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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acusado a diputados del PP de haberle insultado mientras intervenía este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "Todos los días igual", se ha quejado el ministro, sin dar nombres. Tras su intervención, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llamado la atención a los 'populares' José Ignacio Echániz y Pablo Hispán.
Mientras respondía a la pregunta que le había formulado la portavoz de Consumo del PP, Carmen Riolobos, el ministro ya ha apuntado que miembros del PP, "bastante maleducados", estaban "gritando" justo detrás de él.
Ya después, en su cuenta de Twitter, el ministro ha escrito: "Algo que nunca comprenderé es qué lleva a ciertos diputados a insultar de manera vulgar y grosera en el Congreso mientras el orador tiene la palabra".
BATET EXIGE "RESPETO"
"Todos los días igual. Hoy diputados del PP situados detrás de mí lo han hecho mientras yo intervenía. ¿Qué necesidad tienen?", se preguntaba en un mensaje recogido por Europa Press.
La propia Batet, una vez que Garzón había concluido su duelo con Riolobos, se ha dirigido expresamente a Echániz e Hispán. "Por favor, les he llamado a guardar silencio en varias ocasiones durante esta sesión de control, les pido respeto cuando interviene un ministro que está a su lado", ha dicho la presidenta.
Este incidente se produce menos de 24 horas después del 'rapapolvo' que la presidenta del Congreso dirigió a los diputados al inicio del Pleno del esta semana, quejándose de la imagen que en ocasiones ofrecen sus señorías.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han insistido este miércoles en el Pleno del Congreso que el precio récord de la electricidad en el mercado mayorista no es el que pagan los consumidores en su factura, ante las críticas del PP.
Y es que durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, ambos ministros han sido criticados por diputados 'populares' al considerar que "su intervencionismo" en materia energética "sale caro a los españoles" y asociando la evolución del mercado eléctrico con la factura de la luz que tienen que pagar los consumidores.
En este sentido, primero Ribera frente al portavoz de Energía del PP, Juan Diego Requena, y después Garzón ante la portavoz de Consumo, Carmen Riolobos, han aclarado que los mercados mayoristas marcan precios históricos, empujados por el precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 en los mercados internacionales, pero que la factura no se ha disparado en la misma proporción.
RIBERA VE LA FACTURA "RAZONABLEMENTE CONTROLADA"
Es más, la vicepresidenta y responsable en materia energética ha dicho que "la factura está razonablemente controlada a pesar del 'rally' internacional de los precios del gas y las materias primas gracias a las decisiones que ha tomado el Gobierno".
"Los precios de la energía no son lo mismo que los precios de la luz", ha insistido Garzón, señalando que, para evitar la traslación de estos precios de la energía, el Gobierno ha rebajado los impuestos aplicados a la energía y ha actuado para recortar los beneficios de las empresas por estos sobreprecios y abaratar así el precio del consumidor.
Más tarde, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Ribera ha subrayado que las medidas del Gobierno buscan "desacoplar" el alza de estos mercados para "garantizar que la factura se mantenga dentro de lo que es razonable, asumible y en línea del precio de los hogares y la industria en 2018".
EL PP VE UN "PATRÓN" DE SUBIDA DE LA LUZ POR EL "INTERVENCIONISMO"
El diputado 'popular' Juan Diego Requena, por su parte, ha explicado ante la vicepresidenta tercera un "patrón" de respuesta en el precio de la electricidad ante las sucesivas medidas del Gobierno, que ve "de fracaso en fracaso hasta el fracaso total en nombre de la justicia social".
"La antipatía hacia ustedes cotiza en los bolsillos de los españoles", ha abundado Requena, preguntándose si Ribera "se cree una genio de la energía" cuando, ha dicho, "en realidad su único mérito es gozar, de momento, de la protección presidencial": "Solo de esa manera se entiende que no haya seguido el camino de los 17 ministros caídos en desgracia. Démonos tiempo, todo se andará", ha finalizado.
Frente a esta intervención, Ribera ha recordado a la bancada del PP el "intervencionismo" de los ministros 'populares' que le precedieron, que fijaron "una retribución razonable en el BOE" para las plantas de generación, prohibió un cierre de instalaciones o fijó "un impuesto al Sol", pero también la vía propuesta de trasladar a Presupuestos los costes fijos de la factura.
GARZÓN, UN "TRAIDOR" POR SU "INACCIÓN"
Por su parte, la diputada Ríolobos ha espetado ante Garzón que "su irrelevancia en el Gobierno es directamente proporcional a su silencio cobarde ante la subida de la luz", y que "su inacción es irresponsable y traidora para con todos los españoles".
Asimismo, ha dicho que la "propuesta de 'exprópiese'", con la que ha definido el recorte de los beneficios sobrevenidos de las eléctricas "acaba con cortes de luz", por lo que cree que el ministro "es el enemigo" de las familias: "Márchese y llévese al señor Sánchez", le ha invitado.
"ESE SILENCIO SOLO ESTÁ EN SU CABEZA", REPLICA EL MINISTRO
"Siempre tan amable y educada", ha agradecido, irónicamente, el ministro de Consumo, que le ha recordado que este miércoles "es, por lo menos, la décima ocasión" en la que le explica directamente a la diputada las medidas --"Ese silencio del que usted habla solamente está en su cabeza"--.
Asimismo, ha lamentado la "narrativa profundamente hipócrita" del PP, ya que la rebaja fiscal del Gobierno responde a subidas de impuestos por parte de un Ejecutivo 'popular', que creó el impuesto aplicado a la generación, del 7% --ahora temporalmente suspendido--, y subió el IVA al 21%, ahora rebajado temporalmente al 10%.
INSULTOS A GARZÓN Y LLAMADAS DE ATENCIÓN DE BATET
Durante la intervención, el ministro ha lamentado que en la bancada 'popular' "sean bastante maleducados" por interrumpir sus palabras a sus espaldas en el Congreso --su escaño de ministro se sitúa justo delante de la bancada del PP--, algo que ha confirmado más tarde en su cuenta de Twitter.
"Algo que nunca comprenderé es qué lleva a ciertos diputados a insultar de manera vulgar y grosera en el Congreso mientras el orador tiene la palabra. Todos los días igual. Hoy diputados del PP situados detrás de mí lo han hecho mientras yo intervenía. ¿Qué necesidad tienen?", ha escrito.
Al concluir Garzón, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha señalado directamente a dos diputados del PP, José Ignacio Echániz y Pablo Hispán: "Les he llamado a guardar silencio en varias ocasiones durante esta sesión al control. Les pido respeto cuando interviene un ministro que está a su lado".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha celebrado este miércoles en el Congreso que la "actuación contundente" de instituciones, víctimas y sociedad civil forzaran que la "suspensión" del homenaje público al terrorista de ETA Henri Parot. Frente a las críticas de PP y Vox por "no mover un dedo", ha insistido en que trabajan en la reforma de la ley para sancionar administrativamente este tipo de actos públicos.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Grande-Marlaska ha sostenido que el delegado del Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional la marcha convocada para pedir la excarcelación de etarras como Henri Parot.
"Por la actuación contundente de todas las instituciones, de las asociaciones de víctimas y de la sociedad civil en general, el homenaje público al terrorista Parot fue suspendido", ha sostenido el ministro. El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro le ha reprochado la "desfachatez" de sostener esto, aludiendo a que la plataforma SARE lo que hizo fue "multiplicar" su reivindicación en cientos de espacios.
Como viene haciendo en otras intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska ha recordado que esperan a la evaluación de la Comisión Europea respecto al delito de enaltecimiento dentro de la directiva 2017/541 para, a continuación, aprobar el nuevo régimen sancionador por vía administrativa de los homenajes etarras, lo que acometerán dentro de una reforma de la ley de víctimas de 2011. La medida se justifica en el escaso éxito de las iniciativas por la vía penal.
"Este Gobierno aplica la ley", ha contestado, invitando a la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril que revisara el auto sobre la 'operación Kitchen' por lo que afecta a los responsables de Interior cuando gobernaba el PP. "Toda ofensa a las víctimas del terrorismo es una ofensa a las mismas y a valores democráticos", ha señalado tras reprochar que en los siete años de Mariano Rajoy no se legislara en este sentido.
MENOS ACTOS DE HOMENAJES A ETA
También ha citado los datos del Observatorio de Covite para sostener que los homenajes a presos de ETA se han reducido desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. "El número de recibimientos a miembros de ETA ha decrecido de forma sustancial porque trabajamos en educar y trasladar que no es admisible actos de esa naturaleza", ha indicado.
En este sentido, Grande-Marlaska ha citado la apertura de Centro Memorial de Vitoria y las fichas didáctica sobre el terrorismo que son un apoyo para educar en valores.
"Hay víctimas en todos los partidos, todos las lloramos. Todas son nuestras víctimas, las del PP, las del PSOE, las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y las civiles. No las patrimonialicemos porque todas hemos sufrido la crueldad y hemos hecho frente a la organización terrorista", ha pedido Grande-Marlaska, que también ha ironizado dando las gracias a Gil Lázaro por llamarle hoy "ilustre magistrado".
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confía en anunciar "en breve" el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 20222 en el seno del Ejecutivo, así como con otras fuerzas políticas.
"Hay que dejar que la negociación avance, que sigamos trabajando. Vamos a tener presupuestos, que eso es lo importante y lo vamos a tener antes de que acabe el año para que pueda entrar en vigor el 1 de enero", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.
La titular de Hacienda ha informado de que el Gobierno está hablando con todos los grupos e intentando recabar los mayores apoyos posibles para sacar adelante las cuentas públicas para el próximo año. "Cuantos más apoyos tenga el Presupuesto, mejor para la estabilidad del país", ha remarcado.
Sobre los escollos entre los socios de Gobierno respecto a la aplicación de un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades y por el control de los precios de alquiler, la ministra no ha dado detalles y ha asegurado que el objetivo es tener un Presupuesto para una recuperación justa que llegue a todos los ciudadanos.
"En eso estamos trabajando y soy prudente porque para que una negociación llegue a buen puerto todas las partes tenemos que ser prudentes", ha recalcado, pese a que sus socios de Gobierno ya hayan hecho públicas las discrepancias.
Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el próximo martes, 5 de octubre, el Gobierno lleve a Consejo de Ministros la aprobación de los Presupuestos, de acuerdo con el propósito del propio presidente del Gobierno, la ministra ha preferido apelar a la "prudencia", aunque ha asegurado que se dará 'luz verde' en la primera quincena de octubre.
LA VIVIENDA TENDRÁ UN PAPEL PROTAGONISTA PERO DESVINCULA LA LEY
La ministra ha explicado que la Ley de Vivienda no entrará dentro de la ley de Presupuestos, ya que la de PGE no tiene ley de acompañamiento y por tanto todas las materias que se regulan tienen que ver con el estado de los ingresos y los gastos.
Esto no quita, según Montero, que en paralelo se esté también avanzando respecto a otras legislaciones que son imprescindibles para el país, como es el caso de la Ley de Vivienda.
"Lo que es obvio es que la vivienda y sobre todo la dirigida a los jóvenes va a tener un papel protagonista en este proyecto de Presupuestos, pero otra cosa es la ley que necesita el país para tener una vivienda digna", ha apuntado la ministra.
Montero ha señalado que Unidas Podemos ya ha trasladado cuáles son los elementos que pone encima de la mesa de la negociación, entre los que destaca la Ley de Vivienda, pero la ministra ha aclarado que la ley de Presupuestos tiene su curso y su cauce y no es "conveniente ni oportuno" que todas las cuestiones desemboquen en ella, "porque si no, los textos legislativos que tiene que trabajar la Cámara en el resto de sesiones no tendrían sentido".
El PP ha tachado de "inmoralidad" que el Gobierno esté negociando los Presupuestos Generales de 2022 con partidos independentistas como Esquerra Republicana (ERC) o Bildu, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que continuarán "en la senda de diálogo" y le ha recordado los pactos que el expresidente José María Aznar alcanzó con el expresidente catalán Jordi Pujol.
Durante la sesión de control en el Congreso, el diputado 'popular' Mario Garcés ha denunciado la "inmoralidad latente" que, a su juicio, hay en "todo lo que hace" el Gobierno, citando en concreto la de haber convertido a Bildu "en una especie poder negociador fuerte" y la de tener como interlocutor para la aprobación de las cuentas públicas a los independentistas catalanes.
"Como ministra de Hacienda se ha convertido en apoderada del casino de la casa de apuestas que ha montado Sánchez con todo el akelarre de independentistas", ha manifestado Garcés, quien considera que en la mesa presupuestaria Montero tiene "el dilemas de las 'pes': (Henri) Parot y (Carles) Puigdemont".
LOS INDEPENDENTISTAS, "ESPAÑOLES DE PRIMERA"
Tras preguntarle qué pasará si Puigdemont, al que ha calificado de "cobarde", acaba siendo extraditado a España, el 'popular' ha pedido a la ministra que especifique las "cesiones" que en los Presupuestos el Gobierno hará a las formaciones independentistas, a los que considera que trata como "españoles de primera" pese a "odiar" el país.
"El socialismo vive el peor momento de su historia. Todos los diputados del PSOE han asumido incondicionalmente el autoengaño al que les ha sometido Sánchez y la dirección del Partido Socialista Obrero Español".
Montero ha replicado subrayando que no está el PP "en las mejores condiciones" de calificar cómo está el PSOE teniendo en cuenta, ha dicho, que en la Convención que está celebrando el partido "la noticia es si aparece Ayuso o de qué lado están los participantes".
Dicho esto, ha querido dejar claro que el Gobierno llevará los Presupuestos a las Cortes para que salgan aprobados "en tiempo y forma" antes 31 de diciembre, y ha confirmado que seguirá hablando con todas las formaciones políticas menos con el PP que, ha lamentado, "ya ha anticipado" que no pactará con el Ejecutivo.
¿ALGUNA VEZ EL PP SE PLANTEARÁ ARRIMAR EL HOMBRO?
"Este Gobierno va a continuar en la senda de diálogo como forma de fortalecer la convivencia y va a seguir trabajando por la mayoría social a la que se debe", ha dicho la titular de Hacienda, quien se ha preguntado si el PP "alguna vez" se planteará la posibilidad de "arrimar el hombro".
En este punto, Montero ha recordado los pactos a los que Aznar llegó con Pujol en su etapa de Gobierno para censurar que el PP no vea "cesiones" al independentismo catalán cuando aprueba los Presupuestos, "y cuando lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez nos estamos vendiendo a quienes quieren romper España".
"Vuelvan a la cordura y al interés general, aporten a la política, construyan un Parlamento edificante y abandonen la política de tierra quemada y del insulto".
El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha exigido este miércoles a Vox respeto a los demás diputados del Congreso; a lo que la formación liderada por Santiago Abascal ha respondido erigiéndose como uno de los grupos parlamentarios "más educados" de la Cámara.
Bolaños y el diputado de Vox José María Figaredo han mantenido este 'rifirrafe' en el Pleno del Congreso tras la polémica generada la semana pasada después de que el parlamentario de Vox José María Sánchez llamara 'bruja' a la socialista Laura Berja.
"¿Le parece que respetar es insultar a una diputada socialista cuando está haciendo uso de su palabra en la tribuna? ¿Eso es respeto?", ha preguntado el ministro cuando el diputado de Vox acusaba al Gobierno de no respetar al Parlamento por "negociar la soberanía nacional" con el Ejecutivo de la Generalitat o por declarar un estado de alarma "ilegal".
"Somos uno de los grupos parlamentarios más educados", ha replicado el diputado de Santiago Abascal, que además ha reprochado a Bolaños que se ponga "arisco" cuando responde a Vox pero se muestre "suave como la seda" cuando trata con los separatistas.
Figaredo ha recordado que Bolaños debería ser el encargado de "velar" para que el Gobierno respete la independencia institucional con las Cortes Generales. "Sin embargo, el Gobierno no está respetando la diferencia de poderes, la soberanía popular y nos da miedo", ha denunciado.
"Celebro que a Vox le preocupe el respeto a esta Cámara", ha ironizado de nuevo Bolaños, que espera que esto sea "señal" de un "propósito de enmienda" de su partido.
En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno es fiel con sus citas parlamentarias y ha sostenido que tanto el presidente, Pedro Sánchez, como todos los ministros han acudido al Parlamento en más ocasiones que el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contestado este miércoles con un "rotundamente no" a si el independentismo es equiparable al terrorismo, señalando que los partidos que se declaran independentistas lo hacen por una ideología que es "tan respetable como cualquier otra, siempre que no busque ni ejercite la violencia".
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de Junts Mariona Illamola ha preguntado por esta cuestión a raíz de la detención en Cerdeña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en virtud de una euroorden emitida por el Tribunal Supremo. Grande-Marlaska ha pedido respeto para los procesos judiciales, defendiendo que "en España mandan los tres poderes".
En concreto, la diputada se ha interesado por el "cruce de poderes inaudito" que propició este arresto, planteando dudas sobre si hubo conocimiento previo del presidente del Gobierno o del Rey. También ha cuestionado los "informes falsos" policiales que obran en causas judiciales y ha relativizado investigaciones como las de los CDR procesados por terrorismo al rebajar lo incautado a "productos de limpieza" o "para matar malas hierbas".
NO INTERVENCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES
"El independentismo es una ideología tan respetable como cualquier otra, siempre que no busque ni ejercite la violencia para el cumplimiento de sus fines", ha defendido Grande-Marlaska, que ha censurado a Junts por plantar que el Gobierno "intervenga en procesos judiciales". "Ese Estado que tiene usted en la cabeza me preocupa, parece que no existe la división de poderes", le ha dicho a Illamola.
Grande-Marlaska ha defendido que es una "obviedad" que el independentismo es una ideología respetable, con posiciones "absolutamente legítimas" y que los "demócratas estarán ahí para defenderlo". El Gobierno, ha añadido, "no comparte esos procesos independentistas, pero sí procesos para el encuentro".
El ministro ha añadido que la Constitución no es militante porque "no exige ideología concreta ni una defensa a ultranza de su contenido". "Por eso somos una de las democracias plenas", ha sostenido antes de añadir que, tras el arresto de Puigdemont, lo que hay que hacer es dejar que los tribunales actúen. "En España mandan los tres poderes, cada uno en el marco de sus competencias"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha remarcado este miércoles que los beneficios de las eléctricas son "groseros" y que, frente a esto, el Gobierno "defiende a la gente" con las medidas aprobadas para atajar la escalada del precio de la luz, mientras el PP hace de "abogado de las eléctricas".
Así ha contestado Díaz en el Congreso de los Diputados al secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien ha acusado al Gobierno de que, a pesar de las medidas tomadas para bajar la factura de la luz, hoy los españoles pagan la energía más cara de la historia.
"Ya les advertimos que sus ideas eran inútiles y el Gobierno ha fracasado", ha apuntado García Egea, quien también ha recriminado a la titular de Trabajo que calificara de "groseros" los beneficios de las grandes empresas eléctricas.
Frente a esto, la vicepresidenta ha defendido la actuación del Ejecutivo contra esta problemática y ha explicado que un beneficio "grosero" de una empresa eléctrica es cuando existe un gran abismo entre costes de producción y beneficios de esas empresas.
También ha apuntado que se trata de beneficios "groseros" cuando cuatro grandes empresas concentran los beneficios de las mismas y hay multitud de familias en el país que tienen dificultados para pagar recibo de la luz.
Según ha argumentado la ministra, los beneficios sobre ventas de las eléctricas españolas se sitúan en el 18,5%, mientras que la media europea es del 10,5% y la alemana del 5,6%. Además, según datos del Banco de España, el beneficio sobre ventas de las eléctricas españolas en relación a todas las empresas del país, es del doble.
"Seguramente usted coincide en que esto es problema para las familias, que no dejan de perder poder adquisitivo, así como para las pequeñas empresas, que pierden competitividad", le ha remarcado al diputado popular.
También la titular de Trabajo ha explicado que no solo es cuestión de los beneficios, sino también de los dividendos. En el caso de Endesa, cuyo último lote vendió el PP, sus accionistas se embolsaron en diez años 27.641 millones de euros en dividendos.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tachado en el Pleno del Congreso de "inmenso error" la advertencia de las grandes empresas eléctricas sobre un posible adelanto del cierre nuclear y no ve justificada la revisión de tarifas, como han trasladado algunas compañías.
Así, en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, la vicepresidenta tercera ha reconocido "preocupación" por "las cartas que han enviado algunas eléctricas" a empresas industriales y a consumidores domésticos acerca de la revisión al alza de su factura energética, "e incluso a sus trabajadores", dando a entender que las empresas habían avanzado posibles consecuencias en términos de empleo o condiciones laborales.
Es más, ha dicho que "es probable que la revisión de tarifa la tuvieran planteada (estas eléctricas) incluso antes de la adopción de estas medidas (el decreto ley donde recortaba parte de sus beneficios)".
"Queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio. Y si hay algún tipo de problema, no puede ser algo que perjudique a los industriales, ni a los consumidores domésticos, ni evidentemente a los trabajadores", ha aseverado. Respecto a los trabajadores, ha dicho Ribera, el Ejecutivo tiene "la obligación de hablar para entender qué está ocurriendo" y también "cómo poder reaccionar".
Todo ello en la pregunta dirigida por el diputado de EH-Bildu Oskar Matute, que le ha preguntado cómo piensa reaccionar el Gobierno ante "el chantaje de las eléctricas" y su "avaricia", pues "no han dejado de ganar ningún año", ni antes, ni durante ni después de la pandemia, gracias a su situación de dominio de mercado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a Vox que "aprenda" de los agentes sociales que, a pesar de sus diferencias, han sido capaces de firmar 12 acuerdos en los últimos meses, y abandone su concepción "muy pequeñita" del Estado.
En un bronco debate en el Congreso con la diputada de Vox Macarena Olona, que preguntó a la ministra si entendía el diálogo social "a base de patadas", en relación a la acusación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, Díaz pasó de largo de estas acusaciones y se remitió a la pregunta que había registrado la diputada acerca del diálogo social.
Así, la ministra recordó los 12 "grandes acuerdos" en el marco del diálogo social, el último de ellos la renovación de los ERTE hasta febrero, "el mecanismo de protección social más eficiente de la historia de la democracia española", en palabras de Díaz.
"Ha servido para defender a millones de trabajadores y a 550.000 empresas. Si hubiera sido por su partido, los trabajadores hoy hubieran estado despedidos y las empresas caídas, no han tenido la dignidad de votar y acompañar al Gobierno de España con sus votos", reprochó la vicepresidenta a Olona.
Además, Díaz afirmó que el diálogo social es un mandato constitucional, recogido en el artículo 7 de la Carta Magna, que coloca en un "puesto central" a las instituciones empresariales y sindicales y lo hace, indicó la ministra, porque entiende que eso es reforzar la democracia.
En este sentido, defendió que el diálogo social sirve para que los que son diferentes, pero comparten una voluntad común, dialoguen y sean capaces de alcanzar acuerdos.
"Tengo dudas de que con su partido tengamos una voluntad común, porque ustedes no hablan con nadie, ni con la prensa, ni con el Gobierno, ni con los partidos políticos, ni con los sindicatos, ni con las patronales; tienen una concepción del Estado muy pequeñita, en la que solo caben ustedes, no quepo yo, no cabe el Gobierno de España. Súmense al diálogo social y aprendan de los agentes sociales de nuestro país".
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recriminado a Vox su falta de "dignidad" al ni siquiera apoyar las medidas del Gobierno orientadas a evitar despidos durante la crisis del Covid, como los mecanismos de los ERTE, y ha sentenciado que su visión de España es "muy pequeña" en la que "no cabe nadie" más que ellos.
Por su parte, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, le ha exigido que aclare si entiende el diálogo social y las políticas de empleo "a patadas", refiriéndose explícitamente al reciente juicio al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por presunto atentado a la autoridad durante una manifestación en 2014.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Olona ha iniciado su pregunta a Díaz refiriéndose a Rodríguez, que ha sido acusado de "patear a un policía" durante una manifestación y ahora el Tribunal Supremo dictaminará si es culpable o no.
OLONA: PODEMOS ES "VIOLENCIA"
Esta causa, según la parlamentaria, ha generado un "nuevo ataque inadmisible" por parte de Unidas Podemos a una institución "básica de la democracia", como es la Justicia, y que se suma a otras ofensivas contra los medios de comunicación o la monarquía.
"Eso es Podemos, violencia y desestabilización", ha enfatizado para censurar que Rodríguez, que sigue "agarrado a su escaño", y toda la formación morada haya definido el proceso como un "montaje policial".
¿Así entiende usted el diálogo social y las políticas de empleo, a patadas?, ha lanzado Olona a la también titular de Trabajo para trasladarle que tenía la oportunidad de proteger a los "servidores públicos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante esos ataques a su labor que atribuye a Unidas Podemos.
Posteriormente, ha mostrado desde la tribuna una fotografía de una manifestación de 2019 en la que, según la descripción de Olona, se muestra a la vicepresidenta "encarándose agresivamente" con un agente de Policía Nacional, aludiendo a que fue citada a declarar por ello.
EL DIÁLOGO SIRVE PARA LA DEMOCRÁTICA Y VOX "NO HABLA CON NADIE"
Al respecto, Díaz ha replicado que la filosofía de su departamento y de todo el Gobierno pasa por los acuerdos a través del diálogo social, como ha constatado en una docena de grandes pactos ya alcanzados, y ha constatado el "gran abismo" que separa a ambas.
"Soy una demócrata y la voy a contestar", ha apostillado Díaz en su turno de intervención para ensalzar el mecanismo de protección de empleos y empresas que supusieron los ERTE durante la pandemia. Y es que Díaz está convencida de que, si fuera por Vox, "los trabajadores hoy hubieran estado despedidos y la empresas caídas".
A continuación, ha recriminado a Vox que no tuviera "ni la dignidad" de acompañar con sus votos estas medidas de protección pactadas en el diálogo social, fórmula de concertación que además es un mandato constitucional.
"A pesar de que usted y yo tengamos una profunda diferencia, ha de entender que el diálogo social sirve para la convivencia democrática. Eso sí, dialogan los que piensan diferentes y los que compartimos una voluntad común. Yo tengo dudas de que ustedes tengan voluntad común. No hablan con nadie, no hablan con los medios, no hablan con el Gobierno, no hablan con otros partidos políticos, ni con los sindicatos ni patronales", ha esgrimido Díaz para zanjar su intervención aludiendo que en su idea de España solo cabe Vox.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado este miércoles al Gobierno de vivir en la "mentira", mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha replicado que el presidente Pedro Sánchez les imprime "responsabilidad, rigor, respeto y sentido de país".
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el portavoz de Vox ha explicado que toda organización cuenta con una dinámica de grupo que suele imprimir su líder. Y ha lamentado que todos los miembros del Consejo de Ministros estén adoptando el carácter de su presidente: "Engaño, mentira y ocultación".
"Estoy de acuerdo en que la cultura corporativa depende del líder --ha reconocido Calviño--. Y el presidente nos ha marcado responsabilidad, rigor, respeto y sentido de país; esos son los principios que guían a este Gobierno".
Por ello, la vicepresidenta primera ha pedido a los partidos de la oposición, incluido Vox, que "salgan de su rincón" y se empleen en "arrimar el hombro" para "ayudar a España"; alejándose de su discurso "destructivo" que ve "alejado" de la situación de pandemia de los últimos meses y de los "retos" que el país tiene por delante.
Sin embargo, el portavoz parlamentario de Vox cree que España solo saldrá adelante cuando deje "atrás" al Gobierno de Pedro Sánchez. Y ha señalado directamente a la vicepresidenta Calviño tras la revisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) del dato de crecimiento.
"Ha perdido su credibilidad la primera", ha reprochado acusando a Calviño de dejar su conocimiento técnico "opacado por la sombra de la mentira" al convertirse en "una política al uso" tras estos años en el Ejecutivo.
Espinosa de los Monteros ha denunciado además que una parte importante de ministros se ausentaran de la sesión de control al Gobierno de la pasada semana, pese a que Calviño ha sostenido que se respondieron todas las preguntas de los grupos parlamentarios y ha defendido que forma parte del Ejecutivo "más controlado de la historia".
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido este miércoles la "prudencia" de las previsiones macroeconómicas del Gobierno, después de que el PP le recriminara que en cualquier país de Europa, el ministro de Economía hubiera dimitido tras la revisión a la baja de un organismo como el INE.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra ha explicado que a lo largo de estos años se han observado muchas revisiones al alza y a la baja de los distintos organismos. "También llevo tres años escuchando sus llamadas a mi dimisión haya o no revisiones, haya o no una pandemia o sea cual sea la situación económica", le ha reprochado a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
La diputada popular ha criticado que "nunca" en la historia se había llevado a cabo por parte del INE una corrección de esta magnitud. "O no se entera o no quiere que nos enteremos los españoles. Pero en cualquier país de Europa, el ministro de Economía hubiera dimitido", ha asegurado.
Además, Gamarra le ha recriminado que, con su gestión, España se ha situado a la cola de la recuperación y ha acusado a la vicepresidenta de "manipulación" y de estar a la altura del socialista Pedro Solbes, el "peor ministro de Economía de la historia".
La ministra le ha recordado que el INE no depende del Gobierno, sino que es una organización independiente. "Sé que ustedes no tienen ningún respeto por las instituciones constitucionales, pero aún así tenga usted cuidado con lo que dice en este hemiciclo", ha instado a la portavoz popular.
Calviño ha puesto de relieve la dificultad estadística en particular en esta situación de pandemia. En este sentido, ha valorado que el presidente del INE le haya transmitido su intención de crear un grupo de trabajo técnico con otras instituciones para analizar el mensaje y el encaje de los indicadores extraordinarios utilizados durante la pandemia, con el objetivo de mejorar las metodologías y la capacidad colectiva de prever qué es lo que va a suceder con la economía.
La responsable de Economía ha recalcado que durante estos últimos tres años la política económica del Gobierno se ha basado en la responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales. Por ello, ha criticado que "atenta contra el sentido común" que el líder del PP llame a esta política económica "radical".
En este sentido, ha señalado que estos principios sobre política económica han guiado la gestión de la pandemia, lo que ha supuesto que la salida de esta crisis sea "muy diferente" de la anterior crisis financiera, y se haya evitado una destrucción masiva de empleo y se haya protegido las rentas de las familias y el tejido productivo. "Tenemos una base para la recuperación que está en marcha y es muy fuerte".
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en el pasado desdeñara la "mano tendida de los liberales" y, en su lugar, haya optado por pactar con ERC y EH Bildu, formaciones "que cuando negocian no piden nada bueno para las familias", y solo se preocupan por "pedir indultos, acercar etarras y la inmunidad para Carles Puigdemont".
"Siempre he sentido la mano tendida de los liberales españoles. ¿Me pilla el sarcasmo?", ha respondido Sánchez en tono jocoso, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que la presidenta de Cs ha aprovechado para criticar la política educativa del Ejecutivo, y denunciar que ésta se ha resentido a su juicio, por los pactos del presidente con los separatistas.
Según Arrimadas, la mejora de la educación y resolver las preocupaciones que tienen las familias sobre este asunto no son una prioridad del Gobierno, porque los abordan desde una ley educativa --la conocida como Ley Celaá-- "que provoca menos calidad de la enseñanza, menos cultura del esfuerzo, más ideología sectaria y más cesiones al separatismo". Esto se debe, a su juicio, a que "sus socios" son Gabriel Rufián --el portavoz de ERC-- y Arnaldo Otegi --el líder de EH Bildu--.
En este punto, la líder del partido naranja ha avisado a Sánchez de que si tiene la "tentación" de hablar de la victoria de los socialdemócratas en las elecciones alemanas y hacer "comparaciones" con el PSOE, recuerde que en Alemania, el SPD estaba gobernando con los conservadores con una "gran coalición", mientras en España, su formación no quiso coger "la mano tendida" de los liberales".
"Recuerde que usted tuvo la mano tendida de los liberales y en vez de cogerla, cogió la de Bildu, ERC, y los partidos más xenófobos e insolidarios y que más atacan la democracia en España. Cuidado con las comparaciones con Alemania porque puede salir mal parado", ha avisado. "La educación no será buena hasta que no abandonen sus pactos con separatistas".
Por su parte, Sánchez ha recurrido la sarcasmo para negar que haya contado con la mano tendida de los liberales, y se ha centrado en presumir de las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno para mejorar la educación y la situación de las familias, como por ejemplo, la ley de Formación Profesional, el incremento de becas, o el aumento del permiso de paternidad para mejorar la conciliación. "Con hemos, demostramos que estamos pendientes".
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la "cacería" y detención del expresident Carles Puigdemont ha supuesto "un putiferio" y "lo ha cambiado todo". Por eso, ha dado por muerta la mesa de diálogo sobre Cataluña recalcando que no se puede negociar con quien "no manda" y está en manos de "instituciones que abanderan el fascismo".
Así se lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que también ha acusado al Ejecutivo de tener "intervenidos los móviles" de muchos independentistas
Sánchez, que no ha consumido todo el tiempo del que disponía para responder a la portavoz de Junts, ha confesado que se le hacía "muy difícil" darle la réplica y ha comparado su discurso con el de un jugador de la NBA que, según ha relatado, cree que "detrás de las vacunas hay una conspiración" y quieren "conectar a los negros con un ordenador que tiene un plan satánico".
"Ni usted misma se cree lo que está diciendo hoy aquí", ha concluido Sánchez, incidiendo en "España es un Estado social y democrático de derecho" y que el 80 por ciento de los catalanes quieren que se dialogue para llegar a "un acuerdo" y rechazan la "unilateralidad" que propugna Junts.
El líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "calle" y no aclare en el Parlamento si "autorizó" la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, si "ordenó falsear las cuentas públicas para cuadrar un Presupuesto radical a martillazos" y si va a "presionar para que se juzgue en España al golpista" Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.
En su respuesta a la pregunta de control del líder de la oposición, el jefe del Ejecutivo ha eludido referirse a esas cuestiones y ha presumido de hacer "política útil" en beneficio de los ciudadanos. Además, ha recalcado que los españoles están "hasta la coronilla de los insultos y los gritos".
Entonces Casado le ha echado en cara que no aclare en sede parlamentaria si él es la "X del caso Ghali", si "falseó" las previsiones económicas y si cumplirá su palabra para "traer a España a Puigdemont".
"Quién calla otorga, viene aquí y no contesta a nada", se ha quejado, para formularle de nuevo las mismas tres cuestiones y recalcar que si Sánchez no está dispuesto a "defender a España de delincuentes y la crisis económica", debe irse y "dejar a los demás".
Sánchez ha criticado este "juego de sí o no" de Casado y la ha preguntado si el PP está a favor de validar el acuerdo de pensiones con los agentes sociales. A su entender, eso es lo que debe responder porque es lo que se "merecen los españoles".
El PP y Vox quieren aprovechar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para exigir cuentas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el caso Ghali, y además, los de Santiago Abascal forzáran una votación al respecto, pero ya a mediados de octubre.
En concreto, la portavoz del PP en la Comisión de Exteriores, Valentina Martínez, intentará que Albares le detalle "hasta dónde alcanzan las responsabilidades" de la estancia 'secreta' del líder de Frente Polisario en España la pasada primavera, cuando estuvo ingresado en un hospital de La Rioja aquejado de Covid-19.
El juez que investiga los hechos ha citado como imputada a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, y se ha pedido también la declaración de otros miembros del Gobierno, así como la de las jefas de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.
En ese contexto, el PP ha solicitado la creación de una comisión de investigación para que, con independencia de las responsabilidades penales que se puedan derivar de este asunto, la Cámara determine el alcance de las responsabilidades políticas, habida cuenta de que la hospitalización de Ghali generó una crisis diplomática con Marruecos.
En palabras de la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, el Congreso tiene que aclarar quién es "la x" de este caso, es decir, "quién dio la orden" de permitir la entrada del líder del Polisario en España.
LAYA NO ACTUÓ SOLA
Los 'populares' consideran que este fue el motivo del cese el pasado julio de González Laya, pero están convencidos de que la exministra no pudo actuar sin tener el beneplácito o directamente sin haber recibido órdenes de su superior jerárquico.
Una tesis similar es la que maneja Vox, que también exige saber quién tomó esa decisión. Con este objetivo los de Santiago Abascal han presentado una interpelación para que Albares aclare sus dudas ante el Pleno.
Tras ese debate con el ministro los del Santiago Abascal registrarán una moción para que el Congreso se pronuncie sobre a polémica. Ese texto se someterá a votación en el primer Pleno de octubre, que tendrá lugar tras el puente del 12 de octubre.
Nueva sesión de control al Gobierno en la que se realizarán preguntas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero el ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Entre ellas se hablará del fraude y la regularización fiscal. La situación de las eléctricas y las líneas ferroviarias, así como el independentismo, las políticas de empleo y el caso Ghali.
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