Cospedal sigue en el "punto de mira" de Kitchen para la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción no desiste en el caso Kitchen y el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentos sensibles para altos cargos del PP. El ministerio público recurrió la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón de desimputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de la formación conservadora y en un nuevo escrito, enviado a la Audiencia Nacional, incide en su tesis de que la expolítica “intervino” junto a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en el proceso de captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, tal como asegura el diario EL PAIS este viernes. 

El ministerio público vuelve a relacionar a Cospedal con la trama a través de Andrés Gómez Gordo, un comisario que intervino en los primeros contactos de los sospechosos con el conductor del tesorero. Gómez Gordo era un hombre muy cercano a la entonces secretaria general del PP. Trabajó como su asesor durante la etapa de la dirigente popular como presidenta de Castilla-La Mancha. Ella lo nombró director general de Documentación y Análisis en la administración autonómica, y le puso un despacho a pocos metros del suyo. Antes, el agente ya había estado empleado también en el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, cuando ejerció como director de Seguridad del Campus de la Justicia —una etapa por la que se encuentra también procesado por su presunta implicación en la trama de malversación derivada de la construcción de este complejo—.

Según los investigadores, Gómez Gordo participó directamente y de forma consciente “en la captación como colaborador del conductor” de Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, además de haber reconocido que le pagó con fondos reservados. En su defensa, el exasesor de Cospedal alega que simplemente cumplió las órdenes de sus superiores en la Policía, pero la Fiscalía y el juez instructor consideran que desempeñó un papel “protagonista” en la trama.

La Fiscalía ha recordado que un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía detalla más de 70 contactos telefónicos entre Villarejo y el entorno de la ex secretaria general del PP durante los meses de la operación de espionaje a Bárcenas. Esas comunicaciones coinciden con apuntes del comisario en sus cuadernos personales, donde escribía el contenido de las conversaciones y sus impresiones. Entre otras notas, justo el día en que se activa el despliegue parapolicial según el juez, Cospedal llama personalmente al comisario y conversan durante 19 segundos. Villarejo plasma entonces en su agenda: “Cospe: Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”. Chisco era Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, a quien la instrucción otorga el papel de coordinador de Kitchen.

Por todo ello el ministerio público, que ha pedido volver a imputar a Cospedal y a López del Hierro en el caso, atribuye a la expolítica un “interés personal” en el despliegue ilegal. Anticorrupción considera que la responsabilidad de Kitchen no se circunscribe solo al Ministerio del Interior y que Cospedal es la pieza que engarza la trama con el seno del PP.

Por su parte Anticorrupción mantiene de este modo la línea argumental expuesta en su recurso de apelación contra el auto del pasado 29 de julio por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, puso fin a la investigación de 'Kitchen'.

Los fiscales acusaron al juez de trazar una "línea roja" para no avanzar hacia la trama política y acotar el espionaje parapolicial a Bárcenas al Ministerio de Interior. Por ello, pidieron reabrir las pesquisas y volver a imputar a Cospedal, apuntando además a una "posible" responsabilidad del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

PAGADOR Y RECEPTOR DE INFORMACIÓN

En este último escrito, abogan por mantener la imputación de Gómez Gordo no solo por su "inestimable colaboración" para captar a Ríos, sino porque señalan que le habría pagado al menos en tres ocasiones --por valor de unos 2.000 euros mensuales a cargo de los fondos reservados-- y que habría recibido la información que el chofer conseguía del matrimonio Bárcenas.

Afirman asimismo que Gómez Gordo "fue el funcionario policial que grabó en la base de datos policial GATI un 'parte informativo'" para "para dar apariencia de licitud a los seguimientos e interceptación de documentos llevados a cabo en la 'Operación Kitchen'".

Por todo ello, Anticorrupción rechaza que, tal y como argumenta el investigado, Gómez Gordo se limitara a cumplir órdenes de sus superiores jerárquicos sin saber que 'Kitchen' era ilegal. "Resulta difícil sostener, como hace el recurrente una vez más, que ignoraba el objeto manifiestamente ilícito de la operación policial".