JOE BIDEN Y GUANTÁNAMO

Relatores y miembros de Comisiones de diversas organizaciones de la ONU relacionadas con los derechos humanos, y también Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias, han pedido a la nueva administración estadounidense que cierre inmediatamente el centro de detención de Guantánamo, un lugar “de arbitrariedad y abusos, donde la tortura y los malos tratos son rampantes y continúan institucionalizados, donde el estado de derecho está suspendido de facto y donde se niega la justicia”. También solicitan que se investiguen los abusos de las garantías fundamentales cometidos en esa instalación.

La prisión de Guantánamo está situada en una base militar estadounidense en territorio de Cuba, que el gobierno cubano de finales del siglo XIX debió de “arrendar” por 2,000 dólares en oro anuales a los norteamericanos por haberle ayudado en su guerra para independizarse de España.

La apertura de ese centro de detención fue ordenada por el presidente George W. Bush tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las “torres gemelas” de Nueva York. El Congreso estadounidense dio mano libre al presidente Bush para emplear la fuerza contra "naciones, organizaciones e individuos" que, según su criterio, estuviesen relacionados de cualquier modo con los atentados o con actos futuros de terrorismo.

Los primeros 20 prisioneros llegaron el 11 de enero de 2.002, y en los meses y años siguientes fueron aumentando, hasta llegar a 780, varios de ellos menores de edad; procedían de 42 países; la mayoría eran afganos y pakistaníes, pero también había irakíes, españoles, franceses, ingleses, rusos, belgas, turcos, saudíes, mauritanos, australianos, egipcios, yemeníes… A partir de 2003 su número fue descendiendo. Por presiones de la ONU y organizaciones de los derechos humanos, algunos presos fueron sometidos a la justicia ordinaria y liberados por falta de pruebas, luego de pasar años en espera de un justo proceso. Otros fueron acogidos por sus propios países.

Barack Obama, al asumir la presidencia de Estados Unidos en enero de 2009, se comprometió a cerrar Guantánamo “inmediatamente”.No pudo hacerlo, porque el Congreso no aprobó su proyecto de ley, pero logró reducir a 41 los presos en esa cárcel, al trasladar detenidos a terceros países y a otras cárceles de alta seguridad en territorio estadounidense. Su sucesor Donald Trump se negó a liberar más detenidos.

De los 41 detenidos que permanecen en Guantánamo, nueve están sometidos a procesos militares. La mayoría han sido calificados para ser liberados, pero las condiciones que pone Estados Unidos para ello son tan estrictas que ningún país acepta recibirlos.

​En el marco de la “guerra contra el terror’ desatada por Estados Unidos en 2011, el Congreso autorizó a la Central de Inteligencia (CIA) a instalar centros de detención fuera del territorio de Estados Unidos, y al ejército a mantener a ciudadanos no estadounidenses bajo custodia indefinida sin cargos. Se ha conocido la existencia de varios centros de detención ilegales gestionados por la CIA en Afganistán, Irak, Paquistán, Jordania y varios países más, donde eran encerradas personas detenidas ilegalmente, la mayoría de ellas sin cargos ni pruebas de delitos, que pasaron meses y años sufriendo torturas y malos tratos. Casi todas esas personas fueron entregadas a los estadounidenses como “sospechosos de terrorismo” por fuerzas afganas o pakistaníes a cambio de recompensas. Muchos de esos detenidos ilegales fueron llevados a Guantánamo en vuelos secretos de la CIA.

El propósito de la cárcel de Guantánamo era mantener en ella a personas acusadas de terrorismo y pertenencia o vinculación con las organizaciones Al-Qaeda y los Talibanes. Estados Unidos los consideraba "combatientes enemigos ilegales", con lo que pretendía burlar la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra y se consideraba con derecho a retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a un abogado. El gobierno estadounidense, además, argumentaba que, al estar los prisioneros en un territorio de soberanía cubana, quedaban fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y no podían apelar a los tribunales ordinarios ni acogerse a la protección de las leyes del país.

Los pocos detenidos contra quienes se han formulado cargos penales no han sido procesados antes los tribunales estadounidenses ordinarios. En su lugar, ha funcionado un sistema de “comisiones militares” con jueces nombrados por el Pentágono, que fueron aprobadas por el Congreso pese a ser inconstitucionales, por no respetar las garantías de un debido proceso (independencia judicial, presunción de inocencia, juicio justo, confesiones extraídas bajo tortura…).

En 2008 el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Arbitrarias, Sumarias y Extrajudiciales, exigió a Estados Unidos la suspensión de los juicios militares, por no cumplir “en absoluto las normas internacionales".

Organismos de la ONU y organizaciones humanitarias independientes han certificado que en la cárcel de Guantánamo se ha practicado sistemáticamente la tortura y todo tipo de tratos vejatorios contra los prisioneros. El Secretario de Defensa (ministro) autorizó la utilización de técnicas de interrogatorio que violaban la prohibición internacional de la tortura.

Los informes hablan de aislamiento de los detenidos durante 22 horas al día en celdas individuales de acero, sin ventanas al exterior; de mantener las celdas a temperaturas gélidas con el aire acondicionado al máximo y echando agua fría sobre los detenidos; de interrogatorios durante las 24 horas, siete días a la semana; de someter a los prisioneros a oir música heavy metal a todo volumen durante horas y horas; de humillaciones sexuales; de vigilarlos incluso cuando utilizan los baños y duchas; de atarlos a una silla para alimentarlos a la fuerza con una gruesa sonda que les introducían por la nariz y los hacía sangrar; de simulaciones de ahogamiento, introduciendo la cabeza de los prisioneros en agua o colocándoles una funda plástica en la cabeza; de descargas eléctricas en los genitales… Se tienen informes de que al menos seis de ellos se suicidaron y varias decenas más lo intentaron, debido a los malos tratos a los que eran sometidos. La mayoría de los que han sido liberados sufren desórdenes físicos y traumas mentales.

Con el pretexto de luchar contra el terror, los Estados Unidos crearon y mantienen un sistema terrorista, violando los derechos humanos y el derecho internacional.

Organismos de la ONU, organizaciones humanitarias y juristas de todo el mundo claman para que las nuevas autoridades estadounidenses procesen con garantías a los detenidos en Guantánamo o los liberen o repatríen inmediatamente, y terminen así con esa monstruosidad jurídica que legaliza la tortura y la violación a los más elementales derechos humanos, en un país que acostumbra a dar lecciones de democracia al resto del mundo.