidir sobre la libertad y la pluralidad informativa". "El Gobierno no pretende decidir tal cosa", ha sido la primera respuesta de Iglesias.
Pero Gil Lázaro ha insistido en el asunto remarcando que lo que ha bautizado como "Comisión de Desinformación" supone un "ataque al periodismo libre" y, por tanto a la "democracia real". "Como comunista las palabras democracia y libertad a usted le repugnan", ha añadido.
Además, ha denunciado como "el colmo" que quienes vayan a pilotar este procedimiento contra las 'fake news' y ha decidir "lo que es verdad o no" y a adoptar "medidas represivas" sean Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y responsable de Seguridad Nacional, y el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda, Juanma del Olmo, también secretario de Comunicación de Podemos.
FINANCIADOS POR AFINES A TERRORISTAS
"Es normal que les incomode que se hable de mentiras y bulos porque es básicamente su gasolina política", ha dicho Iglesias, para quien Vox incurre en "inéditos niveles de desfachatez" con sus afirmaciones relativas, por ejemplo, a la supuesta financiación ilegal de Podemos.
"Dicen que estamos financiados por Irán y ustedes mismos han reconocido que les financió el brazo político de una banda terrorista iraní", ha relatado. Y también ha puesto como ejemplo del modo de actuar de Vox que renieguen de lo público y lo fíen todo al mercado cuando Abascal, "siempre ha vivido del dinero público", y el propio Gil Lázaro lleva cobrando del Congreso desde 1982.
El diputado también ha recriminado a Iglesias su empeño en que el Gobierno priorice los pactos con ERC y Bildu, el primero con líderes en la cárcel, y el segundo que "sigue sin condenar el terrorismo etarra" y tiene como objetivo "cargarse el régimen del 78".
REPUBLICA COMUNISTOIDE
"Millones de españole no vamos a consentir que se carguen nuestra democracia con alianzas vomitivas y miserables que son un insulto a las víctimas y a la dignidad nacional. No permitiremos que sustituyan la democracia por una república comunistoide, plurinacional, confederal y bananera", ha aseverado Gil Lázaro.
Unas afirmaciones a las que Iglesias ha respondido recriminando a Gil Lázaro su "tono grandilocuente" propio del NODO, y echándole en cara su deseo de "ilegalizar" a Podemos, los partidos independentistas "y hasta a Compromís".
"Ustedes amenazan con que no van a tolerar, pero no tienen que consentir ni tolerar nada, porque éste es un Gobierno resultado de las urnas y de las mayorías parlamentarias", ha enfatizado, antes de augurar "Gobierno socialcomunista para muchos lustros", mientras Vox siga "teniendo atrapado al PP en la Plaza de Colón".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que considera "intolerables" las filtraciones de operaciones policiales bajo tutela judicial y ha dicho que son investigadas internamente por "generar juicios paralelos", después de que ERC haya vuelto a señalar a un mando de la Guardia Civil de Cataluña por estar detrás de una "campaña sucia" contra el independentismo al promover detenciones de empresarios en el marco de la Operación Voloh.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Grande-Marlaska ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan "con absoluto respeto a la ley y a los procedimientos".
Contestaba a la diputada de ERC Carolina Telechea, que ha señalado al teniente coronel Daniel Baena, "alias Tácito" --según ha dicho--, por incluir en sus diligencias conversaciones privadas de políticos y personas cercanas al independentismo sin que tuvieran relación con la investigación judicial por supuesto desvío de fondos públicos.
Telechea ha invitado a Grande-Marlaska a que "saque a la luz al filtrador", añadiendo que "parece ser el teniente coronel Baena". En este sentido, se ha preguntado para "quién trabaja" este mando de la Guardia Civil en Cataluña, que ya fue señalado por partidos independentistas durante las investigaciones por el referéndum del 1 de octubre de 2017.
En este punto, la diputada de ERC se ha preguntado dónde está Unidas Podemos, quejándose que rechazara la comisión de investigación de la "mal llamada" Operación Volhov. "Qué decepción, compañeros", ha comentado.
"No hay un fenómeno generalizado que vulnere los derechos fundamentales", ha contestado Grande-Marlaska, añadiendo que si se dieran casos existen "mecanismos internos para dilucidar responsabilidades". Sobre las filtraciones de investigaciones tuteladas por los juzgados, ha recordado su pasado como juez para decir que son "intolerables" porque "generan juicios paralelos y no tienen una finalidad inocua", ya que tratan de "perturbar" la propia investigación judicial.
La diputada de ERC se ha quejado de una "campaña sucia de persecución contra el independentismo para influir en el resultado electoral" en base a informes de la Guardia Civil en Cataluña con un "relato surrealista", poniendo como ejemplo la referencia al envío de 1.000 soldados rusos en el contexto del referéndum ilegal del 1-O. Esta "persecución del libre pensamiento", ha dicho, es "propio del régimen franquista".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado el trato a Galicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 negando que exista una "discriminación" en este territorio y ha acusado al diputado del BNG, Néstor Rego, de preferir las cuentas públicas del antiguo titular de Hacienda Cristóbal Montoro.
Así se lo ha dicho Montero al parlamentario del BNG durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde la ministra de Hacienda ha defendido la inversión en Galicia y en el resto de territorios.
En este sentido, la titular de Hacienda ha arremetido contra el Bloque Nacionalista Gallego emplazándolos a explicar en su territorio "porqué se oponen a unas cuentas públicas que incrementan la inversión en Galicia".
Según Montero, Rego y su partido "prefieren" los antiguos Presupuestos de Montoro porque, "decir que no se tramiten estas cuentas, significa que queden vigentes los PGE de la derecha, del señor Rajoy". "Por tanto, si lo que pretende su formación política o lo que quiere hacer creer es que tenemos un trato discriminatorio con Galicia, está engañando a los gallegos y a los españoles", ha aseverado Montero.
"ES PURA DEMAGOGIA"
Sin embargo, el diputado gallego considera que es "pura demagogia" decir que su partido apoya las cuentas públicas de Montoro y ha recordado que el BNG coincidía con el PSdeG cuando calificaba los PGE del PP como "una bofetada" para Galicia.
"Pero el actual PGE no solo mantiene la bofetada, sino que añade otra en la otra mejilla", ha censurado el diputado del BNG, que ha pedido a Montero que no compare la inversión recogida en este proyecto con los PGE de 2019 que fueron tumbados en el Congreso.
Eso sí, Rego ha mostrado su disposición a seguir trabajando para conseguir que los PGE "sean justos" con Galicia, pero cree que el Gobierno "tiene que moverse" porque, de lo contrario, "tendrá que explicárselo a todos los gallegos".
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha arremetido este miércoles duramente contra el Gobierno central a causa de la crisis migratoria que está atravesando el archipiélago canario y ha preguntado si es que tiene que volver el grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "haga caso a Canarias".
"¿Somos España y Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista o resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?", ha preguntado la parlamentaria canaria durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados sobre los migrantes que se encuentran hacinados en distintos muelles del archipiélago a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo central.
A este respecto, Oramas ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "como pide Podemos", y la del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "como pide el PSOE.
La diputada de Coalición Canaria, que ha reprochado duramente al Gobierno esta crisis migratoria en el archipiélago, ha pedido al Gobierno que hagan caso a ONGs como Acnur y Cruz Roja y ha exigido a los distintos ministerios del ámbito migratorio que se reúnan para dar una solución a este problema.
"No tenemos capacidad de acogida", ha lanzado Oramas en un discurso que ha encontrado el aplauso de una parte de la Cámara Baja, pero sin embargo ha sido rechazado por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, a la cuál iba dirigida su pregunta inicial en la sesión de control.
"TENEMOS A CANARIAS EN LA CABEZA Y EN EL CORAZÓN"
Calviño ha censurado la "hipérbole" en el discurso de la diptuada canaria porque eso "no aporta soluciones a los ciudadanos" y le ha animado a "trabajar juntos" como, según ha defendido, está realizando el Gobierno central con el Ejecutivo de Canarias.
"Con los temas migratorios no valen atajos", ha subrayado la vicepresidenta tercera, que ha reivindicado la labor del Ejecutivo central en Canarias porque, según sus palabras, el Gobierno tiene al archipiélago "en la cabeza y en el corazón".
A este respecto, ha recordado las partidas destinadas a Canarias en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y le ha instado a que su partido apoye estas cuentas públicas para que el archipiélago pueda contar con las inversiones.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado este miércoles a Vox su negativa a participar en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y presentar enmiendas parciales para negociar el proyecto presentado por el Ejecutivo.
"¿Con vídeos en vez de enmiendas vamos a tener las UCIs funcionando, las escuelas abiertas, ayudas a los ciudadanos, a la dependencia?", ha preguntado Calvo al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros durante la sesión de control al Gobierno.
La vicepresidenta ha lanzado esta acusación después de que Vox anunciara este martes que renunciaba a tratar de enmendar partidas puntuales del proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno, para realizar a cambio una campaña en la que denunciar las acciones del Ejecutivo mediante vídeos. "No presentamos enmiendas parciales porque no queremos ser parcialmente responsables de los presupuestos de la ruina de los españoles", ha justificado Espinosa de los Monteros.
Frente a esta actitud, Calvo ha pedido a Vox que "deje la irrealidad" y se comprometa "con la España del siglo XXI". "A España y banderas no les gana a ustedes nadie, pero a la realidad les gana cualquiera", ha acusado defendiendo que la mejor manera de hacer una política "real y realista" es aprobando unos Presupuestos para el próximo año.
Sin embargo, el portavoz parlamentario de Vox ha acusado al Gobierno de presentar unas cuentas "irreales" que "suben" el sueldo al Gobierno, aumentan el número de cargos públicos o compran más coches oficiales; todo ello mientras "blanquean" a Bildu y "meten a ETA en la dirección del Estado".
"Y mientras, los españoles tienen problemas muy graves", ha avisado señalando a una clase media hoy "depauperada", una juventud "sin futuro" o miles de negocios "abocados al cierre y la ruina"; además de los "más de 50.000 muertos por culpa del virus de Wuham".
Espinosa de los Monteros también ha acusado al Gobierno de "espiar" a quienes lo critican utilizando a la Guardia Civil, "combatir el patriotismo" a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), "manipular" el CIS y RTVE, "desarrollar alianzas con repúblicas bolivarianas" y "azuzar la olla a presión africana" llamando a la inmigración y "poniendo en riesgo" la vida de las personas que tratan de llegar a España, a las que después "se aloja en hoteles de 4 estrellas a pesar de no tener capacidad para acogerles".
"PGE EN LA HISTORIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES"
Calvo ha respondido a estas acusaciones subrayando las "veinte normas" que el Gobierno ha remitido al Congreso durante los últimos diez meses para "proteger a los españoles" durante la pandemia y que, según ha sostenido, culminan con un proyecto de Presupuestos que "entra en la historia de las políticas sociales".
En este sentido, ha acusado a Vox de haberse "apuntado" a "tumbar el sistema". "Es una democracia que tienen que entender y aceptar y dejar de enaltecer dictaduras", ha emplazado recordando además la "soledad" en la que quedó Vox en la moción de censura presentada contra el Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado ante el Congreso que considera al PNV "socio estratégico" y "preferente" para acordar los Presupuestos Generales del Estado, pero la formación vasca le ha instado a confirmarlo con "hechos": "El movimiento se demuestra andando", ha dicho su portavoz en la Cámara Baja, Aitor Esteban.
Y es que Esteban, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, ha afeado al Gobierno el retraso a la hora de cumplir ciertos compromisos, señalando que "atendiendo a la ejecución de algunas partidas de algunos ministerios, la cosa deja mucho que desear".
"Los hechos son los que confirman las cosas. Para nosotros los compromisos son importantes porque nos los tomamos en serio", ha advertido el portavoz parlamentario del PNV.
"Tengan por seguro que nos tomamos en serio los compromisos con su grupo", ha subrayado Sánchez, que ha pedido a Esteban comprobar los "grandes avances" reflejados en los Presupuestos, señalando que el País Vasco contará con una asignación de 194 millones de euros para políticas medioambientales y de vivienda del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que los pactos con Podemos y EH Bildu han mostrado la verdadera cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha parafraseado al histórico dirigente socialista, Alfonso Guerra, al augurar que "al PSOE no le va a conocer ni la madre que lo parió".
Mientras, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le ha replicado que el PP se ha convertido en un partido "antisistema" al que, como no le gustan los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prefiere ir al Congreso a hablar de ETA.
Además y durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, les ha reprochado que con sus pactos con Vox en varias comunidades autónomas, hacen el camino "inverso" al que emprendieron varios de los fundadores de Alianza Popular, que como Manuel Fraga pasaron de la dictadura franquista a la democracia.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que el PSOE hoy "lidera un proyecto de ruptura de España" y ha acusado al Gobierno de "vender su alma al diablo" al pactar los Presupuestos con EH Bildu, una formación que "todavía no ha condenado el terrorismo". Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo, le ha recordado que el PP también ha votado "13 veces lo mismo que Bildu" estos últimos meses y ha subrayado que en 40 años los dos grandes partidos "han pactado con todos, como es debido en democracia".
Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Gamarra ha preguntado a Calvo cómo "valora los primeros días de EH Bildu en la dirección del Estado", después de que el vicepresidente Pablo Iglesias asegurase que el apoyo de la coalición abertzale a las cuentas públicas suponía "reforzar el bloque de investidura" que sería de "legislatura y de dirección de Estado".
La portavoz del PP ha recordado que la propia Calvo dijo públicamente que no iban a acordar con Bildu porque eran "líneas rojas" y se ha preguntado por qué ahora esa línea roja se ha convertido en una "línea invisible". "Niegan el pacto con Bildu. Ustedes siempre mienten, aunque ya no engañan a nadie", le ha espetado.
Además, ha afirmado que con Sánchez "cada día son menos PSOE como les reprochan los barones" socialistas. "Es cierto que un Pablo Iglesias fundó hace más de 100 años el PSOE pero otro Pablo Iglesias, el auténtico presidente en la sombra de este gobierno acabará con él", ha enfatizado, para añadir que el PSOE "hoy lidera un proyecto de ruptura de España" y "vender su alma al diablo".
CALVO DICE QUE EL PP TIENE UN "TRAUMA DEMOCRÁTICO"
En su respuesta, Calvo ha recalcado a la portavoz del Grupo Popular que la dirección del Estado "son todos los órganos del Estado". "Así que lo valoro lo mismo que la dirección de su grupo parlamentario, que ha votado 13 veces lo mismo que Bildu en estos últimos meses", ha proclamado.
La vicepresidente del Gobierno ha señalado además que en 40 años tanto el PSOE como el PP "han pactado con todos, como es debido en democracia y corresponde a un Estado constitucional". Además, ha acusado al PP de recordar "constantemente a ETA" en sus intervenciones cuando eso ya está "resuelto" por "la fortaleza del Estado de Derecho".
"Tienen un trama histórico, un trauma democrático: que la izquierda gana las elecciones y gobierna", ha proclamado Carmen Calvo, para concluir que el PP "no lo han superado" y ése "es el problema".
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pactar los Presupuestos Generales del Estado con la formación naranja y no con Esquerra y con Bildu, a lo que Sánchez le ha contestado que rechaza "vetos cruzados" y que dialogarán con todas las fuerzas parlamentarias.
Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso, Arrimadas ha pedido al presidente que aclare ya si quiere "un acuerdo transversal, sensato y moderado" con Cs o si prefiere unos Presupuestos "más radicales" en lo económico y "a cambio de mas concesiones separatistas" pactados con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu.
Sánchez ha asegurado que los PGE son "sensatos, moderados y beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía española". Respecto a con quién los negociará, ha dicho que es "tiempo de inclusión, no de exclusión", y que deben ser unos Presupuestos "de país".
Por eso "no vamos a aceptar ningún veto cruzado y vamos a tender la mano a todas las fuerzas parlamentarias", ha declarado, subrayando que en este tiempo "inédito y tan complejo" para España a causa de la pandemia de coronavirus, "no es cuestión de ir unos contra otros".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, de recurrir al "libro viejo" de los 'populares' "cuando están en la oposición" para atacar el Ejecutivo, y que consiste, a su juicio, en usar a "ETA y Cataluña" y acusar al Gobierno de "romper España" y decir que va "contra el español" en esta Comunidad.
Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que ha reivindicado que fue un gobierno socialista el que "derrotó a ETA", frente a las acusaciones de Casado, que le ha tachado de "infame" por no renegar del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
"El libro viejo del PP cuando está en la oposición: ETA, Cataluña, rompemos España y vamos en contra del español en Cataluña. Es lo que ocurre siempre que están en la oposición. Pero el problema es que 198 escaños han considerado oportuno tramitar los Presupuesto", ha avisado Sánchez, quien ha comparado la estrategia del PP con la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Por su parte, Casado le ha acusado de sellar un pacto con Bildu y le ha exigido que aclarara en qué ha "cedido" el Gobierno a cambio. "Esos pactos le van a perseguir toda su vida", ha avisado el líder del PP, tras preguntar a Sánchez si imagina al futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pactando con los terroristas del 11S o al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con los del atentado en la sala Bataclan.
El PP y Ciudadanos aprovecharán la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, la primera tras el debate de totalidad de los Presupuestos Generales de 2021, para pedir cuentas al presidente, Pedro Sánchez, y a los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, por sus pactos con Bildu y Esquerra Republicana (ERC).
En concreto, el líder del PP, Pablo Casado, quiere que el presidente Pedro Sánchez le explique "qué ha cedido para aprobar los
Presupuestos Generales", y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le pedirá que aclare si va a contar con su partido o con ERC y Bildu para aprobarlos.
Concretamente, Arrimadas preguntará a Sánchez si piensa aprobar las cuentas públicas de 2021 "a través de un acuerdo sensato, moderado y bueno para las familias españolas", como considera que sería uno con Ciudadanos, o con uno "radical y lleno de concesiones a los separatistas".
Pero habrá más preguntas sobre este asunto en la sesión pues la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, reclamará a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que valore "los primeros días de Bildu" dirigiendo el país.
Gamarra 'recoge el guante' de las palabras pronunciadas por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, después de que Arnaldo Otegi anunciase la disposición de Bildu a apoyar los Presupuestos del Gobierno de coalición. Para el líder de Podemos, el apoyo de Bildu es "una buena noticia" que refuerza al bloque de investidura, "que será de legislatura y de dirección de Estado".
De su lado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se dirigirá, como suele ser habitual, al vicepresidente Iglesias para preguntarle si considera que los Presupuestos para el próximo ejercicio generan confianza.
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