Los humedales Ramsar españoles siguen amenazados

Cuando se cumplen 50 años del Convenio de Ramsar, un tratado internacional para la conservación de los humedales más importantes del planeta, Ecologistas en Acción considera que, por la mala gestión que vienen realizando la administraciones implicadas, no solo no se han resuelto los factores que los degradan, sino que han aumentan y se unen a otros, cronificando sus problemas estructurales.

El Estado español se adhirió al Convenio el 4 de septiembre de 1982, y hasta la actualidad ha incorporado a la Lista de Humedales de Importancia Internacional 75 zonas húmedas con una superficie de 304.541 hectáreas.

La inclusión de estos humedales en Ramsar ha implicado una mayor protección sobre el papel, pero, en la práctica, a juicio de Ecologistas en Acción no ha terminado por suponer un mayor compromiso para su conservación ni una mejora definitiva en su gestión. Los parques nacionales son, cada uno de ellos, ejemplos de las políticas seguidas por las diferentes administraciones, sean de ámbito estatal, regional o local. En todos los casos priman criterios económicos. Cuando se les presta algo más de atención es por el beneficio turístico que representan. La organización ecologista señala que se han llegado a disimular las problemáticas ambientales, mostrando únicamente una imagen cautivadora que nada tiene que ver con la realidad subyacente o las dinámicas genuinas de sus ecosistemas. Por ejemplo, las marismas del Guadalquivir han perdido dos tercios de las 150.000 hectáreas originales y las lagunas fluviales manchegas se han reducido a la nada.

Siendo esta la realidad de los espacios emblemáticos recogidos en el listado de Ramsar, Ecologistas en Acción también apunta hacia aquellos que fueron ignorados y aún esperan su reconocimiento. Unos y otros fueron víctimas, principalmente, de las políticas agrarias que el régimen anterior al 78 impulsó en la década de los años cincuenta del siglo pasado. Con el argumento de ganar tierras para la producción agrícola, se sacrificaron el territorio y el agua de los principales humedales de la geografía peninsular; entre otras, enormes y estratégicas lagunas como la de La Janda en Cádiz o la de Antela, en Ourense.

Ecologistas en Acción considera que puede entenderse, sin los conocimientos actuales, que en un momento histórico se sacrificara la naturaleza para conseguir un despegue económico cortoplacista. Sin embargo, las circunstancias han cambiado tanto que revertir aquel sacrificio proporcionará muchas más ventajas y beneficios económicos que persistir en aquellos errores.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea exige, a través de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua en cantidad y en calidad, tanto para las aguas superficiales (los ríos y las lagunas) como para las aguas subterráneas (los acuíferos, las fuentes y los manantiales). Además la Directiva Hábitats (1992/43/CE) y la Directiva Aves (2009/147/CE) abundan en el mismo objetivo. Ecologistas en Acción considera que existe una sangría de millones de euros como consecuencia de los sistemáticos incumplimientos por parte del Reino de España en materia de agua y otras demandas ambientales.

A propósito de la actual pandemia de la COVID–19, numerosas personas de la comunidad científica se han manifestado acerca de la importancia de conservar los ecosistemas como la mejor garantía y el método más económico para prevenir este tipo de sucesos. Por otro lado, la lucha contra el cambio climático aconseja ir en la misma dirección y propone una transición que modifique los hábitos productivos y de consumo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción desea que la celebración de este medio siglo de convenio sirva para incrementar el compromiso de la sociedad con el medio ambiente, en general, y con la conservación de los espacios vinculados al agua en particular. Asimismo, reclama que la clase política, en los diferentes niveles organizativos, cumpla los compromisos internacionales en defensa del patrimonio natural, específicamente medidas enérgicas, como corresponde ante cualquier emergencia, para asegurar la conservación de las zonas húmedas que aún sobreviven y comprometerse en la recuperación de las que se han perdido o están a punto de hacerlo.