DCLM.ES · Castilla-La Mancha · El Observatorio Dclm
No es lo que en principio parece que vaya a suceder porque en la preparación del Congreso de Puertollano o en la última visita de Pablo Casado a Toledo, se ha puesto a Cospedal como ejemplo de las políticas que Núñez quiere llevar a cabo en Castilla-La Mancha. Parece que aún no han despertado de la pesadilla que supusieron para nuestra tierra los cuatro años de gobierno del Partido Popular, entre 2011 y 2015. No solo, como ha recordado García-Page, se produjo el mayor atropello a nuestra democracia, algo a lo que no se han atrevido ni los independentistas catalanes ni los vascos, ni Ibarretxe, ni Puigdemont: la primera vez en nuestra historia democrática que un partido político en solitario modificaba, con su mayoría absoluta, un Estatuto de Autonomía, el nuestro. La única razón fue que el PP sabía que su política había sido muy agresiva contra Castilla-La Mancha, que iba a tener difícil volver a ganar las elecciones y, con el fin de obtener ventaja, modificaron dos veces el número de escaños en las Cortes, primero ampliándolos a 52 y luego reduciéndolos a 33 como si un partido político tuviera la legitimidad de alterar las normas básicas de comportamiento democrático.
Cospedal lo hizo, pero no solo eso: despidió a 3000 profesionales de la sanidad pública y tenía previsto despedir a otros 5.752, paralizó la construcción de los hospitales públicos de Toledo, Albacete, Guadalajara y Cuenca y tenía previstas privatizaciones en las áreas sanitarias de Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares. En Educación, expulsó a 5000 interinos lo que costó en indemnizaciones 9 millones de euros. Eliminó ayudas en comedores a los alumnos con necesidades económicas, redujo la financiación a la Universidad Regional de 165 a 98 millones; rebajó todas las ayudas económicas a los cuidados en el entorno familiar, asistencia a mayores, despidió a profesiones de los equipos de Dependencia; cerro las Unidades de Apoyo a la Agricultura, abandonó el apoyo a la Feria del Vino de Castilla-La Mancha, FENAVIN, recortó las ayudas para contratar seguros agrarios; cerró los Centros de Interpretación de los Parques Naturales; paralizó la construcción de cerca de 160 depuradoras, paralizó obras en carreteras, derogó el descuento joven para el transporte regional y creó, junto a otros barones del PP, el llamado Memorándum del Tajo que blindaba una enorme cantidad de agua para trasvasar aún en las peores condiciones de los embalses de cabecera.
La nómina de agravios de Cospedal a Castilla-La Mancha es interminable: eliminó instituciones de control y apoyo al gobierno como el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Fiscal.
Aunque cuando se fue dijo que ella no había hecho recortes, los hizo aumentando impuestos y crenado nuevas tasas con el fin, dijo, de salir de la crisis. Pero lo cierto es que en 2015 había multiplicado la deuda de Castilla-La Mancha y nos dejó 50.000 parados más.
Ese fue parte del legado técnico y económico del PP en Castilla-La Mancha. Pero hubo otro peor en relación con la imagen de una región presidida por la secretaria general de un partido corrupto que perdió el gobierno por una moción de censura y la propia Cospedal tuvo que abandonar la política por sus relaciones con el comisario Villarejo que aún deben juzgarse en el llamado Caso Kitchen o el uso de la policía y el Ministerio del Interior para robar a Bárcenas documentos que inculpaban a altos cargos del Gobierno de Rajoy y del PP en diferentes tramas.
De todo eso debe huir el PP de Castilla-La Mancha si quiere volver a la senda de la normalidad democrática y de los apoyos a los servicios sociales, a una educación y sanidad pública que ha demostrado ser absolutamente esencial durante la pandemia. Ahora, con el gobierno de García-Page, el PP de la región exige medidas que ellos nunca llevaron adelante cuando gobernaron, reclaman por ejemplo la apertura del Hospital de Toledo en medio de la pandemia, un hospital que ellos paralizaron. Y eso ya no resulta creíble. Tampoco lo son las críticas de cada día contra una política del actual gobierno que intenta revertir -en buena parte ya lo ha hecho- toda esa nómina de agravios que en ningún caso representa un legado moral para exigir o para reprochar.
Tanto Pablo Casado como Paco Núñez deben sus presidencias a Cospedal pero eso no puede representar una losa permanente ni para su partido, ni para Castilla-La Mancha. Porque hace falta una derecha moderada que colabore en momentos difíciles, capaz de alcanzar pactos sensatos para que los castellanomanchegos salgamos adelante.
Por tanto, a pedir perdón por las tropelías, borrón y senda nueva.
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