El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, con los únicos votos en contra de PP y Vox. El texto ha contado, así, con el apoyo del 56% de la Cámara (198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones) y ahora continuará con su tramitación en el Senado.

La norma recoge que esta práctica se podrá llevar a cabo en el país a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".

Sobre el proceso, indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es "resultado de ninguna presión externa".

RECOGE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.

Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea de su "mismo equipo del médico". Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso. Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, si no, será el pleno de la comisión quien la tome.

Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".

Antes de la votación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha dirigido al Congreso, para agradecer la aprobación de una norma que, a su juicio, es un avance hacia "una sociedad más humana y más justa". Para Illa, esta medida demuestra que España es "una democracia moderna" y "lo suficientemente madura" como para frontar esta cuestión.

REPROCHES A LA DERECHA

Además, ha agradecido la labor en estos años de las organizaciones de la sociedad civil luchando por esta regulación, a quienes han aportado enmiendas a la norma y, especialmente al PSOE, grupo proponente de la ley, y a la impulsora de la misma, la exministra de Sanidad socialista María Luis Carcedo "por la convicción con la que la ha defendido".

En su intervención en este debate, Carcedo ha defendido el "avance" en "libertad" que supone esta medida y ha reprochado que "la derecha siempre se enzarce" en batallas apocalípticas" durante la tramitación de este tipo de leyes y, "pasado un tiempo asuma" estos avances y "pasado otro tiempo los practique".

La portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, también se ha dirigido a PP y Vox para reprocharles que "nieguen a quienes no tienen dinero" o "no piensen como ellos" el derecho al uso de su "libertad personal". De hecho, Medel cree que a ambas formaciones "no les importa la libertad personal" y quieren "imponer" al resto de españoles "cómo deben morir".

El representante del PNV, Joseba Agirretxea, también ha optado por dirigirse a los partidos que se han mostrado contrarios a esta norma, para recordarles que, como diputados, tienen la obligación de "legislar más allá del código ético de cada uno" y "dar cobertura legal" a quien no tenga los mismos conceptos "de la sobre vida o muerte" que ellos.

APOYOS A UNA LEY "INSUFICIENTE"

De forma similar lo ha expresado el representante de Junts, Sergi Miquel, quien ha recordado que durante la tramitación del texto PP y Vox han hablado mucho de "moral y de fe", dos cuestiones que, en su opinión, no se han de "imponer" y, menos, "en una democracia, en una sociedad avanzada y en un estado aconfesional".

El portavoz de Más País-Equo, Iñigo Errejón, ha coincidido con Carcedo en reprochar a la derecha que siga siempre un "ciclo" en la tramitación de derechos: primero "lo rechazan", luego "lo usan" y después "acaban aceptándolo". Esto es lo hicieron, explicó, con "el sufragio universal, la jornada laboral de ocho horas, la ley del divorcio o el matrimonio igualitario".

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha dirigido a la bancada de PP y Vox para defender una ley que, a su juicio, ha sido un trabajo "responsable" y "sensato" y ha indicado que se trata de "un modelo garantista". "Hoy nadie pierde derechos y avanzamos un poco más en nuestra libertad individual", ha declarado, antes de pedir a la derecha "respeto" para quienes sí apoyan esta medida.

Mientras, formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o CUP, aunque han mostrado su apoyo a la norma sí han reconocido que es "insuficiente" y, por ello, han mantenido vivas en este debate varias enmiendas que, finalmente, no se han aprobado. Estas formaciones han hablado, por ejemplo, de extender el derecho a menores de 16 años, considerar las enfermedades mentales o el cansancio vital para pedir el suicidio asistido, la despenalización completa de esta práctica, o la simplificación de los mecanismos de verificación, entre otras.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Frente a estos argumento, PP y Vox se han mostrado muy críticos en sus discursos. El representante de los 'populares', Ignacio Echániz, ha acusado al PSOE de aprobar esta norma "al final del último día, del último Pleno ordinario" y a través del procedimiento de proposición de ley, "sin informes técnicos ni jurídicos", "sin audiencia pública", "sin estdudios demoscópicos recientes" o "sin permitir las comparecencias de expertos" entre otros, porque es "injusta, inoportuna e incontitucional".

A su juicio, el Gobierno ha aprobado esta ley "frívola" de forma "atropellada y chapucera" en lugar de optar por la "alternativa" de los cuidados paliativos que, según ha señalado, es "encaja en el sentir mayoritario de los españoles" y en la que coinciden organismos y asociaciones internacionales, judiciales y del ámbito sanitario. Echániz ha lamentado esta "derrota" y "fracaso" del "sistema sanitario" y de la "sociedad".

Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Monasterio, ha lamentado que esta después de esta "traición despiadada, inhumana e ilegítima", los partidos a favor lo celebren "al tiempo que firman sentencias de muerte a los más débiles". A su juicio, se esta "quebrantando el derecho a la vida" con esta norma y cree que el Estado prefiere esta decisión porque es "más fácil, más cómodo y económico".

En este sentido, ha acusado a quienes han subido a la tribuna del Congreso a "hacer teatro de manera hipócrita y necia, usando la libertad y la compasión para legalizar el horror vivido en las residencias" y "ahorrarse el ingreso" en las mismas "de las personas mayores". "Recurriremos esta barbarie al Tribunal Constitucional", ha advertido.

Arrimadas pide al Gobierno que no deje a las CCAA las restricciones durante la Navidad y haga un plan nacional

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, en vez de dejar que cada comunidad autónoma establezca las restricciones que considere frente al coronavirus durante las Navidades, muestre liderazgo y plantee un plan nacional.

"Hay medidas en las que el presidente del Gobierno tiene que tomar las riendas. Eso de dejar las restricciones a las comunidades autónomas hace imposible que la gente vea que hay un plan", ha dicho en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press.

Arrimadas comprende que gestionar una pandemia como la del Covid-19 "no es plato de buen gusto para nadie" y que cualquiera que estuviera ahora al frente del Ejecutivo "lo tendría muy difícil".

Pero cree que en España hace falta "más liderazgo a nivel nacional", y ha puesto como ejemplo a la canciller de Alemania, Angela Merkel, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que "están asumiendo en primera persona" las decisiones ante la crisis del coronavirus.

Por otro lado, ha indicado que la formación naranja, desde la oposición, está apostando por dialogar y alcanzar consensos, tanto en el Congreso como en comunidades autónomas donde no gobierna. "Va a haber acuerdos muy importantes en muchas" de ellas, "vamos a apoyar presupuestos y hemos apoyado medidas de la pandemia", ha afirmado, añadiendo que el PSOE, en cambio, "no ayuda mucho" a los gobiernos regionales del PP y Cs.

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que participan todas las comunidades, acordó este miércoles que, en las zonas en las que sea necesario por su situación epidemiológica, los gobiernos autonómicos podrán restringir la movilidad de familiares y allegados y reducir a menos de diez personas las reuniones.

Illa precisó que el plan de Navidad aprobado hace unas semanas --con unas medidas mínimas comunes para toda España-- se mantiene, pero, ante la preocupación por el aumento de los contagios en los últimos días, se permitirá que las comunidades sean "más estrictas" respecto a las restricciones si lo consideran oportuno.

SER "PRUDENTES" PARA TENER UNAS NAVIDADES "SEGURAS"

Durante la entrevista, Arrimadas ha deseado a todo el mundo unas fiestas felices "dentro de lo que cabe" y, "sobre todo, seguras", y ha dicho que en su caso las festejará únicamente con su marido y con su hijo de siete meses ya que no viajarán ni a Andalucía ni a Cataluña para ver a sus familias, aunque conectarán por videollamada para, de alguna manera, "comer con ellos".

Según ha explicado, sus padres y su suegra no ven a su bebé desde el pasado verano. "Imagínate la pena de los abuelos", ha lamentado, señalando que esta situación "dolorosa" la están viviendo muchas familias a causa de la pandemia, pero toca "ser prudentes".

 

La despenalización de los piquetes de huelga supera las enmiendas de PP y Vox y sigue su curso en el Congreso

La proposición de ley para derogar el artículo del Código Penal que contempla penas de cárcel para las coacciones de los piquetes de huelga ha superado este jueves en el Congreso su votación de totalidad frente al intento del PP y de Vox para mantener estas penas, o incluso ampliarlas en el caso de los segundos.

Así, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP, el BNG, Compromís y Nueva Canarias han rechazado sendas enmiendas de totalidad.

En el caso de la enmienda de Vox, que buscaba elevar más las penas de cárcel para los piquetes, el PP se ha sumado al voto en contra y la propuesta solo ha sido apoyada por los de Santiago Abascal.

La proposición de ley, admitida a trámite el pasado octubre, supera ahora su segunda votación ante el Pleno del Congreso y pasa a debatirse ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

El Congreso tumba la moción de Vox contra el plan del Gobierno para frenar las 'fake news', que sólo apoya el PP

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una moción de Vox que buscaba que la Cámara censurara el plan del Gobierno contra las 'fake news' y, entre otras cosas, le obligara a blindar la libertad de expresión en las redes sociales. El texto, sólo ha contado con el apoyo del PP y ha sido rechazado por el resto de grupos.

La moción, que recoge Europa Press, es consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al Ejecutivo del pasado 18 de noviembre.

Según los de Santiago Abascal, el procedimiento contra la desinformación y los bulos activados por el Gobierno atenta contra tres de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución: la libertad de conciencia, de expresión y de prensa. Y, basándose en esta tesis, pretendía que el Congreso instase al Ejecutivo a respetar todos ellos.

EXPRESIÓN Y CÁTEDRA

Así, demandaban que la Cámara le emplazara a "garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones".

En la misma línea, exigían protección y respeto para "la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica" y para "la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes".

En lo relativo al derecho a la información, buscaban que el Pleno hiciera un llamamiento a "salvaguardar y respetar la libertad de información, o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz".

Otro de los puntos de la moción urgía a "garantizar y respetar una comunicación pública libre" por ser "pilar de la organización socio-política establecida por la Constitución, e instrumento indispensable para la participación, sin la cual no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía popular".

NO A LA CENSURA

De la misma manera, Vox buscaba que el Poder Legislativo instase al Ejecutivo a "renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicación, grabaciones y de cualquier otro medio de información".

El último punto de la moción recogía un llamamiento a la renuncia a "cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito de los medios de comunicación, así como en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales".

El abogado de Puigdemont se despide del Congreso responsabilizando a los votantes de Vox del independentismo en Cataluña

El diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, uno de los abogados del expresidente catalán Carles Puigdemont, se ha despedido este jueves del Congreso responsabilizando a los votantes de Vox del auge del independentismo en Cataluña.

Cuevillas ha aprovechado su intervención en la proposición de ley para eliminar las penas de cárcel para los piquetes de huelga para decir adiós al Congreso tras haber sido elegido para ir en las listas de Junts a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

Y se ha despedido haciendo algo que "jamás" pensó que haría, y es "dar la razón al portavoz de Vox", Iván Espinosa de los Monteros, quien horas antes apuntaba que el partido de Santiago Abascal representaba a más españoles que los que sumaban todas las fuerzas independentistas juntas.

"Sí, debo darles la razón, representan a muchos más españoles que todos nosotros juntos porque nosotros no representamos a españoles sino a los catalanes, vascos y gallegos que quieren dejar de ser españoles, entre otras cosas porque hay tantos españoles que les dan soporte a ustedes", ha dicho.

Cuevilas ha concluido su discurso deseando unas buenas fiestas a todas sus señorías y una feliz entrada en el 2021 a unos y a otros "en el siglo XXI".

Vox censura al resto de diputados por su vestimenta, falta de decoro y no estar "capacitados": Somos mejor que ustedes

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha censurado este jueves al resto de diputados por su vestimenta, su falta de decoro, su tono inadecuado y su incapacidad para ocupar un escaño en el Congreso. "Somos mejor que ustedes, mucho mejores, y lo vamos seguir siendo", ha clamado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el Pleno del Congreso tras "el espectáculo bochornoso" que, a su juicio, tuvo lugar este miércoles en la Cámara Baja contra su partido.

Se refería a las descalificaciones que la mayoría de grupos dirigieron a los de Santiago Abascal, a los que los llamaron "machistas, xenófobos, racistas, pijos" y hasta "señoritos" durante el debate de una moción de Vox contra el plan del Gobierno para vigilar las campañas de desinformación y 'fake news'. Y, singularmente, la "pija" y "mala persona" que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, dedicó a su compañera de Vox Rocío de Meer.

ASÍ ES MUY DIFÍCIL

Espinosa de los Monteros ha señalado que resulta "muy difícil" aguantar este tipo de actuaciones por parte del resto de sus señorías pero que si lo hacen es "por sentido de la responsabilidad" con los más de cuatro millones de españoles a los que representan.

Y aunque ha reconocido tener "menos experiencia" que algunos de los diputados que actualmente forman parte del Congreso --"algunos de ustedes son incluso abuelos", ha dicho--, sí ha afirmado que los 52 parlamentarios de Vox tienen "la madurez suficiente" para entender que no están en la sede de la soberanía nacional para compartir sentimientos sino las ideas de sus votantes. "Y por eso --ha apuntado-- nos reservamos lo que pensamos o sentimos acerca de algunos de ustedes, por respeto a ellos".

"Pero también por respeto a los trabajadores de esta Cámara, muchos de los cuales visten uniforme, nos comportamos con el debido decoro, empleamos el tono adecuado y portamos la vestimenta apropiada para la alta función para la que hemos sido elegidos y mostramos la restricción y contención que ustedes son incapaces de mostrar a diario demostrando que no están capacitados para la función que han sido elegidos", ha añadido.

PODEMOS DENUNCIA "AMENAZAS"

Su discurso ha recibido enseguida respuesta por parte de la diputada del PSOE Patricia Blanquer, quien le ha criticado por su actitud "amenazante y violenta". "Su corbata no le da ninguna dignidad. La pierde toda con su actitud amenazante y violenta. Ya está bien", ha dicho.

Y también en las redes sociales donde la portavoz adjunta de Unidas Podemos Sofía Castañón ha denunciado que diputados de Vox hayan "amenazado" a otros compañeros minutos antes de las palabras de Espinosa de los Monteros. "En menos de 24 horas señorías de Vox han ido a los escaños de dos diputados a amenazarlos", cuenta Castañón sin revelar sus nombres.

El Gobierno valida en el Congreso, sin PP ni Vox, el decreto para ampliar avales ICO y la moratoria concursal

El Gobierno se ha asegurado este jueves apoyos suficientes en el Pleno del Congreso para convalidar el decreto ley que incluye la ampliación de la línea de avales ICO, la moratoria concursal, el blindaje a empresas cotizadas y la rebaja del IVA a las mascarillas aunque, eso sí, el PP y Vox han anunciado que no apoyarán el texto, por recoger también otros asuntos, y han censurado la política del Ejecutivo para hacer frente a la crisis.

En concreto, los 'populares' han criticado la regulación de hidrocarburos contenida en el decreto, la "estafa" en la bajada del IVA de las mascarillas y el aumento del endeudamiento, así como "el autoritarismo, las prisas atropelladas y la imposición" con la que, a su juicio, ha operado el Gobierno. "El crédito se ha acabado", ha espetado su diputado Juan Diego Requena.

Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha declinado apoyar el decreto para evitar "que se siga banalizando" el poder legislativo por una gobernanza a golpe de decreto y, además, ha lamentado la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

CRÍTICAS "TÓXICAS FALTONAS Y POPULISTAS"

La portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, ha replicado que estas críticas "son un pozo sin fondo", pero que además son "tóxicas, faltonas y populistas". "Donde ven tibieza e insuficiencia, nosotras vemos resiliencia, responsabilidad y prudencia", ha defendido.

En su defensa del decreto, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha celebrado que las medidas adoptadas adaptan y amplían la "red de seguridad" a empresas y rentas familiares y ha defendido la adaptación de medidas como fórmula para garantizar la eficiencia de las mismas, ante la evolución de la pandemia.

Para la vicepresidenta tercera, el acompañamiento de las empresas para proteger empleos y rentas "es la vía para proteger la economía y preservar la base" de cara a facilitar "una recuperación en las mejores condiciones posibles".

Por otro lado, anticipando las exigencias de la oposición para la aprobación del anunciado plan de apoyo a negocios de hostelería y turismo afectados por las nuevas restricciones por la pandemia, Calviño ha señalado que "casi un tercio" de la línea de avales ICO se ha dirigido hasta ahora al turismo, el ocio y la cultura, bienes de consumo, industria, textil y moda, y comercio minorista, por lo que constituyen a su juicio un apoyo "muy notable" de protección.

ERC, Cs, PNV Y PDeCAT AVALAN LA CONVALIDACIÓN

El Gobierno sí ha encontrado el apoyo de Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT a la convalidación del decreto ley, celebrando medidas como la adaptación de la línea de avales o la prórroga de la moratoria concursal. Eso sí, estos grupos quieren poder presentar enmiendas y, por eso, han pedido tramitarlo como proyecto de ley.

Además, varios diputados como Joan Capdevila (ERC) han conminado al PSOE y Unidas Podemos a facilitar la tramitación de todos los anteriores decretos que la Cámara aceptó tramitar como proyectos de ley pero que se han quedado 'congelados'.

También han afeado el retraso a aplicar una rebaja del IVA a mascarillas, o incluso su insuficiencia, según ha dicho la diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez Granados, quien ha denunciado que se deje fuera a mascarillas higiénicas y geles hidroalcólicos. Para Ferrán Bel, del PDeCAT, esta medida perjudica a productos reutilizables y ha reivindicado que "la economía circular se debe pregonar y también aplicar".

Cs también ha lamentado el régimen de protección a las empresas estratégicas para evitar la compra de acciones por entidades extranjeras, lo que a su juicio "altera de forma sustancial" la regulación de las inversiones y que "parece que se va a quedar de forma permanente".

Finalmente, Juantxo López Uralde, de Unidas Podemos, ha señalado que la referida directiva de hidrocarburos "puede quedarse obsoleta", asegurando que "no es creíble" que el gas pueda postularse como una fuente de energía de régimen "transitorio" dentro de la lucha contra el cambio climático.