CONSEJO DE GOBIERNO. Visto bueno a la ley de despoblación

El Gobierno regional ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas Económicas Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha para su envío a las Cortes regionales, a las que va a solicitar su tramitación por el procedimiento de urgencia.

De ello ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos semanales del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que, con esta tramitación por vía de urgencia, "tenemos la intención de que se quede aprobada esta ley a lo largo del mes de abril con el fin de que la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que se está diseñando en este momento, entre en funcionamiento cuanto antes".

Blanca Fernández ha añadido que esta ley es una "apuesta definitiva" por las zonas rurales, que continua el esfuerzo inversor que viene haciendo el Ejecutivo regional para consolidar servicios que fueron recortados, para garantizar la igualdad de oportunidades, y que hace frente al reto demográfico, un reto muy importante para una región como Castilla-La Mancha en la que "cientos de miles de personas viven en pequeñas zonas rurales y quieren seguir viviendo allí. Y el Gobierno de Emiliano García-Page tiene claro que no va a escatimar esfuerzos para que la calidad de vida sea óptima en las zonas rurales de nuestra región".

La ley se estructura en siete títulos y 75 artículos en los que se recoge, entre otras cuestiones, la creación de Estrategia Regional frente a la Despoblación y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural, dos herramientas de planificación para abordar el desarrollo de los diferentes tipos de zonas rurales (Título II); el uso de la contratación pública para hacer frente a la despoblación y la garantía de servicios públicos básicos (Título III).

Así como la diversificación económica, el fomento del empleo, el apoyo al sector agrícola, ganadero y forestal, el fomento de las energías renovables o la garantía de la conectividad en el ámbito de cohesión territorial y en el de la cohesión social medidas de apoyo a la conciliación y las familias que se plasman en el Titulo IV; o los beneficios fiscales para quienes residan en las zonas más afectadas por la despoblación del Título VI.

Para finalizar, Blanca Fernández ha avanzado que se ha cerrado el proceso de participación por el que se ha preguntado a la ciudadanía sobre once cuestiones a desarrollar para elaborar la Estrategia Regional frente a la Despoblación relacionadas con las razones para vivir en el medio rural, el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales, la atención a la infancia o la oferta de cultura y ocio, entre otras. En total, 2.078 personas han respondido al cuestionario.

PLAN NORMATIVO "AMBICIOSO"

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades para 2021, "un plan ambicioso que contempla 14 proyectos de ley y 68 decretos, cifras muy importantes que indican que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar y que demuestra dos cosas: la importancia que tiene la estabilidad política en estos momentos y la conciencia clara del ejecutivo de Emiliano García-Page de que estamos aquí para resolver los problemas de la ciudadanía y que la estabilidad política se debe resolver para eso".

Blanca Fernández ha explicado que todas las consejerías tienen alguna iniciativa, sea vía ley o decreto, y ha dado algunos ejemplos como la Ley de garantías y medios para la resolución alternativa de conflictos en materia de consumo; la Ley de Vivienda; el proyecto de Ley para agilizar y simplificar procedimientos para la gestión de los Fondos Next Generation de la UE; la Ley de impulso a la docencia, formación e investigación del sistema sanitario, el proyecto de ley de Igualdad para modificar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres así como continuar con la Ley LGTBI.

Por lo que respecta a las iniciativas reglamentarias, Blanca Fernández ha citado algunos ejemplos, como el Decreto de creación del Observatorio de Precios de la cadena agroalimentaria; la ordenación de prestaciones económicas en materia de servicios sociales; la regulación de la figura del Municipio Turístico; el Observatorio de Comercio y la Red de Municipios Sostenibles de Castilla-La Mancha, entre otras.

37 MILLONES PARA SERVICIOS SOCIALES Y TERCER SECTOR

El Consejo de Gobierno también ha declarado como nuevas actuaciones de emergencia ciudadana las ayudas financiadas a través del Decreto 20/2021, de 9 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso al Tercer Sector.

Se trata de una partida que, como ha recordado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, "tienen como finalidad establecer ayudas con carácter excepcional y urgente y por razones de interés público, social y humanitario debido a la pandemia, que está destinada a entidades que gestionan centros y servicios que atienden a personas vulnerables".

La portavoz ha explicado que "la urgencia y la emergencia ciudadana está más que justificada por esta crisis sanitaria y económica que ha afectado de forma impredecible al conjunto de la sociedad y que ha golpeado fuertemente al sector prestador de servicios sociales".

De hecho, Blanca Fernández ha advertido que el Ejecutivo regional es consciente de que las medidas de protección y contención que han debido ser implantadas a lo largo del tiempo de duración de la crisis sanitaria han supuesto un aumento significativo de gastos por parte de estas entidades que necesitan acometer mejoras en sus infraestructuras y equipamiento para atender en las mejores condiciones a las personas usuarias.

Por esta razón, el Gobierno ha aprobado ese Decreto por importe de 37 millones declarados como emergencia ciudadana "habida cuenta de que la urgencia, la agilidad, la flexibilidad y la inyección rápida de ese dinero revertirá rápidamente en la calidad asistencial de decenas de miles de personas y ése es nuestro objetivo principal".

Estos proyectos y actuaciones de emergencia que se deberán llevar a cabo en el periodo 2021-2022, beneficiarán a 884 centros y servicios que atienden en Castilla-La Mancha a mayores, personas con discapacidad, personas sin hogar, menores y personas dependientes en servicios de promoción y prevención y también a más de 3.000 entidades del Tercer Sector Social de la región.

En este sentido, ha concretado que, del total de las ayudas, 25,9 millones irán destinados a Mayores; cuatro millones a Discapacidad; un millón a Dependencia; otro millón más a Infancia y Adolescencia; 301.000 euros a personas sin hogar y 4,7 millones de euros al Tercer Sector Social.

A todo ello hay que sumar 200 actuaciones inversoras anunciadas por el presidente Emiliano García-Page en los centros sociosanitarios de titularidad pública que cuentan con un presupuesto de 28 millones de euros, "que ya estamos acometiendo y que a lo largo de los próximos meses vamos a ver con mayor intensidad", ha añadido la consejera portavoz.

INVERSIÓN EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 7,6 millones durante los próximos tres años para la gestión integral de las residencias de mayores 'Los Jardines' de Manzanares y 'Virgen de Peñarroya' de Argamasilla de Alba, ambas ubicadas en la provincia de Ciudad Real, que incluye los servicios de atención auxiliar sociosanitaria, transporte adaptado, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción y restauración.

En total serán 134 las personas mayores beneficiarias: en la Residencia 'Los Jardines' de Manzanares son 48 mayores con plazas residenciales y 20 de estancias diurnas, mientras que la Residencia 'Virgen de Peñarroya' de Argamasilla de Alba cuenta con 46 plazas residenciales y 20 de estancias diurnas.

La portavoz ha manifestado que "el objetivo de estos dos contratos está muy claro: garantizar la protección y el bienestar social de las personas mayores y la de sus familiares, y para ello no escatimaremos el más mínimo esfuerzo, porque 7,6 millones de euros es una cifra muy importante. De hecho, en los presupuestos del año 2021 vamos a destinar 1.000 millones de euros más al estado del bienestar".

AMPLIACIÓN DEL CEIP 'ROSA CHACEL' DE ILLESCAS

Además se destinará 2,2 millones de euros para ampliar el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Rosa Chacel’ de llescas (Toledo) después de que el Consejo de Gobierno diera ayer el visto bueno a la autorización del convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de este municipio toledano.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha explicado que el objeto del convenio es la colaboración en la financiación y ejecución de desarrollo de la inversión consistente en la ampliación de tres unidades de Infantil y seis de Primaria, más los servicios complementarios del CEIP ‘Rosa Chacel’, anteriormente conocido como colegio Nº 7 y que está situado concretamente en la urbanización ‘El Señorío de Illescas’.

Este proyecto completará el programa de usos de aulas polivalentes mediante la prolongación del actual pabellón de educación infantil, prolongándolo en su extremo con tres aulas más, hasta un total de seis. El área funcional se mantiene, permitiendo que el acceso y la sala de psicomotricidad sigan siendo los actualmente utilizados. Además, la actuación incluye los patios vinculados a cada una de las aulas de esta etapa educativa.

Hay que decir que la zona de obras garantiza que se pueda compatibilizar el proceso constructivo con la utilización de los actuales espacios escolares con las debidas garantías de seguridad.

Y en lo relativo a la ampliación de las aulas de Primaria, éstas se han diseñado en un bloque en dos plantas que se enlaza con el existente a través de una galería cubierta, permitiendo de este modo unas buenas condiciones funcionales y que el conjunto sea plenamente accesible a partir del ascensor con que ya cuenta el edificio.

UN PLAN DE EJECUCIÓN DE OCHO MESES

En cuanto a los plazos, Blanca Fernández ha afirmado que “tanto las tres aulas de Educación Infantil como los espacios complementarios entrarán en funcionamiento el próximo curso, mientras que las seis clases de Primaria estarán listas para el siguiente curso 2022-2023, fecha en la que se dará por completado este centro educativo”, pues la ejecución será de ocho meses.

La portavoz del Gobierno castellanomanchego ha adelantado también que “esta ampliación beneficiará a aproximadamente 225 alumnos y alumnas del CEIP ‘Rosa Chacel’, después de que la primera actuación entrara en funcionamiento en el presente curso escolar con tres aulas de Infantil y seis de Primaria, más el comedor escolar, las pistas polideportivas y otros servicios añadidos”.

MÁS DE 500 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

En este punto, Blanca Fernández ha recordado que, con horizonte 2025, se van a realizar más de 500 actuaciones educativas. Las correspondientes a este año se aprobaron el pasado mes de noviembre en Consejo de Gobierno a través del primer Plan de Ejecución de Infraestructuras Educativas de Castilla-La Mancha en el que se incluye la construcción de la segunda fase del colegio de educación infantil y primaria nº 7 de Illescas, ahora CEIP ‘Rosa Chacel’.

En total, gracias a este paquete inversor, el Ejecutivo regional prevé realizar 41 actuaciones en centros educativos por un importe de 45 millones de euros. Y de esas obras, hasta la fecha, se han sacado a licitación la segunda fase del nuevo IESO ‘Olías del Rey’ por un importe de más de 1,8 millones de euros; la tercera fase del IESO ‘El Melgar’ de Yuncos por un importe superior a los dos millones; y las obras de ampliación del CEIP ‘Santo Domingo de Guzmán’ de Valmojado, por un importe de 1,3 millones.

“Con estos ejemplos se demuestra que los planes que se anuncian se cumplen y acaban siendo una realidad. De eso se trata, de tener un instrumento estratégico como el diseño de un plan y luego ir ejecutándolo porque se le dota de presupuesto y de voluntad política para mejorar las instalaciones educativas de nuestros hijos e hijas”.