CUMBRE DE SANTIAGO: El presidente de CLM pide delimitar "los intereses de los territorios de los intereses políticos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que el documento a ocho bandas alumbrado en la cumbre de Santiago de Compostela con los presidentes autonómicos de otras tantas regiones españoles no es sólo un texto "de trámite o de postureo", avanzando que esta cita se reeditará, a propuesta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una nueva reunión a celebrar en la localidad cántabra de Comillas.

En su intervención tras la reunión celebrada en la capital gallega, ha dicho que ahora, este texto "importa y suma", no sólo suma al debate territorial "legítimo". Este formato ahora "se está consolidando" mientras que otras comunidades autónomas incluso podrían formar parte de estas decisiones.

"Creo que es muy sano poder hablar y cambiarnos el turno. Yo también planteo que se haga, cuando sea necesario, en Castilla-La Mancha, para hablar sin ningún tipo de complejo".

En este punto ha pedido diferenciar "los intereses de los territorios de los intereses políticos", ya que "la clave de bóveda de la Constitución es el artículo 14, que llevado al extremo significa una mejor financiación y más justa para todos los españoles, vivan donde vivan".

En realidad, "lo que valen los servicios públicos" pasa por la cuenta de que "el Estado financie". Ahora se ha conseguido en esta reunión "una reafirmación" con un documento con "mucha dosis de rigor para meterse en temas concretos y puntuales que tienen que significar una llamada de atención".

"Que este botafumeiro nuevo no sustituya al de la Catedral", ha bromeadao García-Page, quien asegura que las reuniones que son "para mejorar" siempre acaban bien, mientras que las reuniones que buscan "romper" --en alusión velada a la bilateralidad del Estado con Cataluña", "no acaban bien".

Los ocho presidentes exigen que el sistema sea "fruto del consenso multilateral"

Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela han reclamado "transparencia" en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que piden que "solo" sea "fruto de un consenso multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

De esta forma, los ocho mandatarios autonómicos, que piden que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, reclaman que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden "al margen de los legítimos espacios biltareales entre el Gobierno central y cada comunidad".

Este es uno de los puntos de la Declaración de Santiago que este martes ha salido del encuentro en el que han participado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.

El documento, que consta de 35 puntos, reclama también el refuerzo del CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno para determinar el coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.

SIN "PRIVILEGIOS"

En el arranque del documento, las ocho comunidades reivindican que comparten "intereses comunes, que nacen de sus características socioldemográficas, económicas e históricas", y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en "estrecha coordinación" con el Gobierno central y "con absoluta lealtad a los intereses generales".

"Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas", recoge el texto, en el que se alude a la "emergencia demográfica" y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.

"Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país", agrega, al tiempoque incide en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto "de la colaboración activa y leal" de todas las administraciones.

En este sentido, expresan su voluntad de consenso, pero advierten que "el modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como rechazar "privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 138 de la Carta Magna".

"Defendemos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades", constata.

Extremadura y La Rioja se descuelgan finalmente del acuerdo a ocho bandas por la problemática del lobo, que CLM sí apoya

Las comunidades autónomas de Extremadura y La Rioja se han descolgado finalmente de la propuesta de Cantabria --que Castilla-La Mancha sí ha apoyado-- para que las ocho comunidades autónomas presentes en la cumbre de Galicia para hablar de financiación blindaran una posición común de cara apoyar a las comunidades autónomas que albergan la práctica totalidad de lobos de España en sus planteamientos para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades.

En un primer borrador del acuerdo se daba cabida a esta premisa, que pasaba por reivindicar al Gobierno de España que "recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo en el país", propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria y ante la que finalmente no ha habido acuerdo.

En la declaración final, que se ha dejado por el camino 12 puntos, sí que se incluye una adenda por la cual los otros seis gobiernos presentes en la mesa de negociación --Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y Aragón-- sí que muestra su apoyo a la ganadería extensiva, "fundamental en la economía de las zonas rurales".

Las ocho CCAA avanzan en un texto de medio centenar de puntos: de la financiación al lobo

Los ocho presidentes autonómicos que se han dado cita este martes en Santiago de Compostela continúan trabajando tras más de dos horas y media de reunión en un documento, aún vivo, que consta de medio centenar de propuestas en materia de financiación autonómica, despoblación y la política sobre el lobo, entre otras materias.

Así se desprende de un primer borrador de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que los mandatarios autonómicos aún siguen perfilando para que finalmente se materialice en un documento común.

En concreto, en uno de estos puntos a debate, los presidentes reivindican que el nuevo sistema solo pueda ser "fruto del consenso multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se tenga en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas. De este modo, queda por ver si se incluye el matiz de dejar "al margen" de este sistema los "legítimos espacios bilaterales" entre el Gobierno central y cada comunidad.

Asimismo, el borrador subraya que la asignación de recursos entre las comunidades tenga como objetivo que todas puedan prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios. Para ello, abogan por reforzar el principio de suficiencia, que garantice a las comunidades recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro, dentro de unos estándares de calidad aceptables.

Además, en el texto, aún en discusión, aparecen extremos como la necesidad de tener en cuenta un nuevo grupo de edad para analizar la población de más de 85 años en cada uno de los territorios como factor a tener en cuenta a la hora de diseñar el modelo de financiación. Este nuevo grupo de edad serviría para testar no sólo cuánto cuesta el servicio sanitario, sino además el Sistema de Dependencia.

Se incluye en la discusión a ocho bandas la necesidad de apuntalar políticas de conciliación y apoyo a la natalidad; así como introducir mecanismos para que las comunidades autónomas asuman incrementos o disminuciones de recaudación consecuencia de su capacidad de normativa.

Otra de las premisas encima de la mesa de los presidentes pasa por potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial y abrir la puerta a estudiar de forma paralela la reforma del a financiación local de la mano de todas las comunidades autónomas.

Avanzar en la transición a un nuevo modelo verde, que los fondos de cohesión no compitan con los fondos de recuperación y que del total de la aportación de la Unión Europea la mitad sea gestionada por las autonomías cierran el medio centenar de puntos que están discutiendo los ocho presidentes autonómicos.

 Las regiones reclaman poder financiar el coste real de sus servicios

Estas ocho regiones ya se encuentran cerca de blindar su postura, la cual pasa principalmente por la exigencia de sufragar del coste real de los servicios y de la dispersión de la población.  El documento a defender este martes está casi perfilado y aborda extremos como el déficit de financiación de estas comunidades autónomas, remarcando que el último modelo data de 2009 y quedó caducado en 2014.

Tal y como van a defender desde la capital gallega, son las comunidades autónomas las que prestan los servicios esenciales del Estado del bienestar, un gasto que, según argumentan, va al alza para atender una demanda cada vez mayor por parte de la ciudadanía.

Entienden las ocho autonomías que se verán las caras en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela que si el objetivo es garantizar la suficiencia financiera del Estado del Bienestar, las comunidades autónomas deben respetar el gasto público total gracias a un esfuerzo que debe de hacer el Estado.

Estos ocho territorios quieren, por tanto, poder garantizar su suficiencia financiera para poder prestar en condiciones de igualdad los grandes servicios públicos esenciales, y trabajan en un texto que apuntale la idea de que el modelo de financiación debe de centrarse en atender al Estado del Bienestar.

Para estas ocho comunidades autónomas, el coste real de los servicios como sanidad o educación es mayor en territorios muy extensos, con pocos habitantes y con población envejecida, a lo que añaden las dificultades orográficas que otros territorios con más núcleos urbanos no presentan.

Por tanto, es el coste efectivo y real de lo que cuesta el servicio principal ha de ser el criterio que, para estas autonomías, debe primar a la hora de reformar el modelo de financiación, algo que ha de sobreponerse al simple criterio de reparto por población.

DÍAS ANTES DE QUE HACIENDA PRESENTE SU PROPUESTA

En este contexto se verán las caras Alberto Nuñez Feijóo  -el promotor del encuentro-, Javier Lambán, Emiliano García-Page, Alfonso Fernández Mañueco, Guillermo Fernández Vara, Concha Andreu, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón.

Este encuentro se produce a finales de noviembre, mes que había planteado el Ministerio de Hacienda como límite para presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica y poder así empezar a negociar con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en varias comparecencias públicas ha reafirmado la idea del Gobierno central de presentar antes de que finalice el mes de noviembre su propuesta, que sería en base al criterio de población ajustada, el que piden autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Sin embargo, los ocho presidentes autonómicos de distinto signo político que se congregan el martes en la capital gallega comparten la petición al Ministerio de María Jesús Montero de que sea el criterio de la dispersión de la población el que prime en la reforma del modelo de financiación de las CCAA.

OTROS DOS FRENTES COMUNES

Al margen de este bloque formado por las ocho autonomías que prevén reunirse en Santiago de Compostela, existen al menos dos frentes comunes más, que a lo largo de estos días se han ido pronunciando sobre sus reclamaciones a la hora de ver cuál es el criterio que debe primar para reformar el modelo de financiación autonómica.

Uno de estos grupos está conformado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, conocidas como comunidades "infrafinanciadas" que defienden una reforma en la que se prime el criterio de población ajustada.

Por último, se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, que buscan una reforma del modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.

DEJAR A UN LADO LA CONFRONTACIÓN PARTIDISTA

La cita de Santiago llega precedida de cierta polémica, ya que, tras anunciar Feijóo, en el marco del Debate sobre el Estado de la Autonomía que se celebraría este encuentro, varios presidentes del PSOE se desmarcaron asegurando que no participarían de ningún "frente" contra el Gobierno u otras comunidades --la presidenta de La Rioja llegó a anunciar que no acudiría al encuentro--.

Las asperezas se limaron, aunque la reunión, inicialmente prevista para el 2 de noviembre se aplazó hasta el 23. Este aplazamiento permitió que el pasado 5 de noviembre, la dirección nacional del PSOE convocase antes de la cita gallega, en la sede de Ferraz, a sus presidentes autonómicos para encauzar el debate interno sobre la financiación autonómica y acercar las posiciones enfrentadas entre algunos de ellos.

La propia ministra de Hacienda lleva avisando de un tiempo a esta parte que se debía producir un debate interno tanto en el PSOE como en el Partido Popular para fijar posiciones comunes a la hora de negociar esta reforma del modelo.

Tras la reunión, la dirección socialista constató las diferentes posturas que separan a sus mandatarios autonómicos, y lo que acordaron fue que este asunto se aborde dejando a un lado la "confrontación partidista".

Los presidentes autonómicos que confirmaron su presencia en la Cumbre de Santiago garantizaron que esta cita no sería para crear un frente común "contra el Gobierno", sino que se daba para hablar sobre los criterios que compartían que debían de primar.

NO SE BUSCA CONFRONTAR CONTRA NADIE

En la previa de este encuentro, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes que confía en que sea posible ratificar un acuerdo, el que ultiman los equipos de los presidentes, con el foco en los intereses comunes, al tiempo que ha destacado que no se busca "confrontar" contra nadie. El propio Feijóo en su día hizo bandera con que, pese a la desconfianza de algunos mandatarios, la cumbre de Santiago no era "un frente contra nadie", ni contra el Gobierno ni contra otras comunidades como la catalana.

Este lunes se han pronunciado otros presidentes como la titular del Gobierno de la Rioja, Concha Andreu, quien ha anticipado su intención de defender los intereses de su Comunidad, al tiempo que ha asegurado que, si hay posición "común", se elevará una declaración.

También se ha manifestado el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha reivindicado el "espíritu" de poder hablar y plantear "diagnósticos" sobre "problemas" que comparten diferentes CC.AA., y ha defendido que este tipo de encuentros deberían de "entrar dentro de lo normal" al margen de "las reuniones institucionales de órganos que están ya funcionando y creados".

En el caso de Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reivindicado la postura de tener en cuenta la dispersión geográfica ya que afecta al coste real de los servicios a prestar por las autonomías.