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Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.
Después de que la negociación de enmiendas haya llegado hasta el final del pleno, pasadas las 19.00 horas, la diputada del PP Ana Guarinos, ha agradecido la disposición de los socialistas de transar algunas de sus 67 enmiendas, al tiempo que ha destacado que su grupo ha retirado otras en aras de "buscar el acuerdo".
Guarinos ha argumentado la abstención en que no se han podido incorporar a la ley cuestiones "fundamentales" demandadas por el PP como que "el okupante ilegal no puede gozar d la condición de morador; como el desalojo exprés en un plazo máximo de 12 horas o como el lanzamiento inmediato de la autoridad judicial".
De su lado, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha lamentado la abstención del PP, pues se han aceptado "hasta el 80%" de sus enmiendas. "Entendíamos que, tras el esfuerzo, tendríamos el voto unánime de los tres grupos. Hoy los ciudadanos pueden ver una vez que no hemos pasado el rodillo", ha aseverado.
Asimismo, el parlamentario de Cs Alejandro Ruiz ha pedido disculpas por la "tardanza" en culminar la votación, y ha alabado el interés y la voluntad de conseguir el acuerdo.
LEY QUE TOMA LA INICIATIVA
Una ley con la que Castilla-La Mancha "toma la iniciativa" y declara "una política de tolerancia cero" contra la okupación ilegal, según ha defendido el consejero de Fomento castellanomanchego, Nacho Hernando, durante su debate en el Parlamento regional.
Ciudadanos presentó a esta iniciativa nueve enmiendas, de las cuales dos han sido retiradas y siete han sido transadas. El PP presentó 67 enmiendas y en comisión, según han explicado a Europa Press fuentes 'populares', se aceptaron o se transaron 20, por lo que al pleno han llegado 'vivas' 47. Al dictamen, aprobado el pasado jueves, también se incorporó otra enmienda del PSOE.
El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha adelantado que la formación naranja va a votar a favor de la ley contra la okupación ilegal. "Le pena es que creemos que" esta iniciativa parlamentaria no va a ser "muy bien recibida" en Madrid por los socios del Gobierno del PSOE, en referencia a Podemos.
Según ha explicado, en términos generales lo primero que está en el ánimo, tanto de Ciudadanos, como de la Consejería de Fomento, es diferenciar la okupación social, de lo que son unos "jetas" y unos "caraduras", que es a los que hay que castigar, ha destacado Ruiz.
Ha indicado que desde Cs se ha ampliado el sistema de penas, de tal modo, que no solo se castigue al okupa sino que a los que están alrededor de la okupación, como por ejemplo, las personas que buscan pisos para okupar, que, a su entender, también tienen que recibir su castigo.
PP Y EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DE LA LEY
Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha asegurado que le "resulta curioso" que PP y PSOE presentaran a la vez dos leyes contra la okupación ilegal, unas iniciativas que, a su juicio, se podrían haber tramitado conjuntamente, pero los socialistas "no han querido".
Este comienzo del recorrido de la ley refleja, según ha afirmado, "el carácter ideológico" que los socialistas --ha dicho-- le están dando a la okupación ilegal. Pese a todo ello, ha recordado, el PP ha manifestado una "buena disposición" y votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa del PSOE y ha presentado enmiendas.
"Algunas enmiendas se han transado, las menos, y otras se mantienen, y lo que nosotros queremos es seguir debatiendo con (los socialistas) para conseguir que las modificaciones que se introduzcan sean útiles y que aprobemos una ley para prevenir la okupación ilegal, para disuadir al okupa y para echar al okupa", ha dicho.
"No podemos aprobar una ley que sea garantista para el okupa y perjudicial para el propietario", ha dejado claro Guarinos, quien ha pedido al PSOE que mire "con cariño" y acepte las enmiendas que ha propuesto el PP porque son "sensatas y serias".
PSOE Y LA ÚNICA VOZ QUE SE ESCUCHE EN CLM
La socialista Marisa Sánchez ha invitado a PP y Ciudadanos a apoyar esta propuesta y que, de esta manera, la voz de los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes sea "la única voz" que se escuche desde Castilla-La Mancha en el Gobierno de España.
"Si así lo hacemos --ha apuntado-- habremos defendido los intereses de los ciudadanos de la región y conseguiremos agilizar los procesos y el endurecimiento de las penas, que tienen que ser proporcionales a la acción delictiva".
Sánchez ha defendido que esta ley es un texto "serio" que, a su entender, hay que hacer llegar de manera conjunta al Gobierno de España, porque "estamos ante un problema real" y "estamos todos comprometidos a aportar soluciones a la ciudadanía, que eviten que el agresor tenga mayor respaldo jurídico que la víctima".
La diputada socialista ha explicado que están encima de la mesa algo más de 22 propuestas transaccionales para poder llegar a acuerdos, por lo que ha invitado al PP a que se sienten a negociar a lo largo de la mañana.
De su lado, la socialista Ana Isabel Abengózar ha criticado al PP por dar a entender que el PSOE quiere dar protección al okupante, al tiempo que ha defendido que esta ley plantea mayores penas.
HERNANDO: TOLERANCIA CERO CONTRA LA OCUPACIÓN
Ha zanjado el debate el consejero de Fomento, quien ha afirmado que el PP tiene la oportunidad de sumarse a este texto "hasta el último segundo del último minuto antes de la votación". Un texto "serio, trabajado y consensuado con numerosos alcaldes y alcaldesas".
Así, ha defendido que independientemente de que el problema de la okupación sea competencia o no del Gobierno regional, "Castilla-La Mancha va a ser pionera, toma la iniciativa, toma la bandera, y declara una política de tolerancia cero contra la okupación ilegal".
"Ofrecemos más penas, más agilidad en el proceso, más eficacia, más margen de maniobra para las administraciones, en definitiva, más justicia porque lo que entendemos es que por supuesto no puede haber un planteamiento en el que dé la sensación de que el okupa tiene mayor cobertura legal que la víctima", ha enfatizado Hernando.
Ha lamentado que la negociación que su departamento ha tenido con el PP "se pueda contar en horas y no en días", y ha puesto a disposición de los 'populares' todo su equipo, presente en las Cortes, para negociar sus enmiendas a lo largo del día.
"Hoy Castilla-La Mancha va a tener una ley antiokupas que va proponer al conjunto del país, y en su mano está sumarse a esta oportunidad de oro", ha dicho a la bancada del PP.
El pleno de las Cortes ha aprobado este jueves por unanimidad instar al Gobierno de la región a que, soliciten al Gobierno de España que, en el marco del grupo de trabajo correspondiente del Sistema Nacional de Salud, se analice, conforme a los criterios de la comunidad científica, la retirada del visado que pesa sobre el tratamiento de la triple terapia cerrada para la EPOC.
El origen del debate ha estado en una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular aunque finalmente los grupos han llegado a trasaccionar un texto de resolución conjunto.
En ese texto, las Cortes de Castilla-La Mancha manifiestan su disposición a la visibilización de los pacientes diagnosticados por EPOC, "como colectivo especialmente vulnerable en esta pandemia", y que se faciliten cuantas acciones sean necesarias para su detección temprana desde la Atención Primaria y en cuanto afecte a la Atención Hospitalaria, impulsado aquellas pruebas diagnósticas que sean necesarias, sobre todo, una vez pase la actual situación de riesgo de contagio para los posibles pacientes en las áreas de consulta.
Igualmente, solicitan que se reconozca la vulnerabilidad de estos pacientes, instando al Gobierno de Castilla-La Mancha a que tenga en consideración las especiales consecuencias de la COVID-19 en los pacientes con EPOC y adopte las medidas oportunas y específicas para estos pacientes, con la finalidad de aliviar su actual situación derivada de la pandemia y su enfermedad, y a reforzar las campañas de prevención contra el tabaquismo y otros hábitos nocivos.
Desde el PP, el diputado Juan Antonio Moreno ha mostrado su satisfacción ante esta propuesta conjunta y ha confiado en que sirva "de paradigma de que el PP se puede sentar para llegar a acuerdos".
En el mismo sentido, el socialista José Antonio Contreras, ha agradecido el consenso, ha destacado que en torno a esta enfermedad crónica es "clave" ir de la mano de las asociaciones.
La parlamentaria de Cs, Úrsula López se ha felicitado también por el consenso alcanzado en torno a una enfermedad cuya prevalencia, aunque no es tan alta en la región como en otras comunidades autónomas, sí afecta a más del 11 por ciento de la población.
La mayoría absoluta del PSOE ha votado en contra la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Ciudadanos y apoyada por el Grupo Popular en la cual se reclamaba desarrollar alternativas de conciliación para las familias afectadas por el cierre temporal de centros educativos en caso de un nuevo confinamiento, reclamando la creación de un servicio de cuidadores en el hogar destinado al alumnado de educación especial.
Según el texto de Cs debatido y rechazado en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, se sugería articular el traslado domiciliario de los recursos específicos de los centros de educación especial como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas a los domicilios de las familias que lo demanden cuando estos centros educativos sufran un cierre temporal o los alumnos estén dentro de una cuarentena.
En virtud de la propuesta narja, cuando el traslado al domicilio de los recursos no sea posible se desarrollará una teleintervención como último recurso que asegure la continuidad de las actuaciones de los centros.
Pretende igualmente Cs incluir una partida dentro de los Presupuestos Generales de la Junta destinado a facilitar la conciliación de las familias con hijos con discapacidad para ser desarrollada por servicios públicos o entidades del tercer sector; así como incluir cuantías para facilitar el traslado domiciliario de los recursos específico.
La portavoz de Cs en el Parlamento regional, Carmen Picazo, ha argumentado desde la tribuna de oradores que los problemas de conciliación derivados de esta casuística repercuten especialmente en el segmento poblacional femenino.
En su opinión, "no se puede tolerar que por cerrar un centro de educación especial este alumnado no reciba sus terapias", alertando de las "consecuencias" en su desarrollo formativo.
"Es un problema que existe y es real. Esperamos que se adapten políticas útiles. Desde este estrado, les pedimos que no nos dejemos llevar por ideologías", ha dicho, pese a lo cual ha vuelto a introducir el debate de la Ley Celáa en este punto del orden del día.
PP REITERA SU CRÍTICA A LA LEY CELÁA
El diputado del Partido Popular Vicente Aroca ha sido el encargado de poner voz a la postura de su grupo parlamentario, anunciando su voto favorable a la premisa expuesta por Ciudadanos. Según ha argumentado, es algo "lógico, oportuno y coherente".
Eso sí, ha dedicado parte de su intervención a sacar a relucir el debate por la ley educativa aprobada a nivel nacional, reparando en que "en cientos de ciudades hay manifestaciones y millones de personas firman" contra esta normativa. De su tiempo de alegato, ha dedicado prácticamente la totalidad a abundar en las críticas contra una norma estatal.
Sin dejar de lado la temática central del alumnado con alguna discapacidad, ha repasado las a su juicio carencias del nuevo texto legislativo al respecto.
PSOE CARGA CONTRA EL "DÍA DE LA MARMOTA" 'POPULAR'
La parlamentaria socialista Diana López ha dado la réplica a Vicente Aroca para reprocharle volver a sacar la Ley Celáa fuera de contexto en un debate sobre conciliación.
Desde el PP, ha dicho, "están ahora muy interesados por la educación, pero el señor Núñez no está en ninguno de esos plenos. Si estuviera aquí, nos demostraría su interés". También ha cargado contra Cs indicando que su postura contra la Ley Celáa radica en "meter miedo" en cuanto al cierre de centros de educación especial.
Entrando en materia al respecto de la proposición de Cs presentada en este debate, ha defendido que el PSOE "ya se están haciendo" algunas de las premisas reivindicadas en la propuesta. "Ustedes tocan a la puerta que no deben sólo por hacer ruido por la educación especial".
Ante la petición de que los educadores acudan a los domicilios en caso de confinamiento, ha considerado una "irresponsabilidad" abrir la puerta a esa posibilidad. "Se echaban las manos por la vuelta a las aulas y ahora piden esto".
RODRÍGUEZ VE "DESCONOCIMIENTO" DE CS EN SUS PLANTEAMIENTOS
La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Rosa Ana Rodríguez, ha querido tomar la palabra para cerrar el debate previo a la votación para asegurar que el Gobierno regional trabaja en apoyar a todas las familias con hijos que precisen de atención especializada.
Ha querido defender la opinión de los orientadores educativos al respecto de cómo cubrir las necesidades de este tipo de alumnado.
Rodríguez ha sacado a relucir que el Gobierno de la región ya cuenta con un plan que "contempla todas las necesidades" de cualquier tipo de alumnado. Sobre las premisas expuestas por la Proposición No de Ley de Ciudadanos en el texto rechazado, ha dicho que demuestra "cierto desconocimiento" sobre el funcionamiento de los centros de Educación Especial.
Trasladar todo el operativo de estos centros a domicilios en caso necesario es algo inviable según la consejera, al tiempo que ha considerado que los cuidados a los que se refiere la formación naranja en su texto responden más a aspectos médicos que educativos.
El pleno de las Cortes regionales ha aprobado este jueves el compromiso unánime de PSOE, PP y Cs de ser firmes para trabajar "desde la unidad parlamentaria" en todas aquellas medidas encaminada a la eliminación de la violencia de género y en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Ha sido tras la votación de la Resolución de la Comisión de Igualdad en relación con el Informe de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha del año 2019, que fue previamente consensuada por los tres grupos parlamentarios en la Comisión de Igualdad del Parlamento autonómico.
En el texto, los parlamentarios expresan su rechazo y condena ante todo tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres, ya sea física, psicológica, laboral, sanitaria, económica o sexual, "pues constituye una violación grave de los derechos humanos de mujeres y niñas, y un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres".
Manifiestan, un año más, su "dolor y repulsa ante los crueles e inhumanos asesinatos de mujeres y menores que se producen en nuestro país y de una manera muy especial a los ocurridos en Castilla-La Mancha" y destacan que, especialmente en el contexto que ha provocado la pandemia, "la lucha contra la violencia de género es una prioridad", considerando necesario establecer mecanismos y poner a disposición todos los recursos necesarios para prevenirla y proteger a las víctimas.
Los tres grupos políticos declaran necesario "desarrollar acciones y actuaciones para la prevención, la concienciación y la sensibilización de toda la sociedad, con el objetivo de evitar nuevos casos y dotar de herramientas para la detección de la violencia, el machismo y el sexismo, especialmente entre las personas más jóvenes, con el objetivo de construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva".
Igualmente, reconocen y agradecen el "importante esfuerzo" que realizan las entidades, asociaciones y administraciones públicas de nuestra región, en la prevención de la violencia de género y protección a las víctimas, y ponen de relevancia el "importante trabajo realizado durante los meses de confinamiento para que ninguna mujer quedase desprotegida".
En este contexto, la resolución también pide al Gobierno de España que continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y que siga dotándolo de presupuesto suficiente para la implementación de medidas y actuaciones encaminadas hacia una sociedad más igualitaria.
Al Gobierno regional le solicitan que continúe impulsando recursos, programas y servicios para poder atender de manera integral y efectiva las demandas y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y sus familias, y seguir con la puesta en marcha de políticas con perspectiva de género para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres.
La resolución está firmada por la diputada del PSOE Rosario García Saco, el parlamentario de Cs David Muñoz y la diputada del Grupo Popular María Roldán.
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha defendido con "rotundidad y contundencia" que "la educación concertada está blindada y segura" en Castilla-La Mancha, en referencia a las críticas del PP sobre la 'Ley Celaá'
Así ha reaccionado la titular del ramo en respuesta a una pregunta oral del líder del PP, Paco Núñez, en el pleno de las Cortes, en la que ha pedido a Rodríguez que se pronuncie sobre la propuesta de la Comunidad de Madrid de garantizar los conciertos con los centros concertados y los de educación especial por un periodo de diez años.
Rodríguez ha señalado que antes de pedir un pronunciamiento de su departamento, el PP debería aclarar su posición al respecto, porque en regiones como Castilla y León y Andalucía, donde gobiernan los 'populares', han manifestado que el concierto con estos centros no es necesario.
En otro orden de cosas, sobre la incidencia del coronavirus en residencias de Sigüenza (Guadalajara), en respuesta a una pregunta de Ciudadanos, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha manifestado que las tres que existen en el municipio --privadas-- no tienen casos positivos con datos actualizados este jueves.
El diputado de Cs Alejandro Ruiz ha demandado un desglose de la incidencia, a lo que Sánchez ha precisado que la residencia San Mateo tuvo 18 residentes positivos y dos fallecidos por COVID-19; la de la Alameda tuvo 73 residentes positivos y 30 profesionales contagiados y la de Padre Saturnino López Novoa, tuvo el 90% de residentes positivos y 9 fallecidos por la enfermedad.
Se han abordado otros asuntos en el turno de preguntas orales como la creación del banco de leche materna en Castilla-La Mancha --preguntado por la diputada de Cs Úrsula López--, a lo que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha contestado que, aunque se han hecho peticiones de información a las gerencias sanitarias sobre los bebés que precisarían de leche materna y las potenciales donantes, no se ha podido avanzar mucho más en su creación, por el contexto de la pandemia, y ha remarcado que es un compromiso que se llevará a cabo y que queda reflejado en los presupuestos en 2021.
Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desarollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que la ejecución de proyectos de mejora de caminos rurales está terminada y pagada y que el Gobierno regional no va aumentar la carga tributaria en 2021, tras las preguntas de los parlamentarios del PP Miguel Ángel Rodríguez y Emilio Bravo.
PP y Ciudadanos han criticado este jueves "el asalto" del Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos al poder judicial, mientras que el PSOE y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, han pedido a los diputados regionales del PP que pidan a su jefe, Pablo Casado, que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así "se acabó el problema".
Este debate se ha producido en el pleno de las Cortes, a petición del Grupo Ciudadanos, que por boca de su presidente, Alejandro Ruiz, ha cargado contra el PSOE y el PP por llevar años pactando "los sillones" del Consejo General del Poder Judicial. "No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al PP cuando habla de independencia".
"Lo que pretenden el PSOE, Podemos, ERC y Bildu es quitar potestad al CGPJ porque ahora no les interesa" y por eso el PSOE --ha denunciado-- "presiona" al PP para que "vuelva a la senda del mercadeo de los puestos del CGPJ" y "poner en los sillones a los suyos", porque "eso es lo que más le mola", ha enfatizado.
Ruiz ha dicho que "no podemos permitir que se salgan con la suya y que se mantenga el mercadeo en el Consejo General del Poder Judicial", por lo que Cs propone que sean los propios jueces quienes determinan los órganos de gobierno de los jueces. "Si eso existiera, no habría que esperar a que PSOE y PP se pongan de acuerdo".
Finalmente, ha advertido de que la independencia del poder judicial "nos afecta a todos", porque "los jueces y magistrados que se van a nombrar en nuestros juzgados y tribunales van a venir designados por estas leyes que se están aprobado de manera torticera en Madrid con el aplauso de los diputados del PSOE, Podemos y Bildu".
PP Y EL GOLPE DE ESTADO CON GUANTE BLANCO
De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, ha pedido al PSOE de Castilla-La Mancha "coherencia" en su discurso y que "abandone" las instituciones si no "tienen el coraje" de defender la democracia y la Constitución desde las Cortes.
Se ha hecho eco de varios titulares de medios de comunicación en los que se dice que 'Sánchez chantajea a Casado con anular el CGPJ si no lo renueva' o que 'Sánchez llama al líder de la oposición para presionarlo' para censurar que "el PSOE está poniendo en peligro la democracia".
Ha acusado al PSOE de querer "dominar" el CGPJ para "cambiar el sentido de la justicia", "una verdadera aberración y un intento de golpe de estado con guante blanco".
Así, ha insistido en criticar el "asalto" del Gobierno de Sánchez al poder judicial y ha emplazado a los nueve diputados del PSOE por Castilla-La Mancha a votar en contra de la ley que en este momento "ataca" el CGPJ, la justicia y el estado de derecho.
PSOE, LA KITCHEN Y LA GÜRTEL
Por parte del PSOE ha tomado la palabra el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, quien ha instado a Lola Merino a pedir a los 88 diputados del PP y a todos los de Castilla-La Mancha que se pongan de acuerdo con el Gobierno de España y con el PSOE para nombrar la renovación del CGPJ.
"A ver si lo que ocurre es que el partido de la oposición prefiere tener un CGPJ dócil para seguir nombrando jueces y magistrados que les vengan bien por aquello de la 'Kitchen' o la 'Gürtel'", ha denunciado el diputado socialista, quien ha afirmado que tiene la sensación de que el COVID "nos ha vuelto locos a todos".
Ha acusado al PP de querer "retorcerlo" todo y ha aseverado que los castellanomanchegos están hartos de la política a nivel nacional, esa en la que "los trastos se los tiran unos a otros". "Ustedes quieren trasladar este tipo de política a Castilla-La Mancha", ha echado en cara a la bancada 'popular'.
"Aquí los ciudadanos son bastante más tranquilos y sensatos, tienen sentido común y saben quién es Emiliano García-Page", ha declarado Fernando Mora, quien ha recordado que la renovación de los miembros integrantes del Consejo del Poder Judicial lleva más de dos años de retraso.
En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, quien ha pedido a todos los diputados del PP en el Congreso que le digan a Casado que pacte la renovación del CGPJ y "se acabó el problema". "Ustedes se arrogan quién defiende y quién no la Constitución en este país", ha reprochado al PP.
Ha recordado que el CGPJ lo elige en una parte importante el Congreso y el Senado. "Por algo sería cuando en el 78 se quiso poner esa prevención. Nos puede gustar más o menos, señor Ruiz, pero es la Constitución española", ha sentenciado.
RESOLUCIONES
En sus resoluciones, Ciudadanos piden a las Cortes de Castilla La Mancha condenar cualquier injerencia por parte del Ejecutivo o el Legislativo en el Poder Judicial, mientras que el PP solicita retirar de forma inmediata la Proposición de Ley Orgánica por la que PSOE y Unidas Podemos pretenden la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "quebrantando" la separación de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
El PSOE, por su parte, exige a todos los partidos que integran el Congreso de los Diputados y el Senado a que procedan de forma inmediata al cumplimiento estricto del artículo 122.3 de la Constitución, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referido a la renovación de los miembros integrantes del Consejo del Poder Judicial, y que "inexplicablemente" lleva más de dos años de retraso, "impidiendo que esta Institución básica y fundamental de la Estructura del Estado desempeñe sus funciones en consonancia con lo que la Ley y la normalidad democrática exigen y obligan".
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha pedido a las agencias de viajes y demás de profesionales relacionados con el sector del turismo que no caigan en la "demagogia" de los que, desde que se inicio la crisis del COVID-19, "intentan pescar en río revuelto". También les ha instado a que "discriminen" a los que, como el Gobierno regional, "no ha parado de trabajar ni un solo minuto y se deja la piel" en la búsqueda de respuestas.
La titular regional de Economía ha realizado estas manifestaciones en el pleno de las Cortes, donde coincidiendo con el debate propuesto por el PP, se han manifestado representantes de agencias de viajes para pedir el Ejecutivo regional medidas que compensen sus pérdidas y crítica situación.
Franco, que ha defendido que el COVID "ha roto los principios básicos de funcionamiento de mercado y hace que todos nos sintamos amenazados en nuestros puestos de trabajo, no solo los de las agencias de viaje", ha admitido que "hay mucha gente descontenta".
En tono muy crítico, la consejera, que ha acusado al PP de querer "transformar las quejas en votos", les ha advertido de que no a crear "más mesas de trabajo", como los diputados 'populares' y de Ciudadanos le han pedido de forma previa, pues considera que ya se han establecido los puntos de trabajo e interlocución necesarios. Por ello, les ha espetado que "dejen de generar ruido en la calle" y se pongan a trabajar.
Tras recordar que la pandemia tiene efectos sobre el turismo mundial, no solo sobre el de la región, ha explicado y detallado que, hasta el momento, el Ejecutivo regional ha invertido 32,7 millones de euros en diferentes líneas de apoyo al sector, unos fondos, que aunque "siempre son insuficientes", porque "hay que dar respuesta a mucha gente", han llegado a un total de 204 agencias de viajes con sede en la región.
Además, ha recordado que los presupuestos de 2021 son los "más ambiciosos" de toda la historia de Castilla-La Mancha para el turismo, con 29 millones de euros para una Dirección General que es la que más crece de toda la Consejería, y pone más de 21 millones de euros más.
Dicho esto, ha defendido que su departamento "no estará haciendo tan mal las cosas", cuando los datos de pernoctaciones, de turismo rural y empleo de la región se sitúan por encima de la media nacional y "de muchos mercados turísticos, donde ustedes gobiernen y sacan aquí como paradigmas", ha respondido a PP y Cs.
Y es que según la consejera, entre enero y octubre, la caída registrada por Castilla-La Mancha en cuanto a pernoctaciones hoteleras ha sido de 57,3 por ciento, frente al descenso del 72,2% nacional o el 67,10% contabilizado por Andalucía.
Por todo ello, y con los presupuestos regionales y los futuros fondos europeos que llegarán a la región a su favor, la consejera se ha mostrado convencida de que el sector turístico regional "saldrá adelante" cuando se recupere turismo internacional y la movilidad. Mientras tanto, Franco ha asegurado que seguirá trabajando en "esa doble velocidad de dar respuesta y poner luces a largo".
PLAN DE EMERGENCIA
De forma previa, el parlamentario de Ciudadanos David Muñoz Zapata, tras evidenciar la buena salud que el turismo presentaba en 2019, pues la región contaba con 4.655 establecimientos turísticos, 506 agencias de viaje, 242 empresas de turismo activo y un total de 51.622 trabajadores, ha asegurado que el cierre de fronteras y la poca movilidad impuesta por el COVID ha situado al sector "al borde de la quiebra", reclamando por ello un plan de emergencia.
Y es que Muñoz Zapata ha criticado que las iniciativas del Ejecutivo regional no están funcionado, pues además de implicar mayor carga burocrática para las agencias de viaje, les subvenciona en la captación de clientes "que no llegan". "Es como subvencionar a un beduino para que venda arena en el desierto", ha comparado.
Por ello, y tirando de lo contenido en la Constitución, que contempla que cuando una administración provoca un deterioro en un bien o derecho de un particular debe pagarle indeminzación, el responsable de Ciudadanos ha defendido que el Gobierno regional debe pagar a las empresas del sector "por obligarles a cerrar".
"El sector del turismo debe ser declarado zona catastrófica, es la zona cero de la pandemia", ha insistido el parlamentario de la formación naranja, que ha pedido a la consejera que "no se encabezone", reoriente los incentivos económicos y el Plan Regional de Turismo y articule ayudas a fondo perdido, que son "a fondo ganado", porque evitan el cierre de negocios.
EL SECTOR, "HERIDO DE MUERTE"
De su lado, la parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, Gema Guerrero, ha recordado a la consejera la obligación del Gobierno regional de solucionar los problemas de las agencias de viajes y de los profesionales del turismo en general, que "están heridos de muerte".
Y es que la diputada del PP, que ha alertado del cierre de hoteles y agencias de viajes, de que los guías no tienen trabajo, de que las empresa de transporte están arruinadas o del desplome de las pernoctaciones, ha afeado al Ejecutivo regional "no hacer nada mientras espera que todo pase", pues considera que las medidas que ha articulado, como el Bono Turístico no han surtido efecto.
Dicho esto, ha reprochado tanto al PSOE como al Gobierno de Emiliano García-Page que haya rechazado las enmiendas parciales que su formación ha presentado para que los presupuestos regionales sumen líneas de ayudas para el sector, alertando de que ese rechazo va a generar más paro y una región "más empobrecida".
De ahí que haya pedido al PSOE que apoye la propuesta de resolución de su partido, que además de reclamar una mesa de turismo para rescatar agencias de viaje y potenciar sinergias con otros sectores, aboga por crear una estretagia que fomente el turismo dentro de Castilla-La Mancha.
En caso de que sus medidas no salgan adelante, Guerrero ha avisado de que el PP volverá a elevar a las Cortes iniciativas para que el Gobierno regional rescate al sector.
NO HAY CULPABLES
Mientras, la responsable del PSOE María Jesús Merino, tras reprochar al PP y Cs su afán de "encontrar culpables" de la tesitura que presenta el sector, les ha asegurado que no los encontrarán ni en la región ni en ninguna otra parte, pues es una problemática mundial generada por una crisis "inesperada".
Tras asegurar que cada Ejecutivo tiene "su manera de hacer las cosas", ha defendido que la Consejería de Economía ha estado trabajando y buscando paliativos con especial sensibilidad hacia la hostelería y el turismo, y aunque no han dado con una solución "mágica, porque no la hay", si que han articulado herramientas y ayudas en un tiempo récord.
RESOLUCIONES
Este tenso debate a cuenta del turismo y de las medidas que precisa para afrontar la ausencia de viajeros en la región se ha resuelto con tres propuestas de resolución, una por grupo. Si Ciudadanos ha reclamado al Ejecutivo regional un plan de emergencia con ayudas directas para el sector y la creación de una mesa de trabajo que reoriente la planificación a futuro, el PP, además de coincidir con la formación naranja en pedir el rescate, ha propuesto diseñar una estrategia que propicie el turismo dentro de la región.
Por contra, la resolución del PSOE fija la vista en el Ejecutivo nacional al que reclama medidas para apoyar y fomentar el turismo, usando para ellos fondos europeos.
Ciudadanos ha adelantado que votará a favor de la ley antiokupación de Castilla-La Mancha, el PP no ha desvelado su voto y el PSOE y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, se han ofrecido a negociar las enmiendas de los 'populares' --47 han llegado 'vivas' al pleno de las Cortes-- "hasta el ultimo minuto antes de la votación".
La Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española, un Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, llega este jueves al pleno, tras su paso una semana antes por la Comisión de Fomento.
Ciudadanos presentó a esta iniciativa nueve enmiendas, de las cuales dos han sido retiradas y siete han sido transadas. El PP presentó 67 enmiendas y en comisión, según han explicado a Europa Press fuentes 'populares', se aceptaron o se transaron 20, por lo que al pleno han llegado 'vivas' 47. Al dictamen, aprobado el pasado jueves, también se incorporó otra enmienda del PSOE.
El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha adelantado que la formación naranja va a votar a favor de la ley contra la okupación ilegal. "Le pena es que creemos que" esta iniciativa parlamentaria no va a ser "muy bien recibida" en Madrid por los socios del Gobierno del PSOE, en referencia a Podemos.
Según ha explicado, en términos generales lo primero que está en el ánimo, tanto de Ciudadanos, como de la Consejería de Fomento, es diferenciar la okupación social, de lo que son unos "jetas" y unos "caraduras", que es a los que hay que castigar, ha destacado Ruiz.
Ha indicado que desde Cs se ha ampliado el sistema de penas, de tal modo, que no solo se castigue al okupa sino que a los que están alrededor de la okupación, como por ejemplo, las personas que buscan pisos para okupar, que, a su entender, también tienen que recibir su castigo.
PP Y EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DE LA LEY
Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha asegurado que le "resulta curioso" que PP y PSOE presentaran a la vez dos leyes contra la okupación ilegal, unas iniciativas que, a su juicio, se podrían haber tramitado conjuntamente, pero los socialistas "no han querido".
Este comienzo del recorrido de la ley refleja, según ha afirmado, "el carácter ideológico" que los socialistas --ha dicho-- le están dando a la okupación ilegal. Pese a todo ello, ha recordado, el PP ha manifestado una "buena disposición" y votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa del PSOE y ha presentado enmiendas.
"Algunas enmiendas se han transado, las menos, y otras se mantienen, y lo que nosotros queremos es seguir debatiendo con (los socialistas) para conseguir que las modificaciones que se introduzcan sean útiles y que aprobemos una ley para prevenir la okupación ilegal, para disuadir al okupa y para echar al okupa", ha dicho.
"No podemos aprobar una ley que sea garantista para el okupa y perjudicial para el propietario", ha dejado claro Guarinos, quien ha pedido al PSOE que mire "con cariño" y acepte las enmiendas que ha propuesto el PP porque son "sensatas y serias".
PSOE Y LA ÚNICA VOZ QUE SE ESCUCHE EN CLM
La socialista Marisa Sánchez ha invitado a PP y Ciudadanos a apoyar esta propuesta y que, de esta manera, la voz de los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes sea "la única voz" que se escuche desde Castilla-La Mancha en el Gobierno de España.
"Si así lo hacemos --ha apuntado-- habremos defendido los intereses de los ciudadanos de la región y conseguiremos agilizar los procesos y el endurecimiento de las penas, que tienen que ser proporcionales a la acción delictiva".
Sánchez ha defendido que esta ley es un texto "serio" que, a su entender, hay que hacer llegar de manera conjunta al Gobierno de España, porque "estamos ante un problema real" y "estamos todos comprometidos a aportar soluciones a la ciudadanía, que eviten que el agresor tenga mayor respaldo jurídico que la víctima".
La diputada socialista ha explicado que están encima de la mesa algo más de 22 propuestas transaccionales para poder llegar a acuerdos, por lo que ha invitado al PP a que se sienten a negociar a lo largo de la mañana.
De su lado, la socialista Ana Isabel Abengózar ha criticado al PP por dar a entender que el PSOE quiere dar protección al okupante, al tiempo que ha defendido que esta ley plantea mayores penas.
HERNANDO: TOLERANCIA CERO CONTRA LA OCUPACIÓN
Ha zanjado el debate el consejero de Fomento, quien ha afirmado que el PP tiene la oportunidad de sumarse a este texto "hasta el último segundo del último minuto antes de la votación". Un texto "serio, trabajado y consensuado con numerosos alcaldes y alcaldesas".
Así, ha defendido que independientemente de que el problema de la okupación sea competencia o no del Gobierno regional, "Castilla-La Mancha va a ser pionera, toma la iniciativa, toma la bandera, y declara una política de tolerancia cero contra la okupación ilegal".
"Ofrecemos más penas, más agilidad en el proceso, más eficacia, más margen de maniobra para las administraciones, en definitiva, más justicia porque lo que entendemos es que por supuesto no puede haber un planteamiento en el que dé la sensación de que el okupa tiene mayor cobertura legal que la víctima", ha enfatizado Hernando.
Ha lamentado que la negociación que su departamento ha tenido con el PP "se pueda contar en horas y no en días", y ha puesto a disposición de los 'populares' todo su equipo, presente en las Cortes, para negociar sus enmiendas a lo largo del día.
"Hoy Castilla-La Mancha va a tener una ley antiokupas que va proponer al conjunto del país, y en su mano está sumarse a esta oportunidad de oro", ha dicho a la bancada del PP.
La líder de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha abandonado el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, para participar este jueves en Toledo en la manifestación convocada por la plataforma ‘Más plurales' en contra de la 'Ley Celaá', que actualmente se tramita en el Senado. La portavoz lanzó la pasada jornada una convocatoria a los medios de comunicación en la que avanzaba que haría declaraciones al respecto en este mismo acto.
Así tras abandonar el Pleno ha denunciado que la reforma educativa del PSOE "atenta contra la libertad y contra la igualdad, y por tanto es una ley que siempre va a tener el rechazo de Ciudadanos, aquí en la calle y también en las instituciones".
En opinión de Picazo, "la 'ley Celaá' es un instrumento para acabar con la educación concertada y con la educación especial". En este sentido, la diputada del partido de centro ha lamentado que no se haya tenido en cuenta "ni la opinión de los docentes, ni la de las familias, ni la de los partidos de la oposición, y lo que es más grave: no se ha atendido a las necesidades educativas de los alumnos".
Según su criterio "al PSOE le interesa más beneficiar a los separatistas que poner en marcha una ley digna para nuestros hijos, una ley de consenso que tenga un recorrido largo, garantizando estabilidad, calidad y libertad de elección a los padres. Todo esto se lo han cargado, es una vergüenza".
INICIATIVA "NARANJA" EN LAS CORTES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Precisamente en el Pleno de este jueves en las Cortes, Picazo defenderá una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos en defensa de las familias con hijos matriculados en centros de educación especial. El partido naranja pedirá al Gobierno de Castilla-La Mancha, por un lado, que ponga en marcha medidas de ayuda a la conciliación laboral ante los problemas acarreados por los cierres de estos centros, "una asignatura pendiente que lastra la carrera profesional, en la mayor parte de los casos, de las madres". Por otra parte, Ciudadanos planteará el traslado domiciliario de recursos de estos centros, como logopedas, terapeutas ocupacionales o fisios. "Su proceso educativo y los servicios que reciben no pueden verse interrumpidos por los cierres de los centros", ha argumentado Picazo.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por el procedimiento de lectura única la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto de gastos vigente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020 por valor de 485.272,48 euros, para sufragar los gastos electorales de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha celebradas el 26 de mayo de 2019.
Así lo ha decidido la Cámara regional, previo acuerdo de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes, en su sesión celebrada el pasado lunes, 14 de noviembre.
En base a la Electoral de Castilla-La Mancha de 1986, la Junta de Comunidades podrá conceder anticipos de las subvenciones electorales de manera proporcional, en función de los diputados obtenidos por cada grupo, tanto a los partidos, como a las federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores representadas en las Cortes de Castilla-La Mancha hasta un importe máximo del 30 por ciento de la subvención percibida en las anteriores elecciones autonómicas.
Así, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concedió anticipos de las subvenciones electorales por importe de 192.438,74 euros al Partido Socialista Obrero Español y de 205.268,00 euros al Partido Popular.
Asimismo, el artículo 53.3 de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha establece que los administradores generales de aquellos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias provincias podrán solicitar en el plazo de los treinta días siguientes a la presentación ante la Sindicatura de Cuentas de su contabilidad, y, en concepto de liquidación provisional a cuenta, hasta el 90 por ciento del importe de las subvenciones a las que resulten acreedores sus respectivos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores en función de los resultados de las elecciones autonómicas.
Así pues, al amparo de lo dispuesto en el citado artículo, se concedieron en concepto de liquidaciones provisionales a cuenta 262.240,38 euros al Partido Socialista Obrero Español.
Una vez conocido el informe definitivo del Tribunal de Cuentas, de fecha 30 de septiembre de 2020, sobre la fiscalización de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 2019, el resultado de la fiscalización de la contabilidad electoral del Partido Popular señala que a este partido le corresponde una subvención total de 229.714,20 euros.
Por su parte, del resultado de la fiscalización de la contabilidad electoral del Partido Socialista Obrero Español se desprende que a este partido le corresponde una subvención total de 790.490,12 euros.
Por último, a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía le corresponde una subvención total de 125.015,28 euros.
"En consecuencia, se hace necesario complementar las subvenciones acreditadas por los partidos políticos en las cuantías resultantes de la diferencia entre el importe de la subvención concedida a cada partido y la suma del importe de las cantidades anticipadas y de las liquidadas provisionalmente a cada formación política".
Así pues, al Partido Popular le restaría por percibir un importe de 24.446,20 euros, al Partido Socialista Obrero Español, la cantidad de 335.811 euros y a Ciudadanos 125.015,28 euros.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de las contabilidades electorales y según lo establecido en la Ley Electoral, en relación con lo dispuesto en los artículos 12.b) y 50.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procede la aprobación de esta ley de concesión de un crédito extraordinario por el importe y con el fin indicado.
CRÉDITO
Dicho crédito será aplicado a la sección 15 'Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas', órgano gestor 15.03 'Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa', capítulo IV 'Transferencias corrientes', subconcepto 48000 'A familias e instituciones sin fin de lucro', programa 461A 'Elecciones', para complementar la subvención acreditada a los partidos políticos.
En cuanto a la financiación de este crédito extraordinario se realizará con cargo al exceso de recaudación sobre la previsión inicial que se produzca en el subconcepto 113.00 'Impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito', sección 15 'Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas', órgano gestor 15.02 'Secretaría General', del vigente presupuesto de ingresos, por importe de 485.272,48 euros.
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá durante la jornada de hoy sobre la Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, un Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.
Además se debatirán y votarán temas relacionados con la ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género; ataques a la separación de poderes; actual situación del sector turístico en Castilla-La Mancha; necesidad de respuestas de los centros de educación especial durante la pandemia y algunas cuestiones relativas a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
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