La armonización fiscal y los mismos servicios públicos para todos

Aunque existan diferentes intereses y posiciones de partida, cuando se actúa con sensatez y con la intención real de alcanzar acuerdos; cuando se conoce bien el fondo de las cuestiones, se piensa, se es leal, se dialoga, se comparte, entonces es posible alcanzar posiciones comunes, incluso en asuntos tan complejos como el reparto de dinero a las comunidades, la financiación autonómica.

No es lo mismo ocho que ochenta. No es igual repartir dinero con el criterio del número de ciudadanos que viven en cada región que con lo que cuesta la sanidad o la educación en grandes territorios poco poblados y con la población mucho más dispersa. No es lo mismo tener que montar un centro de salud para atender a ochenta personas que montar ochenta centros de salud para atender a ocho personas en cada uno de ellos.

Estos y otros detalles se deben tener en cuenta porque son las diferencias que se deben salvar a través de unos compromisos éticos bajo principios como la solidaridad y la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.

Hablar y llegar a acuerdos básicos es lo que han hecho los presidentes socialistas de Comunidades Autónomas. En su documento base plantean que la reforma debe guiarse por la "solidaridad entre nacionalidades y territorios que componen España, con el objetivo de lograr un desarrollo económico y social equilibrado desde el punto de vista territorial". Además, defienden que haya "suficiencia financiera" para que todas las comunidades cuenten "con los recursos que les permitan desarrollar las competencias que tienen reconocidas constitucionalmente y prestar los servicios públicos que asumen"; así como "autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, en coordinación con la Hacienda estatal".

Todo ello con el objetivo final de conseguir una "equidad en la prestación de servicios públicos para garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del lugar donde residan". "La capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar la equidad de acceso a los servicios públicos". Por último, defienden "estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para garantizar el sostenimiento del Estado del Bienestar", así como "lealtad institucional entre administraciones".

Se trata de unas ideas básicas asentadas sobre los pilares de la solidaridad, la lealtad y la igualdad que deben hacerse efectivas al margen de las diferencias políticas con el resto de los partidos.

No va a ser fácil pues se parte de diferencias asentadas durante años con ventajas de regiones que reciben mayores beneficios a cambio de apoyos políticos y otras, como Madrid, que, lejos de esa lealtad, pretenden hacer política rebajando impuestos a sus ciudadanos para reclamar luego mayor financiación por parte del Estado.

elObservadorDCLM