Los ciberdelitos contra la libertad sexual de los menores han aumentado durante la pandemia

Los ciberdelitos han aumentado durante la pandemia de coronavirus, sobre todo los que atentan contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, debido a la ganeralización del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), según ha informado la fiscal de sala coordinadora en materia de criminalidad informática, Elvira Tejada de la Fuente.

Tejada, en una entrevista difundida por el Ministerio Público con motivo del Día Mundial de Internet, ha explicado que "el imparable trasladado a la Red de todo tipo de relaciones interpersonales ha determinado que también se manifiesten en el entorno tecnológico todas las patologías propias de esas mismas relaciones y, en particular, las acciones delictivas en sus diversas manifestaciones"

Durante la crisis sanitaria, donde las medidas restrictivas han hecho de las TIC algo "casi imprescindible", se ha producido "un incremento exponencial en el uso de estas tecnologías que obviamente ha tenido repercusión en la delincuencia desarrollada en el entorno virtual y especialmente en determinado tipo de acciones criminales", ha señalado.

Para Tejada, "el ejemplo más claro de la incidencia de pandemia en la ciberdelincuencia lo encontramos en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores de edad". "Estas conductas", ha dicho, "se han visto especialmente favorecidas por la generalización de las TIC", que "facilitan el acoso 'online' a menores con fines de carácter sexual y la producción, distribución y puesta a disposición de terceros de material pornográfico ilícito".

Así, ha detallado que, según el Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, en España los reportes sobre supuesta distribución de material ilícito del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) tras la declaración del estado de alarma se incrementaron diariamente en un 449%, alcanzando un 730% en el periodo más duro del confinamiento.

Una progresión similar se detectó en otras vías de intercambio de pornografía infantil como las redes P2P, donde el volumen de direcciones IP relacionadas con tráfico de material ilícito se elevó en un 19,6% tras la declaración del estado de alarma y en un 23,7% en el periodo de confinamiento total.

Por su parte, la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional registró, entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2020, un total de 1.732 avisos o denuncias ciudadanas por detección 'online' de material pedófilo, lo que implica un incremento del 352% respecto a los realizados en el mismo periodo de 2019.

A nivel europeo, Europol recibió en marzo de 2020, en el pico de la pandemia, más de un millón de reportes del NCMEC por sospechas de distribución de pornografía infantil en territorio comunitario, lo cual supone un aumento del 1.000% respecto a los avisos recibidos en enero del mismo año.

UN DELITO DIFÍCIL DE PERSEGUIR

A pesar de que "los datos obtenidos a nivel nacional e internacional no pueden ser más expresivos", Tejada ha indicado que "muchas de estas conductas delictivas, particularmente las de elaboración o distribución de material ilícito, al tratarse de acciones clandestinas en las que las víctimas --habitualmente menores de muy corta edad-- ni tan siquiera son conscientes de la agresión sufrida, no son objeto de denuncia".

Tejada ha contado que "las investigaciones de estos ilícitos suelen iniciarse de oficio, a partir de avisos de ciudadanos que detectan en la red archivos ilícitos o de notificaciones de organismos internacionales o cuerpos policiales de otros países, por lo que precisan de una intensa actuación indagatoria que comienza por la identificación del usuario de la dirección IP desde la que supuestamente se efectuó la distribución".

"Lamentablemente no toda la información así recibida se va a materializar en investigaciones concretas", ha expuesto, apuntando que a veces se debe a la falta de información suficiente y otras, "a la carencia de recursos personales y materiales adecuados para abordar una actividad criminal en continua expansión y que se lleva a efecto por medios de comunicación cada vez más complejos y sofisticados".

La fiscal ha subrayado que "todas estas circunstancias sin duda exigen una respuesta más contundente del Estado de Derecho", abogando por combinar "medidas de sensibilización social --especialmente en el ámbito educativo y familiar de los menores-- con la dotación a operadores jurídicos y miembros de las Fueras y Cuerpos de Seguridad de una formación más específica en esta materia, y de los medios personales y materiales necesarios".

TAMBIÉN MÁS ESTAFAS Y FRAUDES

Sin embargo, "las estafas y defraudaciones son los ciberdelitos que anualmente dan lugar a un mayor volumen de procedimientos judiciales", un 65 por ciento en 2019. "Por ello no es extraño que el traslado a la red de toda clase de actividades económicas o comerciales durante buena parte del año 2020 haya determinado un crecimiento aproximado del 40% en el volumen de causas incoadas por estafas y defraudaciones 'online'", ha manifestado.

A Tejada, más que el incremento cuantitativo, lo que le sorprende es "la habilidad con que los delincuentes han ido adaptando los modelos y formas de defraudación a las peculiaridades de la situación vivida con ocasión de la pandemia, utilizando como señuelo temáticas relacionadas con el confinamiento, los riesgos y consecuencias de la infección, o con la incertidumbre económica, para captar la atención e interés de sus futuras víctimas".

Las manifestaciones de estas actuaciones fraudulentas son "muy variadas", desde ofertas falsas en Internet de todo tipo de bienes y servicios hasta la captación de datos personales y bancarios simulando la concesión de ayudas o beneficios económicos por parte de organismos públicos o privados, así como recaudación fraudulenta de donativos supuestamente destinadas a colectivos vulnerables, ha ilustrado.

"CHIRINGUITOS FINANCIEROS"

Además, ha advertido de que "en los últimos años en el entorno tecnológico están proliferando las conocidas como estafas de inversiones o chiringuitos financieros que, a través de ofertas engañosas de alta rentabilidad, frecuentemente en criptomonedas o criptoactivos, logran captar la atención de usuarios de la red que, atraídos por la información que se les facilita y las ventajas económicas ofrecidas, trasladan a los delincuentes importantes cantidades de dinero".

"Precisamente, esta forma de defraudación es una de las que se ha visto favorecida por las circunstancias derivadas de la pandemia, ya que los delincuentes han aprovechado la difícil situación económica para captar más fácilmente a sus víctimas especialmente preocupadas por asegurar sus caudales", ha alertado.

Una dificultad añadida en la investigación de estos hechos es "la frecuente intervención en las transacciones de 'exchanges' --plataformas 'online' para intercambio de criptomonedas-- radicados en el extranjero, lo que complica la obtención de la información necesaria para llevar a buen término las averiguaciones".

En este contexto, Tejada ha considerado que la lucha contra la ciberdelincuencia debe plantearse "buscando la colaboración no solo de los operadores encargados de la investigación y persecución penal, sino también de aquellos a quienes corresponde promover y fomentar un uso adecuado y seguro de las tecnologías". A su juicio, "resulta esencial la colaboración y el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas".