CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: Aprobada por mayoría absoluta la Ley Celaá

El Congreso apoya el reparto de subvenciones a las ONG de acción social con cargo al 0,7% del Impuesto de Sociedades

Los principales grupos del Congreso han apoyado la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, a través del cual el Gobierno reparte entre 300 entidades los 26,4 millones de euros recaudados del 0,7% del Impuesto de Sociedades --la conocida como 'X solidaria de las empresas'-- que se distribuye por primera vez.

Cruz Roja Española, con 2,9 millones de euros, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con 1,1 millones, y Cáritas Española, con 811.977 euros, son las que más fondos recibirán. Les siguen: Plena Inclusión (676.414 euros); la Fundación Secretariado Gitano (634.357); Proyecto Hombre (476.357); Salud Mental (670.538); Red Europea de Lucha contra la Pobreza (375.539); Médicos del Mundo (355.240); Unión de Asociaciones Familiares (355.240), y Plataforma del Voluntariado de España (345.090), entre otras.

Aunque la mayoría de los grupos parlamentarios han anunciado este jueves en el Pleno del Congreso su voto a favor (PSOE, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos, Junts Per Catalunya, Compromís, PNV), o su abstención en el caso del Partido Popular, algunos han puesto en duda los criterios que ha seguido el Gobierno para decidir las entidades destinatarias de estas subvenciones nominativas.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha subrayado que es "una obligación" para el Ejecutivo "reconocer el enorme esfuerzo de estas organizaciones en los últimos meses redoblando su tarea para atender las necesidades de los más afectados por la pandemia" y "llegando allí donde la administración no es capaz de llegar". "Muchísimas gracias", ha expresado.

Además, ha precisado que la solución adoptada este año para realizar este reparto de los fondos es "una solución excepcional" y ha añadido que "no cabe duda de que el sistema de financiación del Tercer Sector necesita una revisión en profundidad".

La diputada del PSOE Sonia Guerra se ha sumado a este agradecimiento a todos los trabajadores y voluntarios del Tercer Sector, a los que "luchan cada día para que a una familia no le corten la luz", a los que están "en bancos de alimentos", a los que "acompañan a los mayores en soledad", a los que prestan "teleasistencia". "Y sí señorías de Vox, también a los y las que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas", ha precisado.

Por su parte, la diputada del PP Margarita Prohens, que ha subido al estrado con un lazo naranja por los niños con discapacidad, ha criticado el "pasotismo" de Iglesias con el Tercer Sector y ha anunciado la abstención de su partido "por responsabiliad con muchas de las entidades que van a recibir estos fondos" aunque ha denunciado "falta de objetividad" y ha calificado de "curiosas" algunas organizaciones que aparecen en la lista.

En este sentido, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás cree que con este Real Decreto, el Gobierno "riega con dinero público sus chiringuitos" en referencia a las "decenas de asociaciones de mujeres" que aparecen entre las entidades que reciben estas subvenciones, pero ha anunciado que se van a "tragar el sapo" y van a votar "sí" por todas las entidades del Tercer Sector que son "un ejemplo" y que ayudan a "miles de españoles que llevan meses acudiendo a hacer cola para recibir arroz, lentejas o pañales".

Mientras, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido Gutiérrez ha subrayado que la financiación del Tercer Sector es "fundamental" por lo que ha invitado al resto de grupos a "dejar atrás críticas catastrofistas, interesadas y partidistas" porque, a su juicio, "es el momento de ayudar" a estas entidades.

REPARTO "TOTALMENTE ARBITRARIO"

También la diputada de Esquerra Republicana Inés Granollers ha destacado el "papel fundamental" de las ONG a las que hay que "asegurar un horizonte de estabilidad" pero ha rechazado el reparto que hace el Gobierno a través de este Real Decreto que ha tachado de "totalmente arbitrario". Por ello, ha precisado que solo votarán a favor si se tramita como proyecto de ley.

El diputado de Junts Per Catalunya Joan Boadella también ha coincidido en el momento de "excepcionalidad" pero ha criticado que en este Real Decreto "queda la duda de cuál ha sido el criterio" para decidir qué entidades reciben fondos y cuáles no. Además, ha pedido que se tramite como proyecto de ley y ha apostado por aumentar del 0,7 al 1% el porcentaje para fines sociales.

Igualmente, el diputado de Compromís-Podemos-EUPV Joan Baldoví ha expresado su apoyo aunque también ha reclamado que se trabaje "ya mismo, sin demora" en un nuevo modelo de financiación del Tercer Sector, algo en lo que ha coincidido la diputada de Ciudadanos Sara Giménez, quien ha precisado que esto no deja de ser "un parche" y que hay que garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las ONG.

También el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha dicho que votarán a favor ante la situación "excepcional". Por su parte, el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca se ha opuesto a este Real Decreto porque, a su juicio, "cuela de rondón" entidades "que persiguen finalidades de genuina carga política".

El Congreso rechaza todas las enmiendas de la oposición a la 'Ley Celaá', incluyendo la de la concertada

El Pleno del Congreso ha rechazado las más de 600 enmiendas presentadas a la LOMLOE, la reforma educativa conocida como 'Ley Celaá', y únicamente ha aprobado un cambio impulsado por Más País-Equo y Compromís para enseñar cultura fiscal en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos y unas correcciones técnicas presentadas por el PSOE.

La votación se ha realizado por vía telemática y su resultado ha sido anunciado por la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, durante el Pleno de este jueves, donde se ha debatido el dictamen de la Comisión de Educación sobre el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación actual, la 'Ley Wert'.

Entre las enmiendas rechazadas figura una enmienda que buscaba garantizar la oferta "suficiente" de plazas en la escuela concertada, una iniciativa del PNV y JxCat, que según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias este miércoles, contaba con el respaldo de PP, Cs y Vox.

SE NECESITA MAYORÍA ABSOLUTA

De este modo, al final del Pleno ya sólo se votará el conjunto del dictamen y, como se trata de una ley orgánica, para su aprobación se necesitará el apoyo de, al menos, 176 diputados, la mayoría absoluta de la Cámara.

La única enmienda de contenido que sí ha salido adelante, impulsada por Más País-Equo y Compromís, y, por tanto, se incorporará al texto, llevaba la firma del PSOE, Unidas Podemos, ERC y JxCat.

El texto, al que tuvo acceso este miércoles Europa Press, únicamente incorpora que la asignatura de Valores Cívicos y Éticos incluirá contenidos referidos al "papel social de los impuestos y la justicia fiscal", aunque también recoge modificaciones de redacción que, en la práctica, no suponen ningún cambio al articulado del proyecto inicial.

Lo acordado por las seis formaciones establece, como decía el proyecto de reforma original, que "en algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos".

Y prosigue: "En dicha materia, que prestará especial atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos a la Constitución Española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia".

El Congreso rechaza todos los votos particulares al Pacto de Toledo y sólo aprobará el dictamen de la comisión

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves todos los votos particulares presentados por los grupos a las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, con lo que sólo se aprobará el dictamen tal y como salió de la comisión el pasado 27 de octubre.

En total, habían presentado voto particular el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, EH-Bildu, Más País-Equo, Compromís y el BNG, todos ellos rechazados en las votaciones telemáticas avanzadas por la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, en el Pleno de este jueves.

En la comisión, el dictamen con las nuevas recomendaciones salió adelante con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra.

Respecto a la emisión de votos particulares, el PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Junts declinaron emitir votos, dándose por satisfechos con lo aprobado; mientras que el PP y Ciudadanos sí presentaron modificaciones al dedicado a los planes de pensiones privados, la formación 'naranja' otro para fomentar la jubilación activa, y ERC y Bildu enmiendas a más de la mitad de las recomendaciones.

Concretamente, el PP buscaba suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pide más transparencia, y pedía apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no "eliminar" ni "reducir" sus deducciones fiscales.

Esquerra y Bildu exigían, entre otras cosas, derogar las reformas laborales y de pensiones, la supresión de todo el punto dedicado a los sistemas complementarios, proponían como referencia para las pensiones mínimas el 90% del salario mínimo, que la jubilación por encima de los 65 años sea voluntaria, 'destopar' la base máxima de cotización, calcular la base reguladora de la pensión en los mejores 20 años y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social, en base a los gastos impropios asumidos por esta en los últimos años.

Cs PLANTEABA ACELERAR UN SISTEMA DE AHORRO PARA TODOS

Ciudadanos presentó dos votos, uno dedicado a proponer más incentivos a la jubilación activa y acabar con toda penalización sobre la pensión, y profundizar los incentivos para sentar "las bases de un verdadero sistema universal de previsión social complementaria de la Seguridad Social dirigido a todos los trabajadores en activo, por cuenta propia y ajena, durante toda su vida laboral".

Si bien no llegaba a mencionar el sistema de 'mochila austriaca', desde esta formación señalaban que la recomendación sería compatible con este modelo de aportaciones, que se acumularían durante la vida laboral y que podrían ser rescatadas en un momento de desempleo o para complementar la jubilación.

Por su parte, Más País y Compromís defendían una redacción más comprometida con la eliminación de las penalizaciones a toda persona jubilada de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más, fijando una nueva pensión en función de su base contributiva y años cotizados, y el BNG reclamaba una batería de medidas, como la recuperación de los 65 años para la jubilación, pensión mínima al 60% del salario medio, cálculo de la pensión en base a los mejores diez años de cotización y el 'destope' de las bases máximas.

Celaá reconoce que le hubiera gustado tener "más consenso" para sacar adelante la LOMLOE pero se muestra "feliz"

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha reconocido este jueves que le hubiera gustado contar con un mayor consenso para sacar adelante la LOMLOE, la reforma educativa que previsiblemente se aprobará hoy en el Pleno del Congreso, pero se ha mostrado "feliz".

"Cuando se vote, esperemos que consiga el resultado que ya hoy han avanzado los grupos, tendrá que pasar al Senado, todavía le falta algo de tramitación, pero estamos muy felices porque hace 7 años, en junio, todos los grupos de esta Cámara excepto el PP nos comprometimos a derogar la LOMCE", ha asegurado en declaraciones a la prensa tras el debate del proyecto de ley.

A su juicio, la LOMCE (la conocida como 'Ley Wert') es una ley que "no ha tenido ninguna mejora en términos educativos", y ha defendido la aprobación de la LOMLOE para derogarla, una ley que "sitúa la equidad en el centro del sistema". "Es una ley modernizadora, teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe", ha añadido.

Pese a mostrarse "feliz", ha reconocido que le hubiera gustado tener "más consenso". "Pero lamentablemente el PP, Vox y Cs se han autoexcluido del debate, es imposible conseguir un pacto global cuando algunas fuerzas se autoexcluyen al utilizar la educación como herramienta para la lucha política", ha reprochado.

Tras la intervención de la diputada socialista Luz Martínez Seijo, que ha cerrado el debate del proyecto de ley, el Pleno ha sufrido un parón de casi tres minutos durante el cual los diputados del PP y Vox daban golpes en sus escaños y gritaban 'libertad' y los del PSOE y Unidas Podemos aplaudían la nueva Ley de Educación, un momento que la ministra ha calificado de "mucha emoción".

"Lo que hemos sacado esta mañana, el respaldo de las fuerzas políticas a este proyecto es importantísimo porque esta ley va a traer una mejora muy importante para el sistema educativo español", ha defendido.

Preguntada sobre la recogida de firmas que la oposición está llevando a cabo para mostrar su rechazo a la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá', sobre todo por eliminar del texto la consideración de vehicular del castellano, la ministra se ha mostrado contundente: "No me preocupa".

Y ha dejado claro que en la nueva Ley "no hay ninguna eliminación del castellano", pues el uso de esta lengua en la enseñanza "está perfectamente garantizado". "¿Han encontrado ustedes en alguna norma legislativa alguna garantía mayor?", ha preguntado a los periodistas.

Parado casi tres minutos el Pleno con PP y Vox gritando 'libertad' y PSOE y Podemos aplaudiendo la LOMLOE

El Pleno del Congreso ha sufrido este jueves un parón de casi tres minutos durante el cual los diputados del PP y Vox daban golpes en sus escaños y gritaban 'libertad' y los del PSOE y Unidas Podemos aplaudían la nueva Ley de Educación, que sustituirá a la conocida como 'Ley Wert', en referencia al ministro, José Ignacio Wert, que la aprobó cuando el PP tenía mayoría absoluta.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha dejado que cada bancada se expresara a su manera, al término del debate del dictamen de la Comisión de Educación sobre la nueva norma. Batet sólo ha pedido silencio al finalizar la intervención de la portavoz socialista, Mari Luz Martínez Seijo, quien ya había 'caldeado' a la bancada 'popular' con sus últimas afirmaciones.

La dirigente socialista ha puesto fin a su discurso agradeciendo su actitud a las formaciones que como, ERC, PNV y Más País, han apoyado la reforma y, a su juicio, "creen en la educación española y en su avance", unas palabras que han soliviantado a los diputados del PP que han empezado a hacer gestos de desaprobación desde sus escaños.

CON LA EDUCACIÓN SE PROGRESA

"Con la educación se progresa", ha sentenciado Martínez Seijo antes de volver a su escaño entre los aplausos de los suyos y de sus socios de Gobierno de Unidas Podemos. También aplaudían la ministra de Educación, Isabel Celaá; el titular de Cultura, José Manuel Uribes, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presente en el hemiciclo porque tenía que presentar un decreto-ley justo después del debate educativo. "Lo hemos vivido con mucha emoción", ha dicho luego la ministra.

En el lado derecho del hemiciclo y en la parte del sector central que ocupa Vox, respondían al júbilo de socialistas y 'morados' puestos en pie y dando gritos de 'libertad, libertad'. La mayoría de estos diputados, especialmente los del PP, acompañaban sus gritos de golpes en los escaños.

En ese momento no estaba en el Salón de Plenos el presidente del PP, Pablo Casado, que había salido a la Plaza de las Cortes a plasmar su firma contra la 'Ley Celaá'.

Batet ha optado por permitir durante casi tres minutos que PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox, expresaran con estos gestos y gritos su parecer ante el avance de la nueva Ley de Educación y no ha hecho comentario alguno ante lo que se estaba viviendo en el hemiciclo.

Y cuando los gritos y aplausos han cesado, después de los tres minutos de escenificación, se ha limitado a decir: "Continuamos con el punto correspondiente".

El Pleno del Congreso vota hoy el nuevo Pacto de Toledo

El Pleno del Congreso votará este jueves las nuevas recomendaciones aprobadas por la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que servirán de orientación para la reforma del sistema público de pensiones, así como los votos particulares presentados por los grupos y que no cuentan con suficiente mayoría para ser incluidos.

En la comisión, las nuevas recomendaciones salieron adelante con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra.

Respecto a la emisión de votos particulares, el PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Junts han declinado emitir votos, dándose por satisfechos con lo aprobado; el PP y Ciudadanos sí han presentado modificaciones al dedicado a los planes de pensiones privados, la formación 'naranja' otro para fomentar la jubilación activa, y ERC y Bildu enmiendas a más de la mitad de las recomendaciones.

Concretamente, el PP quiere suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pedía más transparencia, y pide apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no "eliminar" ni "reducir" sus deducciones fiscales.

Esquerra y Bildu exigen, entre otras cosas, derogar las reformas laborales y de pensiones, la supresión de todo el punto dedicado a los sistemas complementarios, proponen como referencia para las pensiones mínimas el 90% del salario mínimo, que la jubilación por encima de los 65 años sea voluntaria, 'destopar' la base máxima de cotización, calcular la base reguladora de la pensión en los mejores 20 años y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social, en base a los gastos impropios asumidos por esta en los últimos años.

Cs PLANTEA ACELERAR UN SISTEMA DE AHORRO PARA TODOS

Ciudadanos presentó dos votos, uno dedicado a proponer más incentivos a la jubilación activa y acabar con toda penalización sobre la pensión, y profundizar los incentivos para sentar "las bases de un verdadero sistema universal de previsión social complementaria de la Seguridad Social dirigido a todos los trabajadores en activo, por cuenta propia y ajena, durante toda su vida laboral".

Si bien no llega a mencionar el sistema de 'mochila austriaca', desde esta formación señalan que la recomendación sería compatible con este modelo de aportaciones, que se acumularían durante la vida laboral y que podrían ser rescatadas en un momento de desempleo o para complementar la jubilación.

Por su parte, Más País y Compromís defenderán una redacción más comprometida con la eliminación de las penalizaciones a toda persona jubilada de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más, fijando una nueva pensión en función de su base contributiva y años cotizados, y el BNG reclama una batería de medidas, como la recuperación de los 65 años para la jubilación, pensión mínima al 60% del salario medio, cálculo de la pensión en base a los mejores diez años de cotización y el 'destope' de las bases máximas.

UNA RENOVACIÓN PERSEGUIDA DURANTE CUATRO AÑOS

El acuerdo en el Pacto de Toledo pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

El nuevo texto, además, incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad, según el texto pactado por la Comisión.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

SUBIDAS CON EL IPC Y SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS EN TRES AÑOS

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

EXCEPCIONES EN LAS PENALIZACIONES A JUBILACIONES ANTICIPADAS

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión --hasta 25 años en 2022--, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplaza al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

PLANES COMPLEMENTARIOS Y "MECANISMOS INNOVADORES" EN INGRESOS

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".

El Pleno del Congreso vota hoy la 'Ley Celaá', que deberá aprobarse por mayoría absoluta

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá a primera hora de este jueves el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida coloquialmente como 'Ley Celaá', así como las múltiples enmiendas 'vivas' de la mayoría de grupos parlamentarios, que esperan incluirlas en el texto.

La Cámara Baja someterá a debate y votación el dictamen que aprobó el pasado viernes la Comisión de Educación y FP del Congreso tras más de 10 horas de votación de las enmiendas que los grupos parlamentarios defendieron para su inclusión en el articulado.

El apoyo que consiguió la semana pasada el dictamen, que contó con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de este jueves, ya que el dictamen deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), al tratarse de una reforma de una ley orgánica, y los diputados de estas cinco formaciones sumarían precisamente un total de 176 votos a favor.

Si en la votación se consigue la mayoría absoluta, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Pero en caso de no obtenerse la mayoría requerida, el proyecto será devuelto a la Comisión de Educación y FP para que emita un nuevo dictamen en el plazo de un mes.

El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica. De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.

El texto también incluye el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

VOTACIÓN DE ENMIENDAS

Además del dictamen que emitió el pasado viernes la Comisión de Educación y FP del Congreso, también se someterán a votación las enmiendas que cada grupo parlamentario ha registrado al proyecto y que han ido rechazándose en las Ponencias de la Comisión. Estas enmiendas son las denominadas 'vivas'.

Desde Cs dicen que defenderán en el Pleno "todas" las enmiendas promovidas por el partido que no lograron apoyos anteriormente. Según explica en declaraciones a Europa Press la diputada Marta Martín, desde Cs intentarán "arreglar el destrozo" que han hecho PSOE y Unidas Podemos en relación a la libertad de elección de los padres, refiriéndose a la educación concertada y a la Educación Especial, y defenderán sus enmiendas relacionadas con las evaluaciones independientes y la bajada de nivel.

Asimismo, exigirán la retirada de la polémica enmienda que suprime el castellano como lengua vehicular, aprobada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto, ya que se trata, según Martín, de "un atentado contra derechos lingüísticos de todos los españoles".

Vox llevará al Pleno un total de 16 enmiendas, entre las que destaca una para defender la enseñanza en castellano en toda España, otra sobre la asignatura de Religión, otra sobre la defensa de la educación especial y varias sobre la defensa de la educación concertada, según confirma a Europa Press la diputada Georgina Trías.

Y el PP ha anunciado que ha presentado hasta 156 enmiendas al
articulado, entre las que destacan enmiendas sobre la libertad de elección de las familias, sobre un MIR para el profesorado, para defender la educación especial, para reforzar la Alta Inspección Educativa, sobre una evaluación nacional de conocimientos pública, una EBAU pública igual en toda España y sobre la gratuidad de la enseñanza para niños de 0 a 3 años. Asimismo, defenderán una enmienda para que el castellano sea lengua vehicular en toda España, y que permitirá que donde haya lenguas cooficiales puede haber trilingüismo (inglés, castellano y lengua cooficial).

Precisamente, los tres partidos ya anunciaron que, en caso de aprobarse la 'Ley Celaá' este jueves en el Pleno, recurrirían la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) por incluir la eliminación del término "lengua vehicular" al referirse al castellano.

También otros partidos defenderán sus propias enmiendas, como es el caso de Más País que, aunque ha confirmado que votará a favor este jueves, considera que hay cosas que siguen faltando en la Ley, como la implantación de oficinas de escolarización para asegurar un correcto equilibrio del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, la ampliación de la gratuidad de la educación infantil hasta hacerla universal o bajar las ratios a 15 alumnos para Primaria y 20 para secundaria, entre otras cuestiones.

ENMIENDAS DEL GOBIERNO

A pesar de haberse incluido en el texto que será sometido a votación varias de las enmiendas del PSOE y de Unidas Podemos, ambos partidos defenderán sus propias enmiendas.

Desde Unidas Podemos, por ejemplo, intentarán que entren en el articulado enmiendas relacionadas con la bajada de ratios, la asignatura de Ética, una fiscalidad justa y la asignatura de Religión, según ha confirmado a Europa Press el diputado 'morado' Joan Mena, mientras que el PSOE llevará a Pleno una enmienda transaccionada "con varios grupos" pero sobre un tema menor, según ha indicado la diputada socialista Luz Martínez Seijo.

El Congreso debate hoy la propuesta del PP para condenar el comunismo

El PP someterá a debate y votación este jueves en el Congreso una iniciativa con la que pretende que el Gobierno de coalición que comparten el PSOE y Unidas Podemos condene el "totalitarismo comunista", poniéndolo al mismo nivel que el "totalitarismo nazi", y que tenga en cuenta los pronunciamientos del Parlamento Europeo a la hora de relacionarse con "los herederos de ETA".

Se trata de una iniciativa que se debatirá en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja con la que el PP busca que el Congreso inste al Ejecutivo a proceder a esa condena suscribiendo la resolución que, sobre esta cuestión, aprobó el Parlamento Europeo en septiembre de 2019.

Aquel texto, que se aprobó por con 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, defiende que, mientras los crímenes nazis fueron evaluados y castigados en los juicios de Nuremberg, todavía sigue "existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos".

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP destaca que la resolución de la Eurocámara es "histórica" porque "corrige definitivamente la diferenciación que algunas instituciones y líderes europeos han realizado tradicionalmente entre unos totalitarismos y otros", condenando en muchos casos solo los fascistas, pero "justificando u olvidando" a los comunistas.

CRÍMENES COMUNISTAS EN LA REPÚBLICA

El objetivo del PP es que se tenga en cuenta este enfoque en el desarrollo de las políticas de Memoria Democrática, en especial en la norma que ampliará la vigente Ley de Memoria Histórica y que aún está en fase de anteproyecto.

"Se trata de un problema que afecta igualmente a nuestro país, en el que hemos condenado reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos fascistas, pero, sin embargo, no hemos condenado desde las instituciones los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas tanto en la República como en la Guerra Civil", reza la proposición no de ley.

Es más, el PP remarca, aunque sin citarles, que hay "miembros del actual Gobierno aún siguen reivindicando el comunismo y su memoria" e incide en que "una memoria auténticamente democrática debe condenar todos los totalitarismos". "Nuestra Memoria debe incluir la condena del fascismo y del comunismo, y de todos los crímenes cometidos en sus nombres", aduce.

En este sentido, los de Pablo Casado demandan que España "adopte medidas que den cumplimiento a las declaraciones contenidas en la resolución del Parlamento Europeo" y que también las "haga extensivas al tratamiento que se le da a la banda terrorista ETA y a sus herederos políticos" por estar, sostiene, "inspirados en buena medida por el comunismo".