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¿Cómo defienden el agua los 201 mil almerienses y los 459 mil murcianos frente a los más de 2 millones de castellano manchegos?
Las provincias de Murcia y Almería se han quedado solas “exigiendo” agua del Tajo a costa de cualquier cosa, aunque al PP le gusta hablar de la Región de Murcia y Andalucía.
Para quien vea en las decisiones políticas votos en las urnas se está equivocando de medio a medio. Murcia no llega a los 460 mil habitantes y Almería cuenta algo más de 200 mil. Ese frente común de la Región de Murcia y Andalucía del que hablan los regantes del Sindicato de Regantes (SCRATS) suponen algo no llegan a los 700 habitantes mientras Castilla-La Mancha cuenta con más de 2 millones de personas residiendo en sus tierras.
Si de medir fuerzas se trata los algo más de mil kilómetros cuadrados que suman Murcia y Almería, quedan muy atrás de los casi 80 mil con los que cuenta la región castellano-manchega.
Es evidente que no cuenta ni el espacio, ni tampoco el número de votos. En esta guerra solo cuenta el dinero.
El Partido Popular, que sigue haciendo política populista desde la perspectiva de victimizarse, sigue mintiendo por la boca del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha declarado públicamente que el recorte de las transferencias hídricas “pone en serio riesgo el abastecimiento de los regadíos y el consumo en la región”.
No hay ningún político, activo, en el Gobierno de España, ni tampoco en el de Castilla-La Mancha que haya pronunciado ninguna palabra que le hayan podido hacer pensar a López Miras que esto es así, pero ser víctima es algo que saben hacer muy bien desde Casado a López Miras pasando por Isabel Ayuso.
El Secretario de Estado Hugo Morán ha asegurado que no se prevé “en ningún caso” suprimir el trasvase, precisamente por ser una infraestructura que abastece de agua de boca a más de 2.5 millones de personas. Sin embargo el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacer caso a las recomendaciones realizadas por los expertos antes de entrar en vigor la actual reglamentación hidrológica, hace ya más de nueve años, donde quedaba claro que aplicar un trasvase de más de 30 hectómetros cúbicos en el nivel 2 sería “asumir un riesgo muy elevado de insostenibilidad”, tal como ha quedado demostrado con la aplicación de esta norma que no se conformó con aplicar los 30 hectómetros, sino que llegó hasta los 38.
El resultado se comprueba fácilmente solo con mirar el cauce del Tajo a partir de Aranjuez (Madrid), donde recibe las aguas del Jarama que arrastra todos los vertidos de la Comunidad de Madrid.
Consecuencia de esta gestión, de la que se congratula con frecuencia del PP aunque fue firmada por personas que hoy están vinculadas de una manera u otra a casos de corrupción, es que el sistema está el 50% del tiempo en una situación de “excepcionalidad” y que llegó a estar, en el año 2017, en situación de trasvase 0 debido a la presión sufrida por la cabecera junto con un largo periodo de sequía que puede volver a repetirse, cada vez con más asiduidad.
Puede afirmarse con rotundidad que el Memorándum de 2013 ha conseguido reducir la reservas de la cabecera considerablemente, poniendo en serio peligro la situación económica de los pueblos ribereños del Tajo, con un riesgo permanente de que la cabecera llegue a nivel 4, lo que volvería a suponer trasvase 0.
Por este motivo se ha propuesto reducir el volumen de 38 a 27 hectómetros cúbicos para el nivel 2, lo que permitiría contar con mayor volumen de agua en los embalses de cabecera.
Castilla-La Mancha escucha esta medida con un sentimiento agridulce, puesto que no se escapa del conocimiento de la ciudadanía, que la finalización de las obras de La Bujeda dará lugar al envío del agua concedida y almacenada para los campos de levante. El volumen embalsado a la finalización de las obras era de 879,7 hectómetros, con un pendiente autorizado (y no enviado) de 115,8, lo que su pone un dato real de 763,9, cantidad superior a los 586 hm exigidos para el mes de abril en nivel 2 por lo que se enviarán de nuevo 38 hectómetros cúbicos más.
Para el Gobierno murciano “no es necesario” rebajar estas cantidades y destaca que “El consenso alcanzado con la tramitación del Memorándum, en el que se pusieron de acuerdo 5 CCAA, se ha roto en la tramitación de esta norma”.
Sin embargo para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está claro que no es suficiente con la reducción de las transferencias en nivel 2. Desde su perspectiva es algo mucho más complicado que requiere otras medidas que la complementen. Por ello marca tres etapas perfectamente definidas. Una primera relacionada con el abastecimiento, saneamiento, depuración y adecuación de los cauces de los municipios colindantes con Entrepeñas y Buendía, porque es inaudito que en un país desarrollado, en una comunidad autónoma agrícola, como lo es Castilla-La Mancha, dentro de una provincia, como Guadalajara, con reservas de agua suficientes, tenga un conjunto de municipios que aun viendo el agua que se va a Murcia, solo con asomarse a la ventana, tengan que estar recibiendo agua de camiones cisterna para beber.
La segunda fase será la aprobación del tercer ciclo de la planificación hidrológica que está prevista para el año 2022, cuya elaboración se está llevando a cabo en los últimos meses.
La tercera fase estaría dirigida a los recursos alternativos en la cuenca receptora del trasvase, especialmente del Segura. El objetivo marcado por el Gobierno central sería el incremento de los recursos procedentes de la desalación y la reutilización que se hará de forma paralela a la incorporación de energías renovables, especialmente la fotovoltaica, que abaraten el coste de esta energía y por consiguiente el precio del agua.
Esta es la planificación ministerial, que ya hemos visto completada con la inversión de 40 millones de euros del aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y destinada a 22 municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, que ya están acometiendo las obras necesarias en 13 proyectos hidráulicos y de depuración para la zona, para demostrar que “obras son amores y no buenas razones”.
Alejandro Cano, presidente de la Plataforma para la Defensa del Tajo en Toledo
Tras 43 años de saqueo del Tajo al Segura, el ATS goza de buena salud para los beneficiarios del negocio agroindustrial en la cuenca receptora, no así para los del negocio turístico de verano en el Mar Menor, para quienes la voracidad de esa agroindustria está suponiendo un cáncer letal. Quieran o no reconocerlo, esa muerte llevaba siendo anunciada hace más de 20 años por el propio Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de Murcia.
En la cuenca cedente todo son calamidades: El emporio urbanístico y de servicios asociados al turismo náutico en el entorno de Entrepeñas y Buendía es un cadáver abandonado a la intemperie, y aguas abajo se suceden los recortes en las Reales Acequias de Aranjuez donde año tras año se pierden cosechas, contribuyendo a que sus perjudicados en Estremera acaben por vender los derechos de riego en favor de nuevos y mayores trasvases al Segura. Siempre quien más tiene necesita que quien menos tiene se empobrezca aún más.
Aguas abajo de Aranjuez el Tajo se convierte en el arroyo que vierte sus aguas a las cloacas del Jarama que, como mínimo, le sextuplica el caudal, pero de agua deficientemente depurada en el mejor de los casos. El Tajo ya no es río cuando atraviesa toda la provincia de Toledo. Según los científicos ya no tiene ninguna de las cualidades del río que fue; sólo le queda el cauce, pero podrido de nutrientes nitrogenados, fosfatos y metano; aunque la podredumbre se vista de blancas y triunfantes espumas contorneándose bajo los puentes de Toledo.
Por muchos espavientos que hagan los beneficiarios del ATS en el sureste ante los cambios en las reglas de explotación, el ATS goza de buena salud. Al menos todo lo buena que se puede entender dada la imposibilidad de ordeñarle poco más de la mitad de lo que la ley fijó desde 1971. De hecho, las nuevas reglas sólo y solamente sólo pretenden que no falte el agua ningún mes yendo de camino al Segura y que esa sea siempre la máxima, de la horquilla que corresponda al nivel de Entrepeñas y Buendía en cada momento. No así para el Tajo que sólo y solamente sólo se le desembalsa cada mes algo menos de la cifra preestablecida de media, 1 hm3/mes. De hecho, eso que se le araña cada mes supone el volumen de un trasvase mensual más al año. Y es más, urge modificar la actual regla de explotación todavía en vigor porque carece de respaldo técnico (se ha legislado a sabiendas de que no existe soporte argumental técnico), ya que el informe técnico del señor Cabezas que sirvió para redactarlas dejó claro en 2013 que en nivel 2 no deberían trasvasarse más de 30 hm3/mes (y no 38), so pena de alcanzar repetidamente el nivel 4 de no trasvase. Sin embargo, la avaricia y el compadreo entre los “regansters” del ATS y los políticos que hicieron Ley de un memorándum, hace que el saco se rompa cada tres por dos, sin rubor por parte de ninguno de ellos sino con más tiranía, más acoso verbal y más victimismo teatral.
La transición ecológica del agua sólo existió al inicio de la legislatura con algunas manifestaciones algo críticas sobre el concepto de trasvases. En la práctica es una asignatura mucho más que pendiente. Recientemente desde el ministerio del ramo se ha afirmado con rotundidad que el trasvase Tajo-Segura está asegurado. De hecho, el ATS no se menciona como tema importante en el ETI previo al nuevo Plan de cuenca. Puede que hayan decidido estirarlo hasta 2030, fecha en que se supone amortizado. Mientras, el gobierno de CLM expande todo tipo de regadíos leñosos avalado por la Mesa del Agua montada a su medida y ante la expectativa de que una vez que acabe el Trasvase TajoSegura empezará el Trasvase Tajo-Guadiana.
Alejandro Cano
Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la Plataforma para la Defensa del Tajo y el Alberche
El trasvase es un proyecto que se plantea en los años 30 del pasado siglo, para el Tajo y el Ebro, al final se decide no hacer ningún trasvase y así se mantiene hasta los años 60, cuando los tecnócratas del franquismo deciden desarrollar una parte del país, en contra de la otra. En ese momento las provincias de donde salía el agua del trasvase (Cuenca y Guadalajara) estaban sufriendo una fuerte emigración para trabajar como albañiles en la costa y en Madrid.
Entrepeñas y Buendía habían sido construidos en los años 50, y estaban destinados, a regar cientos de miles de hectáreas entre Toledo y Navalmoral de la Mata, pero se cambia la decisión para que sirva fundamentalmente al turismo y la agricultura intensiva de Levante. De esta manera se condena a una parte del país para el beneficio de la otra.
Ahora estamos en el siglo XXI y nos encontramos con una estructura obsoleta, que no está amortizada económicamente; que no recupera el coste del agua trasvasada y que según su anteproyecto tenía una fecha de caducidad de 50 años que está a punto de cumplir en esta década. Ahora este país forma parte de la Unión Europea y tiene que aplicar leyes de conservación de los ecosistemas, del agua, de los espacios naturales y no lo está haciendo.
En Levante los regantes del trasvase son el mayor sindicato de regantes de España, un lobby de presión muy fuerte que condiciona las decisiones políticas, no solo en Valencia (sobre todo en Alicante), sino también en Murcia y Andalucía que es “el tonto útil” porque desde el primer momento los regantes de Murcia se opusieron a que llegase el agua del Tajo hasta Almería.
Todo esto ha ocasionado un aumento considerable de la superficie dedicada a cultivos sin ningún tipo de control, que a su vez ha dado lugar a un impacto ambiental importante y no solo en el Mar Menor. Esta es la situación actual.
En este país hemos tenido gobiernos que no se han atrevido a poner el cascabel al gato del trasvase y han permitido que las reglas sean dictadas literalmente desde Valencia y Murcia, donde el sindicato de regantes tiene mucho dinero para pagar a mucha gente, muchas Universidades, muchos informes y muchos abajo firmantes. El Levante juega a la unidad buscando un voto muy conservador y el Medio Ambiente no les importa absolutamente nada, se falsean datos y son datos bien pagados. Informes que al final acaban donde quiere el que paga.
Ahora tenemos al Gobierno central que quiere mantener una foto fija desde el año 2010-2012, cuando era evidente que el trasvase no funcionaba bien. Intentan modificar un poco las reglas para contentar y mantener la situación diez años más, mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha, no sabemos muy bien a qué juega con respecto al trasvase.
Se han conseguido cinco sentencias que no se cumplen y según el Esquema de Temas Importantes, tampoco se van a cumplir los caudales ecológicos en el próximo plan de cuenca.
Nadie es capaz de poner orden a la gestión del agua en España. Seguimos una política de poner más recursos para unos gastos ilimitados sin tener en cuenta el cambio climático con el que ya hemos perdido el 40 o el 50% de los caudales de los ríos. España no es un país que planifique a largo plazo, sino un país de hechos consumados. En los Canales del Taibilla, el agua del Segura, que debería ser destinada a beber se utiliza para regar.
No veo voluntad política de cambio y lo que viene, viene por la vía judicial. Veo un futuro con el agotamiento de Entrepeñas y Buendía, Madrid va a seguir sin depurar sus aguas y el río seguirá igual en Toledo y en Talavera de la Reina, probablemente cada vez con menos agua y más contaminada. Seguiremos sin poder hacer uso ciudadano de los ríos.
Hasta ahora solo ha habido un aprovechamiento destructivo del Tajo durante los últimos 7 años que hay quien considera “prevaricación”. Habría que buscar a los responsables de esa decisión y a quien ha aceptado una decisión política cuando debería imperar la técnica. Durante estos años se ha destrozado a conveniencia la cabecera del Tajo, para crear un problema ficticio porque hace un par de años no se trasvasó ni una sola gota de agua y el rédito económico de los agricultores no disminuyó ni un ápice.
Miguel Ángel Sánchez
Francisco Pérez Torrecilla, diputado regional PSOE y alcalde de Sacedón (Guadalajara)
Si quisiéramos ser honestos, todos, deberíamos reconocer, todos también, que el trasvase Tajo-Segura nació mortalmente enfermo, como consecuencia del falseamiento intencionado de los datos con los que se dimensionó inicialmente el proyecto. La mayor infraestructura hídrica de nuestro país se ejecutó a sabiendas de que nunca cumpliría con su objetivo. Además, se la dotó de una normativa regulatoria que no se ha cumplido tampoco, especialmente en relación con los derechos de la cuenca cedente.
Las cuatro décadas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura confirman taxativamente su fracaso: ha llevado a la muerte al río Tajo, como cuenca cedente del agua, y ha provocado el envenenamiento de una zona de alto valor ecológico como es el Mar Menor, en la cuenca receptora. Y a pesar de todo este daño, ni siquiera ha sido capaz de cubrir las expectativas de los magnates agroindustriales del sureste español. Vamos, lo que se dice un fiasco en toda regla.
El lado bueno de todo esto es que, habiendo nacido ya enfermo de muerte, el trasvase Tajo-Segura, tal como lo conocemos hasta ahora, tiene los años de vida contados. Serán varios los factores que contribuyan al anunciado desenlace, con el cambio climático como principal elemento que acabe con su desgraciada existencia. El SCRATS y su desmedida codicia también habrán tenido mucho que ver en su desaparición.
Aunque disfrazada de decisiones técnicas, la política ha jugado un papel relevante en la gestión del trasvase Tajo-Segura, casi siempre también para agravar la enfermedad natal de la infraestructura. Recordemos el nefasto memorándum de entendimiento aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular, que está dando la puntilla al río Tajo y a sus ribereños de cabecera. Sin embargo, en los últimos años y de la mano de gobiernos socialistas en el Estado y en Castilla-La Mancha, algo se viene moviendo políticamente en sentido contrario al afán trasvasista del Partido Popular. Todo esto, con la ayuda de la justicia, que por fin se ha decidido a actuar en este grave asunto de intento de asesinato al río Tajo.
Nunca un gobierno de España tubo tan fácil acabar con la agonía del trasvase Tajo-Segura, y parece que así lo ha entendido el actual, con demasiada lentitud, pero en el camino correcto. A muy corto plazo se deben ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo por las que el río Tajo va a recuperar parte del caudal que le sustrae el trasvase. Además, en ese mismo plazo, el gobierno debe aprobar el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que derogará de facto el aciago memorándum. De hecho, en este momento estamos dando el primer paso hacia ese cambio normativo.
A medio plazo, ya con la nueva normativa impidiendo que se continúe esquilmando al río Tajo, el trasvase al Segura morirá definitivamente para el objetivo inicial con el que fue erróneamente concebido.
¿El principio de la selección natural aplicado a las infraestructuras? Tal vez…
Francisco Pérez Torrecilla
Ante todo este cúmulo de datos, solo queda por decir que "Tomar agua nos da la vida. Tomar conciencia, seguro que nos dará agua".
P. Moratilla
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