Comparaciones disparatadas y diferencias abismales en los impuestos que pagas según la comunidad donde vives

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de una Ley de armonización fiscal “que corrija los desmanes, los aprovechamientos, y las trampas fiscales" y ha aclarado que la intención del Gobierno regional, es conseguir "una ley en positivo que no vaya contra nadie y para que en España no haya guerras fiscales entre las autonomías".

García-Page considera que existe desigualdad entre ciudadanos de unas y otras comunidades, debido a los distintos regímenes fiscales vigentes en todo el territorio nacional. Page ha criticado la política de bajos impuestos de Madrid, calificándolo de dumping fiscal respecto a las comunidades vecinas y en especial a la supresión del Impuesto del Patrimonio que se ha llevado a contribuyentes de Castilla-La Mancha a trasladar su domicilio fiscal a la comunidad madrileña.

García-Page: "El Estado autonómico no se ha inventado para que las autonomías nos hagamos trampas fiscales entre unos y otros, a ver quién pesca más contribuyentes”.

Page ha asegurado que el Estado autonómico "no se ha inventado para que las autonomías nos hagamos trampas fiscales entre unos y otros, a ver quién pesca más contribuyentes. No puede haber Liechtenstein en medio del país, no tiene sentido".

El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado también una reforma fiscal integral dentro de la reforma global del Sistema de Financiación autonómica. El presidente del Gobierno ha defendido que "la armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

¿Por qué cita Pedro Sánchez a Ayuso? ¿Por qué Page se refiere a los bajos impuestos de Madrid?

Las Comunidades Autónomas pueden establecer lo que cobran a sus ciudadanos por impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones (herencias), Donaciones y Actos Jurídicos Documentados. También tienen trasferidos parte de otros tributos como el 50% del de la renta y el 58 por ciento sobre el alcohol, los hidrocarburos o el tabaco. Las autonomías pueden además crear impuestos propios.

Al final, unos ciudadanos deben pagar más que otros, dependiendo del lugar donde vivan y esa es la desigualdad a la que se refiere García-Page.

Eso parece algo muy claro pero el conflicto, también verbal y por tanto político, aparece cuando la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, asegura que armonizar impuestos en toda España, es decir que todos los españoles tengan las mismas oportunidades al margen de la región donde vivan, significa “robar a los madrileños”. Algo similar opinan en el PP de Castilla-La Mancha, rotundamente contrarios a que todos los españoles paguen lo mismo vivan donde vivan. La batalla política y la económica está servida.

El PP promete bajar impuestos cuando está en la oposición y los sube cuando gobierna

Cuando está en la oposición y aspira a gobernar, el PP siempre habla de bajar impuestos pero no lo practica cuando llega al gobierno, todo lo contrario. Mariano Rajoy prometió esa bajada pero desde que llegó a la Moncloa y en cinco años subió la presión fiscal en todos los impuestos. No se salvó ninguno: desde el IRPF al IVA (tributo que más subió Rajoy en su primera legislatura), impuestos especiales , sociedades y otros de nueva creación. Lo mismo hizo en Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal quien subió los impuestos y creo 300 nuevas tasas que "se inventó para freir a impuestos a los ciudadanos, especialmente a aquellas familias con mayor vulnerabilidad social y económica", como recordaba la socialista castellanomanchega, Esther Padilla.

¿A qué madrileños se refiere Ayuso?

Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la política fiscal de la Comunidad de Madrid “está diseñada para beneficiar sobre todo a las rentas más altas” ya que “los beneficios fiscales se concentran de forma considerable en los contribuyentes de mayor renta y riqueza”. La armonización fiscal perjudicaría a los más ricos de Madrid o a las grandes fortunas de otras comunidades que han decidido irse a vivir a Madrid para pagar menos impuestos. Algunos se han ido y otros han simulado su residencia para no pagar el impuesto del Patrimonio. 

¿Cómo lo hace Ayuso?

Es conocida la promesa electoral recurrente del Partido Popular de bajar los impuestos, en España y en Castilla-La Mancha, aunque Ayuso haya traspasado los límites marcados por el propio Pablo Casado que, en su aspiración a gobernar España, ha considerado necesario apelar a cierta igualdad de los ciudadanos al margen de donde vivan. Ayuso ha apostado claramente por Madrid y ha creado comparaciones “disparatadas” con el resto de las autonomías, diferencias “abismales”, según el informe del IVIE. La Comunidad de Madrid tiene bonificado el Impuesto del Patrimonio al cien por cien. En España, la media de patrimonio es de 182.000 euros. Se calcula que un contribuyente con cuatro millones de euros de patrimonio paga 60.000 euros en Extremadura, 36.000 en Bizkaia, o 9.000 en La Rioja. En Madrid, no paga nada, cero euros.

Los millonarios se han ahorrado 8.000 millones de euros en Madrid desde el año en que se eliminó el impuesto, en 2011. 

“Que los sucesivos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid hayan convertido a esta Comunidad en un semi-paraíso fiscal no es algo que nos salga gratis al resto de los españoles. Sufrimos y sufriremos la competencia desleal que Madrid pone en práctica regalándole a los más ricos la posibilidad de pagar menos impuestos.   Es muy importante que se deje claro: cuando el PP dice que quiere bajar los impuestos siempre lo hace de forma falsaria: apunta que ese beneficio sería para todos los ciudadanos, sin embargo cuando gobierna, solo los ricos son los que ven reducida su presión fiscal. El resto, las clases medias, la gran mayoría de la población solo ven reducida su capacidad adquisitiva por los bajos salarios y por el deterioro de los servicios públicos.   Las cifras que la Comunidad de Madrid perdona a los más ricos son una verdadera pesadilla: en 2011 fueron 534 millones de euros; en 2012 ya eran 1.136; y subiendo todos los años hasta llegar a 2019 que alcanzó la cifra de 7.047, y en 2020 ya son 8.147 millones de euros. “Más de 8.000 millones de euros perdonados a los más ricos sólo en el Impuesto sobre el Patrimonio; un gráfico que resume bien lo que Isabel Díaz Ayuso y el PP han hecho en la Comunidad de Madrid”. Fuente: “EL SOLIDARIO”

 

¿Cuál es el problema?

Son variados los problemas que genera la singularidad impositiva de Madrid. Cualquier contribuyente estaría de acuerdo en pagar menos al Estado pero no tanto si eso supone tener que pagar de su bolsillo por la sanidad o por la educación de sus hijos. Este paraíso fiscal de Ayuso tiene consecuencias tanto en Madrid como en resto de las Comunidades. Para ella, como política populista, es rentable vender que en Madrid se pagan menos impuestos. En realidad quienes pagan menos impuestos en Madrid son los que más dinero tienen. Resulta sorprendente que la Comunidad madrileña, con la capitalidad y todo lo que eso supone, tenga unos ingresos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan en el último lugar de España, algo de lo que no es responsable el Sistema de Financiación Autonómica sino su paraíso fiscal en impuestos como el de Patrimonio.

Al final, una caída en la recaudación de impuestos como sucede en Madrid implica ofrecer menos servicios a quienes más los necesitan, o que esos ingresos tengan que llegar de otra parte.

MENOS INGRESOS, MENOS GASTO EN SANIDAD PÚBLICA

Los investigadores aseguran que los bajos ingresos de Madrid suponen también menos gasto del gobierno por habitante en servicios públicos como la sanidad, la educación o la protección social. Precisamente quienes tienen ingresos más altos, los mayores beneficiarios de las rebajas fiscales del PP, suelen usar poco los servicios públicos ya que cuentan con medicina y educación privada. Al final es la mayoría que utiliza los servicios públicos quien paga estas rebajas fiscales en un servicio público deficiente y peor atendido. Madrid es la Comunidad Autónoma que menos gasta en Sanidad Pública de toda España.

En una sesión de control al Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a criticar que algunas CCAA bajan sus impuestos y luego piden más recursos al Gobierno. De hecho, acusó a Madrid de “obligar al resto de comunidades” a bajar sus impuestos por la capacidad que tiene de ejercer un dumping fiscal.

¿Qué es el dumpig fiscal que practica Madrid?: Competencia desleal y "un procés invisible”

El dumping es una práctica comercial, vigilada y prohibida en buena parte del mundo, que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal con el fin de eliminar a las empresas competidoras y apropiarse del mercado.

El dumping fiscal se refiere a las ventajas que ofrece una comunidad autónoma, en forma de deducciones y bonificaciones en perjuicio de las otras ya que genera una competencia desleal pues resulta más atractivo asentarse en las regiones que bonifican o lo suprimen ciertos impuestos. Madrid es la región que ha creado esas diferencias calificadas de “abismales y disparatadas” en relación con impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones. Madrid es también la región con el IRPF más bajo. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha calificado el dumping madrileño como “competencia desleal” y “procés invisible”. Puig y García-Page hablan de competencia desleal ya que altos patrimonios, propiedad de personas que viven en otras comunidades, deciden establecer su residencia en la Comunidad de Madrid para pagar menos. Este beneficio no está al alcance de todos porque conlleva unos gastos solo atribuibles para los que cosechan grandes fortunas.

NO SOLO MADRID

Todas las miradas apuntan a Madrid, que bonificó el impuesto al Patrimonio en 2017 y dejó de ingresar, solo por ese gravamen, cerca de mil millones de euros. Madrid es un ejemplo chirriante pero existen diferencias entre otras regiones: Baleares ingresa, en promedio, 9.077 euros por declarante del impuesto al patrimonio, mientras que La Rioja apenas recauda 3.440 euros, en promedio.

Las diferencias en el impuesto sobre sucesiones y donaciones también han influido en el número de renuncias a herencias. Por ejemplo, en Andalucía, Asturias, Extremadura o Murcia se han triplicado entre 2011 y 2018.

ALGUNAS REGIONES YA HAN CEDIDO AL DUMPING DE MADRID

Algunas regiones no han podido aguantar y Andalucía, Aragón, Galicia, Canarias y Cantabria siguieron los pasos de Madrid para bonificar las cuotas de los impuestos cedidos. En algunos casos se han elevado las exenciones o se ha bonificado el impuesto de sucesiones, se ha bajado el tramo autonómico del IRPF.

GRANDES DIFERENCIAS, GRANDES DESIGUALDADES

Estas diferencias han generado desigualdades entre los ciudadanos de las distintas regiones, algo que debe unirse a las enormes diferencias sobre el dinero que reciben los ciudadanos por la Financiación Autonómica según la región donde vivan. Pero además, se ha producido ya ese temor de que personas y empresas se desplacen de un lugar a otro, llevándose consigo la riqueza que han generado en sus regiones de origen. Se advierte de que existen ya muchos casos en España de contribuyentes que trasladan su residencia habitual buscando una menor tributación para sus herederos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.

POLÍTICA POPULISTA Y POCA RESPONSABILIDAD

Algunos analistas se han referido a un fallo en la idea inicial de entregar la potestad a las comunidades para que establecieran impuestos según el gasto que iban a realizar en sus servicios públicos, basado en un principio de responsabilidad. Pero la política populista de regiones como Madrid se ha olvidado de esa responsabilidad. El experto en política fiscal, Rubio Jiménez, lo explicaba con estas palabras: “Si soy consejero, lo que quiero es gastar, porque me da votos; no quiero subir los impuestos, porque eso me los quita, quiero que el gobierno central me de los recursos”. 

Al final, esa responsabilidad por la soberanía fiscal se transforma en dunping fiscal. Según Jimenez: “Hay una situación de facto: eres español pero tienes una seguridad muy diferente, una sanidad diferente, una fiscalidad diferente…”. 

Y LOS IMPUESTOS PROPIOS AUTONÓMICOS: TAMBIÉN MUCHAS DIFERENCIAS

Además de estos impuestos, existen también los autonómicos, cargas que decide cada región y que son muy diferentes, con Cataluña a la cabeza. Las comunidades de régimen común gestionan cerca de 80 impuestos: por estancias turísticas, impuestos medioambientales como emisiones de gases, máquinas recreativas, vertidos o almacenamiento de residuos, premios del bingo, o canon eólico…

Madrid gestiona tres impuestos que piensa eliminar por lo que Ayuso dejará de ingresar 3,4 millones anuales. Cataluña tiene trece impuestos propios (grandes establecimientos comerciales, viviendas vacías, estancias turísticas, bienes de lujo, bebidas azucaradas o envasadas, emisión de gases por la industria o la aviación comercial. Andalucía es la siguiente región con más impuestos propios, un total de ocho; Murcia, Galicia y Asturias tienen seis; Aragón, Extremadura y Canarias, cinco; Castilla y León, cuatro; La Rioja, tres, Cantabria dos y Castilla-La Mancha, dos: el Impuesto de Actividades que inciden en el Medio Ambiente y el canon eólico.
 

OBJETIVO DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA: LA ARMONIZACIÓN FISCAL Además del presidente García-Page, el consejero de Hacienda, Ruiz Molina, ha defendido que la armonización fiscal es "uno de los pilares que ha de sustentar el nuevo modelo de financiación autonómica para que sea más justo y equitativo", además de que es "la base de la cohesión tributaria imprescindible para la cohesión social en España, un modelo -ha dicho- “que permita a los ciudadanos contribuir en función de su capacidad económica y no del territorio en el que residan, garantizar el principio de igualdad de oportunidades y hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial”. Ruiz Molina ha incidido en que la armonización fiscal "no es un debate ni de la izquierda ni de los socialcomunistas como sostiene el PP", sino que es un debate a nivel internacional y nacional donde los expertos la recomiendan, así como ha recordado que el Gobierno de España ha constituido un grupo de expertos para la reforma del modelo tributario que incluye la armonización y ese es el motivo por el que no se ha redactado la propuesta de Castilla-La Mancha. Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha, siguiendo la política de Ayuso, considera que la armonización fiscal, es decir la misma fiscalidad para todos los españoles vivan donde vivan, “plantea una subida generalizada e indiscriminada de impuestos". El PP manifiesta “su total discrepancia con toda fórmula de armonización fiscal que implique vulneración del principio de autonomía financiera y, entre otras cosas, insta a la bajada de los distintos impuestos cedidos”. Por el PSOE, Fernando Mora, ha recordado que el Parlamento autonómico votó por unanimidad en septiembre de 2019 una resolución que recogía la necesaria armonización de los tributos, y ha coincidido con el consejero de Hacienda en que Castilla-La Mancha y Madrid no pueden compararse en materia fiscal, al tiempo que ha aseverado que esta región "necesita recursos y no trampas". El PSOE ha planteado que las Cortes insten a los partidos a mantener unidad de criterios a la hora de conseguir un sistema de financiación justa para Castilla-La Mancha, que reconozcan el "gran acierto" de la política fiscal y económica del Gobierno regional, y que éste continúe reclamando al Ejecutivo central que abra el proceso de negociación para establecer un sistema "justo y solidario para todas las comunidades autónomas".

Los castellano-manchegos no podemos salir perjudicados ni por el actual sistema de Financiación Autonómica ni por las abismales diferencias en las diferentes políticas de impuestos. Tampoco por los populismos que reclaman bajadas de impuestos en campaña electoral y cuando gobiernan los suben o bajan los que solo benefician a las grandes fortunas y suponen una merma decisiva en servicios somo la Sanidad Pública.

DCLM