DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que no sabe quién dio la orden de que el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, entrara en España sin cumplir los requisitos legales. Pero se ha mostrado convencido de que la exministra Arancha González Laya y su equipo "actuaron conforme a derecho".
Bolaños ha realizado estas declaraciones en La Sexta, después de que ayer el juez que investiga la entrada de Ghali en España con un pasaporte falso, imputara a la extitular de Exteriores. Y hoy, el diario ABC, publicaba que González Laya está valorando declarar ante el juez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avaló la llegada de Gali a España y que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se opuso.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que desconoce quién dio la orden. "Ignoro quién la dio", ha aseverado al ser preguntado por la persona que ordenó la entrada de Gali sin un pasaporte en regla.
No obstante, y al ser preguntado si están preocupados por esta imputación, ha insistido en que en el Gobierno están "absolutamente convencidos" de que todas las decisiones que adoptó la exministra de Asuntos Exteriores y su equipo fueron "conforme a derecho".
También ha mostrado el "máximo respeto" del Ejecutivo a la investigación que está llevando a cabo en un juzgado de Zaragoza, pero cree que no hay "nada" en el procedimiento contrario a derecho y está convencido de que "así lo determinarán los jueces".
NO DESVELA SI HA HABLADO CON LA EXMINISTRA
Sin embargo, el ministro de Presidencia no ha querido desvelar si, tras la imputación de la exministra, ha mantenido una conversación con ella o con las personas que formaban su equipo. Se ha limitado a afirmar que comentar esto en una entrevista televisiva no es la mejor manera de mantener con discreción sus conversaciones.
Tampoco ha dado una respuesta contundente a la pregunta de si fue o no correcta la decisión de acoger a Gali en España. En su opinión, "es muy fácil" tener criterio sobre las decisiones cuando se valoran mucho tiempo después. No obstante, ha recalcado que la decisión se adoptó por "razones humanitarias".
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, considera que PSOE y Unidas Podemos "no están tan lejos" de alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de Presupuestos para 2022, que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros el 28 de septiembre o el 5 de octubre.
"Estoy seguro de que vamos a conseguir en los próximos días un acuerdo en el seno del Gobierno", ha asegurado Bolaños en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta recogida por Europa Press.
El ministro de la Presidencia contradice así a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha asegurado esta mañana que el acuerdo de Presupuestos está "lejos", sobre todo en cuanto al contenido fiscal, para lo que Unidas Podemos insiste en abordar desde ya una reforma, estableciendo un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades.
Frente a esto, Bolaños ha remarcado que la cultura del Gobierno de coalición es "la cultura del diálogo" y ha señalado que actualmente ambos partidos están en un proceso de ultimar las cuentas públicas. "Todos los ministerios quieren, como es lógico, los mejores Presupuestos en sus áreas", ha explicado.
"Nosotros somos muy partidarios de la utilización del diálogo para resolver cualquier diferencia y por supuesto en el seno del Gobierno también dialogamos y también acordaremos", ha recalcado.
DEFIENDE LA "SOLIDEZ JURÍDICA" DEL DECRETO DE LA LUZ
Por otro lado, el ministro ha defendido que el decreto ley y todas las normas aprobadas para atajar la subida del precio de la luz tienen una "solidez jurídica impecable", frente a la posible batalla judicial que podrían iniciar las compañías eléctricas.
"Contamos con todos los informe jurídicos que son necesarios para que estas normas se hayan aprobado", ha recalcado Bolaños, tras indicar que con las medidas aprobadas la factura bajará un 30%. Además, ha recordado que el compromiso del Gobierno es que a finales de año los ciudadanos paguen una cantidad similar en la factura de la luz que la que había en 2018.
Sobre esto, ha enfatizado que los precios mayoristas, que están "por las nubes", no se traducen en la factura. "La factura de la luz tiene una subida pero no tiene nada que ver con los incrementos tan elevados que tienen los precios mayoristas".
El PP, Vox y Ciudadanos han puesto en duda este miércoles en el Congreso que el Gobierno vaya a impulsar la reforma del caducado sistema de financiación autonómica el próximo mes de noviembre, como ha comprometido ante el Pleno la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Durante su debate con la ministra, la 'popular' Macarena Montesinos ha recalcado que Montero "no es fiable" en este tema porque no ha hecho ni una sola propuesta para actualizar el sistema vigente y se limita sólo a arremeter contra los 'populares', sin sentarse con ellos para hablar del asunto.
Tras denunciar las contradicciones que achaca a Montero y la vicepresidenta Nadia Calviño sobre si éste es o no un tema "prioritario", Montesinos ha dado por hecho que ahora es la vicepresidenta Yolanda Díaz la que "va marcando la política" en esta cuestión, aunque ha anticipado que en realidad el Gobierno "no va a mover un dedo" porque no quiere un nuevo modelo y es "rehén de los independentistas".
PARCHES CORTOPLACISTAS
En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Vox Inés María Cañizares, quien ha acusado a la ministra de comparecer únicamente para "calmar los ánimos de nacionalistas y desleales" y de gobernar desde la "mediocracia" con "soluciones y parches cortoplacistas" para "salvar su silloncito pagando". A su juicio, lo único que persigue el Gobierno es cambiar el sistema para que "los españoles paguen más impuestos"
Desde Cs, María Muñoz, ha indicado que el presidente valenciano, Ximo Puig, se ha "dejado engañar" al menos "tres veces" por el Gobierno en cuanto a los plazos puestos para la aprobación del nuevo sistema y ha dejado claro que tampoco se cree la nueva fecha de noviembre. "Están ustedes más cerca del separatismo catalán que de las ideas liberales", ha dicho, recriminando a Montero que compre la idea de que Madrid hace 'dumping fiscal' instándole a poner en marcha la reforma propuesta por expertos en 2017.
También ha cargado contra el PP por no haber hecho nada cuando gobernaba en esta materia y ha animado a Compromís a romper su pacto con el PSPV en la Comunidad Valenciana porque son los únicos "nacionalistas que no consiguen sacarle nada a Sánchez siendo sus socios".
El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha definido los planes de Montero como una "nuevo fiasco" y ha dado por hecho que, de haber nuevo modelo será para crear "españoles de primera y de segunda".
El ministerio de Sanidad está trabajando en un proyecto de Real Decreto que va a regular la formación transversal de las especialidades en Ciencias la salud, en el se desarrollaran los procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos de especialista en Ciencias de la salud y también los diplomas de área de capacitación específica.
Según ha explicado la ministra del ramo, Carolina Darias, este proyecto está pendiente de informe para llevar al Consejo Interterritorial ordinario antes de que finalice este año. "La previsión es que este proyecto pueda aprobarse en el primer trimestre del 2022", anunciaba durante su repuesta al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que la interpelaba sobre las carencias en la ordenación profesional del Sistema Nacional de Salud y las medidas previstas por el Gobierno para darles solución.
Una vez aprobado el RD la valoración y creación de nuevas especialidades se regirán por el mismo. "Sabemos que hay muchas dudas sobre este respecto pero una vez aprobado valoraremos la creación y posibilidad de nuevas plazas sanitarias acorde con la directiva europea también", ha añadido.
Por otro lado, ha destacado el impulso al registro estatal de profesionales sanitarios, "una herramienta fundamental para la planificación del nuestro ordenamiento sanitario", para el que están invitando a las Comunidades Autónomas y también a los centros sanitarios privados.
Para el horizonte 2021-2035, el ministerio de Sanidad está trabajando en la actualización del 'Estimación de la Oferta y Necesidad de Especialistas Médicos', "para estimar las necesidades de los profesionales sanitarios que vamos a tener en el futuro". Darias espera que este estudio esté disponible a comienzos del próximo año.
Asimismo, ha destacado el trabajo de la comisión de recursos humanos ministerio de sanidad, en las que participan las comunidades autónomas, que en julio de este año acordó la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de la oferta de plazas de formación sanitaria de la convocatoria 2022-2023 de Formación Sanitaria Especializada (FSE), para la que ya se ha establecido un "cronograma anual para la elaboración de la oferta" que comienza a partir del 1 de octubre.
PP: DENUNCIA LA "FRACTURA" EN EL SISTEMA DE FORMACIÓN
En la defensa de la interpelación, el diputado popular
José Ignacio Echániz ha recordado que la situación formativa y retributiva de los profesionales en el conjunto de la sanidad pública "no se encuentra actualmente a la altura de su vocación y de su desempeño". Considera además, que "el Gobierno han empeorado su situación de forma muy importante", y, a su juicio, el desconocimiento de la ministra "no es excusa".
Tras echar en cara de manera general al actual Ejecutivo, y directa a la responsable sanitaria, la falta de recursos durante los primeros meses de la pandemia; Echániz ha acusado al ministerio de "vulnerar los derechos de los profesionales sanitarios", de ocultar información, de generar una "fractura" en el sistema de formación y de la falta de previsión ante la próxima jubilación de profesionales sanitarios.
"Los profesionales sanitarios están hartos, señora ministra. Llevan ustedes tres años y medio, y no han hecho anda", le ha reprochado el diputado popular, quien lamentaba que la falta de una Ley de pandemias; que el constitucional haya tumbado, "por arbitrarios e ilegales", los Estados de alarma; la falta de una Agencia de salud Pública y de una reserva estratégica de material sanitario; que no se hayan "desarrollado mecanismos de preparación de respuesta ante nuevas emergencias sanitarias" o que el SNS "carezca" de instrumentos de planificación de los recursos humanos.
"Desconoce muchas cosas señor Echániz", ha respondido la ministra, que en lo único que ha coincidido con el diputado popular es en "la importancia de los profesionales sanitarios para el SNS. Así, ha desmentido que España no tenga instrumentos de planificación de los recursos humanos, y le ha recordado que la ordenación profesional es un "tema complejo", más teniendo en cuenta que las competencias están transferidas a las CCAA.
"Obvia intencionadamente que quiénes tienen la competencia son las comunidades autónomas y también obvia que el gobierno de España ha dado por primera vez una ingente cantidad de recursos, especialmente para el área sanitaria, el año pasado más de 9.000 millones de euros para proceder a diferentes contrataciones de recursos humanos", le ha señalado.
"El compromiso del Gobierno con los profesionales sanitarios es evidente frente a su visión catastrofista", ha señalado Darias, quien ha acusado al diputado popular de utilizar la "demagogia" y de "miopía política" al no ver el "éxito colectivo" del país en la implantación de la estrategia de vacunación contra la Covid-19.
Dirigentes del PP han denunciado que el Gobierno "normalice" la relación con Bildu ante la reunión que este mismo miércoles mantendrán en el Congreso el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y la portavoz de izquierda 'abertzale', Mertxe Uriarte, en el marco de la ronda de contactos abierta con los grupos parlamentarios en el nuevo curso político. Según el primer partido de la oposición, esa reunión es "una afrenta a las víctimas del terrorismo y al conjunto de los españoles".
Los 'populares' consideran que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "vuelve a quedar retratado" porque habla "falsamente de diálogo con el PP, pero con quien pacta es con quienes no condenan el terrorismo", han asegurado a Europa Press fuentes de esa formación.
Según el partido que dirige Pablo Casado, la palabra de Sánchez "no vale nada" tras recordar las promesas que hizo en campaña electoral de que no pactaría con Bildu. "Este es el Gobierno más radical por elección propia: pacta con los separatistas y Bildu", han añadido las mismas fuentes.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha aprovechado su pregunta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la sesión de control al Gobierno, para echar en cara al Gobierno que se siente esta misma tarde con Bildu. Según ha recalcado, "nadie entiende tan indigna equidistancia entre verdugos y víctimas".
Poco después, la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, ha censurado la "mesa de negociación" con los independentistas, que cometieron "graves delitos" en 2017. "Fíjese si avalan los delitos que hoy mismo usted se va a sentar con Bildu a negociar", ha espetado.
SÁNCHEZ EN CAMPAÑA: "CON BILDU NO VAMOS A PACTAR"
También el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recriminado a Bolaños que "normalice" la relación con Bildu y se reúna con ese partido para "negociar los Presupuestos". En un mensaje en su cuenta de Twitter, ha recordado lo que Sánchez decía en la campaña electoral de las generales.
"Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o veinte. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar", dijo Sánchez entonces. A su entender, la reunión de Bolaños con Bildu confirma que "la palabra de Sánchez no vale nada".
De la misma manera, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha criticado duramente esa reunión con Bildu, que son los que "hace menos de una semana estaban en Mondragón homenajeando a Parot, un asesino de niños".
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha adelantado este martes en el pleno del Congreso que las comunidades autónomas recibirán el próximo año una "transferencia extraordinaria" de unos 7.000 millones de euros, un 6,3% más que lo que recibieron en 2021, que se tienen que consignar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, Montero además ha explicado que el Gobierno ha aprobado una partida presupuestaria de en torno a unos 3.100 millones de euros para la liquidación del IVA del año 2017.
"El Gobierno ha tomado la decisión de incluir en los Presupuestos una partida para comunidades que recibirán en torno a 3.100 millones de euros por este concepto que incorpora el capital pero también los intereses. A aquellas comunidades que recibieron un préstamos a tipo 0 para amortiguar esa caída por la falta de recursos del sistema de información del IVA no se les va a obligar a devolverlo y se va a autorizar que esos recursos se utilicen para el gasto que cada comunidad autónoma considere", ha explicado.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que obligaba al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA. Ahora, Montero ha anunciado que aprobará una partida presupuestaria en el año 2022 para solventar este perjuicio económico.
En su intervención, ha subrayado que la administración central "ha asumido una parte muy importante" durante la pandemia "protegiendo como nunca antes el estado autonómico". "El compromiso del Gobierno es firme", ha manifestado.
En la misma línea, ha admitido la necesidad de reformar el modelo de financiación de las comunidades autonómicas y ha traslado el compromiso del Gobierno para establecer un sistema de financiación "justo" para que todos los territorios reciban recursos adecuados que "pongan fin a los supuestos agravios territoriales".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cargado contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por no haber respondido este miércoles en el Congreso a la pregunta que le había planteado en el marco de la sesión de control. "No lo hubiera hecho ni Pablo Iglesias", ha dicho, rememorando sus duelos con el exvicepresidente y fundador de Podemos.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente 'popular' ha denunciado la escasa presencia de ministros en una sesión de control en la que tampoco ha estado presente el presidente Pedro Sánchez, de viaje en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.
García Egea achaca esta 'espantada', que también ha denunciado Vox dentro del hemiciclo, a que el Ejecutivo está "superado" y "avergonzado" de sus propias medidas y por eso "no da la cara" en la Cámara. "Que no den la cara ni ellos denota el desastre al que nos lleva el Ejecutivo", ha apostillado.
Pero el 'número dos' del PP ha arremetido especialmente contra Yolanda Díaz, recriminándole que haya derivado la pregunta sobre el precio de la luz que él le había dirigido a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien, a diferencia de Díaz, sí había comunicado hace una semana que no podía asistir a este Pleno.
"Ha estado presente sin responder a una sola pregunta, no da la cara por las medidas de su propio Gobierno y eso es algo que Pablo Iglesias nunca hubiera hecho", ha afirmado García Egea, pese a que no se ha visto a Yolanda Díaz este miércoles en el hemiciclo.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que el Gobierno está trabajando "intensamente" para que "en este periodo de sesiones" quede terminada la Estrategia Nacional de Salud Mental, y para ello ha pedido el "consenso" de todo los grupos de la Cámara baja.
Así, a una pregunta de la Diputada Inés Arrimadas, del Grupo Parlamentario sobre cuándo tiene previsto el Gobierno impulsar la Estrategia Nacional de Salud Mental aprobada por esta Cámara en julio de 2020, Darias parece mantener como fecha para su aprobación el final de año, fecha en la que termina el primer periodo de sesiones del Congreso.
Nuevamente, como ya hiciera en el misma cámara la pasada semana, ha recordado que son ya más de 700 alegaciones y aportaciones de las comunidades autónomas, de sociedades científicas y asociaciones de pacientes y familiares para el borrador de la Estrategia Nacional de Salud Mental. Y ha vuelto ha señalar la creación de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes.
Asimismo, ha reiterado que el Gobierno tiene la determinación de poner la salud mental en el epicentro de las políticas pública. Por este motivo, "espera" y "desea" aprobar "contar con el apoyo de todos y de cada uno de los grupos de esta cámara".
Por su parte, Arrimadas ha señalado que su aprobación debe ser "una prioridad porque no hay más tiempo, ni mas vidas que perder", por ello, ha recordado, "todos los partidos tienen la obligación de trabajar juntos".
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha defendido este miércoles de las críticas del PP por su política económica acusándoles de esconderse "detrás de expresiones grandilocuentes que generan miedo en la ciudadanía porque lo que no quieren que se entiendan es que se oponen a todo".
"A renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la subida del salario mínimo, a la mejora de los servicios públicos y, ya es lo último, a las medidas para bajar el precio de la energía", ha enumerado, antes de pedir al PP "que cambien de actitud": "En su bancada sólo hay bronca, crispación y energía negativa".
La vicepresidenta primera ha realizado estas declaraciones tras ser preguntada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la portavoz de los 'populares', Cuca Gamarra, que le ha pedido una valoración de la política económica, de la que Calviño es máxima responsable, pese a lo cual, ha dicho, es "continuamente desautorizada, corregida y relegada por el ala populista" del Ejecutivo, en referencia a Unidas Podemos.
EL PP VE A CALVIÑO "CONTINUAMENTE CORREGIDA Y RELEGADA" POR PODEMOS
Gamarra ha asegurado que, en esta política "prima la improvisación" y "el regate corto", y le ha animado a aclarar si apoya una aplicación retroactiva de la última subida del salario mínimo, o es partidaria de derogar la reforma laboral del PP.
"¿Qué coordinación lleva usted ahí? Para usted coordinar es sembrar un campo de minas de inseguridad jurídica", ha espetado, criticando que "el desastroso decreto" con la última batería de medidas dirigidas a abatarar la electricidad peca de "intervencionismo radical y confiscatorio".
"Con el PSOE siempre pasa lo mismo: Ahuyenta al inversor, espanta la creación de riqueza y acaba recortando los derechos de los españoles, como hizo el presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero y votó el diputado (Pedro) Sánchez", ha rematado Gamarra.
CALVIÑO: "CAMBIEN DE ACTITUD Y AYUDEN A LA RECUPERACIÓN"
"Llevan tres años intentando atacarnos con el mismo tipo de argumentos que no se sostienen", ha replicado la vicepresidenta primera, pidiendo al PP "que cuanto antes cambien" su "actitud negativa" y "ayuden a la recuperación, pensando en el bienestar de los españoles".
Y es que, ha subrayado Calviño, la política económica del Gobierno "es bien conocida, respetada y genera confianza" en los "socios e inversores extranjeros", y ha lamentado que, ante los "retos muy importantes" que afronta España "no sirve" la actitud del PP.
Vox se ha quejado este miércoles en el Congreso de la "espantada" del grueso de los ministros en la sesión de control, a la que sólo han acudido seis miembros del Gobierno, una crítica que han obviado los responsables de Presidencia, Félix Bolaños, y Política Territorial, Isabel Rodríguez, quienes han vuelto a hacer bandera del "diálogo" y han denostado la "crispación" y la resolución de los problemas "a bofetadas".
La ausencia de gran parte del Gabinete, incluido el presidente, Pedro Sánchez, de viaje en Estados Unidos, ha centrado las quejas del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y de la secretaria general de su grupo parlamentario, Macarena Olona.
Pero sus interlocutores no han entrado en ese asunto y han preferido utilizar sus intervenciones para descalificar el modo con el que Vox se conduce en política en general y en el Congreso, en particular.
El ministro de Presidencia, Felix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de buscar "cronificar la fractura en Cataluña" y ha echado en cara al partido de Pablo Casado que no apueste por el "diálogo". Tras preguntar cuál es el proyecto del PP para esta autonomía, ha recordado su "hoja de servicios": "dos referéndums ilegales, dos leyes de desconexión y una declaración unilateral de independencia".
"Es evidente que no apuestan ustedes por el diálogo y el acuerdo. Apuestan por la confrontación y por el enfrentamiento. Ustedes son el conflicto, nosotros somos el diálogo", ha espetado a la diputada del PP Edurne Uriarte, quien ha interpelado al ministro en la sesión de control si avala que la comisión de delitos como los de sedición y malversación son un "método legítimo para sentar al Gobierno de España en una mesa de negociación".
Bolaños ha respondido que el Gobierno no avala la comisión de ningún delito, "ni los que cometieron los miembros del Govern en Cataluña en 2017 ni los que cometieron los dirigentes del PP durante años", en alusión a los casos de corrupción que han afectado a ese partido.
Dicho esto, ha preguntado al PP si avala como "método democrático de presión el bloqueo de los órganos constitucionales y el incumplimiento de la ley como método de presión para modificar una ley conforme a su santa voluntad", en referencia a la propuesta del PP para reformar el sistema de elección del CGPJ que este martes rechazó el Pleno del Congreso.
"GRAVE AFRENTA A LA BANDERA"
Uriarte ha acusado al Gobierno de "montar una mesa de negociación" con los que protagonizaron los "gravísimos delitos" de 2017 y que amenazan con volverlos a hacer. "No lo llamen mesa de reencuentro con Cataluña, es una mesa de encuentro de ustedes, PSOE y Unidas Podemos con los independentistas catalanes", ha enfatizado.
Uriarte ha censurado además que la pasada semana el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, "insultara" a la bandera nacional y Pedro Sánchez "no moviera un dedo" ni "protestara ante esta grave afrenta".
La reciente reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán centrará las preguntas que el PP y Vox dirigirán al Ejecutivo en el Pleno de control en el Congreso de este miércoles, al que no asistirá el presidente, Pedro Sánchez, por estar de viaje en Estados Unidos, ni varios de sus ministros.
Así, el PP planteará sendas preguntas a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Isabel Rodríguez. "¿Avala el ministro la comisión de delitos como método democrático legítimo para sentar al Gobierno en una mesa independentista de negociación?", reza la pregunta que la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, formulará a Bolaños.
Y su compañero de filas Vicente Betoret quiere que la portavoz del Gobierno aclare "qué negocia el Gobierno en esa mesa que no se pueda debatir en el Parlamento".
Tanto Bolaños como Rodríguez fueron dos de los ministros que integraron la delegación del Gobierno que acudió la semana pasada al segundo encuentro de la mesa de diálogo sobre Cataluña que encabezaron los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès.
También Vox registró dos preguntas sobre la reunión de la mesa de Cataluña, pero dirigidas a las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Pero el Ejecutivo, que es quien decide cuál de sus integrantes responde a las preguntas de la oposición, ha preferido que las contesten Bolaños y Rodríguez.
Así, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, preguntará al ministro de Presidencia su opinión sobre el hecho de que en Barcelona se retirara la bandera española antes de la comparecencia de Aragonès", y su 'número dos', Macarena Olona, debatirá con la Portavoz del Gobierno sobre si apoyará la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como exigen los independentistas.
Y después de las preguntas, el PP defenderá una moción, consecuencia de la interpelación que formuló el pasado miércoles a la titular de Política Territorial, con la que busca que el Congreso inste al Gobierno a reconocer que el "inviable jurídica y políticamente, ahora y en el futuro, cualquier referéndum de autodeterminación que se pueda promover por parte de la Generalitat".
También aspira a que el Gobierno declare un "compromiso inquebrantable" con la Constitución y la igualdad de los españoles, y que se comprometa a que la mesa de diálogo "no tenga ningún efecto jurídico" y a circunscribir su relación institucional con la Generalitat a lo previsto en la Carta Magna y el Estatut.
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