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Las últimas semanas se ha venido repitiendo una frase en todos los informativos: “Se ha alcanzado el record histórico del precio de la luz”, algo que pone nerviosas a las economías domésticas y hace más difícil la vida cotidiana, sobre todo cuando se tiene que madrugar o trasnochar para poner lavadoras, friegaplatos, hornos u otros electrodomésticos de alto coste energético. Nada tan alarmante como el pago de la factura media de luz, que este mes de septiembre estaba en 87 euros, mientras que en septiembre del pasado año estaba en 59 euros.
Los precios de mercado los dicta el Estado y por tanto es una información pública, sin embargo los del mercado libre, al ser empresas privadas, son más variables y más difíciles de analizar y valorar.
En España hay dos tipos de precios, una tarifa fija que es marcada por el Estado mediante un precio inamovible durante 12 meses. Para ello es necesario reunir determinadas condiciones como son una permanencia de al menos un año. Que la potencia contratada no se superior a los 10 Kw y que no se esté disfrutando un bono social, en cuyo caso se perdería este derecho.
Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene contratada una tarifa PVPC, (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). En ella el precio de la luz se va ajustando y por tanto variando cada hora del día.
El ciudadano medio intenta entender qué está pasando con el precio de la luz que condiciona la economía nacional, porque si sube la luz, suben los combustibles, y también las manufacturas que tienen que incrementar el precio final debido al incremento de los costes de producción, pero ¿qué está pasando con el precio de la luz?
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PRECIO DE LA LUZ?
El precio de la luz viene marcado por tres factores, el primero de ellos es el incremento de los derecho de emisión de CO2, porque en el precio de la luz se incluyen los costes de las empresas que lo generan, entre estos costes está el canon que pagan estas empresas para tener derecho a desprender dióxido de carbono. A esto se le llama derecho de emisión de CO2 y viene impuesto por la Unión Europea.
En poco tiempo este canon o derecho había subido en el último año y medio de 20 a 60 euros por tonelada de dióxido de carbono vertida, pero es que en los últimos 6 meses la subida ha sido del 100%, es decir el doble, por lo que en dos años las empresas generadoras de electricidad han pasado de pagar 20 euros por tonelada de CO2 a 120 actualmente.
Un segundo elemento a tener en cuenta en la subida de la luz ha sido la revalorización del gas natural en los mercados internacionales. Este coste ha influido ya que se utiliza como uno de los combustibles fósiles utilizados para cubrir la demanda.
En el mes de mayo, el principal mercado de gas natural (TTF) ha registrado una subida de un 400% respecto al año anterior. Dato que se repercute igualmente en la factura final del precio de la electricidad.
A todo esto hay que sumar que existe una mayor demanda de energía eléctrica que se arrastra desde el temporal Filomena. Este temporal ya había provocado una bajada de las reservas al tiempo que la época de frio se amplió hasta finales del mes de marzo. Durante todo este espacio de tiempo se estuvieron utilizando precisamente las reservas de gas, así que nos plantamos en el mes de junio, sin haber recuperado estas reservas, con el agravante de la falta de viento, que permitieran usar las renovables; y con falta de agua, que permitiera la energía hidráulica. A todo ello se suma la falta de instalaciones solares en España.
Todo esto explica la situación actual, pero también deja ver un horizonte en el que se va a encarecer aún más el precio del gas.
¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO PARA PALIAR ESTA SITUACIÓN?
El pasado mes de septiembre el Gobierno aprobó un Real Decreto que levantó de sus sillas a las eléctricas, al obligarles a devolver parte de los beneficios extraordinarios que están obteniendo, al repercutir los costes de gas, que algunas de estas empresas no soportan. Esto implica una cantidad aproximada de 2.600 millones de euros.
Las plantas de generación que no necesiten gas para producir, deberán devolver por tanto, parte de los ingresos cobrados, cuando el precio del gas supere determinados niveles y esta devolución servirá para recudir la factura eléctrica en el apartado “cargas del sistema”.
A estos 2.600 millones que se esperan recaudar, se sumarán otros 900 millones que el Estado va a aportar y que previamente han sido recaudados a las eléctricas en concepto de “derechos de emisión” de CO2.
Además el Gobierno ha reducido el impuesto de electricidad que se encontraba al 5% hasta el 0.5% actual y e IVA lo ha bajado del 21% al 10% actual, junto con la exención del impuesto de generación eléctrica que estaba en el 7%.
A todo ello además hay que añadir una la limitación establecida por el Gobierno, en el precio de la tarifa regulada de gas, a un 4.6% para un plazo de 6 meses.
No puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el pasado cuando el Gobierno del PP no miraba ni siquiera de reojo a las clases más desfavorecidas y por ello además de todas estas medidas se ha mejorado el Bono Social ampliándolo de los 4 meses hasta los 10.
Pero hay una medida más que algunos llevan reivindicando mucho tiempo y que otros niegan. Una medida de la que se habla cuando se habla del cambio climático, de la escasez de agua, y de la necesidad de acabar con el Trasvase Tajo Segura y que cada territorio sea autosuficiente para abastecerse en la producción de riqueza. Ese elemento es el agua, porque la sequía también tiene mucho que ver en el precio de la luz. Por esta razón se ha modificado la Ley de Aguas con el propósito de reducir la explotación abusiva y especulativa de los recursos hídricos. Aun así habrá quien en Murcia seguirá diciendo que no es necesario, e incluso el primo de Rajoy, puede que siga afirmando que no hay cambio climático.
¿QUÉ HACE CASTILLA-LA MANCHA?
En los últimos años Castilla-La Mancha ha potenciado las energías renovables, frente a las eléctricas, hasta llegar a las cifras actuales en las que se encuentra como la primera comunidad autónoma española en tecnología fotovoltaica, la segunda en energía solar térmica y la tercera en energía eólica.
Actualmente el 73% de la potencia instalada en Castilla-La Mancha procede de fuentes renovables y sigue incrementado estos datos. En los últimos días el Ministerio para la Transición Ecológica ha apoyado 193 proyectos de energías renovables en diferentes comunidades autónomas. De los 193 proyectos provisionalmente adjudicados, 130 corresponden a generación de energía eléctrica a partir de energías renovables. En el caso de Castilla-La Mancha, más del 78% corresponden a instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo que se ubicarán en edificios públicos.
P. Moratilla
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