¿Ilegalizará la pandemia el Tribunal Constitucional?

Es una exageración literaria pero ya produce un poco de estupor el tema de las sentencias del Tribunal Constitucional que a este paso va a terminar ilegalizando la pandemia. Lo último ha sido, tras recurso de Vox, tumbar la prórroga del estado de alarma y la cogobernanza con las autonomías. En julio, el mismo tribunal declaró inconstitucional el primer estado de alarma. 

Aquí hay algo que falla. El gobierno se enfrentó con una crisis sanitaria gravísima que ya se ha llevado la vida de más de 87.200 personas en España y cerca de cinco millones de muertos en todo el mundo. Una crisis sanitaria que se ha detenido gracias, en buena parte, a esas medidas adoptadas por el gobierno, al trabajo de los sanitarios y de los científicos que dieron con las efectivas vacunas.

Parece que por fin podemos respirar sin mascarillas en la calle. Parece que, sin necesidad de tocar madera, se han superado ya millones de posibles nuevos contagios y millones de nuevas muertes. La cogobernanza de las autonomías se ha convertido en un rotundo éxito, tanto que se ha reforzado notablemente la imagen que tenemos los ciudadanos de nuestro Estado de las regiones, con las competencias en sanidad trasferidas y capaz de establecer medidas diferentes en cada territorio, según la evolución puntual de la pandemia.

Resulta también que España es uno de los países que más y mejor ha luchado contra el virus y que se ha convertido en el país, de los 50 más poblados del mundo, con mayor porcentaje de población vacunada con pauta completa, superando al Reino Unido en segundas dosis.

A ver qué pasa si, por ejemplo Vox, plantea un recurso contra las vacunaciones, seguro que podría existir un resquicio legal para declararlas ilegales.

Aquí falla algo. O falla la Constitución, o falla el Tribunal, que si que falla pero generalmente en contra de las medidas adoptadas por el gobierno y que han salvado a España del desbordamiento en los hospitales y en los cementerios y de una crisis económica gracias a medidas que también podrían tal vez ser declaradas contrarias a la Constitución.

Parece que aquí lo que al final importa es si el gobierno de Pedro Sánchez hizo bien o mal las cosas. Pues las hizo bien, qué le vamos a hacer.

Si las medidas adoptadas son ilegales, habrá que modificar la Constitución y dejar establecido en la Carta Magna el camino que debemos recorrer en caso de una crisis internacional, desconocida y temible con una oposición delirante que trataba de obtener provecho de la crisis y se negaba a apoyar al gobierno en el Congreso, tomara las medidas que tomara.

Y, desde luego, proceder cuanto antes a la renovación del Consejo del Poder Judicial que lleva más de tres años en funciones, en contra precisamente del mandato constitucional.

elObservadorDCLM